A través del presente documento se busca resaltar la importancia del acceso a la información pública por parte de los ciudadanos. Si los funcionarios a cargo de las entidades que conforman el Estado Peruano le dieran el valor necesario a su implementación, tendríamos ciudadanos más informados, capaces de participar y plantear propuestas en beneficio de la sociedad, fomentando la participación ciudadana recuperaríamos la confianza de la ciudadanía en el accionar gubernamental y la transparencia minimizaría el nivel de corrupción en nuestras instituciones. Esta investigación es un aporte importante debido a la ausencia de literatura en las ciencias sociales que aplique estándares internacionales para medir la apertura de los datos del gobierno en el Perú. También es un tema relevante porque aplicando esta metodología se permite hacer comparaciones de un índice en varios contextos y países. En el Perú lo aplicamos para conocer el nivel de apertura de la información pública. Finalmente es una investigación importante porque se cuenta con conocimiento de expertos en la materia y de los actores directos quienes son los funcionarios responsables de elaborar y presentar la data publicada en los sitios web de las instituciones del gobierno a analizar en el presente trabajo. Para ello se planteó como objetivo principal, determinar el nivel de apertura de la información brindada por las instituciones públicas del Gobierno Peruano entre los años 2013-2019, tomando como referencia la metodología aplicada por el Open Data Index sobre el avance de nuestro país en el acceso a la información pública. De acuerdo a la cual se advierte que aún existen varias barreras para lograr la apertura de datos por parte del gobierno, lo cual se corroboró con las entrevistas realizadas a funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Interior, Ministerio del Ambiente y Congreso de la República. Para mejorar el proceso de implementación del gobierno abierto se debe superar las siguientes limitaciones: a) Falta de coordinación intrasectorial e intersectorial, b) Alta rotación de los cargos públicos, c) Escaso presupuesto, debido al poco o nulo conocimiento sobre este proceso, d) Pocos o nulos incentivos para la implementación del gobierno abierto en los sectores, e) El avance de este proceso es diferente por sector, f) La data es obsoleta o fue mal tomada y g) Se desconoce el impacto económico de la implementación del gobierno abierto.

La presente propuesta de investigación busca enmarcarse en la discusión del proceso de modernización de la gestión pública peruana y la influencia de actores externos en este proceso. En este sentido, la propuesta realiza un análisis de la obtención de las certificaciones ISO 9001:2015 en los organismos públicos del MINAM, PRODUCE Y RREE. De esta manera, se busca conocer si es que en estos organismos públicos existen posibles incentivos externos para mejorar su gestión y no resultaría un esfuerzo de una voluntad administrativa para aplicar por estas certificaciones de estándares de calidad internacional de la administración pública. Es así, se maneja las hipótesis que tanto el presupuesto de estas oficinas como las presiones exteriores han generado necesidades por estos organismos a mejorar su gestión pública. Finalmente, se ha decidió aplicar una metodología de investigación mixta para el análisis de los casos. En este sentido, se busca por medio de entrevistas a los funcionarios de alto y medio nivel envueltos en el proceso de acreditación internacional. Por su lado, la aplicación de un análisis de bases estadísticas permitirá contrastar la información de las entrevistas con los cambios en la percepción de la calidad de la gestión, numero de procesos, etc.

Esta propuesta de investigación busca identificar factores que permitan explicar los avances obtenidos en la implementación de políticas de digitalización en el Poder Judicial. Estas políticas han sido con frecuencia impulsadas buscando solucionar problemas en la provisión de justicia, aunque también existe escepticismo con respecto a qué tan efectivas podrían ser en un medio complejo y cuyos problemas preexistentes podrían impedir que la digitalización tenga el impacto esperado. Este trabajo se centra en el caso de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, en la cual se han implementado dos sistemas de expedientes digitalizados sucesivamente entre el 2013 y la actualidad, el Expediente Digital y el Expediente Judicial Electrónico. Estudiando trabajos previos, se identifican algunos factores importantes, como el presupuesto, la cultura institucional y resistencia o el liderazgo, pero en estos trabajos suelen carecer de profundización o de diferenciación en relación a etapas; o apoyarse principalmente en las expectativas y opiniones de actores con respecto al desempeño de estos proyectos. Tomando en cuenta literatura acerca de brechas de implementación e implementación de políticas públicas desde perspectivas “top-down” y “bottom-up”; y las actitudes y preferencias de los actores, se propone que existen cuatro factores relevantes a estudiar: La prevalencia de la cultura institucional previa a la digitalización que genera resistencia cambiante, la capacidad de los funcionarios de usar los nuevos sistemas, las prioridades de los líderes de esta institución, caracterizada por ser jerárquica, y el presupuesto destinado a estos proyectos. Se considera probable que el aumento de las habilidades del personal reduzca la resistencia y la relevancia de la anterior cultura institucional, mientras que la importancia presupuestal de estos proyectos podría depender de su priorización por parte de los líderes de la institución.

La presente investigación plantea el análisis sobre el ejercicio de las competencias transversales que caracterizan al segmento directivo en la Dirección de Gracias Presidenciales (DGP) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos durante los años 2016 al 2019. Se empleó metodología cualitativa enfocada en las percepciones de sus servidores, respecto al desenvolvimiento directivo y en relación a los lineamientos vigentes del Estado peruano. Entre los hallazgos se destacan la progresiva consolidación institucional impulsada por algunos directores, a través del fomento de sentido de unidad de grupo para afrontar altas cargas laborales, concatenación de distintos sentidos de valor público sobre el impacto en la ciudadanía, y estandarización de procedimientos, en un contexto de riesgos de politización. Respecto al ejercicio de la competencia orientación a resultados, los directivos han orientado su gestión en base al impacto en la ciudadanía y logro de metas. Sobre la competencia vocación de servicio, el impacto en la ciudadanía representa el factor que orienta el trabajo directivo, y el liderazgo para el manejo de situaciones complejas en la atención de casos de presidiarios y cuestiones sobre la reinserción a la vida ciudadana. Respecto a la competencia trabajo en equipo, se reconoce un rol del segmento directivo por promover cohesión interna y capacidades de respuesta integradoras, promoción de interdisciplinariedad y diálogo, el fortalecimiento de competencias y capacidades del personal, así como el establecimiento y consolidación de nexos institucionales. Se concluye que el modelo directivo de la DGP se vincula al modelo de gestión gerencial, caracterizado por la prevención de la politización, medidas para la eficacia y eficiencia, rotación de cargos directivos; pero tiene algunas características que coinciden con el modelo de gestión burocrática, y cierta discrecionalidad en la contratación de directivos. / This research raises the analysis on the exercise of the transversal competences that characterize the executive segment in the Directorate of Presidential Graces of the Ministry of Justice and Human Rights during the years 2016 to 2019. A qualitative methodology was used focused on the perceptions of its servers, with respect to managerial development and in relation to the current guidelines of the Peruvian State. The findings include the progressive institutional consolidation promoted by some directors, through the promotion of a sense of group unity to face high workloads, concatenation of different senses of public value on the impact on citizens, and standardization of procedures, in a context of politicization risks. Regarding the exercise of the results-oriented competence, the managers have oriented their management based on the impact on citizens and achievement of goals. Regarding the vocation of service competence, the impact on citizenship represents the factor that guides the managerial work, and the leadership for the handling of complex situations in the attention of cases of inmates and questions about the reintegration into citizen life. Regarding the teamwork competence, a role of the executive segment is recognized for promoting internal cohesion and integrative response capacities, promoting interdisciplinarity and dialogue, strengthening the skills and capacities of the staff, as well as the establishment and consolidation of institutional links. It is concluded that the managerial model of the DGP is linked to the managerial management model, characterized by the prevention of politicization, measures for effectiveness and efficiency, rotation of managerial positions; but it has some characteristics that coincide with the bureaucratic management model, and a certain discretion in hiring managers.

El presente trabajo tiene por objeto analizar la iniciativa legislativa que las Comunidades Autónomas pueden ejercer, en virtud del art. 87.2 de la Constitución española, tanto ante el Congreso de los Diputados como ante el Gobierno de la Nación, que ha supuesto una importante novedad en nuestra ya larga trayectoria constitucional. La atención científica a esta novedad no se corresponde, sin embargo, con su interés. El examen de la bibliografía existente muestra que los trabajos sobre la potestad de iniciativa legislativa se han ocupado preferentemente de cuestiones relacionadas con la facultad de iniciativa en su condición general o en su ejercicio por el Gobierno o por los diputados y senadores como supuestos más comunes. Incluso sobre la iniciativa legislativa popular no falta literatura que la analice. La necesidad de abordar el estudio de esta facultad autonómica de iniciar leyes estatales desde una perspectiva integral que trate de abarcar toda las cuestiones relevantes desde una visión crítica, ofrecer ciertas soluciones a los principales problemas que plantea y proponer, donde es posible, modificaciones o modelos reguladores de lege ferenda, en consecuencia, es el cometido principal de este trabajo. La primera parte del trabajo analiza la justificación de la iniciativa legislativa regional dentro del marco general constitucional, sus antecedentes y los principales hitos de la configuración del art. 87.2 CE durante el debate constituyente, así como su presencia algo dispar en otros Estados compuestos. La segunda parte aborda el estudio de la titularidad de las Asambleas autonómicas -planteando interesantes cuestiones como la posible convergencia entre las Asambleas legitimadas a la hora de presentar sus iniciativas ante el Congreso- la extensión o no de su ámbito material a cuestiones de interés general amén de a aquellas otras que afectan tan sólo a asuntos de la propia autonomía y la naturaleza jurídica de cada una de las vías acogidas por el art. 87.2 CE, de especial interés aunque sólo sea por el hecho de que nuestra particular visión sobre tal cuestión no coincide con la que mantiene la doctrina mayoritaria. Pero es el momento procedimental del ejercicio de esta facultad el que plantea más cuestiones desde el punto de vista teórico y práctico, y a su estudio se dedica la última parte del trabajo. En ella se atiende, en primer lugar, al procedimiento de ejercicio ante el Congreso, analizando los muchos problemas que plantea tanto la tramitación que se lleva a cabo en el seno de los Parlamentos regionales en orden a la actuación de tal iniciativa como la tramitación en las Cortes Generales de la proposición de ley remitida por la Asamblea autonómica; y, en segundo término, al ejercicio que se hace efectivo ante el Gobierno de la Nación, lo que abre todo un panel de cuestiones a tratar, algunas más sustantivas, como el conocer el por qué y las ventajas de estimular la puesta en marcha de la ley ante un órgano que no es un legislador, y otras estrictamente procedimentales, principalmente referidas a la tramitación que han de seguir en el seno del Gobierno las solicitudes de proyectos de ley aprobadas por los parlamentos regionales. De especial interés resulta, a este respecto, analizar las consecuencias de la incomprensible ausencia de un mínimo procedimiento que prolongue la actuación de la iniciativa autonómica con algún tipo de actuación necesaria a cargo del Gobierno de la Nación, lo cual viene a reducir la facultad que nos ocupa a un “vacío” ayuno de toda entidad jurídica, razón por la cual nos permitimos proponer algunas medidas de lege ferenda con el fin de reintegrar este instituto a su verdadero sentido y a su más cierta eficacia. / This study analyzes legislative initiatives statutorily provided for under article 87.2 of the Constitution of the Kingdom of Spain which its self-governing regional Autonomous Communities can bring before the Chamber of Deputies of the Spanish Parliament or the national Government, but which have received insufficient attention despite being a significant constitutional innovation. Inspection of published sources shows that experts commonly have limited themselves to such general matters as those flowing from the granting of authority to initiate legislation, or their effects at the levels of the nation’s government, deputies, and senators, whilst paying less attention to forensic examination of the authority that enables initiation of legislation at regional level. By way of complementing abundant commentaries generated by the aforementioned statutory provision this study considers it from a standpoint that attempts to integrate critical attention to pertinent matters with some proposals for resolving problems to which it has given rise, as well as with some possible modifications or regulatory models de lege ferenda. The study begins by analyzing the justification for the legislative initiative in terms of the broad framework of constitutional law, its antecedents, the main landmarks of article 87.2 that were acknowledged in the debate underlying it, and of some considerations of variants in other nation states with devolved regional powers. The study continues by analyzing the rights of Spain’s regional self-governing assemblies (raising interesting aspects, such as possible convergence between them when their intiatives are put before the national Parliament), the possibility of extension to substantive matters of wider general interest beyond those of their respective regions, and, most especially, the jurisprudential characteristics of each and every route chosen under the provisions of article 87.2, where considerations offered here imply a possibly alternative opinion to the received widsom. The study ends by reflecting on several practical and theoretical questions that arise from the exercise of procedure drawing on the provision afforded under article 87.2. The complex procedure of putting a proposal for new legislation before the Spanish Parliament is without doubt the most difficult second step, following on from that in a regional assembly (or assemblies) which already will have involved drawn-out attempts to get to grips with many intricate problems. Once at the national level, a proposal may open a Pandora’s box of problems, some substantive in nature, such as whether there might be advantages or disadvantages in bringing forward a new law suggested by a body lacking legislative powers, and others of a procedural nature, related mainly to formulating at governmental level requests for legislation that have received approval from regional assemblies. In that regard, it is worth drawing attention to an incomprehensible lack of even the most minimal procedure that might enhance the capacity of regional assemblies to pursue their initiatives in concert with the national government, which has the result of reducing to a legal vacuum their ability to take fullest advantage of the statutory provision of article 87.2, for which reason it is proposed here that further measures de lege ferenda are desirable in order that those institutions might better fulfil their purposes in an efficient manner.

El sector público se financia con recursos económicos procedentes de los ciudadanos, por lo que es comprensible que éstos demanden cada día una mayor transparencia con el fin de controlar las actividades que realizan las administraciones públicas. En este sentido, el presupuesto es el instrumento mediante el cual los gobiernos plantean la forma en la que se proponen cumplir con sus responsabilidades durante cada ejercicio. Según International Budget Partnership (IBP) (2012), la mejor manera de optimizar la asignación de los recursos públicos es a través de procesos presupuestarios transparentes, que cuenten con sólidas instituciones de control (p. ej., control legislativo) y abiertos a la participación ciudadana. Estas prácticas presupuestarias pueden afectar positivamente al crecimiento económico, la eficiencia y la equidad, lo que podría llevar a reducir la pobreza y crear un desarrollo económico sostenible. Sin embargo, los presupuestos de las economías modernas son muy complejos, lo que permite implementar prácticas que intentan ocultar el equilibrio presupuestario real. Así, los políticos tienen pocos incentivos para realizar los presupuestos de forma transparente (Alesina y Perotti, 1996). Además, desafortunadamente, el poder legislativo y los ciudadanos han estado tradicionalmente excluidos del proceso presupuestario. En la mayoría de países en vías de desarrollo, los presupuestos públicos son todavía considerados como un secreto de estado, y el proceso presupuestario está controlado exclusivamente por el poder ejecutivo (de Renzio y Krafchik, 2007). A la vista de lo anterior, el Capítulo I de esta tesis tiene por objetivo identificar qué factores socio-económicos, políticos e institucionales determinan el nivel de divulgación de información presupuestaria de los gobiernos centrales, tanto a través de Internet como de otros medios. Para ello, construimos distintos indicadores de la divulgación de información a partir del Open Budget Questionnaire (IBP, 2010). Aplicando mínimos cuadrados ordinarios sobre una muestra de 93 países encuestados por IBP en 2010, nuestros resultados muestran que el uso de internet por parte de los ciudadanos, el nivel educativo de la población, la complejidad de las administraciones públicas, el superávit presupuestario, la cultura administrativa, la competencia política y la ideología de los gobernantes determinan el grado de divulgación de información presupuestaria de los gobiernos centrales. Adicionalmente, un análisis clúster encuentra tres grupos de países: alto, medio y bajo nivel de divulgación de información presupuestaria. Sin embargo, la transparencia presupuestaria es mucho más que la simple divulgación de información presupuestaria. Por esta razón, el Capítulo II pretende completar nuestros resultados anteriores, analizando los determinantes institucionales, políticos y socio-económicos de la transparencia presupuestaria a nivel internacional. Se presta especial atención a uno de los factores institucionales: el control legislativo. Específicamente, este capítulo trata de examinar el efecto que el control que el parlamento ejerce sobre el gobierno, en cuanto a materia presupuestaria se refiere, tiene sobre la transparencia presupuestaria. Usamos el método de los mínimos cuadrados en dos etapas para solventar el posible problema de endogeneidad entre estas variables. Para la misma muestra que el capítulo anterior, mostramos que el control legislativo tiene una influencia positiva sobre la transparencia presupuestaria. Además, encontramos que el sistema legal, la competencia política y el nivel económico de un país también afectan a la transparencia presupuestaria. Adicionalmente, examinamos los determinantes del control legislativo en todas las fases del proceso presupuestario. En este sentido, nuestros resultados revelan que el tipo de poder legislativo, el sistema legal, el control presupuestario por parte de los órganos supremos de auditoría (tribunales de cuentas), el nivel económico y el nivel democrático determinan el grado de control legislativo. Aunque nuestros resultados anteriores muestran que el control legislativo es necesario para que se incremente la transparencia presupuestaria de los gobiernos, existe evidencia de que un fuerte control legislativo del presupuesto puede perjudicar la disciplina fiscal (Wehner, 2007). Por esta razón, consideramos que sería interesante analizar conjuntamente los beneficios y los riesgos asociados al control legislativo del presupuesto en los gobiernos centrales. En concreto, el Capítulo III de esta tesis tiene como objetivo investigar si el control presupuestario del parlamento es un beneficio para la transparencia presupuestaria así como un riesgo para la disciplina fiscal. Aplicando el método de los mínimos cuadrados en tres etapas sobre nuestra muestra de 93 países, encontramos que un mayor control legislativo sobre las decisiones presupuestarias mina la disciplina fiscal, pero simultáneamente también incrementa la transparencia presupuestaria. Tal y como hemos visto, un adecuado control legislativo del presupuesto puede ser fundamental para una buena gestión pública. El poder legislativo debe controlar las acciones que realiza el ejecutivo y, en nombre de los ciudadanos, asegurarse de que este último rinda cuentas sobre las mismas. Sin embargo, también es esencial que los ciudadanos tengan la oportunidad de participar directamente, sin intermediarios, en el proceso presupuestario. En consonancia, el último capítulo de esta tesis, el Capítulo IV, tiene como objetivo examinar qué factores socio-económicos, institucionales y políticos fomentan la participación ciudadana en el proceso presupuestario de los gobiernos centrales. Empleando el método de los mínimos cuadrados en tres etapas y utilizando una muestra de 100 países para 2012, nuestros resultados muestran que el uso de Internet por parte de los ciudadanos, el tamaño de la población, la situación financiera del gobierno y la transparencia presupuestaria determinan las oportunidades de los ciudadanos para participar en el proceso presupuestario. Adicionalmente, encontramos no solo que la transparencia presupuestaria promueve la participación ciudadana sino también que la participación ciudadana da lugar a una mayor transparencia presupuestaria. / The public sector is mainly funded by taxpayers, who require transparent information to be able to monitor public administration activities. Budget is the tool governments use to implement specific policy objectives during each fiscal year. According to International Budget Partnership (IBP) (2012), the best way to improve the allocation of public resources is by using budget systems that are transparent, have robust oversight institutions (e.g., legislatures) and are open to public engagement. Such budgeting practices can positively impact growth, efficiency and equity, thus reducing poverty and creating sustained economic development. However, modern economies’ budgets are very complex, allowing practices that aim to veil the real budget balance. Thus, politicians have little incentives to disclose transparent budgets (Alesina and Perotti, 1996). Moreover, unfortunately, legislatures and citizens have been traditionally excluded from budget decision-making and monitoring. In most developing countries, public budgeting is still considered as a state secret, and the process is controlled exclusively by the executive (de Renzio and Krafchik, 2007). Given the above, Chapter I of this thesis attempts to identify what socio-economic, political and institutional factors determine the level of central government budget information disclosure, both through the Internet and other media. It builds budget disclosure indicators based on the Open Budget questionnaire (IBP, 2010). Applying ordinary least squares to a sample of 93 countries surveyed by IBP in 2010, our results show that Internet penetration, education level, relative central government size, budget surplus, administrative culture, political competition and incumbents’ ideology determine central governments’ budget disclosure. Additionally, a cluster analysis finds three groups of countries: high, medium and low level of budget disclosure. However, budget transparency is much more than the simple disclosure of budget information. For this reason, Chapter II aims to complement our prior findings by analysing the institutional, political and socio-economic determinants of budget transparency in an international comparative approach. We will mainly focus on one institutional factor: legislative budgetary oversight. Specifically, this chapter attempts to evaluate the role the legislative budgetary oversight plays in enhancing budget transparency. We run a two-stage least squares regression as a way to solve the endogeneity problem between these variable. For the same sample as in the previous chapter, we show that legislative budgetary oversight has a positive influence on budget transparency. Besides, the legal system, political competition, and economic level are also found to affect budget transparency. As an additional analysis, we investigate the determinants of legislative budgetary oversight along the budgetary process. In this vein, the type of legislature, legal system, Supreme Audit Institution’s budgetary oversight, economic level, and democratic level determine legislative budgetary oversight. Although our previous findings show that legislative budgetary oversight is essential for budget transparency, there is also evidence that powerful legislatures can undermine fiscal discipline (Wehner, 2007). Therefore, we consider it necessary to analyse the potential risks and benefits associated with legislative budgetary oversight simultaneously. In particular, Chapter III of this thesis aims to ascertain whether legislative budgetary oversight is a benefit to budget transparency as well as a risk to fiscal discipline. Applying three-stage least squares to our sample of 93 countries, we find that legislative budgetary oversight is not only a risk in terms of decreasing fiscal discipline but also a benefit, as stronger legislative oversight leads to greater budget transparency. Given the above, an adequate legislative budgetary oversight might play an important role in governance. Legislatures may oversight the activities of the executive and, on behalf of citizens, holding the the government accountable. However, it is also essential that citizens have opportunities to participate directly, without intermediaries, in the budget process. Accordingly, the last chapter of this thesis, Chapter IV, attempts to investigate which socio-economic, institutional and political factors promote public engagement in the central government budget process. Using the three-stage least squares estimation method for a sample of 100 countries surveyed by IBP in 2012, our results indicate that Internet use rate, population, governmental financial situation and budget transparency determine opportunities for public engagement in the central government budget process. In addition, we show that not only budget transparency promotes public participation but also public participation is essential to enhance budget transparency.

No description available.

La Tesis sobre Re-Ingeniería y Gestión Municipal se ha desarrollado utilizando la metodología de comparación de resultados de gestión en gobiernos locales con resultados obtenidos por establecimientos del sector privado que han aplicado la reingeniería como instrumento de gestión eficiente y eficaz. La hipótesis se corrobora con los casos de Chrysler y Ford donde los resultados exitosos de la reingeniería constituyen la recuperación y liderazgo empresarial obtenido. En la experiencia municipal -Municipalidad de Rosario Argentina- la reingeniería lo ubica como ejemplo para otras ciudades de la Argentina y del Mercado Común del Sur (MERCOSUR). El hallazgo principal permite fijar una gradación: 1) La reingeniería no significa despido de personas, es cooperación entre personas. 2) La reingeniería en la gestión municipal implica traslado de personal de áreas racionalizadas a áreas que optimicen el servicio a la comunidad. 3) La reingeniería implica proceso de mejoramiento continuo y habituar al desarrollo organizacional. Las recomendaciones formuladas permitirán: 1) Desarrollar un sistema de información para el proceso de toma de decisiones. 2) Comenzar la transformación de la cultura organizacional. 3) Promover la gestión municipal democrática y participativa. El presente trabajo aporta a la gestión municipal nuevos temas: 1) La planificación estratégica municipal con una visión de 10-20 años. 2) El ordenamiento territorial. 3) Sistemas de Información Gerencial. Finalmente, las Ciencias de la Empresa han creado instrumentos de gestión que pueden ser transferidos con éxito a la Administración Pública Municipal: Planeamiento Estratégico, Reingeniería, Cultura Organizacional, Proceso de Mejoramiento Continuo (PMC), Justo a Tiempo y Benchmarking. / The Thesis on Re-Engineering and Local Government Management has been developed using the comparison methodology of results of management in local governments with results obtained by establishments of the private sector that have applied reengineering asan instrument of efficient and effective management. The hypothesis is corroborated with the cases of Chrysler and Ford where the successful results of reengineering constitute recovery and obtained enterprise leadership. In the municipal experience - Municipality of Argentina Rosary reengineering locates it like example for other cities of Argentina and the MERCOSUR. The main finding allows to fix a gradation: 1) Reengineering does not mean dismissal of people, is cooperation between people. 2) Reengineering in the municipal management implies transfer of personnel from areas rationalized to areas that optimize the service to community. 3) Reengineering implies process of continuous improvement and to accustom the organizational development. The formulated recommendations will allow: 1) To develop an information system for the process of decision making. 2) To begin the transformation of the organizational culture. 3) Promote the democratic management and population participation in Local Government. The present work contributes to the municipal management new subjects: 1) the municipal strategic planning with a vision of 10-20 years. 2) The territorial ordering. 3) Management Information Systems. Finally, Sciences of the Company they have created management instruments that can be transferred successfully to the Municipal Public Administration: Strategic Planning, Re-Engineering, Organizational Culture, Process of Improvement Continuo (PMC), Just on Time and Benchmarking.

La tesis titulada “Factores inhibidores en la implementación de Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información basado en la NTP-ISO/IEC 17799 en la Administración Pública” es un estudio cuantitativo, transversal, hipotético-deductivo sobre el proceso de implantación de la Norma Técnica NTP-ISO/IEC 17799. Código de buenas prácticas para la gestión de la seguridad de la información en las Entidades del Sistema Nacional de Informática del Perú. Esta investigación, se introduce dentro del marco del desarrollo de la Sociedad de la Información, la Agenda Digital Peruana y el Proyecto de Gobierno Electrónico en el Perú y responde a la siguiente pregunta ¿Cuáles son los factores inhibidores que influyen en el bajo nivel de implementación de la Norma Técnica NTP-ISO/IEC 17799 Código de buenas prácticas para la gestión de la seguridad de la información en las Entidades del Sistema Nacional de Informática? Para este propósito, se recopiló información a través de una encuesta semi estructurada en 16 Organismos Públicos Descentralizados adscritas a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) del Gobierno Nacional, que tienen su Sede en la ciudad de Lima. La información recopilada en la encuesta, fue procesada y analizada, que permitió luego identificar factores de orden estratégico y operativo causantes del bajo nivel de implantación de la norma. Finalmente, hemos planteado las recomendaciones orientadas a superar las dificultades que enfrentan dichas entidades, cumpliéndose de esta manera con el propósito de la investigación. Palabras Clave: Norma Técnica Peruana (NTP-ISO/IEC 17799), Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), La Agenda Digital Peruana, Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática (ONGEI), Seguridad de la Información, Organismos Públicos Descentralizados (ODP). / The Thesis entitled “Inhibitors factors in the Information Security Management Systems implementation based on NTP-ISO/IEC 17799 in public agencies” it is a quantitative, transversal, hypothetical-deductive method research on Peruvian Technical Norm NTP-ISO/IEC 17799 Information technology Code of practice for information security management deployment process in the National Information system Institutions of Peru. This research, was conducted within the Information Society development framework, the Peruvian Digital Agenda and the project of E-Government in Peru, and answers the following question: What are inhibitors factors influencing the low level of implementation of the technical standard NTP-ISO/IEC 17799 code of practice for the information security management in the national system of Information institutions?. For this purpose, information was collected from a semi structured survey in 16 decentralized public bodies attached to the Presidency of the Council of Ministers (PCM) of the national Government, which have their headquarters in the city of Lima. Information collected in the survey, was processed and analyzed which allowed us then identify strategic and operational order factors causing the low-level implementation of the standard. Finally, we raised the recommendations aimed to overcome the difficulties faced by these entities, thus fulfilling the purpose of the research. Key Words: Peruvian Technical Norm (NTP-ISO/IEC 17799), Information Security Management Systems (ISMS), The Peruvian Digital Agenda, E-government and Informatics National Body (ONGEI), Information security, Decentralized Public Organisms (ODP).

El fenómeno de cambios que ha conllevado la inserción de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en la sociedad ha generado una transición hacia lo que se conoce como Sociedad de la Información, pero estos procesos no se dan de manera aislada sino en un plano global, es decir las incidencias de los fenómenos que ocurren en un lugar determinado pueden afectar a todo el resto del mundo. Los procesos de cambio se están volviendo universales de modo que cualquier tipo de desarrollo sea en el plano social como en el político y normativo tiene que estar enmarcado en los procesos globales pues de lo contrario se generaría un aislamiento que podría conllevar al rezago. La Sociedad de la Información ha producido una serie de transformaciones tanto el sector privado como sector el público, cambios a los que nuestro país no es ajeno. Sin embargo, es en el sector público, donde la introducción de las TIC han venido desarrollando lo que hoy conocemos como Gobierno Electrónico, es decir el uso de las TIC en el Estado para generar la eficiencia, eficacia, la transparencia en los procesos de gestión gubernamental y proveer un mejor y más equitativo acceso a servicios para los ciudadanos.