Hoy se ha vuelto muy común ver en los medios de comunicación noticias relacionadas con los centros del Sename, y más aún con los adolescentes infractores de ley. Si bien el tema de la reinserción social de dichos adolescentes es un tema que comenzó a discutirse en la agenda nacional gracias a la promulgación de la nueva Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (LRPA), éste es un problema que existe desde mucho antes. El tema de los adolescentes infractores, es un tema netamente social y que debido a la promulgación de la nueva ley, parece estar nuevamente en la conciencia colectiva. Los medios de comunicación se han encargado de transmitir las carencias espaciales de los recintos carcelarios y a su vez, los graves problemas que tienen estos mismos por ayudar a la reinserción social de los jóvenes. En resumen, un centro que anhele la reinserción como fin último, no puede pertenecer al complejo de las sombras urbanas de la ciudad (Cementerios, Vertederos, Cárceles, Industrias). El desafío es plantearse la problemática y solucionar efectivamente las implicancias urbanas que lleva consigo formar parte de la sociedad. El objetivo principal del proyecto será la Reformulación de los centros para internación en régimen semi-cerrados contemplados por la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, debido a que es el centro que tiene mejores posibilidades de actuar como centro de reinserción. La segunda característica que debe tener el centro de reinserción, además de tener un rol intermediario, es contar con una actividad laboral que impacte socialmente y que permita mantener ocupados a los jóvenes en estos centros. Uno de los desafíos de la nueva ley, es generar una red de centros que permitan saldar la demanda de cada región de manera individual, evitando así el desarraigo de los jóvenes con su familia. Bajo este criterio, se descarta la Región Metropolitana producto que no se puede establecer un modelo de intervención regional, debido a su especificidad respecto de las demás regiones del país. Es decir, el diseño de un centro para Santiago difiere totalmente de uno proyectado para cualquier otra ciudad de Chile, debido a que la magnitud de la demanda es totalmente distinta y su impacto en la ciudad también, sobretodo entendiendo que el principal criterio de selección es el tema de la accesibilidad. Con respecto a la ubicación será: Realizar el diseño de un recinto dentro de un contexto regional, de manera de responder a una realidad de menor escala que la metropolitana, entendiendo que estos centros deberán masificarse en el resto de las regiones del país. Se propone la Región de Valparaíso por ser la segunda región con más alta tasa de delincuencia juvenil del país, después de la región Metropolitana. A su vez, tiene una alta demanda de infraestructura penal juvenil y altos niveles de denuncias después de instaurado el nuevo sistema judicial.

El Estado de Chile se ha esmerado en generar un ambiente de confianza y transparencia en su gestión, que involucra a todos los poderes que conforman el Estado a través de instrumentos legales e innovación en los más diversos ámbitos de acción. En este sentido, sin duda el Poder Judicial ha marcado esta tendencia en el último tiempo, materializándose a través de la Reforma Procesal Penal un profundo cambio en el modo de hacer cumplir la justicia, la que durante el último siglo ubicaba a Chile en una posición única enel mundo occidental, que consistía en otorgar a una misma persona -el Juez del Crimen-la múltiple responsabilidad de investigar, acusar y sentenciar. El nuevo sistema pretende la efectividad en el cumplimiento de las leyes sobre todo desde el punto de vista de la diversificación y especialización de las funciones. Esta transformación en el ámbito legal ha quedado en evidencia también en el ámbito de la edificación pública, pues ha tenido que darse respuesta a necesidades programáticas surgidas de éstos cambios. El ejemplomás evidente corresponde a la construcción de los edificios que albergaran los nuevos Juzgados de Garantía y Tribunales de Juicio Oral en lo Penal a lo largo de todo Chile, los que llegarán a un total de 84 una vez que lapuesta en marcha llegue al cien por ciento. El emblema de estas nuevas edificaciones es sin duda el megaproyecto, aun en construcción en la Región Metropolitana, del denominado Ciudad de la Justicia, debido a monumentalidad y envergadura. Para la ejecución de este proyecto que concentra 115.000 m2, el Estado de Chile invirtió alrededor de 80 millones de dólares, que sumado el resto de los tribunales significa un gasto y esfuerzo enorme para nuestro país. Así mismo, en el ámbito del Sistema Penitenciario, la Reforma Procesal Penal ha implicado también una reformulación en la aplicación de las sanciones, lo que conlleva obviamente a una importante demanda de infraestructura. Estos ejemplos marcan la tendencia de un escenario, el que aparece como una oportunidad para explorar en un campo que se presenta abierto y en el cual vale la pena indagar en la búsqueda de nuevas proposiciones arquitectónicas de interés público y social.

El proyecto plantea la necesidad de construir nuevos centros, capaces de absorber la demanda creciente de jóvenes infractores. Centros de cumplan con las necesidades programáticas y de seguridad que requieren este tipo de recintos; para así no seguir con los constantes desvaríos que de una u otra forma interrumpen cualquier proceso de rehabilitación posible

No description available.

La situación carcelaria actual por la que atraviesa nuestro país es una de las más graves en su historia. Las cárceles están saturadas de internos, no cuentan con las condiciones mínimas de dignidad ni permiten la rehabilitación de los delincuentes. A modo de ejemplo, el actual déficit carcelario es de 60%, el mayor en los últimos 30 años, lo que significa que donde hoy hay 10 reclusos, debiera haber seis. Las condiciones de vida dentro de los recintos son tan inadecuadas, que la rehabilitación es prácticamente imposible, lo que se traduce en reincidencia. Además, el hacinamiento dificulta la posibilidad de separar a los reclusos más experimentados de los primerizos, lo que, lejos de interrumpir la carrera delictiva, fomenta su perfeccionamiento. La falta de infraestructura contribuye a un ambiente en el que la promiscuidad y la droga impiden que los reclusos cumplan sus condenas con dignidad. Los motines, tomas, fugas, huelgas y desórdenes que se han producido en los últimos años claramente se deben a estos graves problemas de sobrepoblación penal y déficit carcelario. Con el objetivo de abordar el problema, el gobierno ha impulsado un proyecto de concesión de infraestructura penitenciaria a privados. De esta forma, por medio del pago de un subsidio que el Estado cancelará al concesionario, se construirán 10 nuevos centros. El objetivo del presente proyecto es proyectar un Recinto penitenciario que refleje el pensamiento actual y las intenciones de reinserción social de los internos, más allá de ser un simple contenedor de individuos apartados temporalmente de la sociedad.

Actualmente existe una enorme cantidad de problemáticas sociales necesarias de ser abordadas en nuestro país, y donde la arquitectura puede y debe aportar. Sin embargo, la crisis del sistema penitenciario en Chile, a mi parecer, se sitúa al tope de la lista debido al grave irrespeto a los derechos y garantías de quienes están privados de libertad. Sin ir más lejos basta recordar el cuadro de precariedad de la capitalina cárcel de San Miguel que condujo a la tragedia de Diciembre de 2010, con saldo de 81 reos muertos. ¿Cómo la arquitectura responde a esta realidad? Es nuestra tarea aportar con lo necesario para el desarrollo de una sociedad más justa, más humana. Enmarcándose en la nueva reforma al sistema penitenciario que el gobierno ha hecho pública durante el último año, se buscará la manera de centrar un recinto carcelario específicamente en la rehabilitación y reinserción de los condenados, más que en el castigo y simple encierro, mejorando a su vez la relación que este pueda tener con la ciudad. Así se pretende establecer nuevas conexiones y brindarle un nuevo sentido a la relación cárcelciudad, dualidad hasta el día de hoy cargada de negativismo. La citada reforma centra sus esfuerzos en mejorar la calidad del actual sistema abordando principalmente los temas de perfeccionamiento de Gendarmería, segregación de la población penal y el problema del hacinamiento en los recintos carcelarios de todo el país. Con estas iniciativas quedan sentadas las bases para avanzar en un quinto eje, que se refiere a potenciar la rehabilitación y reinserción de los condenados a través del estatuto laboral del preso. Bajo el concepto de los CET (centros de estudio y trabajo, centrados esencialmente en la rehabilitación y reinserción de los condenados) es que un proyecto de esta naturaleza cobra sentido, entendiendo que el funcionamiento de estos centros apunta esencialmente a la reinserción de aquellos condenados privados de libertad que cumplen su condena accediendo a actividades de capacitación y trabajo remunerado como parte del subsistema semi-abierto. Estos centros se transforman de esta manera en la única conexión entre la sociedad y los condenados, siendo el vehículo más eficaz para lograr una correcta reinserción social. Ante la problemática planteada se propone el desarrollo de una nueva tipología dentro del sistema penitenciario, centrada en la rehabilitación y reinserción social de internos de baja peligrosidad. El eje de este proyecto es el proceso de rehabilitación, por lo que la capacitación de los internos mediante el trabajo y el estudio es esencial, así como también su contacto con la sociedad. La conexión de este nuevo proyecto penitenciario con ciudad de Los Ángeles es vital para el desarrollo de esta tarea, teniendo en cuenta la potente actividad forestal que es llevada a cabo en la zona, y la intima pero tensa relación existente entre la actual cárcel y la propia ciudad. Ambos factores influyen decisivamente en la conformación del proyecto, así como también en el rol que adopta en materia laboral y educativa. Al conferirle a un recinto carcelario existente que alberga reos de baja peligrosidad el valor agregado que confiere un CET, es decir, de centro productivo que aporta a la sociedad, se pretende fortalecer la relación cárcel-ciudad fomentando a su vez la correcta readaptación del condenado, transformando su pena en una oportunidad para surgir.

Tesis

Una de las principales falencias que poseen los menores en este tipo de centros, es la ausencia de la libertad, siendo la "calle" el símbolo más representativo de esta pérdida, debido a que en ella el menor transcurría gran parte de su vida cotidiana. Es por ello que el proyecto se plantea como una "calle" que cumple la función como eje articulador de las distintas instancias.

El origen del proyecto se basa en la necesidad de crear nuevos centros privativos de libertad para menores debido a la puesta en marcha de la nueva ley penal juvenil. Esto quiere decir que los menores entre 14 y 18 años son imputables, por ende van a ser juzgados y procesados por la nueva ley y con esto automáticamente aumentará la demanda de plazas en estos recintos. Por otra parte las condiciones de habitabilidad en los recintos actuales del SENAME, son en muchos casos denigrantes, haciendo verdaderamente inviable la posibilidad real de rehabilitación y reinserción de un menor. Muy por el contrario, se convierten generalmente en escuelas de delito.

Tese (doutorado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciências Jurídicas, Programa de Pós-Graduação em Direito, Florianópolis, 2013. / Made available in DSpace on 2014-08-06T17:27:57Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2013Bitstream added on 2015-03-18T20:56:11Z : No. of bitstreams: 1 323442.pdf: 8233755 bytes, checksum: e7bb549d1f91d1ac481c44fdcc42eb1e (MD5) / O objetivo geral da pesquisa foi analisar a Doutrina da Proteção Integral, como paradigma de proteção normativa da criança e do adolescente, na perspectiva da realidade da criança que está nos cárceres brasileiros, em virtude do aprisionamento da mãe. Dentro dos objetivos específicos, o universo prisional feminino é apresentado em suas dimensões histórica e das especificidades contidas na Lei de Execução Penal, nas Resoluções do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP) e nas informações dos relatórios de visitação produzidos pelos Conselheiros do CNPCP, com especial ênfase às questões relativas àgravidez, parto, amamentação, registro civil e espaços de vivência carcerária para mães e crianças. Os dados fornecidos pelo InfoPen do Departamento Penitenciário (DEPEN) do Ministério da Justiça compõem o quadro do encarceramento feminino sob uma perspectiva quantitativa (número de mulheres presas total e por região) e qualitativa (faixa etária, cor de pele e tipo de delito cometido). Outro objetivo específico foi acolher a Doutrina da Proteção Integral como parâmetro norteador da análise da proteção dos direitos da criança na realidade carcerária. A Proteção Integral, o princípio do interesse superior da criança, a prioridade absoluta, o Sistema de Garantia de Direitos e as redes de Proteção Integral são apontados como as garantias necessárias para se "proteger integralmente" uma criança no Brasil. O caráter interdisciplinar da Proteção Integral é pontuado como a dimensão acadêmica do paradigma. Na moldura protetiva da criança estão inseridos o poder familiar e o direito de guarda da mãe, mantidos, apesar do encarceramento. A gravidez, o nascimento, o aleitamento materno, o desenvolvimento físico, o neurodesenvolvimento, a vacinação, o acompanhamento pediátrico, a saúde mental e emocional da criança, a permanência, a saída e a volta da criança ao estabelecimento penal são analisados sob uma perspectiva interdisciplinar, compondo o quadro de especificidades da vivência de uma infância. Esse constituiu mais um objetivo específico da pesquisa ao qual se inseriu uma perspectiva concreta da infância desprotegida nos cárceres brasileiros, o que se efetivou a partir da visita ao Centro de Progressão Penitenciário do Butantan, em São Paulo. Cuidou-se de verificar, como último objetivo específico, a formulação e a operação de soluções para os enfrentamentos necessários à Proteção Integral da "infância confinada", a partir do sistema de Justiça Criminal, dos órgãos ligados à execução penal feminina da pena privativa de liberdade, do Sistema de Justiça da Infância e da Juventude e de políticas públicas em favor da criança.Concluiu-se pela necessidade de se utilizar os mecanismos legais existentes para que a pena privativa de liberdade seja, sempre que possível, substituída por outras formas de unição, que a lógica da Proteção Integral passe a nortear a proteção dos direitos da "infância confinada" e que, ante os limites da execução penal feminina da pena privativa de liberdade, insistir-se na Proteção Integral da "criança encarcerada" dentro da lógica do encarceramento feminino, marcada pela valorização da segurança e da disciplina, marcada pela violência, fará com que permaneça o estado de violação dos direitos da criança que está no estabelecimento penal.<br>