Publicación a texto completo no autorizada por el autor / Determina la relación entre el Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias (SPOT) con la capacidad de pago de las empresas de construcción en el Distrito de San Miguel, segundo Semestre del año 2014. Describe de qué manera las empresas constructoras del distrito de San Miguel, puedan proveer a tiempo un posible desfinanciamiento por los pagos anticipados del IGV que se efectuaron por sus ventas dentro de todo el mes. El propósito de este trabajo es que las empresas constructoras del distrito en mención tengan presente que, al aplicárseles la detracción, esta afecta directamente su capacidad de pago de otras obligaciones ya sean sociales, comerciales y/o financieras, que se les pueda presentar en un futuro. En visto a lo señalado anteriormente, las empresas constructoras deberán incluir una nueva partida dentro de su presupuesto la cual será “detracción”, para que de esto actúe de dos maneras: uno como disminución de su liquidez disponible y el otro como una disminución futura de un impuesto a pagar. / Tesis

Es de suma importancia conocer el régimen jurídico de los bienes del Estado, específicamente los que son denominados bienes de dominio público, dado que cumplen una función muy importante en el Estado, como la de brindar un servicio a la población, en temas de salud (hospitales), educación (colegios), seguridad (comisarias), recreación (parques), transporte (carreteras), entre otros. A fin de optimizar y mejorar la administración de los bienes de dominio público del Estado a través del Ministerio de Vivienda, promulgó el nuevo Reglamento de la Ley N° 29151 - Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, la misma que suscribe y reafirma el Decreto Legislativo N° 1439 - Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento , ley que divide y clasifica la regulación aplicable a los predios e inmuebles estatales, asimismo a los organismos competentes : Superintendencia de Bienes Estatales (SBN) y la Dirección General de Abastecimiento (DGA). Es en ese panorama, que en el presente artículo pretendemos exponer los argumentos a favor y en contra del nuevo Reglamento de la Ley N° 2915, enfatizándonos en los bienes de Dominio Público de la Policía Nacional del Perú.

La presente investigación se desarrolla a partir del contraste entre los postulados, en materia de complicidad en el delito de colusión, de la Casación N.° 661-2016/Piura con los de la teoría de los delitos de infracción de deber desde las perspectivas de Jakobs, Roxin y sus respectivos seguidores. En el transcurso del trabajo se identifican -a partir de la casuística sometida a la justicia penal peruana- dos “supuestos de sujetos” -distintos a los autores de colusión y los “terceros interesados”- que podrían dar un aporte a hechos de colusión y que, según la Casación N.° 661-2016/Piura, no podrían responder a título de cómplices de colusión. Sin embargo, tales “supuestos de sujetos” son evaluados por el autor del trabajo de investigación, desde su perspectiva de la teoría de los delitos de infracción de deber y concluye que ambos “supuestos de sujetos” sí pueden responder a título de cómplices de colusión; además de que identifica que los postulados de la Casación N.° 661-2016/Piura contravienen los principales lineamientos de la teoría de infracción de deber desde las perspectivas de Jakobs, Roxin y sus respectivos seguidores.

El problema jurídico que aborda en el presente trabajo académico consiste en poner en relieve la necesidad de regular un tipo penal independiente para el particular que se concierta con el funcionario público en el marco de una contratación estatal. Sostenemos esta necesidad en la medida que no compartimos el actual tratamiento que se le da al extraneus en el delito de colusión, debido a que dogmáticamente su conducta no puede ser considerada como accesoria y por ende limitarse a un supuesto de participación. El presente trabajo académico propone regular el tipo penal de colusión activo, donde se establezca autoría de este delito para el extraneus que se coluda con el funcionario público en el marco de la contratación estatal. El primer problema jurídico identificado en el presente trabajo es el considerar al delito de colusión como un delito de participación necesaria, lo que en la práctica puede generar impunidad o sentencias sin fundamento jurídico. Mencionamos ello porque en muchas ocasiones existen problemas por parte de la fiscalía para identificar a la persona concreta dentro de la persona jurídica con la cual se habría coludido el funcionario público. Ello lleva a que no se pueda aplicar el delito de colusión y se opta de manera subsidiaria por el delito de negociación incompatible, que claramente tiene una pena mucho menor al delito de colusión. Así mismo, encontramos que la pena que se le impone actualmente al extraneus en el delito de colusión. Mencionamos ello, porque al tratárselo como cómplice primario, el artículo 26 del código penal, establece que le corresponde la misma pena que al autor. En nuestra opinión ello es equivocado, porque no se le puede imponer la misma sanción al particular que no tiene deberes para con el estado, y al funcionario que sí tiene estos deberes especiales. Se estaría vulnerando claramente el principio de proporcionalidad, sobre todo si reparamos en que estamos ante un delito de infracción de deber.

El presente estudio plantea la necesidad de conocer cual es el nivel de desarrollo de las compensaciones totales que perciben los directivos de los organismos públicos obtenidos como muestra, para poder analizarlas y evaluar su nivel de desarrollo frente a los modelos propuestos para la Región. La aproximación de la investigación se realiza mediante el estudio de caso de los directivos de 10 organismos públicos y para poder responder a estas demandas se han seleccionado dos métodos: el primero, es una propuesta de clasificación de las compensaciones totales aplicada al caso peruano basada en la teoría de los autores Longo, Armstrong y Mukerjee, y en el marco normativo peruano referido a las compensaciones. Esto busca dar a conocer con mayor detalle la estructura real de las compensaciones totales de los directivos de las áreas de apoyo de las entidades seleccionadas. El segundo, es una metodología propuesta por Francisco Longo en el 2002 para evaluar los Subsistemas de Gestión de Recursos Humanos, dentro de los cuales está incluido el Subsistema de la Gestión de la Compensación. Una versión calibrada de éste modelo de evaluación consta de 4 puntos críticos que permiten determinar el estado de la Gestión de la Compensación de un conjunto de entidades analizadas. La aplicación de este método a las entidades estudiadas permitirá conocer el grado de desarrollo de la gestión de la compensación de las mismas, a través de la evaluación en una escala del 0 al 5. Finalmente, como resultado de la aplicación de la propuesta de clasificación de las compensaciones totales y de la evaluación de las entidades con la metodología propuesta por Longo se presentan conclusiones y se brindan algunas recomendaciones respecto a los espacios de mejora que fueron identificados a lo largo de la presente investigación en materia de Gestion de la Compensacion.

El presente trabajo académico tiene como objetivo principal desarrollar los alcances de la tipificación de infracciones y sanciones administrativas como parte de una de las manifestaciones del principio de tipicidad o taxatividad en el marco del procedimiento administrativo sancionador. Frente a ello, desarrollaremos las diferentes opiniones que posee la doctrina sobre la potestad sancionadora y como esta se vincula con la reserva de ley (sobre la tipificación de reglamentos por norma infralegal) y muestra su flexibilización frente al Derecho Administrativo Sancionador. Así mismo, en base al análisis de los principios de legalidad y tipicidad o taxatividad, determinaremos las nociones constitucionales que abarcan cada uno de estos principios rectores, así como las diferencias que presentan en su desarrollo, específicamente, dentro del ámbito sancionador. Por último, se desarrollará la habilitación normativa que posee el Poder Ejecutivo y como esta hace esto plausible en su potestad reglamentaria al momento de elaborar reglamentos; en esta línea, evidenciaremos cómo esta facultad normativa del Ejecutivo se expresa a través del principio de tipicidad en sus dos manifestaciones; por un lado, la colaboración reglamentaria y, por otro, la tipificación reglamenta, siendo ambos particularmente diferentes, pero que responden a los mismos motivos de elaboración; en especial, la tipificación reglamentaria por fundamentarse en razón a la complejidad de la tecnicidad en algunas materias y la necesidad de atender el dinamismo de una actividad.

El presente trabajo académico analiza la relevancia del control difuso en sede administrativa, también conocido como control difuso administrativo. Para ello, en principio, se desarrolla lo señalado por la doctrina sobre el tema; así, se observa que existe un sector que se encuentra de acuerdo con la aplicación del control difuso por parte de los tribunales administrativos, invocando para ello la supremacía constitucional, no obstante, existe otro sector doctrinario que se apone a su ejecución fundamentado su posición en el principio de separación de poderes. Posteriormente, se analiza el cambio jurisprudencial que ha tenido el máximo intérprete de nuestra Constitución Política a lo largo de los años, haciendo un énfasis en la sentencia que permitió la aplicación del control difuso administrativo y la que posteriormente la dejó sin efecto, para ello se determina el concepto del precedente vinculante y de la figura del overruling. Finalmente, se desarrolla la contribución del control difuso en sede administrativa en la Buena Administración, y como debe entenderse el principio de legalidad en el marco del cambio de tipo de Estado que ha tenido nuestro país, esto es el paso de un Estado de Derecho a un Estado Constitucional de Derecho

Este trabajo se propone demostrar que la programación multianual de inversión pública es un instrumento con enorme potencial para mejorar la eficiencia del gasto público en inversiones. Su correcta aplicación está vinculada a una adecuada interconexión con los otros Sistemas Administrativos Transversales del Estado (SATs), y de un horizonte suficiente para poder actuar de manera previsora y ser efectivos en la identificación de los proyectos de inversión, así como en su formulación, evaluación, ejecución y puesta en funcionamiento. Si bien se entiende que la tarea es compleja, el informe demuestra que es posible llevar adelante una programación de inversiones de mejor calidad y cobertura para la eficiencia y logros de desarrollo económico y social. Las técnicas sugeridas son sencillas, pero no por ello carentes de fortaleza en el ejercicio de previsión, identificación de prioridades y propuestas de asignación y ejecución del presupuesto asignado. Los instrumentos son aplicables a todos los sectores y niveles de gobierno, y sus complejidades técnicas se encuentran al alcance de cualquier profesional. El Perú es el único país que maneja un instrumento específico para la programación de inversiones. En otros países esta programación se hace dentro de su proceso de planeamiento, tema que recibe otro tratamiento en este país. En ese sentido, se utiliza el planeamiento como una fuente de consolidación de prioridades, pero no alcanza el objetivo de programar inversiones. Este hecho que parece el producto de una carencia, ha sido propiciador de una oportunidad. La programación de proyectos demanda vinculaciones con presupuesto que habrían sido casi imposibles sólo con planeamiento, pero al estar en el Ministerio de Economía y Finanzas, la programación tiene enorme espacio de coordinación para lograr un presupuesto de inversiones ajustado a la visión multianual de la cartera de proyectos. En el informe se señalan espacios para mejorar la metodología actualmente aplicada, lo cual supone una contribución para continuar la mejora de la utilización de este instrumento

El procedimiento administrativo cuenta con una serie de principios que guían su adecuado funcionamiento. Uno de estos principios será el Principio de Confianza Legítima, el cual tiene como finalidad proteger las expectativas legítimas de los administrados, así como la estabilidad del ordenamiento jurídico. Sin embargo, en los últimos años, Indecopi ha emitido algunos conocidos pronunciamientos sobre productos industrializados que no están cumpliendo con dicho principio. Entonces, cabe preguntarnos ¿A qué se debe la falta de aplicación de este principio? ¿Podría existir alguna alternativa de solución?, ello teniendo en consideración que este principio tiene como base la seguridad jurídica, la cual es una garantía para el correcto funcionamiento del mercado. Para encontrar una respuesta a este cuestionamiento, en la presente investigación, a través de un análisis a fondo de la normativa vigente, así como de la doctrina relacionada a la materia se podrá demostrar finalmente que, - en muchas ocasiones - los administrados pueden ser inducidos a error por la propia Administración Pública y la aplicación del Principio de Confianza Legítima es de suma importancia para evitar que se produzca un impacto negativo en la elección y expectativa de los consumidores respecto a los productos, así como en el propio desenvolvimiento del mercado. / The administrative procedure has a series of principles that guide their own operation. One of these principles will be the Principle of Legitimate Expectations, which will have the purpose of protect the legitimate expectations of the administrators as well as the stability of the legal system. However, in recent years, Indecopi has released some wellknown decisions about industrialized products in which it is possible to see the evidence non-application of this principle. Considering this situation, it is appropiate asking ourselves why is this principle not being applied? Could there be any alternative of solution? especially, taking into consideration that this principle will be based on legal security which is a guarantee for the correct functioning of the system. In order to find an answer to this issue, in this research, through a exhaustive analysis of the current laws, as well as the analysis of the doctrine related to the matter; The objective of this article will be to demonstrate that in many occasions the individuals are induced to make mistakes by the Public Administration and the application of the Principle of Legitimate Expectations would have great importance, otherwise, this could have a negative impact on the election and expectations of consumers regarding the products, as well as on the development of the system.

La autora realiza un análisis crítico a la actividad administrativa de fiscalización ejercida por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) debido a la reincidencia en la comisión de infracciones por parte de los usuarios de transporte; ante tal escenario, desde un enfoque de regulación responsiva, desarrolla dos nuevas estrategias para lograr el cumplimiento de las normas para la prevención del COVID19 en la prestación del servicio de transporte terrestre: la aplicación de una pirámide de cumplimiento y el nudging. / The author realizes a critic analysis of the administrative activity of inspection in charge of Urban Transport Authority of Lima and Callao (UTA), due to the relapse of the infringements by the transport users; in this context, since an approach of responsive regulation, develops two (2) new strategies in order to fulfill the prevention rules for the COVID-19 in the provision of the terrestrial transport service: the application of a compliance pyramid and the nudging.