El documento digital no refiere asesor / Publicación a texto completo no autorizada por el autor / Analiza la implicancia del levantamiento del velo en el ordenamiento jurídico peruano, teniendo en cuenta el aumento constante de los casos de abuso de la forma y de la responsabilidad de la persona jurídica, y los problemas socio-económicos y jurídicos que se generan a consecuencia de su extensiva proliferación. Se considera de índole obligatorio realizar una investigación de esta envergadura, ya que sólo mediante un análisis conjunto de derecho comparado y positivo, se podrá dar luces sobre la naturaleza jurídica de esta institución, lo cual al final permitirá dilucidar una posible solución que se adecue a nuestra realidad social. / Tesis

De acuerdo a las estadísticas de la Organización Internacional del Trabajo, año a año el número de accidentes de trabajo incrementa considerablemente, llegando a considerarse que el trabajo ocasiona actualmente más muertes que un conflicto armado. En el Perú, la alta tasa de informalidad, aunado a la creciente siniestralidad laboral, convierten a la seguridad en el trabajo en un problema latente para la sociedad. Teniendo en cuenta ello, es imperativo analizar el rol del Estado frente a este supuesto a partir de la herramienta más importante y más gravosa con la que cuenta para hacer frente a la afectación de intereses primordiales, el Derecho Penal, y con ello, las obligaciones y responsabilidades que éste asigna al sujeto que ocupa la posición dominante dentro de la relación de trabajo por cuenta ajena, el empleador. Para ello, se desarrolla el contexto histórico en el que surge la preocupación del Estado por las condiciones de trabajo, así como el marco normativo internacional que obliga al Estado en materia de seguridad en el trabajo, a efectos de concluir la necesidad de proteger un bien jurídico tan importante y de recurrir al Derecho Penal para ello. A continuación, se desarrollan los fundamentos del Estado para atribuir responsabilidad penal al empresario, determinando los alcances y límites de la posición de garante del mismo a partir de la libertad como base de la atribución de responsabilidad. Finalmente, se elaboran los criterios a partir de los que se debe evaluar la responsabilidad penal del empleador, teniendo en cuenta la posición de garante del empresario y las necesidades de protección derivadas del artículo 168-­A del Código Penal y del bien jurídico que éste protege. / Tesis

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Actualmente las empresas son, sin dudarlo, el principal agente económico de la sociedad. La libertad con que operan las compañías, viene antecedido, por un afán de expansión y de crecimiento económico. Favorecido por ello, las personas jurídicas se han vuelto el escenario ideal para la comisión de delitos surgiendo así la “criminalidad empresarial”, la que atenta contra bienes jurídicos importantes para la sociedad. La urgente necesidad de protección de dichos bienes desencadenó el surgimiento de políticas criminales preventivas, permitiendo que durante el siglo XX, se diera paso a la responsabilidad penal empresarial, en función de la necesidad de frenar la criminalidad empresarial. Dieron inicio a esto, los países de tradición jurídica anglosajona, menos apegados a la dogmática jurídica. En cambio, los países de tradición jurídica continental, fueron más reacios y sus reformas tomaron más tiempo. Particularmente, en el caso de Chile nunca se manifestó mayor interés en implementar medidas para frenar la irresponsabilidad de las personas jurídicas, hasta éste se volvió uno de los requisitos para ser miembro permanente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Es en este escenario que nace la Ley Nº 20.393 la cual consagra la responsabilidad penal de las personas jurídicas. El principal elemento de interés del presente trabajo, se enfoca en el análisis de los modelos de imputación utilizados para la atribución de responsabilidad penal a las personas jurídicas. Se inicia la investigación a partir de los modelos presentes en el derecho comparado, para luego conocer y analizar las características del modelo mixto de responsabilidad, basado en el defecto de organización de la persona jurídica, sistema de imputación escogido por el legislador chileno. Lógicamente se abordaran sus alcances más relevantes y las falencias que se prevé tendrá la Ley Nº 20.393 bajo este sistema de imputación

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente investigación tiene por objeto el estudio de la cuestión relativa a la persona jurídica en tanto ente ficticio como sujeto activo de la acción de indemnización de daño moral. En particular, primero se reflexiona en torno al concepto de daño y al de daño moral. Respecto del primero se analiza la discusión en torno a la afectación de derechos en contraposición a la afectación de intereses, para luego escudriñar los diversos conceptos tanto en la doctrina comparada como la doctrina chilena. En torno al concepto de daño moral se realiza un ejercicio similar pero centrado en la dicotomía conceptual relativa a si el daño moral se define por el objeto de la afectación o las consecuencias de dicha afectación. Luego se analizan estos conceptos y, específicamente, el reconocimiento del daño moral de la persona jurídica en la legislación nacional. Las dos últimas secciones de este trabajo se refieren al estado de la cuestión tanto en la doctrina como en la jurisprudencia chilena. El método utilizado consiste en el estudio de material académico contenido en libros, revistas y recursos electrónicos disponibles en línea. Además se revisa la legislación nacional pertinente. Finalmente se estudia jurisprudencia encontrada en diversas fuentes electrónicas. Como resultado de esta investigación se demuestra que el reconocimiento de la persona jurídica como sujeto activo de la acción de indemnización del daño moral es una realidad tanto en la jurisprudencia como en la doctrina nacional.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo expone el estado de la discusión acerca de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en la doctrina nacional e internacional. Mediante la introducción de herramientas conceptuales de la teoría de la acción y los desarrollos en el ámbito de la agencia de entes colectivos,se busca aportar en la comprensión de la capacidad de acción-elemento de la responsabilidad penal- para indagar en la posibilidad de que éstos sean considerados sujetos pasivos de imputación. De acuerdo a los resultados obtenidos, un conjunto de criterios sustantivos y formales permiten distinguir entre clases de colectivos humanos según su complejidad y estructura normativa. Algunos de ellos serían candidatos a ser considerados verdaderos agentes y, por lo tanto, sujetos de imputación. En este sentido, cabría afirmar de ellos verdadera capacidad de acción en sentido jurídico-penal.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento / La presente memoria tiene por objeto estudiar los programas de cumplimiento o compliance, un fenómeno enfocado en la autoorganización preventiva por parte de las personas jurídicas con el objeto de evitar que se cometan delitos al interior de éstas. El capítulo 1 versa sobre la experiencia histórica legislativa de los programas de compliance en Chile en comparación con la evolución que éstos tuvieron en Estados Unidos, país precursor en la materia. En este capítulo analizamos tanto las razones políticas internacionales como legales que llevaron a nuestro país a promulgar la Ley n° 20.393, la que fija por primera vez la responsabilidad penal de las personas jurídicas y –en lo que respecta a esta memoria– la posibilidad de implementar programas de cumplimiento al interior de las empresas con el fin de excluir o disminuir su responsabilidad. En el capítulo 2 profundizamos en los tópicos más importantes que se abordaron en la discusión del proyecto de la Ley n° 20.393 en relación a los programas de cumplimiento. Este capítulo da cuenta de cuáles fueron las materias que inicialmente se presentaron como importantes para discutir, incluyendo diversos tópicos que, no estando incluidos en la Ley finalmente aprobada, abordan aspectos relevantes para la actual discusión en relación a las carencias de la Ley n° 20.393 y de los compliance ya implementados en numerosas empresas. El capítulo 3 presenta aquellos aspectos dogmáticos que fundamentan y dan origen a los programas de cumplimiento. Se explica sobre el sistema dogmático de imputación de responsabilidad penal de las personas jurídicas incorporado por la Ley n° 20.393 y la manera de ligarlo con los deberes de dirección y supervisión que penden sobre las empresas. Estos deberes son de máxima importancia puesto que, una vez imputada una persona jurídica, ésta deberá demostrar el hecho de haber cumplido satisfactoriamente sus deberes con el fin de excluir o disminuir su eventual responsabilidad penal. Como vemos, justamente la manera de cumplir con estos deberes será a través de la implementación de un programa de cumplimiento plenamente eficaz. El capítulo 4 tiene como finalidad responder y explicar en profundidad las siguientes preguntas: ¿Qué es un programa de cumplimiento? ¿Cómo se diseña un programa de cumplimiento? ¿Cuáles son los pasos más relevantes en la implementación y monitoreo de un compliance? Para responder a estas preguntas se presentan las aproximaciones legales, dogmáticas y, en algunos casos, prácticas, con el fin de ilustrar de manera integral de qué tratan y cómo operan estos sistemas de prevención de delitos. Finalmente, el capítulo 5 aborda aquellos temas que consideramos importantes de tratar una vez analizados en profundidad los programas de cumplimiento. En efecto, nos preocupamos de explicar las consecuencias y las ventajas de su implementación y abordamos diversos temas de actual discusión nacional como extranjera en relación a este sistema de prevención

The disciplinary liability of legal entities, which the regulation normally accepts, is not an exception to the principles of existing guilty and of personalizing the sanction: it is a liability for action and fault of the legal entity. In particular, it analyzes the liability of legal entities by the actions of their administrators. And, also, it studies the cases in which the Law provides certain complements or qualifications to that liability. Above all, the cases in which the disciplinary liability of the administrators is evident. It also addresses the liability of entities without personality and it highlights the advantages and difficulties that their application entails. / La responsabilidad sancionadora de las personas jurídicas, que acepta con normalidad el ordenamiento, no es una excepción a los principios de culpabilidad y de personalidad de las sanciones: se trata de una responsabilidad por acción y culpa propias de la persona jurídica. En especial, se analiza la responsabilidad de las personas jurídicas por la actuación de sus administradores. Y, asimismo, se estudian los supuestos en que el Derecho prevé ciertos complementos o matizaciones a esa responsabilidad. Sobre todo, los casos en los que se consagra laresponsabilidad sancionadora de los propios administradores. Se aborda también la responsabilidad de entes sin personalidad y se ponen de relieve las ventajas y dificultades que su aplicación entraña.

En esta investigación afirmamos que los individuos y las organizaciones empresariales tienen el deber general de actuar diligentemente con la finalidad de no lesionar a los demás en su vida, patrimonio y otras instituciones creadas para la convivencia pacífica. Para ello, las conductas que – por su propia naturaleza – ponen en riesgo bienes jurídicos deben adecuarse a lo prescrito por las normas estatales y, cuando estas no resultan suficiente por la especialidad de la materia, al propio expertis que brinda el oficio o desarrollo del ejercicio profesional. A estos conocimientos que se gestan en la práctica de la profesión u oficio se denominan “conocimientos especiales”. Entre los escenarios más proclives a la formulación de conocimientos especiales se encuentran las actividades económicas de carácter empresarial, resultando muy limitada la capacidad del Estado para regular sus alcances de forma plena. Esto ha llevado a que los privados busquen autorregularse. Siendo este contexto favorable para plantear la pregunta de la presente investigación: ¿deben los privados utilizar sus conocimientos especiales en la fase de inicial de elaboración de un modelo de prevención de delitos de una organización para asegurar su futura eficacia como eximente conforme al artículo 17 de la Ley 30424 y sus modificatorias? Concluimos afirmando que la autorregulación capaz de exonerar de cargos penales supone una elevación del estándar de control respecto a lo previsto por la normativa estatal. Por tanto, creemos obligatorio incluir a los conocimientos especiales en el trabajo de identificación de riesgos penales de las empresas. / In this investigation, we affirm that individuals and business organizations have the general duty to act diligently in order to avoid damaging other’s lives or patrimony besides other institutions created to maintain for peaceful convivence. To achieve this goal, kind of behaviour that – for ich own nature – put legal assets in risk must be adapted to fulfil state standards and, when these are not sufficient due the specificity of the matter, to the expertise provided by the trade or development of the professional practice. The knowledge that arises from the practice of the profession is called "special knowledge". Among the most likely scenarios for the generation of special knowledge we can find economic activities with business nature. Here, the State has a very limited capacity to fully regulate and this has led the private sector to seek self-regulation. Given this situation, we can raise the question of the present research: ¿Should private sector use their special knowledge in the initial phase of developing a crime prevention model of an organization to ensure its future effectiveness as an exemption under Article 17 of Law 30424 and its amendments? We conclude by stating that self-regulation capable of dismiss legal charges carries an increase the standard of control above the said statal regulations. Therefore, it is mandatory that special knowledge is included in the work of identifying criminal risks in companies.

En la actualidad, la mayoría de los países se han inclinado por establecer políticas normativas que promuevan la autorregulación y con ello el establecimiento de programas de cumplimiento, cuya función no se agota únicamente en la prevención y detección de riesgos, sino que va mas allá; y es que un programa de cumplimiento eficaz y eficiente no solo se limita a prevenir la infracción de las normas, sino que permite la detección de aquellas infracciones que se hubiesen cometido dentro del ámbito empresarial. Es por ello que en el presente trabajo nos hemos enfocado en resaltar los beneficios de implementar canales de denuncia como parte integrante de los programas de cumplimiento de las empresas; y es que, consideramos que la implementación de un canal de denuncias es uno de los piares esenciales en la implementación de un programa de corporate compliance,

No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo. / Este trabajo estudia la nueva normativa de constitución, modificación, transformación y disolución de personas jurídicas, establecidos por la ley N°20.659 y su reglamento, el llamado " régimen simplificado ". Asimismo indaga en sus principales efectos, teniendo en consideración los objetivos perseguidos por el ejecutivo en su dictación.