Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Sentencias emanadas de la Corte Suprema, Enero a Diciembre 1998, Marzo a Septiembre 1999.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Sentencias emanadas de la Corte Suprema contenidas en el Libro Registro de Sentencias de 1999. Total de documentos analizados: 303.

No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Memoria (licenciatura en ciencias jurídicas y sociales) / Resoluciones de la Superintendencia de Servicios Sanitarios de los meses de marzo y abril del año 1999. Total de documentos analizados: 360.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Libro Registro de sentencias civiles y de protecciones de la Corte Suprema 1999: Protección: 48; civil: 265. Total: 313.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Sentencias emanadas de la Corte Suprema comprendidas en el Libro Registro de sentencias civiles de la Corte Suprema y en el libro registro de sentencias de protección de la Corte Supema. Total de documentos analizados: 299.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Para estos efectos se han seleccionados un total de 362 fallos correspondientes al segundo semestre del año 1998 dictados por el Tribunal Arbitral de Propiedad Industrial en recursos interpuestos en contra de resoluciones del jefe del Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, que inciden mayoritariamente en recursos de apelación, y en algunos casos en recursos de hecho.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En específico, el presente trata sobre el Iter Criminis en la jurisprudencia, establecido en nuestro ordenamiento jurídico en el artículo 7 del Código Penal, el que define las distintas fases del delito y les otorga la punibilidad. A pesar de la basta aplicación que tiene el artículo 7 del Código Penal en la práctica judicial, la determinación de la fase de desarrollo del delito, realizada por los tribunales nacionales, no es unívoca, encontrándose diferentes criterios jurisprudenciales al aplicar dicho artículo. El presente trabajo se realizó recopilando y seleccionando las sentencias dictadas por los tribunales nacionales entre los años 2003 e inicios de 2010. La recopilación se llevó a cabo utilizando la base de datos en línea del Ministerio Público, la que reúne sentencias dictadas por Jugados de Garantía, Tribunales de Juicio Oral, Cortes de Apelaciones y Corte Suprema. Cada sentencia se esquematizó mediante la elaboración de una ficha, que informa sobre los aspectos más relevantes de ella. Este trabajo contiene un total de 86 fichas, ordenadas de acuerdo a la fecha de pronunciamiento de la sentencia, y clasificadas de acuerdo a las consideraciones relevantes efectuadas por el tribunal. Cada ficha tiene asignado un número, al que el índice de clasificación se remite. Es de esperar que este trabajo sirva como fuente de información a quien desee consultarlo, al tratarse de una investigación seria, práctica y actualizada sobre el tema.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente Memoria se refiere a un tipo de pronunciamiento judicial, donde juegan las bases de la jurisdicción, en particular, los principios de territorialidad y extraterritorialidad. Esto también ocurre en la ley procesal chilena. La Constitución Política de la República en su artículo 76 indica que “La facultad de conocer las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los Tribunales establecidos por la Ley”, en consecuencia, esta disposición rige a todas las leyes dictadas en conformidad a nuestra Constitución como lo indica el artículo 7º del Código Orgánico de Tribunales. Éste dice que: “los Tribunales sólo podrán ejercer su potestad en los negocios y dentro del territorio que la Ley le hubiere asignado” En efecto, la Extradición dice relación con resoluciones judiciales de los Tribunales en materia penal que involucran las relaciones con otros Estados en el ámbito jurídico, diplomático y político. No obstante es indispensable mencionar el artículo 5° del Código Penal que señala “La Ley Penal chilena es obligatoria para todos los habitantes de la República, incluso los extranjeros. Los delitos cometidos dentro del mar territorial o adyacente quedan sometidos a las prescripciones de éste código.” (Principio de territorialidad).

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / En el año 2010, los Municipios del país se enfrentaron a un elevado número de Reclamaciones de Ilegalidades de las que han conocido nuestros Tribunales. El fundamento de dichas reclamaciones consiste en que el cobro de patente municipal a las sociedades de inversión pasivas no se ajustaría a derecho y vulneraría la Constitución. Debido a este conflicto jurídico entre los contribuyentes y la Administración Pública, es que el objetivo de esta tesis es la determinación de la constitucionalidad de dicho tributo. Para ello, enfrentaremos el conflicto desde el marco doctrinario del derecho comparado como del nacional, en cuanto a la Supremacía de la Constitución, los principios constitucionales afectados y la relación de control y sujeción de la Administración Pública a la Carta Magna. Asimismo analizaremos la temática conceptual de la palabra tributo y de las denominadas sociedades de inversión pasivas y del hecho gravado que genera la problemática, a la luz de la Legalidad imperante en nuestro país y desde un segundo punto de vista, expondremos parte de la jurisprudencia judicial y administrativa nacional y su evolución respecto del conflicto. A la luz de lo anterior, este estudio nos permitirá establecer que el pago de patente municipal por parte de las sociedades de inversión pasivas, se ajusta tanto a la legislación vigente sobre la materia, como a los principios tributarios constitucionales garantizados en nuestra Carta Magna.

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