Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente ensayo pretende contribuir en la reconstrucción dogmática de la sana crítica como sistema de valoración probatoria, a partir de su consideración como una institución extralingüística dotada de una metodología positiva de justificación de las inferencias fácticas en la motivación judicial. Apostar a la reconstrucción dogmática de la sana crítica, responde al diagnóstico que se expone de lleno en el capítulo II, amén de la inexistencia de una noción sistémica y consolidada de la misma, situación que ha traído consigo múltiples inconvenientes operativos. De la exhibición en dicha sección de los aportes doctrinarios que caracterizan y definen a la sana crítica, resulta forzoso concluir que, a pesar de ciertas divergencias, hay consenso en que dicho sistema de valoración, primero, comprende exigencias de motivación y de racionalidad, y que además, se debe a ciertas reglas que ofician como guía y límite en la operación de valoración, a saber, los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados, cuyo análisis crítico, se plasma en los capítulos III, IV y V.1., y V.2., donde asalta como novedad, subsumirlos bajo las categorías de garantías lógicas y tópicas de racionalidad. Finalmente en el capítulo VI, con asidero en las herramientas metodológicas provistas por el modelo cognoscitivista de valoración racional de la prueba, tratado fundamentalmente en el capítulo I, y, con lo resuelto en el apartado V.3., sobre hechos institucionales, materia abordada desde la filosofía de la sociedad de John Searle, se abordan ciertos presupuestos que fundamentarán las bases conceptuales de una propuesta de reconstrucción dogmática de la sana crítica.

La nulidad procesal es aquel estado de anormalidad del acto procesal, originado en la carencia de algunos de sus elementos constitutivos o en vicios existentes sobre ellos, que potencialmente los coloca en la situación de ser declarado judicialmente inválido. Esta investigación tiene por objetivo determinar las causas de la nulidad de los actos procesales en los procesos civiles de conocimiento en el Distrito Judicial de Lima: 2007 - 2008. El estudio se desarrolla bajo el método hipotético deductivo. El tipo de investigación fue básica, de nivel descriptivo. La población estuvo compuesta por la totalidad de procesos civiles tramitados en la vía del proceso conocimiento admitidos, durante el período comprendido entre los años 2007 y 2008. El tipo de muestreo fue no probabilístico, contando con una muestra de 100 procesos civiles tramitados en la vía del proceso conocimiento admitidos, en el Distrito Judicial de Lima, Sede Alzamora Valdez. La información obtenida en el trabajo de campo fue procesada tomando en cuenta tipo de materia, etapa del proceso en que se invoca, parte litigante que invoca, año del expediente, resultado del recurso, tiempo de resolución, artículos del C.P.C invocados en recursos fundados. La investigación proporciona evidencia empírica de que las principales causas de la nulidad de los actos procesales son de origen cognitivo es decir por desconocimiento de materia de nulidad de actos procesales por parte del órgano jurisdiccional, no así en el aspecto normativo ya que el magistrado como director del proceso buscará que el proceso cumpla con la finalidad propuesta, ya que en nuestro ordenamiento procesal las normas procesales son de carácter imperativo salvo regulación en contrario. Palabras clave: Nulidad, actos procesales, proceso civil. / --- The procedural invalidity is that state of abnormality of the proceeding, originating from the lack of some of its constituent elements or existing defects on them, potentitally puts tem in the position of being judicially declared invalid. This research aims to determine the causes of the nullity of procedural acts in civil proceedings of knowledge in the Judicial District of Lima: 2007-2008. The study was conducted under the hypothetical deductive method. The research was basic, descriptive level. The population consisted by all civil proceedings brought in the path of knowledge process admitted during the period between 2007 and 2008. The sampling was non probabilistic, with sample of 100 civil proceedings brought in the way of supported process knowledge in the Judicial District of lima –Alzamora Valdez Headquarters. The information obtained in the fildwork was processed considering: type of matter, process step that litigant party invoking year record, outcome of the appeal, time resolution, articles of CPC relied on resources is invoked founded. The research provides empirical evidence that the main causes of the nullity of procedural acts are cognitive origin, it is ignorance of matters of nullity of procedural acts by the court, but not in the normative aspect because the judge as director of process will find that the process meets the intended purpose, since in our procedural law procedural rules are mandatory unless otherwise regulatin character. Keywords: Nullification, procedural, civil process.

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Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El derecho penal moderno no se limita a la dogmática, se interesa también por las consecuencias del hecho delictivo. La política criminal guía las decisiones que toma el poder político y proporciona a su vez los argumentos para criticar esas decisiones, mediante el análisis de la realidad social, proponiendo soluciones y también vías alternativas al derecho penal vigente

Magíster en Gestión y Políticas Públicas / El presente trabajo de investigación, detalla el nuevo sistema de justicia especial para adolescentes que han infringido la ley penal, y la importancia de evaluar la consistencia de los estándares mínimos que deben existir en el cuerpo normativo, respecto del sistema abierto del Servicio Nacional de Menores (SENAME), específicamente en los programas de Libertad Asistida (PLA) y Libertad Asistida Especializada (PLE), y el nivel de requerimientos establecidos en las orientaciones técnicas, que son la base de la intervención que desarrollan los Organismos Colaboradores para propender a la reinserción de los adolescentes en la sociedad. La metodología utilizada en esta investigación, es de tipo exploratoria y de carácter cualitativo, considerando que el diseño de un plan investigativo de calidad requiere validez externa, interna y fiabilidad de la información, es que se contemplaron fuentes primarias tales como; entrevistas a expertos, extractos noticiosos, opiniones de expertos y actores directos sobre la reforma, leyes, reglamentos y orientaciones técnicas, además de fuentes secundarias tales como; investigaciones nacionales e internacionales sobre los sistemas penales juveniles, artículos académicos sobre la reforma penal adolescente, e informes y estudios sobre la reincidencia y reinserción. La ley 20.084 del 08 de Junio de 2007, genera un cambio en la legislación que regulaba la conducta infractora de los menores de edad en el país, debido a que existía un consenso entre los organismos internacionales y los operadores del sistema, en que la legislación vigente hasta ese entonces, no cumplía con los estándares internacionales propios de los sistemas de justicia juvenil en otros países desarrollados, y que Chile, requería de un sistema moderno con criterios de eficiencia y eficacia que impone la Reforma Procesal Penal unos años antes. Con esto se busca corregir el tratamiento que reciben los adolescentes y finalmente, la necesidad de dar cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos por el Estado, dando resultados positivos, ya que los delitos cometidos por adolescentes ingresados al Ministerio Público, desciende de un 4,5% a un 3,8% entre los años 2008 y 2012. Para finalizar, veremos que la evaluación del sistema penal adolescente es positiva, pero que tiene una importante cantidad de dificultades que afectan la ejecución eficaz de las sanciones, y a pesar de que el Congreso señaló las deficiencias existentes, antes de la puesta en marcha de la ley, el ejecutivo no contó con un diagnóstico claro de los recursos que se necesitaban, ya que los adolescentes que debieran cumplir sus condenas en libertad, tendrían que contar con la misma oferta educacional, de capacitación y laboral que cualquier adolescente no infractor de ley, para así poder aplicar una intervención más efectiva, y con acciones específicas.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El objetivo de la presente memoria de grado es presentar un análisis crítico de la fase de discusión y la audiencia preparatoria al juicio oral, a la luz del nuevo paradigma que se pretende establecer y cuyo objetivo final reside en la dictación de un nuevo “Código Procesal Civil”. En este respecto, este trabajo comienza realizando un acercamiento al concepto de “audiencia preparatoria o preliminar”, a la luz de los procedimientos orales. Luego, en el capítulo siguiente se relata brevemente la historia del instituto desde su creación –la Ordenanza Procesal Civil Austriaca de Franz Klein- y posteriormente, se narra cómo ha evolucionado el instituto en Iberoamérica y como se han desarrollado instituciones de finalidades similares, tales como el despacho saneador. A continuación, el tercer capítulo, busca desmenuzar a la luz de la experiencia nacional, los aspectos teóricos y prácticos de la fase de discusión y la audiencia preparatoria al juicio oral, tanto en los procedimientos laboral, de familia y penal, haciendo un análisis comparativo entre aquellos, a partir de los textos legales y examinando los aspectos más relevantes y controvertidos de cada procedimiento. Posteriormente, en el cuarto capítulo se hace un análisis del texto del Proyecto de Reforma Procesal Civil del año 2012, en el cual se repara en cada aspecto relevante de la fase de discusión y la audiencia preliminar o preparatoria, a la luz de los anteriores proyectos de reforma –el de 2009 y el Anteproyecto de 2005- y del análisis que se ha realizado a nivel de doctrina y legislaciones comparadas respecto de las funciones estatuidas por el proyecto de reforma para estos momentos procesales. Finalmente, en el último capítulo, se hace un breve análisis de la institución del Discovery norteamericano con el fin de introducir otra perspectiva al análisis de la construcción de la instrucción al juicio, en el nuevo paradigma procesal que se pretende implementar.

Memoria (doctorado en derecho procesal civil) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / La prueba en sus dimensiones de actividad y resultado es el objeto de esta investigación. Bajo el argumento que suscribo, para acreditar en juicio los hechos operativos de una regla civil aplicable al caso demandado es necesario cumplir con exigencias tanto epistémicas como normativas, las cuales se entrelazan en los dos momentos cruciales de un proceso civil declarativo: cuando el juez establece el objeto procesal (“¿qué hechos se prueban?”) y cuando aplica un estándar de prueba a las hipótesis en competencia (“¿qué hechos están probados?”). Ambas instancias dan cuenta de la misma pregunta: ¿qué exigencias epistémicas y normativas debe cumplir el juicio de hecho establecido en la sentencia para entender que la decisión del caso es correcta? Para confeccionar una respuesta a este interrogante centro mi análisis en los juicios de imputación de responsabilidad extracontractual por culpa. Dado que el razonamiento empleado por el juez para establecer los hechos se encuentra moldeado por el marco institucional donde ese juicio se practica, empleo el Capítulo I para ofrecer una concepción normativa del proceso civil de primera instancia (una vía que equilibra cuestiones de justicia y eficiencia) y de la función jurisdiccional (como un discurso de aplicación de normas comunes a casos individuales). En este contexto, la prueba se presenta como el instrumento que utilizan los diversos sujetos procesales para conocer la controversia en sus términos jurídicamente relevantes. La probabilidad de obtener ese conocimiento se maximiza mediante reglas orientadas a la búsqueda de la verdad de los hechos, pero como la información disponible siempre es incompleta, las formas procesales sobre las cuales pivota todo juicio de hecho deben expresar, en definitiva, estrategias para minimizar los riesgos de error en el veredicto y, cuando éstos son inevitables, repartirlos entre las partes. El Capítulo II aborda la prueba como actividad. Esta dimensión probatoria se construye en torno al objeto procesal como un acto que ilustra sobre el asunto debatido, tanto en su faz normativa como fáctica. El objeto procesal permite discriminar qué argumentos jurídicos son aceptables en cada caso y qué evidencias son idóneas para acreditar los hechos operativos de la ley aplicable, cuestiones que hace posible el cumplimiento de la regla contradicción entre los litigantes. Dentro de la prueba como actividad, la interacción entre exigencias epistémicas y normativas se manifiesta con especial fuerza al dirimir cuestiones como: los límites de la buena fe procesal, los presupuestos operativos de la iniciativa probatoria judicial, el estándar de exclusión de evidencias y los criterios de inversión del onus probandi. Una vez fijados los hechos a probar y recopilada las evidencias disponibles corresponde al juez civil determinar cuál de las narraciones ha sido probada, o bien, refutada en el proceso. Esta dimensión atañe a la prueba como resultado, de la cual se ocupa el Capítulo III del trabajo: aquí, junto con examinar de una forma crítica la concepción subjetiva de libre valoración de la prueba –que tanto la doctrina como la jurisprudencia chilenas exhiben-, ofrezco una lectura positiva de este esquema de valoración, en tanto un razonamiento que respeta “los principios de la lógica, los conocimientos científicamente afianzados y las máximas de experiencia”. El análisis culmina con la propuesta de un estándar de prueba aplicable a la litigación civil, con especial predilección por los juicios de responsabilidad extracontractual basados en la negligencia del demandado.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El objeto de estudio del presente trabajo son las implicancias en la determinación de los sujetos legitimados para demandar y respecto de los cuales se debe ejercer la pretensión, en los procedimientos laborales. Por cuanto es recurrente en sede laboral, el error de demandar por parte de quien no detenta la legitimidad o hacerlo respecto de aquel que no está legitimado para ser sujeto pasivo de la pretensión. El objetivo anterior señalado, se busca lograr en la primera parte del trabajo, a través de una exposición de los conceptos aportados por la dogmática procesal, tales como concepto de proceso, parte, capacidad y legitimación procesal. Más adelante, se desarrolla de manera particular, la incidencia de la legitimidad procesal en distintos procedimientos laborales que manifiestan problemas paradigmáticos en este tema, como son el procedimiento de tutela de derechos fundamentales y procedimientos laborales originados por incumplimiento de obligaciones laborales y previsionales con el trabajador por parte de la empresa contratista y subcontratista, teniendo como solidaria o subsidiariamente responsable a la empresa principal, según el artículo 183 B del Código del Trabajo. Respecto de estos temas, se desarrolla en capítulos distintos, un análisis jurisprudencial atingente a los casos de conflicto tratados antes de manera teórica. 11 Finalmente se tratan en un apartado especial, determinados casos de relevancia en atención a la legitimidad procesal, como son los casos del Fisco como demandado en procedimientos laborales y el caso de la legitimidad procesal que detentarían los causahabientes de la víctima de un accidente de trabajo, en atención al daño moral sufrido. El derecho a demandar no radica exclusivamente en quien tiene el derecho material, sino que existen casos que por mandato de la ley, es necesario la presencia de ciertos sujetos legitimados. Es por ello que nuestro campo de estudio abarcará los diferentes casos en donde haya un conflicto en determinar los legitimados para obtener la satisfacción de una pretensión o contra quien se quiere obtener, y como esto incide en los efectos de la sentencia. Es el caso de legitimidad procesal en juicios del régimen de subcontratación, el legislador plantearía la posibilidad de ejercer la acción por parte del trabajador, en contra de la empresa principal o la empresa contratista, desatendiendo a quien de ellas hubiese incumplido. La misma posibilidad otorgaría respecto de ejercer la acción en contra de la empresa principal, contratista o subcontratista. Dentro de la legitimación activa, en el marco del procedimiento de tutela laboral, existe la posibilidad de ejercer la acción por personas distintas al trabajador afectado, esto podría generar distintos problemas. Por una parte luego de obtenida la sentencia, podría solicitarse la ejecución por parte de personas que no hayan actuado en el proceso, y por otro lado surgiría la posibilidad que dentro de un mismo conflicto material se inicien distintos procedimientos, obteniendo sentencias contradictorias.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La investigación se centra en la relevancia de la introducción de nuevas tecnologías en materia probatoria. Siguiendo el método descriptivo se analizan los aspectos esenciales de la propuesta de reforma procesal civil cuya tramitación legislativa se inició en 20121, tanto en sus normas positivas como principios fundantes para dotar a la investigación de un marco que permita analizar el tratamiento de los modernos medios de prueba en la propuesta. Luego, se analizan los modernos medios de prueba, su tratamiento en la ley vigente y la situación en derecho comparado. Se relevan los medios de fijación de hechos en soportes inmateriales y la captación, tratamiento y transmisión de datos o de rasgos biométricos, analizados desde la óptica normativa y de impacto procesal, sin referirnos en forma alguna a la cadena de certificación, tratamiento y custodia forense de cualquiera de ellos. Las instituciones probatorias a analizar en detalle son: libertad probatoria, forma de incorporación de los medios de prueba al proceso, carga de la prueba y sujetos probatorios. Finalmente realizamos propuestas que se ajusten a los estándares e imperativos que constituyen nuestro sistema civil (tanto sustantivo como procesal).

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En la presente memoria se responde la pregunta sobre la procedencia de que el juez laboral decrete pruebas con posterioridad a la audiencia de juicio oral, en el contexto del procedimiento laboral de aplicación general. Ante la falta de norma expresa que resuelva esta problemática en nuestra legislación laboral, es necesario efectuar un análisis con el objeto de averiguar si deben regir en la materia las normas civiles, en su calidad de supletorias al procedimiento laboral, haciendo de esta manera aplicables las disposiciones relativas a las medidas para mejor resolver del Código de Procedimiento Civil, o si, por el contrario, debe considerarse que estas normas no podrían recibir aplicación, como consecuencia de una ponderación de los principios informativos que inspiran el derecho procesal laboral chileno, por encontrarse estos últimos en pugna con la legislación civil en este punto, toda vez que el legislador laboral estableció, en el artículo 432 del Código del Trabajo, que en todo lo no regulado en aquel Código o en leyes especiales, serán aplicables supletoriamente las normas contenidas en los Libros I y II del Código de Procedimiento Civil, a menos que ellas sean contrarias a los principios que informan este procedimiento. Por esta razón se expone la ponderación de los principios y su posible pugna con la posibilidad de decretar medidas para mejor resolver, y además se analiza la respuesta que ha recibido esta interrogante en otras ramas del derecho procesal chileno, particularmente, en aquellos procedimientos regidos por el principio de la oralidad, ello con el objeto de conocer las tendencias por las que se ha inclinado la ley chilena y en definitiva conocer la respuesta más acorde al espíritu general de la ley laboral.