Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En el capítulo primero de este trabajo, titulado “Pilares de la integración interétnica”, trataremos de dilucidar si para nuestra sociedad tiene sentido hablar de convivencia interétnica, o qué significa ser una sociedad multiétnica; si, en consecuencia, es relevante el pluralismo jurídico; si el Estado debe reconocer o no la multiculturalidad o interculturalidad de la nación o naciones que gobierna, y cuáles serían las consecuencias de ese reconocimiento. Así pues, nos introduciremos en el tema de la existencia real o presunta de un conflicto étnico. En el segundo capítulo, titulado “Discriminación indígena en Chile”, exploraremos el concepto de tolerancia, analizando desde esta perspectiva el Código Civil chileno y una de las instituciones más importantes para la sociedad: el matrimonio civil . En el capítulo tercero, titulado “Participación indígena en la generación de su propia legislación” hablaremos de la participación indígena en la reforma constitucional y en la generación de la legislación especial que les corresponde. Por último, exploraremos algunas de las posibles causas de la falta de participación indígena, como son la educación, la discriminación y la falta de identificación con la calidad de chileno. Las demandas de los pueblos originarios, de participación en la toma de decisiones y de recuperación de tierras y de derechos de aguas, han generado movimientos indígenas en toda América. Hoy se exige un cambio en las políticas de Estado, conjuntamente con la obtención de nuevos derechos que les permitan desarrollar su propia cultura en el contexto de la sociedad dominante en la que están insertos. Para el análisis de la situación latinoamericana hemos elegido dos países representativos: Ecuador y México. Ambos ofrecen suficientes elementos de comparación para abordar el tema de la tolerancia y la participación. Además de tener un alto índice de población indígena, han tenido en los últimos años un rol activo y una conciencia creciente de su identidad indígena, así como de sus necesidades y derechos. Estos casos nos darán una idea de los escenarios que puede enfrentar un país cuya población indígena demanda pluralismo jurídico, y de cómo los pueblos originarios pueden involucrarse en el proceso de elaboración de una ley indígena.

Magíster en Antropología y Desarrollo / La presente investigación busca aproximarse al conflicto por el agua en la comunidad de Chusmiza en la Región de Tarapacá, desde la observación de segundo orden, y cuyo objetivo se orientó a identificar las distinciones, cómo se construyen y cómo se ponen en funcionamiento desde los actores, junto al papel que juega el estado en dirimir estos conflictos. Se recopiló información a partir de entrevistas y el análisis de contenido de 25 documentos que ilustran el conflicto, centrándonos en las demandas judiciales por ser éstas el plano en que las distinciones operativas de los involucrados se ponen en juego, lo que denotó el surgimiento de una interesante paradoja que posiciona a ambas partes con similares derechos sobre el agua en disputa, lo que genera importantes cuestionamientos sobre el papel del Estado a la hora de generar los marcos adecuados para la resolución de conflictos no solo hídricos, sino ambientales en general

“Territorio Mapuche Lleulleuche: Naturaleza Territorial y conflicto con el Estado chileno” es un trabajo que intenta decodificar el conflicto territorial chileno mapuche desde una óptica geográfica. Para ello, profundiza en el sentido del concepto de territorio y propone una mirada particular desde la Geografía y el posmodernismo, a fin de lograr un entendimiento de las naturalezas territoriales presentes en el espacio. De tal manera, este trabajo se apoya en los discursos territoriales del pueblo mapuche Lleulleuche y elabora una etno-cartografía, traduciendo de esta forma, el lenguaje discursivo y de la praxis cultural de los habitantes de Lleu-Lleu a un lenguaje cartográfico convencional.

¿De qué sirve el reconocimiento de nuestros derechos si estos no están garantizados? ¿Quién o quiénes deben garantizar esos derechos? ¿Qué sucede si aquel o aquellos que deban garantizar o velar por que se garanticen nuestros derechos estuvieran ausentes o ni siquiera existan? Si nuestros derechos no están garantizados, ¿pueden surgir los conflictos? Ahora, si nos referimos más específicamente a los derechos de los pueblos indígenas del Perú, ¿existe una raíz común de todos los conflictos sociales que involucran a los pueblos indígenas y al Estado peruano? ¿Es acaso la falta de garantía de sus derechos la raíz de ese tipo de conflictos? ¿Es acaso que aquel o aquellos que deban garantizar o velar por que se garanticen sus derechos están ausentes o, lo que es peor, ni siquiera existen? Fueron precisamente estas preguntas las que nos motivaron a la realización del presente estudio y que surgieron casualmente durante el tiempo en que llevamos trabajando en este tipo de temas. No fue ni es sencillo aún encontrar respuestas inmediatas a cada una de esas preguntas, todas ellas tan estrechamente relacionadas; sobre todo cuando se tienen tantas respuestas, todas ellas razonables y válidas. No obstante, nos llamó la atención la presencia de un elemento que encontramos de manera constante en los conflictos sociales que involucran a los pueblos indígenas y al Estado peruano, y que podría marcar más o menos el inicio o la causa de los mismos. La falta de garantía o, si se quiere, de cumplimiento efectivo por parte del Estado peruano de su obligación jurídica de protección especial de los derechos de los pueblos indígenas fue lo que nos motivó a afirmar inicialmente que no existe o se haya ausente una institucionalidad estatal indígena (en adelante, IEI) en el Perú. Es decir, se encuentra ausente una entidad coordinadora en materia indígena en el Poder Ejecutivo que garantice y vele por que las demás entidades estatales y la ciudadanía en general respeten y garanticen estos derechos. Sin embargo, no nos hallábamos totalmente convencidos de esta afirmación inicial. / Tesis

Magíster en Gestión y Políticas Públicas / Reconocer y garantizar los derechos de los pueblos indígenas hoy en día constituye uno de los mayores desafíos para los Estados. Las demandas de los pueblos indígenas se enmarcan principalmente en torno al reconocimiento de sus derechos colectivos, fundamentalmente sus identidades colectivas, relación con la tierra y su efectiva participación en temas que les afecta. Dentro de los principales instrumentos de carácter vinculante se encuentra el Convenio 169 de la OIT, el cual despliega una serie de derechos y mecanismo que los Estados signatarios deben hacer cumplir a través de su institucionalidad pública, por medio de políticas públicas transversales que den respuesta a las demandas más sentidas por sus pueblos indígenas. Este estudio de caso describe y analiza el desarrollo de la institucionalidad pública de Guatemala y Chile en los últimos 20 años, orientada a los pueblos indígenas. Para ello se realizó un recorrido histórico sobre los hitos más representativos para los pueblos indígenas de cada país, el cual permitió conocer sus antecedentes políticos e institucionales y los diferentes instrumentos normativos desarrollados en favor de los pueblos indígenas. Este recorrido permitió insumar el marco conceptual y describir la trayectoria institucional de ambos países, dejando en evidencia que gran parte de la institucionalidad pública en materia indígena que actualmente tienen, responde a coyunturas políticas, en donde las relaciones entre pueblos indígenas y Estado, estaban debilitadas; en Guatemala se debía al conflicto armado interno de 36 años y en Chile por su régimen de dictadura, la transición hacia un sistema democrático en ambos países dio lugar a la generación de acuerdos políticos, que en el transcurso del tiempo fueron utilizados para la creación de una institucionalidad formal en favor de los pueblos indígenas. Pese a la voluntad mostrada por los distintos gobiernos a lo largo de los últimos 20 años, aún quedan grandes desafío y demandas pendientes de ser atendidas. En el caso de Guatemala se observa la necesidad de dotar principalmente de recursos humanos y financieros a las instituciones ya establecidas a partir de los Acuerdos de Paz, que si bien registran avances, principalmente impulsando reformas normativas, la realidad cotidiana de la población indígena ha cambiado muy poco. En Chile, el principal desafío está vinculado al reconocimiento constitucional y a garantizar el uso de la consulta, como mecanismo de participación legitimada principalmente por el Convenio 169 de la OIT, que versa en que los pueblos indígenas puedan participar de manera informada, previa y libre en los proceso de desarrollo y formulación de políticas que les afecte. Además es necesario comprender que el énfasis de estos mecanismos de participación (consulta, mesas, diálogos ciudadanos), no deben de estar puesto en el procedimiento sino en alcanzar acuerdos para el debido reconocimiento y ejercicios de los derechos de los pueblos indígenas.

Tesis (para optar al grado de magíster en derecho) / El presente trabajo parte del Estado de Derecho que existe en Bolivia donde se reconoce el derecho indígena y el derecho ordinario y se establece que ambos son iguales para el estado. Lo que dentro del estado plurinacional de Bolivia quiere decir que cada ciudadano es igual ante cualquiera de los dos sistemas jurídicos, cuya fundamentación se encuentra en los principios de racionalidad, complementariedad y reciprocidad. De todo esto se desprende la el reconocimiento en el Estado boliviano de los derechos Indígena originario campesinos y su complementariedad con el derecho ordinario. El presente trabajo utiliza el método de iinvestigación teórico-dogmática, basándonos en los documentos existentes acerca de los derechos Indígenas en Bolivia, la legislación vigente y Sentencias Constitucionales, que demuestren el desarrollo de la multiculturalidad y el pluralismo jurídico vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia.

Tesis para optar al grado de Magíster en Psicología, Mención Psicología Comunitaria / Esta investigación muestra un acercamiento cualitativo de la autonomía indígena zapatista en el estado de Chiapas, México, a través de las aportaciones que su alternativa educativa, nombrada La Otra Educación, brinda para su construcción. Es de tipo etnográfico y en correspondencia a eso, recupera la experiencia de trabajo de campo en varios apartados de la misma. Se apoya teóricamente en el paradigma de la construcción y transformación crítica brindados por la psicología comunitaria, así como de varias propuestas mexicanas sobre el concepto de autonomía que permitieron enmarcar la autonomía indígena zapatista a dicho contexto. Asimismo, se discuten algunas propuestas teóricas de la educación crítica porque la autonomía indígena zapatista sólo es posible entenderla desde su práctica misma en algunos aspectos de su vida, tales como la educación, por eso se hace hincapié en su práctica educativa porque en ella se encuentran los sustentos formativos, ideológicos y políticos para articularla. También, se problematizan algunas categorías aportadas por la psicología comunitaria como la comunidad o la acción comunitaria, mostrando su análisis y transformación para la comprensión de fenómenos relacionados con los pueblos indígenas. Con base en los resultados de la investigación, la mirada zapatista, respecto a la construcción de su autonomía gira en función del valor de lo colectivo, el ejercicio del autogobierno sustentado en relaciones horizontales y en la decisión del pueblo indígena, la defensa de los derechos, la contradicción, el aprendizaje de la resistencia, la recuperación de la memoria histórica, la formación de un sujeto crítico y consciente de su condición, el apego al contexto y condición indígena, adscripción de una posición política, la igualdad de condición entre hombres y mujeres, la acción transformadora de la sociedad, visualizada en un mundo donde quepan muchos mundos.

Memoria para obtener el título de periodista / En la primera parte de este reportaje de investigación, toma cuerpo ese camino recorrido de constantes choques y represión por parte de orden establecido. Contexto en el que se articulan diferentes experiencias educativas y se abordan de manera expositiva las políticas públicas en torno a la materia. En la segunda parte, se perfila la mirada crítica hacia los planteamientos institucionales. Al visibilizar las demandas y propuestas concretas de quienes activan políticamente la necesidad de la emergencia de las lenguas indígenas, se vislumbra la posibilidad y necesidad política de la lucha de las palabras, enmarcada en una disputa que apunta al derecho a la existencia: en la tierra y en la lengua.

Magíster en Ciencias Sociales mención Sociología de la Modernización / Las política públicas para pueblos indígenas ejecutadas durante el período de los gobiernos de la Concertación tiene sus orígenes en el Acuerdo firmado en la ciudad de Nueva Imperial el año 1989; desde entonces, ha existido la voluntad de establecer nuevas relaciones entre el Estado y dichos pueblos, asumiendo como válidas muchas de las demandas históricas que han expuesto los indígenas. Los avances experimentados durante el gobierno de Patricio Aylwin a partir de la promulgación de la Ley 19.253- Ley Indígena- y la creación de una institucionalidad que abordar las necesidades de los pueblos indígenas, fueron un signo inequívoco de la urgencia de reconocer el carácter multiétnico de la Nación Chilena y enfatizar la búsqueda de estrategias gubernamentales para promover el desarrollo indígena en todas sus áreas y el resguardo de sus identidades

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En el Capítulo I, denominado “Conceptualización del Derecho Propio”, trataré de contestar la interrogante de “Porque hablar de derecho propio y no de derecho consuetudinario”, para lo cual analizaré que es el derecho propio y su naturaleza jurídica, argumentando a favor de una concepción de derecho propio. Luego en el Capítulo II “Análisis normativo del reconocimiento del Derecho Propio en el Derecho Internacional, Derecho Comparado y en el Derecho Interno”, en su Primera Parte, a través de la realización de un análisis normativo, explicaré si existe reconocimiento del derecho propio a través del estudio de los distintos instrumentos internacionales que se encuentran vigentes, emanados tanto de organismos internacionales, como de organizaciones americanas. La Segunda Parte, que corresponde a un análisis jurisprudencial, contiene algunos casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante la Corte, en los que existió reconocimiento del derecho propio indígena El objetivo de esta parte, es conocer que derechos son reclamados por los pueblos indígenas y que han sido vulnerados por los Estados Parte, en que normas han basado sus demandas y que ha dispuesto la Comisión y la Corte en cada caso. En la Tercera Parte del Capítulo II, se realizará un análisis de derecho comparado con el estudio de diversas legislaciones latinoamericanas, como México, Perú, Bolivia, entre otros Para finalizar este capítulo, en su Cuarta Parte, me referiré a la legislación nacional En primer lugar, realizaré una revisión histórica de la legislación nacional dictada desde la época de la independencia relacionada con los pueblos indígenas, donde podremos apreciar el tratamiento dado a los pueblos indígenas desde el punto de vista normativo, por los diferentes gobiernos de la época, desde el asimilacionismo a la integración Posteriormente, analizaré la legislación vigente sobre los pueblos indígenas, para conocer el estado de reconocimiento en que nuestro país se encuentra en comparación con el resto de Latinoamérica. Finalmente en el Capítulo III de esta memoria, “Vigencia del Derecho Propio en los sistema sociales y políticos indígenas Específicamente los Pueblos Atacameños de San Pedro”, expondré el grado de reconocimiento y vigencia que tiene en la actualidad el derecho propio en nuestro país, tomando el caso del Pueblo Atacameño Se analizarán algunas instituciones propias de las Comunidades Atacameñas, que permiten identificar la vigencia del derecho propio en la zona Además se analizará el Caso Toconce, el cual evidencia el reconocimiento jurisprudencial del derecho propio, específicamente de la propiedad ancestral indígena. Y como no podemos quedara ausentes de la discusión actual sobre la situación de los Géiseres de El Tatio, se finaliza este capítulo con este caso, que representa un retroceso en el avance del reconocimiento, al permitir el Estado chileno, la explotación de estos Géiseres asentados en territorio ancestral indígena, con consecuencias nefastas para el medio ambiente que han sido difundidos a través de los medios de comunicación