Tesis (magister en derecho privado) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El bioderecho es una disciplina aún en nuestro medio, pese a la urgencia que reclama su nacimiento. Basta pensar en algunos proyectos de ley en actual tramitación, v.gr. el que regula los procedimientos de fertilización asistida. Inclusive, no huelga recordar que el reformadoart. 182 del código civil alude derechamente a tal tipo de técnicas. Existen en la literaturá jurídica chilena diversos trabajos sobre el estatuto jurídico del embrión humano. Los más importantes parten del supuesto que el ser humano principia en la concepción. Precisamente esa es la tesis que pretendo desarrollar y defender en estas líneas. Que para el derecho en general, y para el ordenamiento jurídico chileno en particular, no puede sino considerarse que el inicio de la vida humana radica en la concepción. Entonces, una vez sustentada esta tesis, el estatudo de protección del más joven de los miembros de nuestra especie ya estaría dado. De tal forma que aquel tópico de general aceptación - cual es que el ser humano es el centro del derecho - no ceda ante otros intereses, estimados en la práctica en muchas ocasiones más relevantes: el derecho a la libre investigación, o un pretendido, aunque inexistente, derecho a la descendencia.

Magíster en Gestión y Políticas Públicas / Este estudio busca describir una innovación en la justicia penal extraida de la experiencia internacional, los Tribunales de Tratamiento de Drogas (TTD), y hacer una evaluación general sobre sus resultados y viabilidad futura, extrayendo lecciones para futuras iniciativas de implementación en la materia. Los TTD son un procedimiento penal alternativo inserto dentro del mismo sistema de justicia, que consiste en entregar tratamiento y rehabilitación supervisado judicialmente a consumidores problemáticos de drogas que han cometido delito. La idea, con evidencia empírica de éxito en las experiencias internacionales, permitía tratar problemas complejos para los cuales el sistema formal (proceso penal - cárcel) no sirve o no es el más adecuado. Tras 10 años como plan piloto, la experiencia fue oficializada en 2012 como política pública, estableciéndose una nueva institucionalidad que ha estado a cargo de ampliarlo gradualmente a nivel nacional, con la intención de convertir el Programa en una política anticriminal. El trabajo, que se enmarca en el sistema de justicia criminal, analiza las variables en el proceso de implementación del Programa que han impedido o por lo menos estancado su consolidación ante la inexistencia de normativa legal, una institucionalidad debilitada y una nula voluntad política. Destaca como principal innovación del Programa el que considere una metodología de trabajo específica para los intervinientes (especialmente jueces, fiscales y defensores) en base a una mirada de justicia terapéutica lo que dificulta, no solo en lo operativo sino en lo político, articular objetivos del programa con las lógicas, metas y roles específicos de las instituciones del sistema de justicia penal. Esta peculariedad afectó el proceso de implementación en distintos aspectos y etapas ya que con el propósito de generar alianzas e incluir la temática en la agenda pública se priorizaron criterios en la estrategia de instalación que con el tiempo se convirtieron en puntos críticos en el marco institucional y organizacional, como lo es no incluir modificaciones legales ni normativas y considerar que las instituciones están en condiciones de modificar prácticas en base a las voluntades particularidades. El marco de análisis fue seleccionado porque se percibe que son las variables legales y políticas de nivel macro que estructuran el proceso en su totalidad y por lo mismo que condicionaron la situación actual del Programa.

Describir la eficacia de la legislación vigente sobre cuota de género en los procesos electorales regionales y municipales en la Región Junín, 2010 y 2014. A. Caracterizar los procesos electorales regionales y municipales en la Región Junín 2010 y 2014, respecto a la cuota de género. B. Explicar los vacíos legales en la legislación vigente sobre cuota de género en los procesos electorales regionales y municipales en la Región Junín 2010 y 2014. C. Proponer modificaciones en la normativa vigente para propiciar la mayor participación de las mujeres en los gobiernos regionales y locales. / Tesis

La presente investigación busca analizar si los subsidios y las condonaciones provenientes del Estado que reciben las empresas se encuentran gravados con el Impuesto a la Renta. Nuestra Ley del Impuesto a la Renta vigente grava a las empresas por la adquisición de ingresos provenientes de operaciones con terceros. En el presunto ejercicio de la potestad reglamentaria, el Poder Ejecutivo estableció un desarrollo restrictivo sobre el concepto de operaciones con terceros. A partir de esta definición restrictiva, los subsidios y condonaciones estatales que reciben las empresas no se gravarían con el Impuesto a la Renta pues provienen del Estado. La investigación busca analizar la interpretación sobre los “ingresos provenientes de operaciones con terceros” prevista en la Ley del Impuesto a la Renta y analizar la validez constitucional de la norma del Reglamento que desarrolla el concepto de operaciones con terceros. Este trabajo desarrolla el contexto económico y social en el que se incorpora a la Ley del Impuesto a la Renta el supuesto gravado de ingresos provenientes de operaciones con terceros; aplica los métodos de interpretación de las normas jurídicas; indaga en la doctrina peruana y extranjera para conocer el concepto de renta; analiza las interpretaciones de la Sunat, el Tribunal Fiscal y el Poder Judicial respecto de este problema; revisa la jurisprudencia del Tribunal Constitucional para desarrollar el alcance de los principios constitucionales de reserva de ley, capacidad contributiva e igualdad; y muestra el tratamiento que se otorga en otros países a estos ingresos. Nuestra conclusión es que el supuesto de “ingresos provenientes de operaciones con terceros”, previsto en la Ley del Impuesto a la Renta, sí incluye a los subsidios y las condonaciones estatales como ingresos gravados. Por lo tanto, la norma del Reglamento vulnera el principio de reserva de ley porque modifica el aspecto material al excluir ingresos gravados; asimismo, y el principio de igualdad porque otorga a las empresas que perciben estos ingresos un tratamiento privilegiado que no cumple con ser excepcional ni proporcional

El caso materia de análisis del presente informe jurídico aborda dos temas fundamentales del Derecho Registral, como son la prioridad y la calificación. La resolución Nº 757-2008- SUNARP-TR-L se emite a propósito de la apelación de una observación realizada por una registradora pública sobre un título que pretendía inscribir la adjudicación de un inmueble producto de la ejecución de una hipoteca. El conflicto se centra en el hecho de que de manera posterior a la inscripción de la hipoteca se inscribe: 1) la anotación de una demanda de declaración de heredero y petición de herencia; y, 2) la inscripción del heredero como copropietario del inmueble. No obstante lo indicado por la registradora, el Tribunal Registral revoca la observación y ordena la inscripción de la adjudicación del inmueble. Al respecto, el presente informe concluye que la adjudicación del inmueble producto de la ejecución de la hipoteca no es un título incompatible con lo anteriormente registrado en la partida, incluso cuando previo a ello se haya anotado la demanda de declaratoria de heredero y petición de herencia y, como consecuencia, se inscribiera la copropiedad de un nuevo titular, pues la titularidad del bien puede recaer sobre un sujeto distinto al constituyente de la hipoteca y aún así subsistir la garantía y, por ende, el derecho del acreedor hipotecario de ejecutar el bien, producto de lo cual se adquiere en virtud de subasta pública el inmueble. Finalmente, en cuanto a la calificación registral se aborda el tema de la calificación de documentos judiciales, concluyéndose que al amparo de la normativa aplicable, el pronunciamiento del juez debe aplicarse y, por ende, proceder con la inscripción de lo que este indique.

El presente trabajo de investigación desarrolla las principales implicancias laborales en la movilidad geográfica internacional de trabajadores, atendiendo a la libertad que tienen las empresas de posicionarse en diferentes países, lo que motiva a desplazar temporalmente a algunos trabajadores en diferentes Estados, manifestándose una alteración en la relación de trabajo, que ante la ausencia de una norma especial en el Perú, termina siendo un fenómeno complejo, tanto al inicio, durante y después de culminada la movilidad, generándose una incertidumbre jurídica respecto a los derechos de los trabajadores. Por ello, se buscará analizar, en principio, los elementos que configuran una la movilidad geográfica internacional de trabajadores, desarrollando aspectos principales de la movilidad, luego llevaremos la problemática al contexto peruano, identificando las referencias normativas, la situación legal, los efectos, el derecho aplicable a un trabajador peruano desplazado a otro país y, terminaremos efectuando algunas propuestas de solución sobre el tema central, sin perjuicio que en todo el trabajo se ensaya algunas respuestas a las controversias surgidas en la movilidad.

El presente trabajo pretende en principio identificar los vacíos y limitaciones en la aplicación del derecho de superficie dentro de una concepción y doctrina clásica, sobre todo en lo referente a la posibilidad de su constitución sobre un bien que no sea el “suelo” propiamente dicho, con la finalidad de que esta figura sea aplicable en el sobresuelo extendiendo su campo de utilización. En segundo lugar buscamos analizar la posibilidad de ampliar este concepto en base al desarrollo de doctrina moderna y al derecho comparado en especial referencia a lo establecido en Código Civil Argentino del 2014 y Derecho de Laje de Brasil. Como último punto, nuestra hipótesis inicial es que debido a la escasa regulación y desarrollo de una institución como es el derecho de superficie su utilización con otras figuras del derecho inmobiliario, en especial con el régimen de propiedad horizontal se ve limitado, más aun con algunos pronunciamientos del Tribunal Registral, que restringen su constitución. Es por ello que en el presente artículo se trata de analizar la viabilidad práctica del derecho de superficie en uso conjunto con el régimen de propiedad horizontal a su vez que se explora la posibilidad de que el derecho de sobrevuelo o sub construcción sea una opción para conseguir los mismos efectos del derecho de superficie, dado que no tiene un desarrollo profundo en nuestra legislación.

El presente trabajo abarca el aspecto locativo del ámbito de aplicación de la ley de tercerización de servicios, al considerar que se trata de un tema que no suele ser discutido o entendido ampliamente, lo cual genera que en la práctica se incurra en confusión respecto a los casos en los que una tercerización de servicios se encuentra dentro o fuera del ámbito de la ley. A través de la presente investigación se busca determinar cuál es el alcance de la norma de tercerización vigente, al buscar el significado del concepto de Centro de Operaciones, y con ello fijar las pautas que determinen cuándo existe desplazamiento a este espacio y, por ende, resultan aplicables las obligaciones y responsabilidades establecidas en la Ley de Tercerización. Para ello se recurre a diversas herramientas, que incluye un análisis interpretativo, así como revisión normativa en el derecho comparado, que coadyuve a una definición en nuestro marco actual. Así, definiremos que el concepto de ‘Centro de Operaciones’ no podría ser entendido de modo estricto, sino que abarcará un aspecto locativo amplio, siendo la única restricción los casos en los que no exista dominio por parte de la empresa usuaria sobre dicho espacio. Además, en la presente investigación se consideran también retos actuales y coyunturales en la forma de determinación del ámbito de aplicación de la Ley de Tercerización en su aspecto locativo (como teletrabajo, espacios de coworking, entre otros), por lo que también se proponen medidas que permitan modificar la norma a futuro para contemplar estos escenarios.

El presente trabajo busca a partir de la normativa aplicable y de los pronunciamientos emitidos por el Tribunal Registral, encontrar los criterios aplicables en sede registral al procedimiento de regularización de edificaciones al amparo de la Ley 27157, a fin de facilitar la inscripción del referido acto en el registro de predios. En ese sentido, se hace un análisis del marco normativo, de los requisitos para la inscripción de la regularización de edificaciones y se desarrolla los criterios adoptados por el Tribunal Registral.

Desde el año 2012, la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (en adelante, UIFPerú) ejerce una potestad normativa que implica la intervención del derecho fundamental a la propiedad en casos de lavado de activos y/o de financiamiento del terrorismo, a través del denominado Congelamiento Administrativo de Fondos (en adelante CAF). Esta potestad se fundamenta principalmente en el peligro de pérdida o desvío de fondos vinculados al caso; es decir, que se activa siempre que se identifique en el investigado un comportamiento orientado a evitar que las autoridades nacionales apliquen medidas convencionales contra su patrimonio. El mecanismo de CAF ha tenido un gran impacto en las acciones de recuperación de activos ilícitos y de aseguramiento de posibles responsabilidades civiles, y se ha aplicado en personas que han ocupado altos cargos públicos. Sin embargo, la regulación de esta medida administrativa es bastante escueta y solo hay un pronunciamiento a nivel de Corte Suprema, vía casación excepcional, que ha fijado algunas reglas de interpretación y aplicación que no parecen ser suficientes. En esta investigación se plantean algunos criterios de base constitucional, para hacer viable la aplicación de esta medida administrativa, sin que ello suponga una intervención desproporcionada del derecho de propiedad; y, a la vez, satisfaga las necesidades del sistema de justicia de recuperar los fondos u otros activos de procedencia ilícita.