En nuestro sistema jurídico imperante, como en todo sistema jurídico real, pugnan el sentido axiomático, la sujeción a las normas y principios fundamentales; y, el sentido fáctico, que las normas cumplan la finalidad para la cual han sido creadas. En ningún otro instituto procesal, como en la recusación en materia penal adquiere más evidencia este conflicto. La recusación en el orden penal cuya finalidad es el asegurar que un juez libre de intereses defina en el fondo y en sus incidentes la imputación particular o social que ha recaído sobre un ser humano amenazando su libertad, trasciende en su significado el propio subsistema penal y se incardina en las profundas raíces de la dogmática constitucional de las que surgen las garantías procesales, que deben ser entendidas siguiendo la alteridad del derecho, como derechos intrínsecos del procesado como también de la víctima y del Estado( representado por el Ministerio Público) en su Función de hacer manifiesta la función preventiva general de la norma penal. En particular en Bolivia, éste instituto, reseñado jurídicamente por los artículos 316 y 320 del Adjetivo Penal Ordinario, ha sido trastocado de su finalidad, por la cultura jurídica peculiar, que lo ha convertido en una práctica dilatoria, que dificulta el funcionamiento del órgano judicial en su principal función, además de generar un enorme perjuicio a los actores procesales. La contemplación del anterior problema, ha motivado esta tesis, que se concentra en la identificación científica de la situación descrita, su interpretación jurídica- fáctica y la proposición de reformas normativas que tiendan a enfrentarla, bajo el sometimiento a un extenso marco teórico y de referencia histórica de la evolución de esta institución procesal, que por si solo tiene relevancia de ilustración, y las posibilidades de cambio normativo que nos dota la Constitución Política recientemente aprobada.

La ética debe impulsar, sostener, inspirar y complementar al Derecho, aunque lo exigible al poder público, bajo el Estado social y democrático de Derecho, es su plena sumisión a este. El deber de abstención de los servidores públicos cuando se encuentran en las situaciones que la ley determine por comportar riesgo de parcialidad o de servicio a algún interés particular y no a los fines públicos es solo una medida precautoria, que busca la mejor garantía de la efectiva sumisión de toda actuación del poder público al Derecho, así como también favorecer la confianza del ciudadano en las autoridades y en los empleados públicos. Esto ha sido construido en el siglo XX, a partir de la figura de la recusación, de gran arraigo histórico en el ámbito judicial, la cual ha pasado a ser incluida en la configuración institucional. La comparación de su regulación en el ámbito administrativo en los derechos peruano y español favorece un análisis de las particularidades de su régimen jurídico.

Concerning the entry into force of the Law 30225, new Public Contracting Law, and its rules of procedure, in this article, the author analyzes the institution of the right to challenge arbitrators in the field of public contracting. In his analysis, the author examines the right to challenge arbitrators as is set forth in other legal bodies, taking note of the issues that may be present with its transfer to the public contracting area –given its particularities–, and finally concludes that an urgent reform in this matter is needed. / A propósito de la entrada en vigencia de la Ley 30225, nueva Ley de Contrataciones del Estado, y su Reglamento, en el presente artículo, el autor analiza la institución del derecho de recusar árbitros en el ámbito de la contratación pública. En su análisis, el autor examina el derecho de recusar árbitros tal como está plasmado en otros cuerpos normativos, observando los problemas que puede plantear su traslado a la órbita de las contrataciones del Estado –dadas sus particularidades–, para finalmente concluir que hace falta una reforma urgente en esta materia.