Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo de investigación, tiene por objetivo determinar la extensión y la forma de operar de la Potestad Reglamentaria del Presidente de la República en materia de tratados internacionales, ya que sus atribuciones en éste campo fueron modificadas luego de la reforma constitucional introducida por la Ley N°20.050 del año 2005, a través de los cambios hechos al artículo 54 de la Constitución Política que establece las atribuciones exclusivas del Congreso Nacional y, que en su numeral 1 se refiere a sus facultades en el ámbito internacional, partiendo por la aprobación de los tratados internacionales, atribución de la cual depende el ejercicio de las demás. Asimismo, en el citado artículo se establecen las excepciones a dicho trámite. Para ello, principalmente se utiliza el estudio de la Jurisprudencia Administrativa de la Contraloría General de la República, organismo que mediante el trámite constitucional de toma de razón, en el que se realiza un control de legalidad respecto de las normas que establece la ley, ha expresado en diversos dictámenes su interpretación respecto de las excepciones a la aplicación del artículo 54 de la Carta Fundamental a través de las cuales el Presidente de la República ejerce su potestad reglamentaria y, a su vez se menciona la postura contraria sostenida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, respecto de dichas excepciones a la aprobación de los tratados internacionales por el Congreso Nacional. La presente investigación se estructura en cuatro capítulos: Capítulo I, “La Potestad Reglamentaria”, trata de la potestad normativa que ejerce el Presidente de la República en virtud del artículo 32N°6 de la Constitución Política para dictar normas de carácter reglamentario, de ejecución o autónomas, que rigen en el ordenamiento jurídico interno. Capítulo II, “Los Tratados Internacionales”, explica las principales característica de la principal fuente convencional del Derecho Internacional, ya que en el sistema jurídico chileno es el Presidente de la República quien tiene la atribución de celebrar tratados internacionales propiamente tales y tratados reglamentarios (acuerdos en forma simplificada). Capítulo III, “La Potestad Reglamentaria del Presidente de la República en materia de Tratados Internacionales”, hace una revisión de la forma y extensión en que el Primer Mandatario ejerce la atribución normativa constitucional atribuida por el artículo 32 N°6 de la Constitución Política en el ámbito internacional en virtud del artículo 54 N°1 inciso 4° de la Carta Fundamental, que en su segunda parte hace excepción al trámite de aprobación de los tratados internacionales por el Congreso Nacional al permitir que el Primer Mandatario celebre acuerdos de carácter internacional en ejercicio de su potestad reglamentaria. Capítulo IV, “El Control Jurídico de los Tratados Internacionales”, se analizan las formas de control respecto de los tratados internacionales propiamente tales, es decir, aquellos que deben ser aprobados por el Congreso Nacional y, los acuerdos en forma simplificada y los tratados de ejecución, que son celebrados en ejercicio de la potestad reglamentaria del Presidente de la República, ya que al expresarse en distintos tipos de normas, ley en el caso de los tratados propiamente tales y decreto supremo, para el caso de los reglamentarios, proceden diferentes tipos de control de juridicidad.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El panorama actual normativo en Chile es la desprotección del ciudadano chileno frente a intervenciones estatales ablativas lícitas que provoquen un detrimento de entidad en la propiedad del regulado. La pregunta en relación a la aplicabilidad de la doctrina de las regulatory takings para salvar dicho vacío, se hace entonces necesaria. Veremos en el presente trabajo las posturas para integrar dicho vacío, la aceptación o rechazo de la doctrina de las expropiaciones regulatorias, no sin antes conceptualizar las limitaciones y privaciones como medidas clásicas de intervención estatal en la propiedad, para luego conceptualizar y explicar el desarrollo de las regulatory takings en el derecho comparado, su carácter limítrofe entre limitación y privación, para luego dar cuenta de la problemática planteada, así como de la solución que proponemos

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

Actividad formativa equivalente a tesis para optar al grado de mag?ster en derecho con menci?n en derecho p?blico / En esta obra se realiza un an?lisis cr?tico de las facultades sancionatorias por parte del Estado, formulando un an?lisis cualitativo sobre lo planteado tanto por las disposiciones vinculadas a los Servicios Sanitarios como a aquellas que engloban los aspectos m?s generales de la Superintendencia de Medioambiente, en especial al delimitar las funciones normativas que distinguen su competencia. Lo anterior se torna particularmente interesante al indagar sobre la hip?tesis de existir un verdadero Non Bis in Idem entre ambas potestades, que, a priori, pareciera que la pr?ctica jur?dica prefiere un criterio de especialidad, resolviendo la controversia posible prefiriendo a aquella norma que trata de forma m?s directa el manejo de los Residuos Industriales L?quidos. No obstante, el solo criterio no es suficiente, debiendo justificarse en Derecho y en pr?ctica las razones de la mayor eficiencia de una respuesta del ordenamiento jur?dico. Labor de este investigador ser?, en consecuencia, explicar el fundamento de la aplicaci?n del criterio, indagar sobre la instituci?n particular del non bis in ?dem y de la potestad sancionatoria del estado y su procedencia, y finalmente, extraer de la pr?ctica jur?dica y la jurisprudencia un indicio normativo que permita resolver a priori cualquier controversia sobre la materia.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Este trabajo persigue analizar sistemáticamente dicha jurisprudencia, en el marco de la elaboración doctrinaria y desarrollo legislativo que a partir de la reforma constitucional de 1991, instauró en nuestro ordenamiento jurídico la institución del Gobierno Regional, órgano descentralizado territorialmente, con personalidad jurídica, patrimonio y competencias propias. En el primer capítulo, se abordan los principios fundamentales de la evolución de la organización jurídica política del Estado y la posición que la doctrina ha tomado respecto de ellos, estableciendo el marco conceptual en que se desenvuelve el desarrollo legislativo del Gobierno Regional y su aplicación. El segundo capítulo analiza el sistema de competencias atribuido al Gobierno Regional, su extensión y clasificaciones, con especial mención a su garantía constitucional y eventual ampliación. Los capítulos tercero a decimoprimero desarrollan, a partir de la práctica jurisprudencial administrativa, los distintos aspectos en que se han visto comprometidas las competencias de los Gobiernos Regionales. A grandes rasgos: Los capítulos 3º, 4º y 5º tratan los aspectos subjetivos de la competencia, esto es, aquellos relacionados con el ejercicio del cargo por parte de los consejeros y la autoridad unipersonal del Intendente, que integran el Gobierno Regional. Los capítulos 6º, 7º y 8º se dedican a la potestad resolutiva del Gobierno Regional, en general, con especial mención en lo relativo al presupuesto y en su ejecución, respectivamente. El capitulo 9º, hace lo propio con la potestad fiscalizadora y el 10º, respecto a la reglamentaria. Finalmente, el capitulo 11º aborda el ejercicio de la competencia respecto de los aspectos patrimoniales del Gobierno Regional. Además de la bibliografía consultada, esta investigación se basa principalmente en el análisis jurisprudencial de los dictámenes de la Contraloría General de la Republica. Para ello, se ha considerado y revisado más de quinientos pronunciamientos del ente contralor, relativos o relacionados con la Ley 19.175 y emitidos desde el año 1993 hasta diciembre de 2009. De ellos, aproximadamente doscientos cincuenta, atingentes al objeto de estudio, son utilizados en esta investigación.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El tema de esta investigación es el control de constitucionalidad que ejerce el Tribunal Constitucional sobre los decretos supremos del Presidente de la República. En un régimen presidencialista como el nuestro, los contrapesos institucionales que se generen para contrarrestar el poder del Presidente cobran muchísima importancia. En este escenario el Tribunal Constitucional ha jugado un papel preponderante, modelando –poco a poco y por la vía jurisprudencial– su potestad normativa de la manera que mejor garantice la supremacía de la Constitución. Es así que el control de los decretos presidenciales se ha ido construyendo sobre la marcha, a partir de los casos prácticos que el mismo Tribunal ha debido enfrentar. Justamente la reforma constitucional del año 2005, en lo relativo a esta atribución, tuvo por objeto consagrar en la Constitución algunos de los criterios que el Tribunal Constitucional ya había fijado en sus fallos. En consecuencia, abordaremos una materia variable que ha sufrido cambios substanciales en los últimos años

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente tesis muestra un camino posible para la configuración del Poder Constituyente Originario en el contexto democrático del Chile actual. Para lo cual, se recurre a las Actas de las sesiones de La Comisión de Estudios de la Nueva Constitución Política de la República de Chile, en donde quedaría plasmada la visión de constituir a la nueva institución del presidente de la República como el conductor de la vida nacional en diversos plano, uno de ellos, el plano social. Para lograr aquel objetivo, se establecería la ampliación de la potestad presidencial por intermedio del Reglamento Autónomo, el cual pasaría a comprender todas aquellas materias que no son propias del dominio legal. Es esa nueva configuración de la autoridad presidencial y la concepción doctrinaria del Poder Constituyente, lo que permitiría crear un nexo entre ambas figuras. Y donde las concepciones doctrinarias mismas del Poder Constituyente desde su vertiente democrática, permiten configurar una serie de criterios para un uso no arbitrario de una atribución que bien podría de desembocar en autoritarismos, como bien lo enseña nuestra historia nacional. Junto a aquel análisis doctrinario, se efectúa una serie de referencia a análisis político de la actual situación democrática que viviría el país, y un análisis de las reales posibilidades de materialización de la tesis aquí propuesta

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Constituye un hecho de la causa, por estos días, la constante tensión que se gatilla entre la Ley y la Potestad Reglamentaria Presidencial, en especial, con aquella cuyo objeto radica, precisamente, en dar ejecución a las normas legales emanadas del Poder Legislativo. Lo anterior lo estimamos así atendida la cantidad de requerimientos parlamentarios deducidos en contra de aquellos decretos supremos cuyo objeto estriba en aplicar las leyes. De una parte, la cuestión radicará en las diferencias sustantivas que puedan llegar a advertirse entre aquello que contiene una norma legal y lo que, luego, procede a “ejecutar” el Presidente de la República, toda vez que la probabilidad de que este último se exceda de su facultad constitucional de ejecutar o pormenorizar la Ley (esto es, que agregue cuestiones sustantivas que vayan más allá del contenido normativo del precepto legal que se intenta ejecutar) es una cuestión siempre latente. De consiguiente, ahí será cuando deba operar el control preventivo del Tribunal Constitucional, a efectos de velar porque la actuación reglamentaria del Presidente de la República observe lo sustancial de la norma legal que pretende desarrollar, resguardándose, de ese modo también, la preeminencia del ordenamiento constitucional. De otra parte, la determinación precisa y rigurosa de los deslindes que deban existir entre las materias que recaigan en la reserva legal y la potestad reglamentaria presidencial, respectivamente, será, también, un asunto a resolver por los pronunciamientos de la Magistratura Constitucional, los que, como se verá, constituirán el eje central de este trabajo. Siendo así, en las líneas que siguen nos proponemos, primero, referirnos a algunas de las consideraciones positivas y doctrinarias existentes respecto a este Conflicto Constitucional para, luego, entrar a desmenuzar la manera en que la Jurisdicción Constitucional ha enfrentado esta controversia en varios de sus pronunciamientos recientes

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo tiene por objeto determinar la procedencia del recurso de protección como mecanismo de control de las potestades con elementos discrecionales de los órganos ambientales, en particular, en lo que se refiere a las potestades discrecionales técnicas del Servicio de Evaluación Ambiental, a partir de lo resuelto por la Corte Suprema en los casos de Puerto y Central Castilla y Central Hidroeléctrica Aysén. Para ello, se analizan diversos aspectos del problema, partiendo de la procedencia del control judicial de las potestades discrecionales, en especial, las potestades con elementos discrecionales técnicos; posteriormente se analiza las potestades del Servicio de Evaluación Ambiental y la posibilidad de control de sus facultades, examinando los argumentos presentados en los casos de Central y Puerto Castilla e Hidroaysén; finalmente, se analizará las diferentes características del recurso de protección, cuando el derecho vulnerado es el medio ambiente libre de contaminación y si es una vía idónea para revisar el ejercicio de la potestad discrecional. El trabajo sostiene como conclusión que el recurso de protección es procedente para el control judicial de las potestades discrecionales, puesto que en esta acción se permite analizar los elementos entregados por las normas jurídicas. Sin embargo, en lo que se refiere a revisión de las potestades discrecionales técnicas, el recurso de protección no sería apropiado, puesto que el procedimiento no permite un análisis mayor de los elementos técnicos del SEA. / 24/04/2019