Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento / La presente memoria de prueba tuvo como objetivo la revisión de la estructura, principales características y novedades que presenta el recurso de apelación incorporado en el procedimiento propuesto por el Proyecto de Ley que establece el nuevo Código de Procesal Civil, actualmente tramitándose en el Congreso Nacional. Se revisa también la forma en que dicho instituto se relaciona con los principios de oralidad, concentración e inmediación que rigen el nuevo procedimiento, así como con el resto de las instituciones y etapas procesales que incorpora al mismo, a fin de evaluar si la propuesta diseñada por el legislador satisface de manera suficiente los requerimientos constitucionales de un racional y justo procedimiento, internacionales de satisfacción de los estándares que la Corte Interamericana ha establecido en relación al derecho a recurrir de la sentencia por parte del condenado, y sociales de una pronta y adecuada composición acorde a derecho de los conflictos de intereses que se susciten entre sus ciudadanos

El objeto de esta Tesis Doctoral es el estudio y análisis de uno de los aspectos del Jurado: Las instrucciones que el Magistrado-Presidente ha de impartir a los Jueces legos para que éstos sepan cuál es su función cuando participan en un juicio penal y cómo han de desarrollarla. Para ello se realizan un estudio comparativo entre las instrucciones en España y Estados unidos. Dado que fue en el modelo norteamericano en el que se inspiró principalmente el legislador español cuando tuvo que desarrollar el artículo 125 de la Constitución española que prevé la participación de los ciudadanos en el Poder Judicial.Al estudiar las instrucciones al Jurado en Estados Unidos, antes de centrarnos en éstas, se realiza un breve histórico de la instrucción en USA y del proceso penal norteamericano para sí poder comprender la importancia y el funcionamiento del Jurado en dicho país. A continuación, se estudia las instrucciones y el veredicto en España. Proponiendo cómo se deberían interpretar las disposiciones relativas a las instrucciones previstas en la Ley del Jurado a tenor del resultado de las investigaciones realizadas en Estados Unidos con el objetivo de mejorar el funcionamiento del Jurado en España.

En México, la procuración e impartición de justicia se encuentra en crisis según diversos diagnósticos científicos sobre el estado que guarda la justicia penal. La superación del estado actual de las cosas se presenta necesaria. La tesis doctoral, la reforma procesal penal en México, aborda el vigente modelo de enjuiciamiento criminal, y su posible transformación, con base en la Constitución de 1917, el Código Federal de Procedimientos Penales de 1934 y los principios procesales reconocidos. El estudio se realiza comparativamente con los modelos español, alemán y norteamericano, que son jurídicamente más avanzados, con el propósito de obtener mayores opciones de respuesta ante la necesidad de superar el sistema inquisitivo vigente y adoptar un sistema acusatorio. La tesis se conforma de cuatro partes generales: una primera, en la que se presenta el marco legal constitucional del Estado de derecho mexicano, crisol del concepto de jurisdicción, sentando las bases de su organización jurídica y de la estructura organizativa del Poder Judicial en México, su gobierno y acceso a la carrera judicial; una segunda, en la que se hace referencia a los principios procesales y lineamientos jurídicos consagrados, que deben ser combinados con el principio acusatorio a fin de configurar un modelo nuevo de enjuiciamiento criminal; una tercera, que presenta los desaciertos y los grandes problemas que impiden considerar al sistema mexicano como un verdadero proceso penal, garante de los derechos y principios jurídicos consagrados por la Constitución y por los Tratados internacionales signados por México; y una cuarta parte, motivo fundamental de todas las demás que sirven de preparación, que se forma con una nueva propuesta de concepción del enjuiciamiento criminal en México para adoptar de forma definitiva un proceso acusatorio con juicio oral y público.

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Magíster en Gestión y Políticas Públicas / El año 2009 la Defensoría Penal Pública inicia un programa piloto en la región de Coquimbo, para la defensa de condenados privados de libertad. Este programa se implementa con el objeto de defender y hacer solicitudes ante las autoridades administrativas y judiciales respecto de los condenados privados de libertad, así como darles asesoría personalizada y charlas informativas sobre sus derechos y obligaciones como condenados. El programa se materializa a través de defensores y trabajadores sociales seleccionados por un proceso de licitaciones públicas en todos los recintos penales de la región. Este programa actualmente funciona en tres regiones y se encuentra en proceso de expansión. El presente estudio de caso tiene como objeto central rediseñar aspectos del programa a partir del análisis del diseño original y del funcionamiento actual del mismo, utilizando la metodología de marco lógico. La pregunta de investigación busca revisar si este programa contribuye a fortalecer el acceso a la justicia de las personas condenadas privadas de libertad. El estudio se desarrolló a través de la realización y posterior análisis de entrevistas a los actores claves del programa provenientes de la Defensoría Penal Pública y de Gendarmería de Chile. La visión de ambas instituciones resulta fundamental en la detección de los problemas y aciertos en la implementación del programa a fin de poder proponer algunos cambios y mejoras. Asimismo, se realizó un taller con condenados y se analizaron entrevistas de percepción de usuarios en las tres regiones en funcionamiento, con el propósito de poder contar con la percepción de los beneficiarios de este programa. El análisis de las entrevistas, arrojó la necesidad de fortalecer el acceso a la información y a la protección de derechos de los condenados, así como la exigencia de contar con instrumentos legales que permitan reducir la discrecionalidad e informalidad de Gendarmería, mejorando la información y asesoría que se entrega a los condenados por los defensores penitenciarios. La metodología de marco lógico utilizada originalmente para elaborar este programa fue revisada y complementada con la información extraída de las entrevistas y del taller de condenados, permitiendo construir una matriz completa que permita hacer seguimiento al propósito y a los distintos componentes del programa en las siguientes etapas de su implementación, así como revisar las regiones que se encuentran en funcionamiento actualmente. El análisis de la información recopilada y extraída, permite realizar una serie de recomendaciones a la implementación del programa de defensa penitenciaria, en relación a diversos aspectos detectados como deficientes, donde la necesidad de contar con una coordinación permanente entre las instituciones involucradas resulta fundamental para el éxito del mismo.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El artículo 340 inciso primero del Código Procesal Penal señala: “Art. 340: Convicción del tribunal. Nadie podrá ser condenado por delito sino cuando el tribunal que lo juzgare adquiriere, más allá de toda duda razonable, la convicción de que realmente se hubiere cometido el hecho punible objeto de la acusación y que en él, hubiere correspondido al acusado una participación culpable y penada por la ley.” (el destacado es nuestro). En esta disposición resulta patente, que el nuevo sistema de justicia criminal, introduce una modificación fundamental en el estándar de convicción que se exige al Tribunal de Juicio Oral competente, o al Juez de Garantía , según el caso, para determinar la culpabilidad o inocencia de un imputado. Esta modificación se ve justificada desde la perspectiva de los principios y garantías fundamentales que subyacen al nuevo sistema, así como desde el punto de vista de la lógica del juicio oral; única instancia en que por regla general será rendida la prueba que servirá de base al tribunal de juicio oral para pronunciar su fallo. Esta importante modificación a su vez introduce un cambio fundamental respecto de nuestro ‘antiguo’ y rígido sistema de procedimiento penal, sistema de corte inquisitivo, que consagraba el sistema de prueba legal o tasada, lo que se traducía en que la exigencia de reconstrucción de la verdad histórica exigía alcanzar la máxima certeza para condenar, tanto respecto de la ocurrencia del hecho como de la participación del imputado

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente memoria tiene por objeto el estudio de la judicatura laboral chilena, entendiendo por tal a la encargada de hacer cumplir las normas sustantivas del trabajo, sea que tuviese o no el carácter de especializada. El presente estudio pretende hacer un análisis histórico de los órganos encargados de la jurisdicción laboral, desde la dictación del código civil, con una breve referencia al contrato de arrendamiento de servicios y a los tribunales encargados de dirimir los conflictos de relevancia jurídica relacionados con aquel contrato, continuando por el estudio de los tribunales laborales de carácter administrativo, las modificaciones que los volvieron parte integrante del Poder Judicial, los efectos del quiebre institucional de 1.973, la desaparición de la judicatura especializada en 1.980, los tribunales del código del trabajo de 1.987 y los de la ley 20.022. No es mi intención efectuar un estudio de las normas de carácter procedimental que puedan regir a dichos órganos, sino que me enfocaré exclusivamente al estudio de las normas que determinan la organización del órgano jurisdiccional en materia laboral, la forma de nombramiento de sus integrantes, la efectividad de los órganos en la aplicación de la ley y por ultimo un estudio cuantitativo que permita comprender la evolución de la justicia laboral desde la óptica de la aplicación de la ley sustantiva.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En el presente trabajo de memoria pretendemos describir someramente algunas de las repercusiones de la expansión del derecho penal en el procedimiento penal. El objetivo que nos proponemos es poder realizar un análisis global sobre las consecuencias que la expansión del derecho penal ha tenido en el derecho procesal penal. No esperamos que dicho análisis sea completamente exhaustivo y acabado en atención a que las aspiraciones que pueden llegar a tener un trabajo de investigación de esta naturaleza no pueden ser tan ambiciosas. Sin embargo sí pretendemos lograr hacer una revisión de los ámbitos de afectación más relevantes, y profundizar en ellos. Nuestra hipótesis de trabajo es que la vinculación necesaria que existe entre el derecho penal y el derecho procesal penal implica que todos los cambios que se han generado en el primero, y que han sido bastamente estudiados por la doctrina penalista en el desarrollo de la discusión sobre la expansión, deben haber implicado consecuencias no menores en el ámbito del derecho procesal penal. Ambas disciplinas de estudio son independientes, sin embargo trabajan sobre un mismo fenómeno y por lo tanto los cambios que se van desarrollando en una disciplina deben tener necesariamente consecuencias en la otra. Ese antecedente implica que las consecuencias en el plano del derecho procesal existen y que por lo tanto sólo es necesario identificarlas y clasificarlas de modo de poder distinguirlas con más claridad. La metodología de trabajo que utilizaremos se basa en el estudio y análisis de los trabajos científicos de aquellos autores que han escrito sobre la expansión del derecho penal tanto desde la disciplina penal como desde el derecho procesal. Con posterioridad intentaremos clasificar las consecuencias que dichos autores identifican en algunos ámbitos de afectación especialmente sensibles para el derecho procesal. Nos detendremos en cada uno de estos ámbitos de afectación para explicarlos y buscaremos en cada uno al menos un ejemplo de nuestra legislación procesal nacional que pueda ilustrar correctamente el ámbito de afectación desarrollado en los capítulos

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Un estudio de la valoración de la prueba según las reglas de la sana crítica y sus límites, se justifica en razón de la necesidad de marcar el camino y hacer las aclaraciones conceptuales pertinentes. Esto permitirá que la comunidad jurídica y los tribunales puedan comprender cabalmente la trascendencia del cambio de sistema de valoración y así evitar incurrir en equívocos en la práctica de la apreciación de las pruebas. Con esto se busca impedir que la huida del sistema de la prueba legal tasada nos lleve a otro extremo, como sería aplicar en la práctica un sistema de la íntima convicción, al confundir este último con el sistema de la sana crítica si no se respetan los límites previstos por éste. La hipótesis que se desarrollará en esta tesis es que el sistema de valoración de la sana crítica implica una valoración racional de la prueba que se basa en el uso de criterios y parámetros objetivos y racionales. Esto se opone a la concepción de la valoración de la prueba en base a criterios como la convicción entendida como creencia o en un sentido subjetivo, que corresponde al sistema de valoración de la prueba de la íntima convicción. Por ello, se estima que la valoración de la prueba tiene por finalidad una determinación verdadera de los hechos y si bien esto se confía al juez, al liberarlo de la prueba legal tasada, esta confianza radica en que tal utilizará razones para determinar los hechos, y no se basará en una creencia que se opone a la idea de control por los tribunales superiores. Además, se estima que el juez, para la determinación de los hechos, debe por mandato del legislador acudir a las reglas de la lógica, los conocimientos científicamente afianzados y las máximas de la experiencia. Por ello la contradicción con estos parámetros racionales habilita el control de la valoración por los tribunales superiores de justicia, incluso a nivel de nulidad o casación, porque una sentencia que determine hechos en contradicción a tales conceptos constituye una infracción de ley. Por último, se estima que la adopción de un sistema de sana crítica tiene una relación primordial con la fundamentación de la sentencia, afectando la forma en que ella debe desarrollarse al enmarcarse en una visión democrática del poder judicial. Esto implicaría un fuerte deber de justificación que debe extenderse al análisis de toda prueba y razonamiento sobre los hechos, condición que de faltar acarrearía la nulidad de la sentencia