El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal la identificación de factores, malas prácticas o procedimientos que influyen en la diferencia en costo entre los presupuestos de licitación vs el presupuesto con el que se cierra un proyecto de la Gran Empresa Constructora en el sector público, y el planteamiento de mejoras para la reducción y/o eliminación de los sobrecostos en sus obras licitadas; para lo cual se tomaron como caso de estudio dos proyectos importantes que se encuentra dentro de la cartera de proyectos de La Empresa, los cuales son: “Infraestructura Deportiva” e “Infraestructura Bancaria”. Del análisis de los proyectos se identificaron cuatro factores como errores o falencias cometidas durante la etapa de licitación: la falta de experiencia o capacitación del personal que participa en las licitaciones, el tiempo reducido para el estudio y preparación de las propuestas, la falta de documentación o mala revisión de la información para el desarrollo de la propuesta y deficiencia en el proceso de licitación o falta de eficiencia en la elaboración de propuestas. En base a los factores identificados, las propuestas de mejora desarrolladas en base a los problemas identificados, son el dimensionamiento y selección del equipo idóneo de trabajo en base a ratios de tiempo efectivo, mejorar la gestión de la información realizando reuniones de transmisión de información durante el proceso de elaboración de la propuesta, la retroalimentación de parte del equipo de ejecución de proyecto hacia el equipo de licitaciones y el manejo de una base de datos de precios unitarios. / The present investigation has as main goal the identification of poor practices, factors and procedures that influence in the difference in costs between the bidding and final closing budgets in Large Construction Company in the public sector, and the presentation of improvements to reduce or eliminate overcosts on its bidding projects; for that, there were taken as cases of study two main projects that are included in The Company project portfolio which are: “Infraestructura Deportiva” and “Infraestructura Bancaria” There were identified four factors or common errors, from the project analysis, that were made during the bidding process: lack of experience or training from the professionals that participate in the bidding process, limited time to prepare proposals, lack of information provided from the client or its poor review to develop the proposal correctly and bidding process deficiencies or inefficiency at preparing the proposal. Based on the factors identified, the improvement proposals based on the problems mentioned are: dimension and selection of the ideal work team based on effective working time ratios, enhance information management by scheduling transfer reunions during the bidding process, give feedback from the execution team to the bidding group and manage a Unit Price database. / Trabajo de investigación

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo evaluar el desempeño del mercado mayorista regulado, luego de la introducción de competencia en la segunda generación de reformas iniciadas en el año 2006 con la Ley N° 28832, Ley para asegurar el desarrollo eficiente de la generación eléctrica. Con la nueva Ley, se introdujeron mecanismos de competencia en el mercado mayorista del sector eléctrico peruano, a fin de asegurar la cobertura del servicio eléctrico regulado en el largo plazo, mediante el uso de licitaciones para la compra y venta de energía entre las distribuidoras de electricidad y los generadores. Los procesos licitatorios para la compra de energía pueden analizarse para conocer si cumplen con los objetivos deseados y si superaron los problemas del aseguramiento del servicio eléctrico mediante contratos de largo plazo, problemas que se manifestaron en la crisis del año 2004 y que dieron origen a las llamadas reformas de segunda generación en el sector eléctrico. Un tema importante que trata el presente trabajo es determinar si las normas y los procedimientos que se han establecidos en el marco de la ley, están generando los incentivos necesarios para conseguir eficiencia de precios y si estos precios, sumados a las condiciones de seguridad y estabilidad del mercado, hace posible que los agentes realicen las inversiones en generación, que permitan asegurar la cobertura y confiabilidad del servicio en el largo plazo. Los procesos licitatorios convocados por las distribuidoras constituyen el mecanismo de compra de energía más conveniente necesita de ajustes, a fin de permitir que las distribuidoras pequeñas en demanda consigan los mismos resultados en términos de precios y cobertura que obtienen las distribuidoras grandes. A pesar de que la ley exige el aseguramiento del servicio regulado, las generadoras tienen incentivos a presentar sus ofertas por volúmenes mayores de energía. Esto se puede verificar en los procesos de segundas convocatorias para completar la demanda no contratada, donde la cantidad de postores es mínima. Asimismo, se ha considerado el tema de las licitaciones realizadas a través de Proinversión, las cuales podrían estar produciendo distorsiones en el mercado mayorista regulado y dando señales contradictorias a los agentes, considerando los esfuerzos normativos del sector para introducir mecanismos de competencia buscando que los precios e inversiones respondan a las necesidades del mercado. Por último, se evalúa si las condiciones del mercado permiten crear un mercado para obtener precios eficientes de potencia.

La presente investigación se ha llevado a cabo con el fin de identificar los efectos que ha tenido la implementación de las licitaciones de energía en el mercado eléctrico peruano, más específicamente en los sectores de generación y distribución eléctrica. Para ello se han estudiado los cambios que ha sufrido el mercado eléctrico peruano en general, el sector de generación y el sector de distribución en el periodo de estudio que es desde el año 2007 hasta el año 2016, posteriormente se han contrastado los resultados obtenidos con los resultados de las licitaciones de energía celebradas a fin de determinar los efectos de estas últimas.

El presente Trabajo de Investigación brindará al Estado una propuesta de mejora para lograr que los procedimientos en la contratación de bienes y servicios a través de las Licitaciones y los Concursos Públicos, aplicados a la Dirección de Gestión de Recursos Educativos del Ministerio de Educación, sean más ágiles y dinámicos, de manera que éstos se desarrollen de forma eficiente, considerando tiempos, costos y gasto del presupuesto asignado. Para esto, la búsqueda y revisión de la información a través de otras investigaciones, así como, la lectura de las Leyes y las Normas vigentes, y una amplia búsqueda de bibliografía especializada, han servido de respaldo para el análisis de los procedimientos, ex antes del desarrollo de las etapas de: i) Programación y Actos Preparatorios; ii) Procesos de Selección; y, iii) Ejecución Contractual, a del Órgano Encargado de la Contrataciones, evidenciando de esta forma que los problemas que se vienen suscitando, se detectan en la formulación de las Especificaciones Técnicas (EE.TT) y los Términos de Referencia (TdR) a cargo de las áreas usuaria. Asimismo, y en la presente investigación, el análisis de los perfiles de los colaboradores vinculados a los procesos es una de las causas importantes, y que se han tomado en cuenta también para el análisis a profundidad, toda vez, que es considerado como el valor de la institución con responsabilidades y funciones, para lograr los objetivos programados. Es por esto, que a través de esta investigación aplicada se propone un mecanismo de mejora y de esta forma minimizar los riesgos en la implementación de todas sus etapas.

La presente tesis, desarrolló el análisis y evaluación para la viabilidad de crear una empresa, cuyo enfoque principal fue el de licitar y ejecutar trabajos con el estado, utilizando recursos propios. Sobre el entorno del mercado, dentro del marco empresarial peruano, se detallaron los porcentajes considerables de pequeñas empresas que se encontraban en una tendencia de crecimiento económico debido a que han logrado consolidarse como un negocio altamente rentable. En este caso específico, el enfoque fue hacia pequeñas empresas que licitan con el estado peruano. Bajo este escenario, se logró plantear la problemática para establecer objetivos generales y específicos para el desarrollo de la tesis. Con referencia al marco teórico, se consideró como base principal, el conocimiento de la Ley General de Sociedades, Ley Mype, y la Ley de Contrataciones del Estado. Así como también, el estudio estratégico, organizacional, económico-financiero y de marketing para lograr consolidar y concretar estrategias eficaces, eficientes y altamente rentables para el crecimiento del negocio. Se expusieron los materiales y métodos que se emplearon para el adecuado desarrollo de la tesis, como el tipo, diseño, área, población y operacionalización de investigación. Posteriormente, se detallaron los resultados de la investigación, como los objetivos del plan estratégico, análisis del entorno y tácticas, así como la discusión de las mismas. Finalmente las conclusiones a las que se llegaron con el estudio, contribuyeron de manera eficiente y eficaz a la empresa, ya que se logró optimizar los recursos propios, así como en el apoyo que brinda el estado peruano a las pequeñas empresas para poder ser elegibles ante una licitación pública. / Tesis

Las Compras Públicas abarcan un alto número de transacciones y representan una porción sustancial del producto bruto interno en la mayoría de los países del mundo. Según la Organización Mundial del Comercio (OMC) las compras estatales representan entre el 10% y 15% del producto interno bruto mundial. Es debido a ello que el desempeño correcto del Sistema de Compras Públicas es clave para cualquier economía y su desarrollo. Dada su relevancia social y económica, las políticas de compras públicas no son simplemente una cuestión técnica. Su diseño implica un importante desafío para la intervención estatal, no sólo porque define a la eficiencia con la que el Estado cumple sus tareas, sino también porque desempeña un rol clave en el fomento del desarrollo económico. En esta línea, las políticas de gasto pueden influir de manera sustancial en la adopción de un sendero de desarrollo sostenible, fomentando la producción y comercialización de bienes y servicios más adecuados en términos sociales y ambientales. En tal sentido, es de suma importancia que todo ordenamiento jurídico cuente con un marco regulatorio que permita garantizar, a los futuros proveedores del Estado, el fiel cumplimiento de las obligaciones contraídas por este. No obstante ello, en el transcurso de la presente investigación, observaremos que la Administración Pública detenta determinadas potestades exorbitantes, las cuales han fungido como elemento diferenciador de las contrataciones se realizan entre agentes privados. Resulta claro que, para que el Estado pueda asegurar el cumplimiento de sus fines y garantizar el eficiente manejo de su presupuesto, requiere de facultades que lo posicionen en una situación de preeminencia frente al administrado, dicha situación, evidentemente, encuentra su justificación en el interés público. Sin embargo, actualmente muchas de estas potestades exorbitantes reconocidas al Estado, han ido menguando en cuanto a la intensidad de sus contenidos y su aplicación, dado que la tendencia contemporánea de la Administración Publica es la de garantizar un terreno firme para el inversionista, en el que además, se espera que el riesgo sea el mínimo posible. Para poder cubrir dicha necesidad y a su vez llamar la atención de futuros inversionistas, se ha incluido en el marco de nuestros regímenes de contratación pública, el principio de equilibrio económico financiero, conforme al cual, la expectativa de utilidad del contratista no puede sufrir un menoscabo por razones sobrevinientes o imprevisibles que no le sean imputables, en cuyo caso la Entidad deberá restablecer el beneficio económico previsto. Como referente para el análisis del precitado principio, se analizaron Opiniones emitidas por la Dirección Técnico Normativa del Organismo de Supervisor de las Contrataciones del Estado (en adelante, OSCE) publicadas en el período de los años 2005 al 2017, en donde se observó cómo la inclusión del principio de equilibrio económico financiero del contrato ha supuesto la atenuación de las potestades exorbitantes reconocidas a la Administración Pública. De igual modo, se examinaron laudos emitidos por Tribunales Arbitrales en los años 2005, 2013 y 2014, en los que apreciaremos cómo la aplicación del principio bajo estudio, incidió en el fallo final que resuelve la controversia. / Trabajo académico

Consulte en el modulo de atención del campus de Monterrico.

Esta investigación analiza si, durante el periodo de operatividad de la DARES, las compras corporativas intersectoriales de medicamentos fomentaron una mayor participación de postores en las subastas y una mayor competencia en precios. El periodo analizado está comprendido entre los años 2006 y 2012. Para ello, se ha estimado una serie de modelos para evaluar los factores: (a) que posibilitan una mayor participación de postores; (b) que explican el comportamiento de los postores en la etapa de presentación de propuestas económicas iniciales en sobre cerrado; y, (c) que explican el comportamiento de los postores en la etapa de lances verbales (pujas finales). En ese contexto, se ha encontrado evidencia que, cuando la DARES estuvo a cargo del proceso de selección, la agregación de la demanda tuvo un efecto positivo sobre la participación de postores. Asimismo, la bonificación establecida en la Ley N° 27143, que hasta el 2008 lo recibían aquellos postores que fabricaban los productos en territorio nacional, influyó en forma positiva sobre la participación de los mismos, pese a que luego haya generado que en algunas subastas ganen postores que no ofrecieron la puja menor. De otro lado, en cuanto al comportamiento de los postores en la etapa de sobre cerrado, se ha encontrado evidencia que, después del 2008, los postores fueron más agresivos en sus ofertas iniciales. También, se ha encontrado que un mayor número de postores inscritos en cada ítem subastado incentivó que los postores fueran más agresivos en sus ofertas iniciales de sobre cerrado; mientras que aquellos postores con mayor experiencia o mayor control sobre su cadena de comercialización presentaron ofertas iniciales menos agresivas. Finalmente, respecto al comportamiento de los postores en la etapa de lances verbales, se ha encontrado evidencia que, después del 2008, los postores, en promedio, fueron más agresivos en sus pujas finales. Sin embargo, durante el periodo de operatividad de la DARES, los postores que tuvieron mayor participación de mercado fueron menos agresivos en sus ofertas finales. Esto último está asociado al hecho que, coincidentemente, dichos postores compitieron por ítems en los cuales había una mayor cantidad de medicamentos subastados y una menor participación de postores. Asimismo, se ha encontrado que, un mayor número de postores que calificaron a la etapa de lances verbales ha fomentado una mayor competencia en precios. De otro lado, se ha encontrado que, a mayor cantidad de ítems subastados, los postores fueron menos agresivos en sus pujas; incluso, este comportamiento de los postores se acentuó cuando la DARES estuvo a cargo del proceso de selección. / Tesis

Hasta el siglo XX, el estudio de la creación de las leyes ocupaba un espacio importante en el quehacer jurídico. Sin embargo, desde ese entonces hasta ahora, prácticamente se ha perdido todo interés en él, por lo que la validez, alcance e idoneidad de las normas es determinada recién luego de que estas entran en vigencia. En otras palabras, podríamos decir que, actualmente, nuestro Código Penal organiza y regula su catálogo de delitos usando el método de ensayo y error. Esto ocasiona que -entre otras malas prácticas- se proscriba acciones muy similares en distintos tipos penales, lo que significa una sobrenormativización del derecho que provoca confusión en la aplicación de las leyes, inseguridad jurídica e, incluso, impunidad. Un ejemplo claro de excesiva regulación la encontramos en la relación entre dos tipos penales de trascendencia actual: la negociación incompatible como una norma general y la colusión como una norma específica. Ambos delitos mantienen una marcada semejanza: son de mera actividad, protegen el mismo bien jurídico -el interés del Estado en las contrataciones públicas*-, se cometen por funcionarios (sujetos con deberes especiales) en las mismas clases de operaciones o contratos, en contra de la Administración Pública, en agravio del Estado y estipulan una pena abstracta casi idéntica. Ante esta enorme similitud, la presente investigación procura determinar si la colusión es una norma necesaria en nuestra regulación y si su vigencia no conlleva mayores costos que beneficios. Para lograr este objetivo, debemos evaluar si la concertación -único elemento que la diferencia de las demás normas de fraude- de la colusión -norma general- provoca una desvalorización social notoriamente distinta a la negociación incompatible -norma específica-. De ser así, esa sería la única razón que podría justificar la vigencia de un delito que sanciona exclusivamente los fraudes mediante acuerdos, cuando ya contamos con otra norma que sanciona los fraudes en general. Caso contrario, la colusión debe derogarse (por esta y otras razones) y cederle su ámbito de aplicación a la negociación incompatible. Desde nuestra perspectiva, la modalidad de fraude de la colusión no tiene una desvaloración social significativamente distinta a la negociación incompatible, por lo que no se justifica su regulación. Por otro lado, su propia vigencia tiene efectos sumamente nocivos. Por ejemplo, la participación necesaria -exigida en la norma- entorpece la aplicación de sanciones en contra de los funcionarios e, incluso, puede provocar impunidad. Además, la redacción de los dos párrafos de la colusión tampoco es clara, pues confunde la modalidad simple con la tentativa de la modalidad agravada. Por dichas razones, en este trabajo contradecimos 154 años de legislación de delitos de fraude contra la Administración Pública* y proponemos derogar la colusión y ajustar la redacción de la negociación incompatible para que, en adelante, este último sancione los fraudes cometidos mediante concertación (y prescinda de la participación necesaria). Finalmente, también hemos propuesto una pena agravada para las negociaciones incompatibles que, primero, superen un mínimo cuantitativo de perjuicio económico al Estado o, segundo, se cometan en procesos de contratación, actuados en una situación de emergencia, que pongan en serio riesgo o dañen otros bienes jurídicos. / Tesis

Al momento de presentar los pliegos en una licitación, los contratistas saben que pueden existir renegociaciones en los contratos. Si anticipan que ciertas cantidades estimadas por el ingeniero han sido sub-estimadas (o sobre-estimadas), pueden tener incentivos a desbalancear estratégicamente los precios ofertados con el fin de aumentar los beneficios del proyecto. Se desarrolla un modelo que incorpora este comportamiento estratégico suponiendo que los contratistas son neutrales al riesgo y se lo contrasta usando los contratos de construcción del departamento de transporte de Michigan para el período 2001-2013. Se encuentra evidencia empírica de que los contratistas desbalancean estratégicamente sus precios y obtienen ingresos 1.6% adicionales a nivel de proyecto. Además, los contratistas con mayor participación en el mercado de licitaciones son quienes lo realizan de manera más agresiva. Por último, se desarrolla de manera teórica un segundo modelo que considera que los contratistas son aversos al riesgo y tienen heterogeneidad en los costos.