La tesis plantea que la reforma de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), efectuada durante el período 2011-2015, surge como respuesta a la problemática que afecta a tal punto su labor como administradora del Sistema Nacional de Pensiones (SNP) que, desde el Congreso de la República, el sector privado, y la sociedad civil, surgen propuestas encaminadas a su desaparición institucional. Con vista a superar tal escenario adverso, la entidad pasa del modelo de gestión clásico hacia el modelo de la Nueva Gestión Pública, orientando su esfuerzo institucional hacia la simplificación administrativa, la agilización de la maquinaria institucional y la implementación de una lógica meritocrática, lo cual aúna al fortalecimiento de un cuerpo burocrático incentivado, alineado con los objetivos institucionales y con la nueva matriz cultural de la entidad; esfuerzo que se enmarca en una estrategia técnica y política plasmada en propuestas formales y no estipuladas formalmente que, aun con la presencia de limitaciones, viene consiguiendo resultados favorables a la generación de valor público, aspecto que de mantenerse en el tiempo, sustentaría la sobrevivencia de la ONP, así como su viabilidad a futuro. 2

La presente investigación tiene como objetivo explicar las condiciones necesarias que hacen posible la inacción en la toma de decisiones públicas. Para esto se investiga el caso de la inacción del Gobierno Central para instalar y poner en funcionamiento el CONSEJO DE COORDINACION INTERGUBERNAMENTAL (CCI) del proceso de descentralización, porque luego de 41 meses de su creación, el CCI no llegó a funcionar de manera efectiva ni generó alguna acción relevante en la conducción del proceso.

Las Compras Públicas abarcan un alto número de transacciones y representan una porción sustancial del producto bruto interno en la mayoría de los países del mundo. Según la Organización Mundial del Comercio (OMC) las compras estatales representan entre el 10% y 15% del producto interno bruto mundial. Es debido a ello que el desempeño correcto del Sistema de Compras Públicas es clave para cualquier economía y su desarrollo. Dada su relevancia social y económica, las políticas de compras públicas no son simplemente una cuestión técnica. Su diseño implica un importante desafío para la intervención estatal, no sólo porque define a la eficiencia con la que el Estado cumple sus tareas, sino también porque desempeña un rol clave en el fomento del desarrollo económico. En esta línea, las políticas de gasto pueden influir de manera sustancial en la adopción de un sendero de desarrollo sostenible, fomentando la producción y comercialización de bienes y servicios más adecuados en términos sociales y ambientales. En tal sentido, es de suma importancia que todo ordenamiento jurídico cuente con un marco regulatorio que permita garantizar, a los futuros proveedores del Estado, el fiel cumplimiento de las obligaciones contraídas por este. No obstante ello, en el transcurso de la presente investigación, observaremos que la Administración Pública detenta determinadas potestades exorbitantes, las cuales han fungido como elemento diferenciador de las contrataciones se realizan entre agentes privados. Resulta claro que, para que el Estado pueda asegurar el cumplimiento de sus fines y garantizar el eficiente manejo de su presupuesto, requiere de facultades que lo posicionen en una situación de preeminencia frente al administrado, dicha situación, evidentemente, encuentra su justificación en el interés público. Sin embargo, actualmente muchas de estas potestades exorbitantes reconocidas al Estado, han ido menguando en cuanto a la intensidad de sus contenidos y su aplicación, dado que la tendencia contemporánea de la Administración Publica es la de garantizar un terreno firme para el inversionista, en el que además, se espera que el riesgo sea el mínimo posible. Para poder cubrir dicha necesidad y a su vez llamar la atención de futuros inversionistas, se ha incluido en el marco de nuestros regímenes de contratación pública, el principio de equilibrio económico financiero, conforme al cual, la expectativa de utilidad del contratista no puede sufrir un menoscabo por razones sobrevinientes o imprevisibles que no le sean imputables, en cuyo caso la Entidad deberá restablecer el beneficio económico previsto. Como referente para el análisis del precitado principio, se analizaron Opiniones emitidas por la Dirección Técnico Normativa del Organismo de Supervisor de las Contrataciones del Estado (en adelante, OSCE) publicadas en el período de los años 2005 al 2017, en donde se observó cómo la inclusión del principio de equilibrio económico financiero del contrato ha supuesto la atenuación de las potestades exorbitantes reconocidas a la Administración Pública. De igual modo, se examinaron laudos emitidos por Tribunales Arbitrales en los años 2005, 2013 y 2014, en los que apreciaremos cómo la aplicación del principio bajo estudio, incidió en el fallo final que resuelve la controversia.

Esta investigación analiza si, durante el periodo de operatividad de la DARES, las compras corporativas intersectoriales de medicamentos fomentaron una mayor participación de postores en las subastas y una mayor competencia en precios. El periodo analizado está comprendido entre los años 2006 y 2012. Para ello, se ha estimado una serie de modelos para evaluar los factores: (a) que posibilitan una mayor participación de postores; (b) que explican el comportamiento de los postores en la etapa de presentación de propuestas económicas iniciales en sobre cerrado; y, (c) que explican el comportamiento de los postores en la etapa de lances verbales (pujas finales). En ese contexto, se ha encontrado evidencia que, cuando la DARES estuvo a cargo del proceso de selección, la agregación de la demanda tuvo un efecto positivo sobre la participación de postores. Asimismo, la bonificación establecida en la Ley N° 27143, que hasta el 2008 lo recibían aquellos postores que fabricaban los productos en territorio nacional, influyó en forma positiva sobre la participación de los mismos, pese a que luego haya generado que en algunas subastas ganen postores que no ofrecieron la puja menor. De otro lado, en cuanto al comportamiento de los postores en la etapa de sobre cerrado, se ha encontrado evidencia que, después del 2008, los postores fueron más agresivos en sus ofertas iniciales. También, se ha encontrado que un mayor número de postores inscritos en cada ítem subastado incentivó que los postores fueran más agresivos en sus ofertas iniciales de sobre cerrado; mientras que aquellos postores con mayor experiencia o mayor control sobre su cadena de comercialización presentaron ofertas iniciales menos agresivas. Finalmente, respecto al comportamiento de los postores en la etapa de lances verbales, se ha encontrado evidencia que, después del 2008, los postores, en promedio, fueron más agresivos en sus pujas finales. Sin embargo, durante el periodo de operatividad de la DARES, los postores que tuvieron mayor participación de mercado fueron menos agresivos en sus ofertas finales. Esto último está asociado al hecho que, coincidentemente, dichos postores compitieron por ítems en los cuales había una mayor cantidad de medicamentos subastados y una menor participación de postores. Asimismo, se ha encontrado que, un mayor número de postores que calificaron a la etapa de lances verbales ha fomentado una mayor competencia en precios. De otro lado, se ha encontrado que, a mayor cantidad de ítems subastados, los postores fueron menos agresivos en sus pujas; incluso, este comportamiento de los postores se acentuó cuando la DARES estuvo a cargo del proceso de selección.

La ley 23284, de unión conyugal, ofrece a los empleados públicos la posibilidad de que, cuando sean trasladados a un lugar fuera de su residencia habitual, los cónyuges (que también deben trabajar en el sector público) sean trasladados a la misma zona; esto se hace con la intención de mantener la armonía familiar y, por cierto, la productividad laboral. / Trabajo de investigación

En el presente trabajo de investigación se analiza la situación de las mujeres en el sector público peruano y su participación en el segmento directivo de los Ministerios del Gobierno Nacional. Particularmente, fue de interés su participación como directivas en los órganos de línea de dichas entidades, por ser los órganos especializados de los Ministerios que diseñan e implementan las políticas públicas. Si bien SERVIR emite anualmente un informe sobre la situación de la mujer en el servicio civil, esta información no se encuentra desagregada para cada uno de los órganos del Poder Ejecutivo y menos aún por los Ministerios que lo conforman, por lo que fue necesario un trabajo de recopilación de información manual, extraída de la plataforma Gob.pe, para conocer cuántos de los directivos que ejercían en el periodo de estudio eran hombres y mujeres. Se definió como problema público a estudiar a la baja participación de las mujeres del sector público en el segmento directivo, dado que se pudo observar que su participación general a nivel de todo el sector público, se producía de manera equitativa a la participación de los hombres, pero esto no se repetía a nivel directivo. La causa principal del problema público determinada en el presente trabajo son los roles de género sociales que se manifiestan en la dificultad de las mujeres para conciliar las obligaciones familiares y las de índole profesional, así como en la falta de autoconfianza que se produce en las mujeres debido a los sesgos sociales de género. Por tal motivo, el desafío de innovación se dirige hacia el contexto institucional, a fin de brindar herramientas para fomentar una cultura organizacional más favorable a la equidad de género, considerando que las barreras sociales corresponden a cuestiones estructurales de la sociedad mucho más difíciles de modificar.

La presente investigación recae en el estudio de capacidades estatales dentro de las políticas de agua y saneamiento del Estado determinando como caso de estudio el Programa Nacional de Saneamiento Urbano en el periodo 2014 al 2016, en este entender se da a conocer el desarrollo de las capacidades políticas y administrativas a lo largo de los diferentes modelos de organización administrativa los cuales se encuentran marcados por la aprobación de normativas que adopta el Programa, evidenciándose que el gobierno central no ha logrado desarrollar las capacidades estatales necesarias para el cumplimiento de los objetivos de la política del sector saneamiento, si bien presenta mejoras en base a los cambios organizacionales estos esfuerzos se encuentran enfocados a cumplir metas de transferencias presupuestarias a gobiernos subnacionales que resultan insuficientes y mal direccionadas para cubrir las brechas de los servicios de saneamiento.

El presente trabajo abordará temas relacionados a los diversos regímenes de contratación de personal utilizados por el Estado, los mismos que son el Régimen Público, normado por el Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público y su Reglamento, así como por la Ley Nº 28175, Ley Marco del Empleo Público, el Régimen Privado, normado por el Decreto Legislativo N° 728, Ley de Fomento del Empleo, y el antiguo Régimen de los Contratos de Servicios No Personales (SNP), quienes pasaron al régimen de los Contratos Administrativos de Servicios (CAS) desde junio del año 2008, régimen normado por el Decreto Legislativo Nº 1057 y por su reglamento normado por el Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM; así como la problemática generada por la mala utilización de los mismos, en especial del antiguo régimen de SNP ahora CAS, lo que ha ocasionado desorganización en la Administración Pública, dilución del concepto de Carrera Administrativa y vulneración de derechos laborales. La hipótesis planteada en el presente trabajo se refiere a que, si la problemática generada con la coexistencia de distintos regímenes de contratación de personal en el Estado no es solucionada, la desorganización en la Administración Pública continuará y los derechos laborales de los trabajadores contratados inicialmente como Servicios no Personales y luego mediante CAS, seguirán siendo vulnerados. Las preguntas planteadas para resolver la hipótesis son las siguientes, ¿las normas de contratación de personal para laborar en el Estado fueron respetadas?, ¿tuvo sustento legal la utilización de los contratos SNP?, ¿fue el CAS la solución adecuada para regularizar la situación del personal contratado como SNP?, ¿el régimen CAS es constitucional? Con el presente estudio se tratará de demostrar la desorganización en la que se encuentra la Administración Pública, así como la evidente vulneración de los derechos laborales del personal contratado inicialmente como SNP y luego como CAS, planteando finalmente una propuesta de solución al problema. Para la elaboración del estudio se utilizará el Método Deductivo, con el que se analizará inicialmente el marco normativo existente para la contratación de personal utilizada por el Estado, se identificarán los distintos regímenes de contratación, para luego identificar los problemas generados y plantear finalmente una solución a los mismos.

Luego de una “ola privatizadora” en los años ´90, la actividad de distribución eléctrica quedó dividida entre dos tipos de empresas. Así, por un lado, se tenía a las empresas privadas, mientras que por el otro, el Estado continuaba con sus empresas estatales. Estas últimas sometidas a un régimen privado, pero con las limitaciones y controles inherentes a toda Administración Pública e inmunes a los incentivos propios del mercado. Con el tiempo esta situación presentaría inconvenientes que se reflejarían en el alto índice de obligaciones incumplidas, las cuales OSINERGMIN sancionaría. Asimismo, estas empresas mostrarían un bajo nivel de inversión comparado con las empresas privadas, lo cual repercutiría en la calidad del servicio eléctrico prestado. En este contexto, luego del análisis a esta problemática, se ha propuesto una serie de medidas a ser implementadas de manera gradual y sistemática, a fin de mejorar la gestión de las empresas públicas. Para esto, en el presente trabajo, primero se ha señalado el marco teórico que permita identificar los problemas propios de toda empresa pública (Capítulo II). Asimismo, en dicho capítulo se ha considerado los resultados obtenidos de la experiencia colombiana en la gestión de empresas públicas eléctricas. Finalmente, se ha tomado en cuenta el marco normativo de las empresas públicas a fin de poder identificar aquella regulación adicional que poseen, en comparación a las empresas privadas. De otro lado, en el Capítulo III se ha detallado la estructura del mercado peruano de distribución eléctrica, precisando el marco regulatorio, de supervisión y de fiscalización que incide en el desempeño de las empresas eléctricas peruanas. Luego de este marco de referencia, en el Capítulo IV se ha expuesto los estudios más importantes sobre desempeño de las empresas públicas peruanas de distribución eléctrica. Asimismo, se ha analizado los principales indicadores de gestión a fin de evaluar a la empresa pública de distribución eléctrica. No solo se ha considerado los indicadores de calidad (SAIDI/SAIFI) de la empresa, sino que se ha tomado como indicador el nivel de cumplimiento de sus obligaciones como distribuidora eléctrica. En el Capítulo V se ha evaluado las posibles causas de este desempeño, identificándolas como una problemática a nivel normativo, regulatorio y financiero, asimismo, identificando aquellos problemas derivados de la supervisión y fiscalización del regulador. Finalmente, en el Capítulo VI se ha propuesto una serie de medidas que tratan de dar solución a cada problema encontrado. Asimismo, se ha precisado que estas medidas deben formar parte de un plan de mejora a cinco años, que finalmente permita que la empresa pública, sin que el Estado pierda su titularidad, pueda desempeñarse como una empresa privada eficiente. / Tesis

Los conflictos sociales son considerados como algo perjudicial para el orden público, la gobernabilidad y el desarrollo normal de las actividades económicas del país. En particular, los conflictos socioambientales se perciben como los más nocivos para el devenir político, económico y social del país, razón por la cual las dependencias del Estado deben realizar un trabajo preventivo para evitar que esto ocurra. En dicho escenario, el Ministerio del Interior cuenta con órganos tales como la Dirección General de Inteligencia (DIGIMIN) y la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú (DIRIN) que le permiten obtener información de manera adelantada para tomar decisiones y poder cautelar el orden público contribuyendo a la prevención de conflictos sociales. Dentro de ese contexto, la información que procesa del sector interior, por su competencia a nivel del Estado en relación con la gobernabilidad y el orden público, alimentan las acciones de otros sectores públicos que están involucrados en la gestión de la conflictividad. Por esta razón su accionar deberá estar interconectado con los demás sectores públicos. Por tanto, hay una relación estrecha entre el accionar de las otras instituciones en el desarrollo del problema social a fin de evitar su escalamiento. En nuestro país, por las condiciones sociales y políticas en las que se desarrollan las actividades extractivas, los conflictos socio ambientales tienden a incrementarse por lo que es inevitable que la DIGIMIN y DIRIN, mejoren su trabajo orientándolo a la formulación de informes de inteligencia que permitan advertir a tiempo, al órgano pertinente, para que tome las decisiones adecuadas ante los índices de la posible consolidación de un conflicto social. Finalmente, desarrollamos la propuesta de un Protocolo Interinstitucional entre los órganos de Inteligencia del Sector Interior y la Secretaria de Gestión Social y Diálogo de la PCM, a efectos que la información oportuna y actualizada de inteligencia sobre la conflictividad social sirva para que los niveles intermedios de los Sectores comprometidos, articulados por la SGSD-PCM, realicen la gestión del conflicto de manera preventiva y no reactiva, evitando el escalamiento del mismo, el costo social, y se deje en manos de la Policía la contención del conflicto por una ineficiencia en la gestión oportuna del conflicto. / Social conflicts are perceived as a threat to the security, governance and economic development of Peru. Those conflicts of a socio-environmental nature have a negative impact on the national scene, consequently all organizations dependent on the State must take actions to prevent their occurrence. In this scenario, the Ministry of the Interior has bodies such as the General Intelligence Directorate (DIGIMIN) and the Intelligence Directorate of the National Police of Peru (DIRIN) that allow it to obtain information in advance to make decisions and be able to prevent the public order contributing to the prevention of social conflicts. Within this context, the information it processes from the domestic sector, due to its competence at the State level in relation to governance and public order, fuels the actions of other public sectors that are involved in conflict management. For this reason, its actions must be interconnected with the other public sectors. Therefore, there is a close relationship between the actions of the other institutions in the development of the social problem in order to avoid its escalation. In the Peruvian context, socio-environmental problems tend to increase, developing indicators that in the short and medium term maintain this trend, so it is inevitable that the DIGIMIN and DIRIN improve their work aimed at the production of intelligence documents that allow the pertinent body to be warned in a timely manner so that it can make the appropriate decisions in the face of the indices of the possible consolidation of a social conflict. Finally, we developed the proposal for an Interinstitutional Protocol between the Intelligence bodies of the Interior Sector and the Secretariat for Social Management and Dialogue of the PCM, so that timely and updated intelligence information on social conflict serves so that intermediate levels of The involved Sectors, articulated by the SGSD-PCM, manage the conflict in a preventive and non-reactive manner, avoiding its escalation, the social cost, and the containment of the conflict is left in the hands of the Police due to inefficiency in the timely conflict management.