El presente trabajo de dos años y medio ha permitido identificar un grupo de sentencias del Tribunal Constitucional del Perú en cuya fundamentación, bajo la forma de obiter dictumo dentro de la ratio decidendi, se hace uso de fuentes doctrinarias, nacionales y extranjeras, y jurisprudenciales de otros sistemas jurídicos (especialmente del Sistema Interamericano de Derechos Humanos). Esto demostraría por un lado, el reconocimiento de la doctrina como fuente de construcción de argumentos para justificar soluciones ante los diversos problemas constitucionales que el Tribunal Constitucional enfrenta en su quehacer diario. Asimismo, evidencia una suerte de diálogo entre el Supremo intérprete de la Constitución peruana y sus pares latinoamericanos (donde destacan la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Constitucional de Colombia) y europeos (siendo significativos el Tribunal Constitucional de España, el Tribunal Federal Alemán y la Corte Europea de Derechos Humanos) en materia de interpretación de los derechos  fundamentales.

El presente trabajo tiene por finalidad mostrar una visión panorámica del tratamiento del principio de proporcionalidad en el ejercicio de la potestad sancionadora de la administración pública por parte de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

A partir del análisis de la jurisprudencia de la Corte Suprema norteamericana y del Tribunal Constitucional peruano, así como de nuestro marco normativo, el autor analiza los diversos criterios para determinar cuando estamos frente un supuesto de expropiación indirecta, tales como a magnitud de la medida, la expectativa razonable, el beneficio del Estado, la inviabilidad económica del bien, entre otros. Finalmente, luego de identificada la expropiación indirecta, señala los remedios procesales posibles con la finalidad de salvaguardar el derecho de la propiedad, siendo fundamental en el derecho internacional de inversiones. Based on the analysis of the jurisprudence of the United States Supreme Court and the Constitutional Court of Peru, as well as on our regulatory framework, the author analyzes different criteria to determine when we are dealing with an indirect expropriation situation, such as magnitude of the measure, reasonable expectation, State’s benefit, lack of economic viability of goods, among others. Finally, after the indirect expropriation has been identified, he points out possible procedural remedies in order to safeguard the right of property which is essential in international investment law.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El objetivo central de esta memoria es exponer el conflicto en la distribución de competencias entre la potestad reglamentaria de ejecución y la potestad legislativa según la práctica constitucional chilena, desde el año 1990 en adelante. Este conflicto tiene como telón de fondo un principio constitucional, de siglos de desarrollo histórico. Se trata del principio de reserva legal, que garantiza que las materias más relevantes para los ciudadanos sean discutidas y ordenadas desde el órgano con mayor grado de deliberación democrática, esto es, el Parlamento. Este principio se encuentra reconocido en forma dispersa en la Constitución Política, y fundamenta el ámbito de competencia de la potestad legislativa, pero no determina, necesariamente, la relación entre esa potestad y el reglamento. Sin embargo, para exponer adecuadamente la relación entre esas fuentes normativas, es necesario tomar como marco el principio constitucional de la reserva de ley. La idea de esta tesis es exponer el problema de manera de dar luces acerca de los criterios que se utilizan o deberían utilizarse para armonizar la relación entre la ley y el reglamento. Por eso, parte fundamental de esta memoria será sistematizar los criterios jurisprudenciales que se han diseñado para abordar el problema en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional desde el año 1990 hasta el año 2007, y analizar críticamente las tesis que la doctrina constitucional chilena ha diseñado para enfrentar la materia

This article deals with Cultural, Social and Economic Rights established in the Constitution and in Constitutional Case Law. So, after explaining its nature, state’s role according preservation and enforceability,relationship with other fundamental rights, among other key points, it isi ntended to answer, dealing with those rights, which of two scenarios have prevailed: internationalization of constitutional law or constitutionalization of international law. / El presente artículo versa sobre la presencia de los derechos económicos sociales y culturales (DESC) en la Constitución y en la jurisprudencia constitucional. Así, tras abordar su naturaleza, el rol estatal respecto de su preservación, su exigibilidad y su relación con otros derechos fundamentales, entre otros importantes aspectos, intenta responder si en el tratamiento de los DESC en nuestro país se ha producido una internacionalización del derecho constitucional o más bien una constitucionalización del derecho internacional.

The right to health is a universal right of second-generation, classified in the setof social, economic and cultural rights of mankind; gaining acceptance worldwide for its programmatic nature. On the verge of reaching 100 years of that recognition, its character of constitutionally recognized, operational, enforceable or subjective right has been consolidated thanks to the development of the jurisprudence of the constitutional courts; subsequent to this legal phenomenon, its enforceability trough protective process of amparo in the constitutional code of procedure is regulated in our country and expands its protection, in both areas, the powers assigned to the regulatory and supervisory body of the health sector at the national level, of administrative sanctioning power. / El derecho a la salud es un derecho universal de segunda generación clasificado en el conjunto de los derechos sociales, económicos y culturales de la humanidad siendo aceptado en el mundo por su carácter programático. A punto de llegar a los cien años de ese reconocimiento, su carácter de derecho operativo, exigible y tutelable o subjetivo constitucionalmente reconocido se ha venido consolidando gracias al desarrollo de la jurisprudencia de los tribunales constitucionales; posteriormente a ese fenómeno jurídico, en nuestro país, se regula su exigibilidad vía proceso de amparo en el Código Procesal Constitucional y se amplía su protección, en ambos ámbitos, con las facultades asignadas al órgano regulador y fiscalizador del sector salud a nivel nacional, de potestad administrativa sancionadora.

The debate on how to understand the legal figureof “jurisprudence” is still relevant in Constitutional Law and, in general, in the Theory of Law, in countries where the legal system follows Civil Lawand also in those that are under Common Lawsystems.The Peruvian Constitutional Procedure Code has introduced in its Preliminary Title two figures that are related to constitutional jurisprudence: the jurisprudential doctrine and the constitutional binding precedent.In the present article, the author makes an approach to both figures from the theory of the sources of Law. She presents an overview on how the “production of Law” is understood in doctrine, and on how the constitutional jurisprudence could take a place in this order, taking into account the form in which the role of the Judge is considered. / En el Derecho Constitucional y, en general, en laTeoría del Derecho, el debate sobre cómo entender la figura jurídica “jurisprudencia” sigue vigente, tanto en los países cuyo sistema jurídico se afilia al Civil Law como en aquellos que pertenecen alCommon Law.En el Perú, el Código Procesal Constitucional ha in- troducido dos figuras relacionadas con la jurispru- dencia constitucional: la doctrina jurisprudencial y el precedente constitucional vinculante.En el presente artículo, la autora realiza una aproximación a ambas figuras desde la teoría de las fuentes del Derecho. Así, presenta un panorama sobre cómo se entiende la “producción del Derecho” en doctrina, y luego cómo podría encajar la jurisprudencia constitucional en este esquema, teniendo en cuenta cuál es el papel que se considera cumple el Juez.