Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por los autores para ser publicada a texto completo / La presente memoria realiza un estudio comparado de la acusación constitucional y el juicio político, analizando su naturaleza jurídica, el tipo de responsabilidad que persiguen y sus fines, de manera de establecer si la acusación constitucional en Chile es un procedimiento de juicio político. En primer lugar, se investigarán los antecedentes históricos del juicio político, a través del instituto del impeachment inglés y el juicio político en el presidencialismo norteamericano. Luego, se referirá al origen y evolución de la acusación constitucional en Chile. Seguido de ello, se analizará la naturaleza jurídica de ambas instituciones y los elementos que la determinan, realizando un enfoque comparativo entre los sistemas; inglés, norteamericano, latinoamericano y chileno. Finalmente, se analizarán casos de acusaciones constitucionales que han ocurrido en los últimos años en nuestro país, donde precisamente se ha hecho más patente el debate acerca de la diferencia entre juicio político y acusación constitucional. Este análisis casuístico se centrará en una autoridad político administrativa y en una autoridad militar, el ex Intendente de la Región Metropolitana, Marcelo Trivelli, y ex Comandante en Jefe del Ejército, Augusto Pinochet, respectivamente. Cabe señalar que intencionalmente no se han incluido en este análisis las acusaciones constitucionales promovidas en contra de Ministros de la Corte Suprema, ya que en estos casos la discusión se ha centrado en la configuración de la causal y no en la distinción que es materia de esta memoria, aunque en el Capítulo III se hace alusión a la acusación constitucional deducida en contra de don Servando Jordán López.

Tesis (magister en derecho, con énfasis en derecho público) / El tema de esta investigación se desarrollará en dos partes de conformidad con el esquema o estructura que acompañamos al presente escrito, y que explicamos de la siguiente manera. Como antesala al tema hacemos una breve introducción para luego entrar a una primera parte que circunscribe su objeto a la revisión de los antecedentes y evolución histórica del juicio política en el mundo, para posteriormente revisar sus antecedentes en Chile. Dentro de esta primera parte también se va a revisar el contenido del concepto y clasificación de las decisiones del Senado

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Esta Memoria analiza en general las acusaciones en contra de los magistrados superiores de justicia y, en especial, aquella que llegó a cumplir su objetivo: la destitución del juez acusado, ocurriendo por primera vez, y única hasta la fecha, en 1992, afectando al Ministro de la Corte Suprema, don Hernán Cereceda Bravo. Para cumplir nuestro cometido, se revisa la regulación jurídica que han tenido las acusaciones constitucionales en contra los magistrados en nuestro ordenamiento y se pasa lista a todos los libelos acusatorios de este tipo presentados en nuestra historia. Hay un análisis jurídico de ellas, sobre todo iii respecto al concepto que se tiene de la causal que permite su interposición: el “notable abandono de sus deberes”. Se concluye con el examen de la acusación de 1992, mirado desde una óptica jurídica y política.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El primer capítulo de este trabajo trata sobre la naturaleza que se ha atribuido a la acusación constitucional en Chile por los diversos autores que se han referido a este punto, considerando los elementos jurídicos y políticos presentes en las acusaciones y la manera en que se manifiestan. En el segundo capítulo se explica la forma en que ha sido concebida la acusación constitucional en Chile y la manera en que ha variado su regulación. Con el objeto de entender mejor la acusación constitucional chilena, a lo largo de este trabajo se la compara con el impeachment establecido en la Constitución de Estados Unidos, sin duda la principal influencia en esta materia, como se argumentará en este trabajo. El tercer capítulo contiene la tesis central de este trabajo, consistente en que la noción de control político representativo es la que mejor explica la función que cumple el Congreso al conocer y resolver una acusación constitucional. A lo largo de este trabajo y para ejemplificar ciertos aspectos se hace referencia a las 15 acusaciones entabladas en Chile desde 1990 hasta la actualidad; con el objeto de alcanzar un mayor conocimiento respecto de dichas acusaciones, en el cuarto capítulo se contempla un resumen y análisis de ellas. A continuación, en el quinto capítulo, se señalan las conclusiones sobre el tema; y, finalmente, en el capítulo sexto se contempla la bibliografía. Cabe precisar, sin embargo, que este trabajo no contiene un estudio de la interpelación incorporada por la reforma constitucional de 2005 (véase el artículo 52 nº1 letra b) de la Constitución, introducido por la ley nº 20.050), herramienta que permite al Congreso citar a un Ministro de Estado, cuando así lo requiera al menos un tercio de los diputados en ejercicio, con el objeto de realizarle preguntas relacionadas con el ejercicio de su cargo. Si bien esta institución presenta algunas similitudes con la acusación constitucional, particularmente porque implica la publicidad de las actuaciones de una autoridad, no ha sido incluida en este trabajo por tratarse de una reforma muy reciente, cuyo funcionamiento será revelado por el uso que de ella se haga en el futuro.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Esta tesis realiza un estudio de la actuación del Senado como juez constitucional a la luz de nuestra actual Constitución. En primer lugar, se investigará la naturaleza jurídica y atribuciones de los jurados, sobretodo en el derecho comparado en relación a la institución del impeachment inglés y en el juicio político del sistema norteamericano. Luego, se referirá a los antecedentes históricos de la actuación del Senado como jurado en la historia constitucional nacional y, principalmente, en la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución de 1980. Seguido de ello, se analizará el significado que tiene para el Senado el actuar como jurado dentro de la acusación constitucional, en cuanto al conocimiento de la acusación constitucional, a los efectos de la declaración de culpabilidad y a la relación de esta último con la cosa juzgada. Seguido de ello, se analizarán casos prácticos de acusaciones constitucionles, en donde el Senado ha debido pronunciarse como Jurado. Así también, se analizará un caso práctico, en el juicio político norteamericano, donde al Senado actúa como un verdadero Jurado.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El propósito de la presente memoria es reseñar las acusaciones constitucionales interpuestas en contra de Intendentes y Gobernadores durante la vigencia de las Constituciones de 1925 y de 1980, y analizar los principales aspectos controvertidos en ellas.

Memoria (doctorado en derecho)

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo de memoria analizará en líneas generales lo que se entiende por acusación constitucional, sus requisitos y causales, para luego examinar con detención cada una de las acusaciones constitucionales mencionadas en el párrafo anterior. Dicho examen se centrará en el debate planteado tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado y que por cierto incluye una síntesis de los libelos acusatorios presentados y sus correspondientes contestaciones, además de los informes presentados por las comisiones correspondientes.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Al momento de iniciar esta investigación, la ex Ministra de Educación, Yasna Provoste Campillay, era la única Ministra de Estado destituida mediante una acusación constitucional durante la vigencia de la Constitución Política de 1980. Tres acontecimientos relevantes han tenido lugar desde entonces. Primero, respecto de la ex Ministra, el día 17 de abril de 2013 se cumplió el plazo de cinco años que la Constitución prevé como parte de la sanción en caso de aprobarse una acusación constitucional. Cumplido este plazo, Yasna Provoste ha quedado habilitada, de pleno derecho, para ejercer cargos públicos, sean o no de elección popular. En segundo lugar, el día 17 de noviembre de 2013, la ex Ministra Provoste fue electa diputada por el Distrito N° 6, con más del 43% de los votos, la más alta votación en su distrito. En tercer lugar, el día 17 de abril de 2013, el mismo día en que se cumplió el plazo de inhabilidad de la Ministra Provoste, el Ministro de Educación, Harald Beyer Burgos, fue declarado culpable por el Senado, mediante el procedimiento de acusación constitucional, y quedó destituido de su cargo e inhabilitado para ejercer cargos públicos por el término de cinco años.

La sentencia contra Alberto Kouri Bumachar, el primero de los “Vladivideos” en los años 2000, marca el descubrimiento de la corrupción sistematizada durante el régimen fujimontesinista; un momento decisivo para la historia política peruana. Así también, para la reforma del sistema judicial peruano y el diseño de una estrategia pública que dotase a los y las operadores de justicia de las herramientas necesarias para prevenir situaciones de impunidad frente a casos de corrupción. En este sentido, el objetivo principal de este Informe es analizar los aspectos de la aplicación del concepto de funcionario público, específicamente en la situación de Alberto Kouri. Partimos de la premisa de que el contenido de la figura de “funcionario público” viene pautada como respuesta político-criminal para la protección de la Administración Pública. Para ello, empleamos la teoría del correcto funcionamiento de la Administración Pública y el análisis de la ratio-legis de la misma como bien jurídico protegido por el Derecho Penal. Lo que, finalmente, nos permite concluir que Alberto Kouri ostentaba, desde el día de las elecciones (9 de abril del año 2000), un deber de protección del bien jurídico (Administración Pública), sin el cual no hubiera podido acceder a una ventana de negociación con Montesinos, meses antes incluso de la juramentación formal del cargo.