El presente informe evidencia mi experiencia laboral en el Fondo de Vivienda Policial (FOVIPOL) como asistente y analista de la Unidad de Presupuesto y Ejecución Presupuestal de la Oficina de Planificación y Presupuesto. En específico, abordará el trabajo realizado para la creación del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del AF-2023 y como este está relacionado con los otros planes institucionales, esencialmente enfocado en el Plan Operativo Anual (POA) del AF-2023, ya que esté nos muestra las actividades a realizar en el presente año fiscal con un enfoque presupuestal. La importancia de llevar un correcto control de la ejecución del presupuesto es que, a través del mismo, se puede medir de la calidad del gasto y la eficiencia operativa del FOVIPOL. Asimismo, expongo la problemática encontrada al momento de hacer las estimaciones de ingresos y egresos de manera eficiente con las mejoras implementadas.

El presente trabajo pretende presentar las principales características del procedimiento de saneamiento físico legal de bienes estatales, a la luz de las reglas del Sistema Nacional de Bienes Estatales y del Sistema Nacional de Abastecimiento. Profundizaremos sobre las implicancias teóricas y prácticas que supone la creación de un nuevo sistema administrativo, la distinción entre “predios” e “inmuebles” y cómo ello influye en el saneamiento físico legal. Para ello, realizaremos un análisis predominantemente normativo de las leyes, reglamentos y directivas que regulan ambos sistemas, así como de las disposiciones que definen el saneamiento. Complementariamente, nos referiremos a otras entidades que realizan actos de saneamiento físico legal para entender los alcances de este concepto. Asimismo, identificaremos los elementos relevantes que las entidades públicas deberán tener en cuenta para la elaboración de los documentos administrativos que contengan actos de saneamiento, los que serán sometidos a calificación registral, a fin de lograr el objetivo principal del procedimiento: que los registros públicos reflejen la situación física y jurídica actual del predio o inmueble por medio de la inscripción. Nuestra investigación encontró que la distinción entre predios e inmuebles obedece a propósitos operativos, lo que produce contradicciones teóricas en la aplicación del procedimiento de saneamiento; es decir, demostraremos que las normas del Sistema Nacional de Bienes Estatales, que deberían regir solo para predios, terminan aplicándose a inmuebles, a pesar de pertenecer al Sistema Nacional de Abastecimiento, lo que puede causar problemas de interpretación y aplicación a futuro. / The current article pretends to introduce the main characteristics of the regularizarion process of state property, according to the rules of the National System of State Property and of the Narional Supply System. We will delve into the theoretical and practical implications that supposes the creation of a new administrative system, the distinction between “land” and “edification” and how that weights on the regularization process. To that purppose, we will perform a predominantly normative analysis of the laws, regulations and guidelines that regulate both systems, as well as the legal provisions that define regularization. As a complement, we wil reffer to other state entities that carry out acts of regularizarion to understand the range of this concept. Furthermore, we will identify the relevant elements that public entities must take into account for the elaboration of administrative documents that contain regularization acts, which will be subject to registry qualification, in order to achieve the main objective of the process: that the public registry reflects the current physical and legal situation of the land or edification through registration. Our research has found that the distinction between land and edification obeys operational purposes, which produces theoretical contradictions in the application of the regularizarion process; in other words, we will demonstrate that the norms of the National System of State Property, that should apply only to lands, also applies to edifications, despite belonging to the National Supply System, which can cause problems of interpretation and enforcement in the future.

En el 2007, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) impulsó un proceso de desconcentración de sus servicios de orientación y atención a usuarios de telecomunicaciones, supervisión al comportamiento de las empresas de los servicios de telecomunicaciones y resolución de los Recursos de Apelación de los Reclamos de usuarios y quejas en cada departamento. Veintitrés (23) Oficinas y nueve (09) Centros de Orientación fueron implementadas. Esta investigación se pregunta ¿cuáles fueron los factores o condiciones que afectaron el proceso de desconcentración del OSIPTEL? e identifica los aspectos que facilitaron y limitaron los cambios entre el 2007 y el 2017. La información ha sido recogida de documentos oficiales, informes y entrevistas semiestructuradas a actores que intervinieron en el proceso. Se concluye que los factores que afectaron positivamente el proceso son: el liderazgo y compromiso de sus líderes, el entorno político favorable, disponibilidad de recursos económicos (presupuesto asignado), el fortalecimiento de capacidades del personal y la gestión de la información. Los factores que limitaron el proceso fueron la resistencia al cambio, las dificultades de adaptación y la burocratización. El trabajo abre la oportunidad a nuevas investigaciones y permite comprender procesos de reformas de gestión institucional en el Perú. / In 2007, the regulatory body for telecommunications (OSIPTEL) initiated a deconcentrating process of its service delivery to consumers (orientation to consumers, oversight to companies, and complaints appeal procedures). Twenty-three (23) offices and nine (09) orientation centres were implemented. This investigation aims to ask the research question ¿which were the factors that affected the deconcentrating process of OSIPTEL? This research seeks to identify the enabling and limiting factors that affected changes between 2007 and 2017. The information has been collected from official documents, reports, and semi-structured interviews to actors involved in the process. Conclusions derived from the analysis identify factors that positively affected change: i) the leadership and commitment of its leaders to processes, ii) the favourable political environment, iii) availability of economic resources (assigned budget), iv) capacity building of staff and information management. Moreover, negative factors were: i) the resistance to change, ii) adaptation difficulties, iii) bureaucratization, and iv) processes delays. This work opens the opportunity for new research and allows to understand processes of institutional management reforms in Peru.

El constante incumplimiento de los compromisos que asume el Estado peruano en conflictos mineros es una problemática sobre la cual aún no se identifican sus principales causas. Se reconoce que existe una dinámica procedimental recurrente, con énfasis en el periodo 2004-2019, en la que el Estado interviene y asume acuerdos, pero, posteriormente, se incumplen y el conflicto resurge. Por tanto, resulta apremiante determinar los factores que explican las brechas en la gestión del cumplimiento de acuerdos que, finalmente, dificultan a que estos se concreten. Al respecto, se proponen cuatro hipótesis, las cuales acercan sus consideraciones sobre: la baja capacidad de las entidades a cargo de los acuerdos y de las entidades responsables del monitoreo de estos, la deficiente coordinación multisectorial, la ausencia de voluntad política, y el negligente diseño de los compromisos en las mesas de diálogo. El referente empírico que escogemos, mediante una selección intencional, es el conflicto en Las Bambas, dado que es un caso representativo de la dinámica procedimental en mención. En ese sentido, empleamos un estudio de caso que nos aproxima a realizar generalizaciones sobre los conflictos mineros con esa secuencialidad. Asimismo, nos apoyamos en la metodología de process tracing para hacer la reconstrucción del proceso que siguen determinados compromisos y, de esa forma, analizamos evidencia que sustente las afirmaciones causales de nuestra hipótesis. Se concluye que, debido a que existe un vacío en la literatura respecto a las causas de dicha problemática, el aporte de este proyecto de tesis cobra relevancia, ya que contribuye a evidenciar los factores que explican la generación de brechas en la gestión del cumplimiento de acuerdos.

La experiencia laboral que abordaré para el Trabajo de Suficiencia Profesional será la de asistente en la consultoría contratado por USFS Forest Program. Esta consistió en brindar asistencia técnica a OSINFOR y la Gerencia Forestal Regional de Loreto, en la elaboración de la estructura de costos de sus actividades, vinculadas al Programa Presupuestal 0130 ‘‘Competitividad y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Forestales y de la Fauna Silvestre’’ (PP-0130). La importancia de esta consultoría recae en el poder brindar facilidades a los encargados, así como a sus diversos equipos, sobre cómo gestionar y estructurar sus gastos operativos. De tal manera, que las estructuras que manejen vayan de la mano con las que presenta PP-0130 y puedan ser sustentadas ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), de manera rápida, sencilla y eficiente. En ese sentido, mi trabajo como asistente de la consultoría consistió principalmente en cuatro actividades: la revisión de las diferentes actividades operativas y presupuestales que contempla el Programa Presupuestal 0130; el repaso y comprensión de la “Guía para el desarrollo de línea de producción y costeo de productos de programas presupuestales” del MEF; y finalmente, la implementación de la “Guía para el desarrollo de línea de producción y costeo de productos de programas presupuestales” en la formulación presupuestal de una de las diferentes actividades que conforman el PP-0130.

El presente informe expone mi experiencia laboral como analista económico en el Ministerio de Economía y Finanzas, dentro de la Dirección de Investigación, Desarrollo e Innovación (DIDI) de la Dirección General de Abastecimiento (DGA), específicamente realizando investigaciones sobre la dinámica de los mercados público y privado, identificando mejoras e innovaciones para la Cadena de Abastecimiento Público. La importancia radica ya que la DGA es rectora del Sistema Nacional de Abastecimiento y como tal, se constituye a nivel nacional como la más alta autoridad técnico - normativa en materia de abastecimiento, encargada de proponer políticas, dictar normas y procedimientos para la conducción de las actividades de la Cadena de Abastecimiento Público. Para ello, es necesario hacer uso de la revisión de literatura económica, así como el uso de la estadística orientada a la optimización de la Cadena, a fin de proponer medidas que permitan minimizar los costos y maximizar el servicio dentro de esta.

El delito de tráfico de influencias se encuentra previsto en el artículo 400º del Código Penal peruano. Se trata de un delito complejo ya que describe una serie de conductas para su configuración, lo cual ha llevado a diferentes interpretaciones de cada uno de sus elementos. Así pues, por ejemplo, se cuestiona cuál sería el bien jurídico penalmente protegido por este delito o la modalidad de influencias simuladas. Siendo ello así, la presente tesis se propone plantear una postura que permita dotar de ciertas herramientas para una interpretación del delito de tráfico de influencias desde la óptica de lucha contra la corrupción en el Perú. La tesis inicia explicando los antecedentes históricos, fuentes legislativas y modificaciones al tipo penal de tráfico de influencias. Luego de ello, se revisan las principales posiciones planteadas sobre el bien jurídico protegido por este delito. Al identificarse ciertas críticas a cada una de estas posturas, se responde por qué es indispensable sancionar el tráfico de influencias tomando en cuenta cómo se desarrolla en la cotidianeidad. De esta manera, entenderemos que el tráfico de influencias forma parte de las dinámicas de redes de intereses que configuran un sistema paralelo de Administración Pública. Desde esta lógica, se puede plantear una postura sobre el bien jurídico, que estaría asociado con la protección del proceso de toma de decisiones de la Administración Pública. Así también, nos va a permitir proponer algunas líneas de interpretación para la modalidad de influencias reales, simuladas y de cada uno de los elementos que componen el delito de tráfico de influencias.

En el mes de mayo del año 2009 el Presidente de la República, Alan García Pérez, anunció el desarrollo de evaluaciones masivas en el sector público peruano, a cargo de SERVIR.1 Las condiciones para atender dicho mandato político fueron adversas: el ente rector se había creado recientemente (en el mes de julio del año 2008), y no había existido una política pública en el Estado peruano para gestionar sus recursos humanos en, por lo menos, los últimos 30 años2, por lo que no se contaban con los recursos adecuados para emprender dicha labor y, por el contrario, existían institucionalizadas prácticas de gestión contrarias a los fines de los sistemas administrativos profesionales.3 En dichas condiciones, sin embargo, SERVIR logró implementar evaluaciones masivas dirigidas a los trabajadores del sector público. Estas se realizaron en dos de los sistemas administrativos del Estado: el sistema de inversión pública (SNIP), en el año 2009, y el sistema de abastecimiento, en el año 2010. Posteriormente, esta intervención obtuvo distintos reconocimientos por su contribución al desarrollo del servicio civil: en el año 2010 fue premiada por la ONG Ciudadanos Al Día (CAD) como Buena Práctica en Gestión Pública, y en el año 2011 el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) hace referencia a ella por su contribución al mejoramiento del Índice de Desarrollo Burocrático peruano.4 La aplicación de los Diagnósticos de Conocimiento (DC) es, por lo antes explicado, una intervención pública conveniente de estudiar. El estudio realizado en la presente tesis se concentró en dos aspectos: la descripción de la gestión desplegada en su desarrollo y una aproximación al valor público creado por la intervención. Con respecto al primer elemento, se concluyó que existieron acciones vinculadas a los ejes funcionales de la gestión pública estratégica planteados por Moore (1995) realizadas por el equipo de gestión responsable de la implementación de los DC: hubo una definición sustantiva de la intervención, acciones de gestión política y de gestión operativa. Las acciones que permitieron la viabilidad de la intervención fueron, en correspondencia con dichos ejes funcionales, las siguientes: 1) Primero, vinculado a la definición sustantiva de la intervención, se logró, en su desarrollo, identificar una propuesta de creación de valor público precisa, que limitó el alcance del mandato legal y político asignado a SERVIR para hacerlo viable. 2) Segundo, vinculado a la gestión política, se logró atender la demanda política para contribuir con el posicionamiento del ente rector, como parte de la estrategia global de la entidad, manteniendo la legitimidad en su desarrollo a través de la participación de los entes rectores de los sistemas administrativos evaluados y empleando mecanismos persuasivos para el resto de actores coproductores (organizaciones públicas y servidores públicos). 3) Tercero, vinculado a la gestión operativa, se logró elaborar y emplear una solución técnica para el problema público: la metodología de evaluación de conocimientos como medio para contribuir con el fortalecimiento de las capacidades de los trabajadores del sector público. En referencia al segundo elemento, de creación de valor público, encontramos que este se obtuvo de manera parcial. Los DC no lograron crear valor público, según el criterio de efectividad, debido a que no obtuvo resultados significativos en la reducción de las brechas de conocimiento para fortalecimiento de capacidades de los servidores públicos, específicamente, no logró concretar las capacitaciones posteriores a la etapa de evaluación. Sin embargo, visto desde una perspectiva de creación de valor público a mediano y largo plazo, la intervención ha producido valor público, debido a que se logró poner en marcha una organización con una propuesta técnica para atender el problema de las capacidades en los trabajadores del sector público, y que ha acumulado aprendizaje organizacional en ese sentido. Esta segunda perspectiva sobre el valor creado por la intervención, específicamente en la política de gestión de recursos humanos, es especialmente importante, porque se trata de una reforma administrativa que, entre otras características, debe contener, precisamente, una visión de creación de valor público de mediano y largo plazo, para lograr obtener resultados significativos.5 Como recomendaciones para su continuidad se han planteado las siguientes: Primero, complementar el diseño de la intervención en consideración con su última etapa, de desarrollo de las capacitaciones. Deben considerarse las recomendaciones planteadas por la evaluación de las experiencias6, en referencia a lo que se puede interpretar, bajo el marco conceptual propuesto por Moore (1995), como la inclusión de mejores mecanismos de persuasión para los actores coproductores. Complementar el proceso de creación de valor público permitirá, a su vez, fortalecer las capacidades de la intervención para lograr superar su entorno autorizativo7. El desarrollo actual de los DC en el sistema administrativo de la gestión de los recursos humanos, en el que SERVIR es ente rector, así como el impulso que se viene dando a la capacitación a través de la Escuela Nacional de Administración Pública (ENAP, por sus siglas) representa una oportunidad para obtener resultados en el cierre de brechas de conocimientos. SERVIR puede lograr evidenciar, tras un modelo de capacitación para los servidores públicos de las ORH, el rol que puede tener un ente rector para la capacitación de sus trabajadores, en articulación con el rol que desempeñe la ENAP. Este, no obstante, no tendría por qué constituir un modelo único imitable en el resto de sistemas administrativos, pero sí evidenciar la consecución de resultados tras la aplicación de los DC. Segundo, debe fortalecerse el componente de gestión del conocimiento de la intervención, visto el proceso, precisamente, desde una perspectiva de creación de valor público de corto y largo plazo. La sistematización continua del aprendizaje, facilitadores y dificultades en el desarrollo del proceso, con el fin de asegurarse la viabilidad de su aplicación. En la actualidad, por ejemplo, se ha renovado el 100% del equipo de la GDCR que responsable de aplicar los DC en el SNIP y el sistema de abastecimiento. Asimismo, la experiencia de aplicación en el sistema administrativo de la gestión de los recursos humanos está a cargo de una gerencia distinta (GDIS) y algunas dificultades presentadas en su desarrollo comunican la utilidad de fortalecer dicho componente. Tercero, los propósitos anteriores deben analizarse, en conjunto, con la Gerencia de Desarrollo de Política de Recursos Humanos (GDPRRHH) de SERVIR, que es la responsable del diseño de la Nueva Ley del Servicio Civil (NLSC), de manera que se logre incorporar el aprendizaje obtenido con los DC para lograr, en un escenario de aprobación de la propuesta de ley (NLSC) su reglamentación y desarrollo efectivo. Finalmente, en relación a su alcance con respecto al tamaño del servicio civil, y visto el sector público en su conjunto desde una perspectiva ciudadana, debe tenerse en cuenta que es una labor pendiente del Estado complementar la metodología de los DC como alternativa de solución para promover las mejoras en la gestión de las evaluaciones y capacitaciones para el resto de trabajadores del sector público. En dicho grupo encontramos a los servidores públicos con funciones especializadas, cuyo tamaño no se conoce aún con precisión, y las carreras públicas especiales, que representan aproximadamente el 60% del servicio civil.8 En ese sentido, será importante asegurar acciones de coordinación mínimas que evidencien a la ciudadanía la uniformidad de los principios base que guían las acciones de evaluación y capacitación aplicados a los operadores de las funciones administrativas y las pertenecientes a las carreras públicas especiales.

El presente Trabajo de Suficiencia Profesional (TSP) tiene por objetivo evidenciar cómo es que desde la experiencia profesional adquirida se han manejado herramientas analíticas de la carrera de Economía. La experiencia profesional que será presentada hará referencia a la labor dentro del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), la cual conllevó, sobre todo, la planificación operativa e institucional de la entidad, y la realización de tareas que requirieron del seguimiento y evaluación de indicadores como está establecido dentro del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN), para el uso eficiente de los recursos estatales. En este sentido, la experiencia profesional que será presentada ha estado orientada a la implementación de políticas públicas, a través de la recopilación y análisis de datos cuantitativos y cualitativos para la toma de decisiones en esta institución del Estado peruano, la cual radica su importancia en la gestión y uso de los recursos escasos en favor de maximizar el bienestar de la sociedad a través de la provisión de servicios audiovisuales, los cuales involucran diferentes procesos tanto administrativos como creativos.

El presente Informe tiene como finalidad abordar la sentencia del Tribunal Constitucional mediante la que se declaró fundada la demanda competencial interpuesta por el Congreso de la República contra el Poder Judicial, por el presunto menoscabo de atribuciones exclusivas. Para estos efectos, se analizan tres procesos de amparo en cuyos pronunciamientos judiciales se fundamentó el petitorio competencial: en primer lugar, el expediente N°03898-2022-0-1801- JR-DC-03 mediante el que se resolvió suspender el procedimiento de designación del Defensor del Pueblo; en segundo lugar, el expediente N°00400- 2022-0-0401-JR-DC-01 mediante el que se dispuso el cese de denuncias constitucionales contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones; y, el expediente N°00893-2022-0-1801-JR-DC-02 mediante el que se declaró la nulidad del procedimiento normativo en el que se pretendía modificar la Ley Universitaria. El estudio se enfoca en identificar, primero, si en cada caso en concreto nos encontramos frente a una atribución tutelada por el proceso competencial (elemento subjetivo y objetivo) para posteriormente determinar si, no obstante tratarse de una atribución del Congreso, es susceptible de ser controlada judicialmente. Para ello se invocarán los artículos pertinentes de la Constitución Política del Perú, la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, el Reglamento del Congreso, el Nuevo Código Procesal Constitucional, la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones, así como la jurisprudencia constitucional que corresponda. Finalmente, expongo las razones por las cuales estoy de acuerdo con lo resuelto por el TC en el caso de la Defensoría del Pueblo, pero no en el caso del presidente del JNE y la SUNEDU. / The purpose of this Report is to address the ruling of the Constitutional Court declaring the competence claim filed by the Congress of the Republic against the Judicial Branch, for the alleged infringement of its exclusive powers, to be well founded. For this purpose, three amparo proceedings are analyzed in whose judicial pronouncements the competence petition was based: firstly, file N°03898- 2022-0-1801-JR-DC-03 whereby it was resolved to suspend the procedure for the appointment of the Ombudsman; secondly, file N°00400-2022-0-0401-JR DC-01 whereby it was ordered the cessation of constitutional complaints against the president of the National Jury of Elections; and, file N°00893-2022-0-1801- JR-DC-02 whereby it was declared the nullity of the normative procedure in which it was intended to modify the University Law. The study focuses on identifying, first, whether in each specific case we are faced with an attribution protected by the competence process (subjective and objective element) in order to subsequently determine whether, despite being an attribution of Congress, it is susceptible to judicial control. For this purpose, the pertinent articles of the Political Constitution of Peru, the Organic Law of the Ombudsman's Office, the Regulations of Congress, the New Constitutional Procedural Code, the Organic Law of the National Jury of Elections, as well as the corresponding constitutional jurisprudence will be invoked. Finally, I state the reasons why I agree with the TC's decision in the case of the Ombudsman's Office, but not in the case of the president of the JNE and SUNEDU.