El trabajo de investigación se divide en cinco partes. La primera parte así como la segunda estarán destinadas a describir el marco conceptual general del arbitraje, en cada uno de sus alcances y caracteres más relevantes para así poder conocer mejor esa institución como mecanismo de resolución de conflictos y situar al lector en el marco del arbitraje y su aplicación en el Perú a fin que el lector tenga una idea clara de cómo opera el arbitraje en nuestro país. Además, para poder entender el mecanismo del arbitraje de consumo es necesario que explicar primero que es el arbitraje y cómo opera el mismo para poder guiar el posterior análisis del autor y la comprensión de la tesis por parte del lector. La tercera parte buscará dar una visión de la aplicación del sistema del arbitraje de consumo en general así como de sus principales caracteres y la normativa que lo regula en nuestro país. Asimismo se plantean a lo largo de ambas secciones las principales ventajas pero también las principales falencias y defectos del sistema de arbitraje de consumo, las cuales se proceden a analizar de manera minuciosa, con el fin de que el lector conozca las mismas, se empape del tema y se forme un criterio propio acerca de la verdadera viabilidad, funcionalidad y eficacia que podría tener la implantación de dicho sistema en nuestro país. Dicho análisis va acompañado de la más completa denotación de casos y supuestos varios del derecho extranjero que demuestran porque en algunos casos resulta eficaz éste sistema de arbitraje de consumo y en otros no. El objetivo es identificar las ventajas, pero también las debilidades de éste sistema. Finalmente la cuarta parte de la tesis está dedicada al análisis de cada uno de los problemas y debilidades citados en el sector cuarto con su contraparte de resultado y propuesta de mejora. Ya que la idea de la presente tesis es identificar cómo operaría éste sistema en nuestro país en comparación con otras legislaciones y determinar a raíz de ello y del análisis de su naturaleza y caracteres particulares si el mismo sería viable y funcional en nuestro país a la luz de nuestra legislación vigente en materia de protección al consumidor. En la medida de lo posible se tratará de contar con información cuantitativa en cuanto a jurisprudencia y resoluciones de casos para que la comparación no se haga solamente a nivel de texto legal. Esto serviría para completar el análisis con una comparación de las experiencias internacionales con la peruana. El objetivo es dar recomendaciones a las falencias y errores identificados, teniendo como sustento otros sistemas que tienen mayor eficacia. / Tesis

El desarrollo de la presente investigación, respecto a la metodología utilizada, se enfoca desde una perspectiva teórico-dogmática. Tiene como objetivo general determinar si los derechos económicos, sociales y culturales (a los cuales denominamos derechos sociales), a diferencia y de forma complementaria a los derechos civiles y políticos, tienen o gozan de eficacia jurídica, es decir, si son, por un lado: a) jurisdiccionalmente tutelables en sede ordinaria y constitucional sólo a partir de su reconocimiento constitucional; b) vinculantes y obligatorios de forma directa al Estado y los ciudadanos. O, por lo contrario, c) requieren de un requisito adicional o satisfacer una condición para ser tutelados y exigidos jurisdiccionalmente, o vinculantes frente al Estado y terceros. El tema de investigación es «la eficacia jurídica del contenido prestacional condicionado de los derechos sociales». De donde se desprende la pregunta general, la misma se ha elaborado en los siguientes términos: ¿tiene eficacia jurídica el contenido prestacional condicionado de los derechos sociales? Como alternativa de solución, y como hipótesis a la pregunta se plantea: Hipótesis específica: “Cuenta con eficacia jurídica el contenido «prestacional» condicionado de los derechos sociales y no depende del bienestar económico (disponibilidad económica)”. Nuestra alternativa, propone que los derechos sociales prestacionales condicionados de forma independiente, al margen de la disponibilidad económica, si cuentan con eficacia jurídica, y esta se inicia en su reconocimiento normativo. Para nosotros, nuestra propuesta es la más acertada, en tanto reconoce el carácter vinculante de los derechos sociales, con independencia de las condiciones económicas, ya que el derecho social será de obligatorio cumplimiento a partir de su reconocimiento constitucional, y este podrá ser tutelado, exigido frente a un acto lesivo que impida su goce (derechos no prestacionales o incondicionados), o cuando falte las condiciones que viabilicen su goce (derechos prestacionales condicionados). En el último caso, la eficacia está dirigida a los poderes públicos para que institucionalicen el derecho social, establezcan las condiciones que hagan realizable el derecho. De tal modo, el derecho social es jurídicamente vinculante desde su incorporación en el orden jurídico. La hipótesis que planteamos se confirma con la interpretación de las disposiciones constitucionales que regulan los derechos fundamentales sociales, de donde se deriva su eficacia jurídica directa así como su función de informar y orientar las actividades del Estado; y de otro lado, la Constitución prescribe funciones estatales en materia económica y financiera y de prestación de servicios públicos, funciones que son de obligatorio cumplimiento en razón de la fuerza normativa constitucional. Además, nuestra hipótesis tiene sustento en las sentencias interpretativas emitidas por el Tribunal Constitucional peruano, en las cuáles con ocasión de resolver procesos de inconstitucionalidad ha exhortado a los poderes públicos para que habiliten partidas presupuestarias o emitan una normatividad bajo parámetros determinados. Para arribar a esta conclusión se ha desarrollado un marco teórico que nos permite delimitar y fundamentar la propuesta planteada, el mismo que se ha desarrollado en IX Capítulos. Finalmente, arribamos a las conclusiones, proponemos algunas recomendaciones y culminamos con la bibliografía, la misma que está dividida en libros, revistas y jurisprudencia nacional e internacional.

Es una verdad ampliamente aceptada en la doctrina, el hecho de que el proceso es el "eslabón perdido" del sistema de tutela sustantiva de derechos, en el sentido que aquél garantiza la exigibilidad o justiciabilidad de los derechos materiales o sustantivos, lo cual calza plenamente con su naturaleza instrumental, pero que a su vez tiene un efecto "reflejo" en el núcleo duro de las políticas instrumentadas por el Estado para lograr sus fines últimos; esto en materia de la Constitución Laboral encuentra plena sintonía con las líneas de trabajo de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) sobre Trabajo Decente y Buenas Prácticas Laborales. En ese sentido, el presente trabajo plantea indagar como una política procesal "pura" (la reforma del proceso laboral) puede influir o tener incidencia en la médula de las políticas sociales consensuadas respecto de las Buenas Prácticas Laborales. / Tesis

La motivación para desarrollar el presente trabajo responde a la importancia de identificar un medio que permita que el actuar empresarial, no afecte el derecho a la protección datos personales del trabajador, el que en muchas ocasiones puede ser objeto de vulneración, no necesariamente voluntaria por parte de la empresa. Al respecto, se analiza el régimen jurídico de la libertad de empresa en el Perú, precisándose las facultades de las que ésta goza de manera general y en el ámbito de la relación laboral, específicamente y se examina si existen limitaciones al ejercicio de dicho derecho en el ámbito laboral, analizándose de qué manera se podrían evitar las injerencias del poder de la empresa frente al trabajador y a la vez salvaguardar la libertad de empresa. Cabe indicar que el presente trabajo desarrolla el contenido del derecho a la protección de datos personales del trabajador, mostrándose de un lado prácticas empresariales que pueden afectarlo y de otro lado, estándares de prevención internacional, que siguen empresas para no vulnerarlo. En consecuencia, el presente trabajo propone el ejercicio del ejercicio del derecho al olvido, como un mecanismo para evitar que ciertas prácticas empresariales vulneren el adecuado tratamiento de los datos personales de los trabajadores. / Tesis

Tesis

La presente investigación, analiza la normativa de las medidas legales adoptadas por el Gobierno en el proceso de formalización minera entre los periodos del 2012 al 2017, con el propósito de poder determinar cuáles son los criterios adoptados por el Estado Peruano en la lucha contra la informalidad en las actividades mineras de pequeña escala y, verificar, si estos mecanismos han contribuido a la efectiva erradicación de la misma. En esa línea, con el Primer Capítulo se busca explorar las diferencias existentes entre cada categoría de clasificación de los productores mineros en el Perú, mediante la evaluación de los criterios de clasificación por el Estado. Luego hará mención al nexo existente entre los pequeños productores mineros y los mineros en proceso de formalización, a fin de determinar la viabilidad de su adscripción a dicha categoría. El Segundo Capítulo, analizará la evolución política y legislativa de la formalización minera, de los periodos contemplados entre el año 2012 al 2017, para luego mencionar a algunos de los principales entes rectores relacionados con la minería de pequeña escala y su rol en el proceso de formalización. El Tercer Capítulo se desarrollará brevemente los instrumentos ambientales suscitados durante el proceso de formalización, acorde a la línea de tiempo de este estudio. Finalmente, el Cuarto Capítulo abarcara los puntos de impactos, beneficios y propuestas de solución a la informalidad minera en nuestro país. En conclusión, los criterios de clasificación aún no han sido establecidos claramente por parte del Estado, y por tanto son ambiguos para determinar una adecuada categorización. La simplificación administrativa aplicada por el Gobierno ha sido positiva en algunos aspectos, ha dejado de lado otros importantes como el ordenamiento territorial en los lugares donde se desarrollan estas actividades, retornando a una gestión sectorial poco beneficiosa para la erradicación de la informalidad minera. / Trabajo académico

Determina las distorsiones a los beneficios laborales desde el análisis jurídico y práctico para proponer los cambios legislativos que resulten pertinentes. Los beneficios laborales en Perú tienen un reconocimiento tanto a nivel constitucional como a través de normas específicas que regulan sus alcances. En la Constitución Política Peruana en su artículo 24º señala, que el pago de la remuneración y de los beneficios sociales del trabajador tiene prioridad sobre cualquiera otra obligación del empleador (Constitución Política, 1993). Asimismo, nuestra legislación contempla diversos beneficios laborales entre los que figuran; las gratificaciones de fiestas patrias y navidad (Ley N° 27735), la asignación familiar (Ley N° 25129), el seguro de vida ley (Dec. Leg. N° 688), las utilidades (Dec. Leg. N° 892) y la compensación por tiempo de servicios (TUO del Dec. Leg. N° 650). / Tesis

La presente exposición se refiere a la implementación de la Protección de los Datos de Prueba para productos farmacéuticos a propósito de la implementación del Tratado de Libre Comercio suscrito entre el Perú y Estados Unidos de América y la aplicación de las definiciones dadas por el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (TRIPS, por su siglas en ingles) para esta figura. Se analiza la legislación nacional y los tratados aplicables así como los primeros casos de protección a las nuevas entidades químicas dadas por la autoridad regulatoria. Los aciertos y desaciertos de la nueva legislación de datos de prueba. Su impacto en temas de salud.

Las relaciones entre la legislación laboral y su entorno económico suscitaban ya mayor preocupación hacia principios de los ochenta, a la luz de la crisis internacional y sobre todo después de la explosión de la deuda externa, cuyo manejo escapó al control de varias de las economías más fuertes de la región. Al propio tiempo se acentuaba el cuestionamiento del modelo proteccionista que, según sus sostenedores, daba muestras de agotamiento e incapacidad para mantener el crecimiento, generar empleos productivos, controlar la inflación y mejorar o cuando menos mantener el nivel de los ingresos. Ya en los sesenta el régimen militar brasileño había ensayado un modelo de crecimiento hacia afuera, apoyado en un estado intervencionista y con un fuerte nivel de regulación del mercado interno . Este modelo se tradujo en una expansión espectacular de la industria nacional, pero también se pagó con inflación y endeudamiento; hacia finales de los ochenta ya se consideraba agotado. Una estrategia muy diferente fue la que siguió Chile a partir de finales de los setenta, bajo la influencia del pensamiento neoliberal de la llamada Escuela de Chicago, uno de cuyos postulados es la fe en la capacidad del mercado para realizar los grandes arbitrajes de la economía. El modelo chileno incluyó medidas como la privatización de empresas estatales, reorganización de la tributación, reducción de los aranceles aduaneros y apertura de los mercados a la competencia internacional. Se suprimieron, asimismo, subsidios al sector privado, disminuyeron los gastos sociales, se redujo la administración pública y se privatizó el sistema de pensiones. Al precio de un alto costo social, se dice que el éxito económico de la estrategia chilena hoy no se puede ignorar; de ahí que surgieron muchos émulos que en distintos países de América latina formularon programas semejantes, llamados de ajuste estructural, contando para el efecto con el apoyo de las instituciones financieras internacionales. Figuran entre ellos Bolivia, Costa Rica y México, a partir de 1985, Colombia en 1990, la Argentina en 1991, Perú en 1992, Brasil en 1994. Al propio tiempo se tomaban medidas para intensificar el comercio intra-regional, tales como la revitalización del Pacto Andino (entre Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela), la creación del MERCOSUR entre la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, o la firma en 1992 del Tratado de Libre Comercio, más conocido por su acrónimo inglés NAFTA, entre México, los Estados Unidos y Canadá. Hoy día buena parte del debate no apunta hacia la cuestión de si hay que revisar a la baja o no las garantías laborales, pues una mayoría de países ya lo ha hecho, sino más bien hasta donde se debe ir en esta vía, ya que apenas hecha una revisión a la baja surgen nuevas voces que consideran que no es suficiente; por lo que proponen que se continúe “flexibilizando” aún más la legislación laboral.

El presente trabajo de investigación que pongo a disposición del Jurado Evaluador se intitula "Bases teóricas para la regulación de la tutela diferenciada en el proceso civil", el tema central en la misma se refiere a la Tutela Diferenciada, nomen iuris quizá de muy poca difusión, pero que acoge en su interior figuras de orden procesal consideradas por la Doctrina Procesal actual, algunas novedosas y otras de gran difusión en la teoría procesal tradicional, pero todas de suma importancia para que el Estado pueda brindar una tutela jurídica adecuada, rápida y eficiente a los conflictos intersubjetivos con relevancia jurídica que se ponen a su consideración. En realidad este trabajo es fruto de la curiosidad del investigador, por hurgar en temas que se mueven en Doctrina, pero que no tienen mucha difusión desde el punto de vista académico y tampoco regulación normativa concreta en nuestra legislación, es por ellos que decidí hace más de dos años enbarcarme seriamente en la tarea de investigar las arístas de este tema, con el propósito de proponerlo como objeto de investigación para la tesís doctoral, habiendo tomado conocimiento del mismo en un Seminario de Temas Procesales organizado por Jus et Veritas en Junio de 2000 en la Pontificia Uniuversidad Católica con un artículo que se nos entregó en diskette escrito por el renombrado profesor Juan Monroy Gálvez en coautoria con su hijo, otro destacado profesor profesor universitario, este articulo que luego fuera publicado en diversas revistas especializadas abrió las puettas para el inicio de esta tarea, coadyuvaron al propósito los dos últimos Congresos de Derecho Procesal realizados por la Universidad de Lima, en el que destacaron temas vinculados a la tutela diferenciada. Hoy se tangibiliza con este informe de tesís, las teorías y posiciones encontradas en la Doctrina especializada respecto del tema de investigación, buscando amalgamar lo que hemos denominado las bases teóricas de la denominada tutela diferenciada, sin embargo ésta no sólo contiene un aporte netamente teórico, pues tratándose de una investigación Jurídico-social, tiene también un trabajo de campo que nos da una aproximación a la realidad, con la cual se pudo obtener información de las unidades de análisis que estuvo integrada por magistrados, sabogados, decentes y estudiantes de maestría respecto de los alcanzes y problemática respecto de la tutela diferenciada. El presente trabajo no tiene por objeto la extinción de la tradicional tutela ordinaria con la cual no hemos formado y se vienen formando muchos estudiantes de derecho, lo que corresponde a esta investigación es la propuesta de conceder al Estado nuevos mecanismo para ejercer de manera adecuada su actividad jurísdiccional, lo que implica que la tutela diferenciada comkpartirá tareas con la tutela ordinaria y de esta forma pensemos se puede lograr un administración de justicia más ágil y oportuna, dando satisfacción al justiciable en tiempo más reducido. En fin, lo que intento con las propuestas establecidas en la investigación es crear conciencia de que se deben incorporar a nuestra legislación procesal cívil, las manifestaciones de tutela diferenciada que no tiene regulación normativa concreta, en tal sentido se hace necesario por el avance de nuestra sociendad, su complejidad y la generación de situaciones novedosas y nuevos derechos que no pueden ser atendidas exitosamente por la tutela ordinaria, así se convierte en oportuna la inclusión en nuestro ordenamiento procesal civil de la tutela preventiva, con la que se puede brindar tutela jurídica a cualquier sujeto de derecho para evitar la configuración de un inminente daño o para evitar la repetición de lo ilícito ello implica que la actividad jurisdiccional se anticipa al conflicto, es decir el servicio de justicia llega a priori y no a posteriori, también de la tutela urgente satisfactiva, la que no participa del principio de instrumentalidad, pues con su despacho se logra la satisfacción de la tutela anticipatoria, con lo que se podrá anticipar lo que se va ha decidir en la sentencia, sin que se confunda su configuración con la tutela cautelar y finalmente de la ejecución anticipada de sentencia, con la cual se ejecuta una sentencia de condena sin que haya trasuntado por la cosa juzgada, es decir se logra llegar a la etapa de ejecución sin haber culminado el proceso. Considero que este trabajo puede aportar decididamente a la incorporación vía norma objetiva de los mecanismos novedosos que se encuentren en Doctrina, como los que tratamos en las siguientes paginas, y que lamentablemente en nuestro medio no tienen mucha difusión. Por lo expuesto, pongo a consideración del jurado evaluador la presente tesis, esperando se acogida con voto aprobatorio.