La prescripción de la acción penal es una institución que limita el Ius puniendi del Estado. Cuando opera esta figura, se extingue la posibilidad de que la autoridad competente se pronuncie respecto a un hecho de relevancia penal. Esta es una regla que ha estado presente en todos los códigos penales peruanos; sin embargo, ni la doctrina especializada ni la jurisprudencia ofrecen una explicación satisfactoria acerca de cuáles son los fundamentos que justifican su aplicación. En atención a ello, el objetivo de la presente investigación consiste en determinar si, en la actualidad, la regulación de la prescripción de la acción penal en el ordenamiento jurídico peruano se encuentra justificada. La tesis inicia con un breve recorrido histórico sobre el origen de la prescripción de la acción penal. Se describe cómo se dio su incorporación en la legislación peruana y se analiza su regulación en cada Código Penal, incluido un repaso de cómo funciona en Derecho comparado. De manera posterior se realiza un análisis crítico de cada una de las razones que, de acuerdo con la doctrina y jurisprudencia, fundamentan la prescripción. Se determina que ninguna de las razones brindadas logra justificar que la referida institución se encuentre regulada en el ordenamiento jurídico peruano. Los argumentos señalados pudieron funcionar siglos atrás; no obstante, resultan insuficientes en la actualidad. Al ser descartadas las referidas razones, se apuesta por una nueva justificación. Se considera que la prescripción de la acción penal sí tiene una razón de ser; sin embargo, lejos de cumplir una función tuitiva, como señalaban la mayoría de las razones alegadas históricamente, se trata de una regla que se fundamenta en razones de política criminal. La prescripción responde a la necesidad de aligerar la carga procesal con el fin de permitir que el sistema de persecución penal funcione de la manera más eficiente posible y con ello, evitar que el sistema de administración de justicia colapse. / Tesis

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La prescripción de la acción penal es una institución clave de nuestro ordenamiento jurídico. La doctrina es casi unánime en que su existencia es útil y necesaria, actuando como una poderosa autolimitación estatal, necesaria para la vida en comunidad. Sin embargo, cuando existen ciertas formas de delincuencia que se ven excesivamente favorecidas por esta, la doctrina y legislación han reconocido la posibilidad de establecer reglas excepcionales a la norma general de prescripción penal. El presente estudio se enfoca en proveer un análisis crítico de estas reglas especiales cuando están referidas a delitos sexuales cometidos contra menores de edad. Para ello, el presente estudio revisa los fundamentos y reglas básicas aplicables a la prescripción de la acción penal. Luego, analiza las características del abuso sexual infantil, haciendo énfasis en las barreras a la develación que justifican un tratamiento diferenciado. Posteriormente, se hace una revisión de las reglas especiales utilizadas en el derecho comparado, para luego centrarse en la norma especial de prescripción del artículo 369 quater del Código Penal y sus problemas aplicativos. Finalmente, se estudian los proyectos en actual tramitación en el congreso, los que buscan introducir la imprescriptibilidad en esta clase de delitos, analizando críticamente los fundamentos estos.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El inicio de la tentativa marca el punto en que una particular conducta puede prima faccie ser punida en tanto comportamiento que no ha realizado tipo alguno. Su delimitación ha estado marcada fuertemente por las concepciones que se tengan sobre la fundamentación de la punibilidad de la tentativa. Las diferentes construcciones dogmáticas que se han encargado de precisar el limite se han sustentado en consideraciones objetivas y subjetivas, alcanzando en sus variantes más acabadas una visión mixta que incorpora una visión objetiva, tomando en cuenta el tipo específico, como también una visión subjetiva que recurre a la perspectiva del autor. A este tipo de construcciones pertenece la teoría del acto intermedio, la cual aporta precisión a la vez que resulta consistente con la teoría de las normas aquí favorecida. Una revisión jurisprudencial permitirá demostrar que, a pesar de la profundidad de la discusión dogmática, la jurisprudencia nacional ha hecho escaso eco de ella, limitándose a utilizar ciertas formulas sin justificarlas debidamente. / 23/06/2018

En esta investigación abarca un problema relacionado con la vigencia de los derechos humanos dentro del proceso penal: el derecho a ser juzgado en un plazo razonable. Con motivo del proceso de implementación del Código Procesal Penal Federal (ley 27.063, T.O decreto 118/19), se estudian aquí las herramientas legales que surgen de dicho digesto en aras de la garantía de ese derecho fundamental, con especial énfasis en la interpretación que debe darse a las normas respectivas dentro del tipo de sistema -acusatorio- que el Código implementa. En esta tarea se hace hincapié en los plazos regulados para completar la etapa preparatoria y formular acusación, como plazos perentorios tendientes a sumar una garantía adicional a la del plazo máximo de duración del proceso, en una mirada bifronte que abarca, también, la necesidad de asegurar la vigencia del derecho de las víctimas a una tutela judicial efectiva. / This research covers a problem related to the observance of human rights within the criminal process: the right to be tried within a reasonable time. On the occasion of the process of implementation of the Federal Code of Criminal Procedure (law 27.063), the legal tools that arise from this Code are studied here in order to guarantee that fundamental right, with special emphasis on the interpretation that must be given to the respective norms within the type of system -accusatory- that the Code implements. This task emphasizes the regulated deadlines for completing the investigation and making accusations, as peremptory deadlines that add another guarantee besides the maximum period of duration of the process. This study includes a two-sided view that also covers the need to ensure the victims’ right to an effective judicial protection.

La presente investigación aborda el problema de equiparar la acusación directa a la disposición de formalización de investigación preparatoria, para asignar el efecto de suspender la prescripción de la acción penal. Problema generado por la jurisprudencia nacional que justifica la aplicación de la analogía en perjuicio del imputado a fin de garantizar la tutela judicial de la víctima y evitar la impunidad, aplicando para tal efecto indebidamente el test de proporcionalidad. Nuestro principal objetivo es identificar y explicar los fundamentos de la jurisprudencia nacional que consideran ello posible. En este contexto, se propone que la suspensión prevista en el artículo 339, inciso 1, del Código Procesal Penal, se debe extender solo hasta la conclusión de la investigación preparatoria. Finalmente, se llegan a las conclusiones de que el test de proporcionalidad desarrollado por la Corte Suprema resulta inaceptable porque no realiza un adecuado examen de necesidad, al ser la pretensión civil autónoma, y la absolución o sobreseimiento no afecta el que exista un pronunciamiento judicial sobre dicha pretensión. Asimismo, porque no se realiza un adecuado examen de proporcionalidad en estricto, al no justificar por qué aplicar la precitada analogía resultaría una afectación “leve” al principio de legalidad, a pesar que este tipo de analogía se encuentra proscrita en la Constitución Política, la prescripción tiene relevancia constitucional y el fundamento de la acusación directa radica en la economía procesal, se aplica en casos simples y con plazos reducidos. / The present investigation addresses the problem of equating the direct accusation with the provision of formalization of the preparatory investigation, to assign the effect of suspending the prescription of the criminal action. Problem generated by national jurisprudence that justifies the application of the analogy to the detriment of the accused in order to guarantee judicial protection of the victim and avoid impunity, improperly applying the proportionality test for this purpose. Our main objective is to identify and explain the foundations of national jurisprudence that consider this possible. In this context, it is proposed that the suspension provided for in article 339, paragraph 1, of the Criminal Procedure Code, should be extended only until the conclusion of the preparatory investigation. Finally, the conclusions are reached that the proportionality test developed by the Supreme Court is unacceptable because it does not carry out an adequate examination of necessity, since the civil claim is autonomous, and the acquittal or dismissal does not affect the existence of a judicial ruling on said claim. Likewise, because an adequate examination of strict proportionality is not carried out, since it is not justified why applying the aforementioned analogy would result in a "slight" affectation of the principle of legality, despite the fact that this type of analogy is prohibited in the Political Constitution, the Prescription has constitutional relevance and the foundation of direct accusation lies in procedural economy, it is applied in simple cases and with reduced deadlines.

En los procesos contra delitos castigados con penas menores, la estrategia general de las defensas técnicas, es presentar todo tipo de recursos dilatorios, con el objetivo de alcanzar el plazo de prescripción extraordinaria de la acción penal durante el juicio, antes de la sentencia y lograr así la impunidad del defendido. Esta es una antigua realidad peruana a la cual el derecho debe dar respuesta y con ese objetivo se desarrolla la tesis. La hipótesis es que la prescripción de la acción penal, tal como está legislada en el Perú y también en otros países, tiene una gran incoherencia intrasistémica, debido a su inadecuada importación, a la errada percepción que de ella tuvieron y tienen quienes la diseñaron y aplicaron a lo largo del tiempo y a la escasa investigación que se ha realizado sobre ella. Utilizando un método dogmático histórico, la tesis parte de la normativa actual y rastrea cada elemento de la institución desde sus orígenes, evalúa su transformación a lo largo de la historia, define fundamentos y naturaleza jurídica, analiza los problemas principales, recurriendo también al derecho comparado y llega a conclusiones que reafirman la hipótesis y que permiten concretar dos objetivos: en el plano dogmático, demostrar el error conceptual bajo el cual está legislada en la actualidad la prescripción de la acción penal, proponiendo una teoría distinta, acorde a su naturaleza jurídica y fundamento, que ponga fin a la permanente legislación contradictoria que lleva pendularmente a la institución de un extremo a otro, entre defensores de la persecución y garantistas; y en el plano político criminal, partiendo de esta nueva visión del instituto prescriptor procesal y sus fines, propone alternativas para obtener un mejor rendimiento del mismo, con la pretensión de impedir la problemática que originó la investigación.

La prescripción de la acción penal es una institución que limita el Ius puniendi del Estado. Cuando opera esta figura, se extingue la posibilidad de que la autoridad competente se pronuncie respecto a un hecho de relevancia penal. Esta es una regla que ha estado presente en todos los códigos penales peruanos; sin embargo, ni la doctrina especializada ni la jurisprudencia ofrecen una explicación satisfactoria acerca de cuáles son los fundamentos que justifican su aplicación. En atención a ello, el objetivo de la presente investigación consiste en determinar si, en la actualidad, la regulación de la prescripción de la acción penal en el ordenamiento jurídico peruano se encuentra justificada. La tesis inicia con un breve recorrido histórico sobre el origen de la prescripción de la acción penal. Se describe cómo se dio su incorporación en la legislación peruana y se analiza su regulación en cada Código Penal, incluido un repaso de cómo funciona en Derecho comparado. De manera posterior se realiza un análisis crítico de cada una de las razones que, de acuerdo con la doctrina y jurisprudencia, fundamentan la prescripción. Se determina que ninguna de las razones brindadas logra justificar que la referida institución se encuentre regulada en el ordenamiento jurídico peruano. Los argumentos señalados pudieron funcionar siglos atrás; no obstante, resultan insuficientes en la actualidad. Al ser descartadas las referidas razones, se apuesta por una nueva justificación. Se considera que la prescripción de la acción penal sí tiene una razón de ser; sin embargo, lejos de cumplir una función tuitiva, como señalaban la mayoría de las razones alegadas históricamente, se trata de una regla que se fundamenta en razones de política criminal. La prescripción responde a la necesidad de aligerar la carga procesal con el fin de permitir que el sistema de persecución penal funcione de la manera más eficiente posible y con ello, evitar que el sistema de administración de justicia colapse.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente obra surge a raíz de la identificación de un problema constitucional en el proceso penal: en nuestra Carta Fundamental se le garantiza a la víctima el ejercicio a la acción penal y nuestro Código Procesal Penal la recoge, a través del forzamiento de la acusación. Sin embargo, en la práctica, cuando el fiscal del Ministerio Público, sin haber formalizado la investigación, decide no continuar con la persecución penal, por medio del sobreseimiento o de la decisión de no perseverar, los tribunales nacionales han negado sistemáticamente a los querellantes deducir el forzamiento de la acusación. Con esta idea en mente nos propusimos encontrar una vía apropiada para facilitar la aplicación de dicha institución. Para ello, realizamos una investigación bibliográfica de distintas fuentes relativas al tema, legales, jurisprudenciales, administrativas y doctrinarias. Como resultado, descubrimos las razones que fundamentan la posición predominante, dimensionamos su alcance y nos aventuramos con una reinterpretación de las normas que permita efectivamente la aplicación del forzamiento de la acusación, sea en presencia o ausencia de formalización previa