Magíster en Ciencia Política / El “nuevo institucionalismo” ha sido el movimiento o enfoque más visible de la ciencia política durante la última parte del siglo XX y constituye un rechazo al reduccionismo que dominó a esta disciplina en los decenios anteriores. Esta preocupación por las instituciones se concentra en determinados sectores: estudios sobre cuerpos legislativos, decisiones del ejecutivo, sobre el diseño de las políticas públicas por parte de las agencias de gobierno entre otros. (Almond et al, 1993, 45). El nuevo institucionalismo se pronuncia así sobre las causas y consecuencias de las instituciones políticas. La presente investigación se inscribe dentro del enfoque institucionalista pues pretende conocer las normas, procedimientos y organización formal del sistema político y su impacto en la práctica política (Marsh y Stoker, 1993: 13).

Tesis (magíster en derecho, mención en derecho público) / No autorizado por el autor para ser publicada a texto completo en portal tesis electrónicas de la Universidad de Chile / A través del presente Informe en Derecho se intentará dilucidar la interrogante acerca de la fuerza vinculante que tendrían los dictámenes que emite la Contraloría General de la República, en uso de las atribuciones que le concede su propia Ley Orgánica Constitucional Nº 10.336, de 1964, el alcance de dicha fuerza, si es que existe, y la configuración de la aludida potestad

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El primero de ellos aborda el desarrollo teórico de la inspección. El segundo capítulo aborda el régimen jurídico de la inspección en tanto actividad de la Administración. El tercer capítulo desarrolla el estudio de la inspección sectorial en Chile. Ante la inexistencia de estudios generales sobre la materia, resulta necesario un recorrido más o menos amplio sobre diversos ámbitos que contemplan la realización de inspecciones, analizando cómo se comporta en cada uno de ellos.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Una discusión más profunda merece el hecho de la creación de entes públicos que sujeten su actuar al Derecho Privado; hito que puede ser considerado como aquél que da origen real al fenómeno que tratamos, puesto que dichos entes no pueden ser categorizados dentro de la actividad industrial del Estado, puesto que actúan generalmente en el terreno de los servicios públicos prestándolos de forma monopólica y utilizando obras públicas. Este hecho, nos lleva ineludiblemente a preguntarnos si es que la aplicación del Derecho privado a través de la creación de dichos entes constituye un intento de huída de los procedimientos y principios que han de regir el actuar de la Administración Pública –y que se traducirían en una merma de determinadas garantías- camuflado por el pretexto de la consecución de una mayor eficacia y flexibilidad en su actuar o si es que por el contrario, la creación de estos entes sui generis representan un intento de renovación por parte de la Administración del Estado en pos de reformularse a si misma a través de la adaptación de sus órganos a figuras más móviles y flexibles. A lo largo de este trabajo, se pretenderá establecer si es que el fenómeno de la Huída del Derecho Público se ha visto reflejado o no en nuestro país y –en caso de ser afirmativa la respuesta- cuáles son sus manifestaciones y finalmente si es que dicho fenómeno se ha consolidado como política pública o si –según explican algunos autores- ha ido en retirada para retornar a un Derecho Público- Administrativo aún más fuerte, pudiendo distinguir finalmente si es que ocurrió realmente en nuestro país ese giro que sustituye la figura del Estado Social por ser un sistema administrativo poco idóneo para satisfacer las necesidades actuales por una nueva forma de gestión que sea capaz de hacerle frente y e adaptarse a las nuevas exigencias económicas que el sistema neo liberal trajo consigo

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Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En el contexto de la Sociedad de la Información destacan los objetivos y procesos asociados al desarrollo del Gobierno Electrónico, especialmente el uso de las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (NTICs). En efecto, el progreso experimentado en esta materia a nivel estatal, ha permitido emplear una serie de medidas de carácter tecnológico a fin de otorgar una mayor eficiencia y transparencia a la Actividad Pública. En tal sentido, durante la última década se han dictado en Chile una serie de Leyes e Instructivos Presidenciales, a fin de insertarse plenamente en el desarrollo del Gobierno Electrónico. Destaca particularmente la publicación en el año 2005 de la Ley 20.050, en virtud de la cual se incorpora al art. 8 de la Constitución Política de la República, los Principios de Probidad, Publicidad y Transparencia Administrativa. Asimismo, cabe mencionar la publicación en el año 2008, de la Ley 20.285, sobre Trasparencia y Acceso a la Información Pública, en la cual se reconoce el Derecho de las personas al Acceso a la Información Pública, mediante la consagración del Principio de Transparencia Activa, y el Principio de Transparencia Pasiva o Derecho de Acceso a la Información Pública. Del mismo modo, la Ley 20.285 incorpora al ámbito público un Órgano Autónomo denominado Consejo para la Transparencia, encargado de velar por el debido respeto del Principio de Publicidad y Transparencia de la Gestión Pública; como asimismo de resguardar los Derechos de los titulares de Datos Personales que se encuentren en poder el Estado. De esta manera, frente a eventuales conflictos que surjan entre el Derecho de Acceso a la Información Pública y la Protección de Datos de Carácter Personal, el Consejo para la Transparencia será el llamado a buscar un punto de equilibrio. En este contexto, los Objetivos Generales del presente estudio, se centran en analizar si en el contexto del Gobierno Electrónico, el Estado de Chile ha desarrollado sus sitios Web, en armonía con el objetivo final de promover el Derecho de Acceso a la Información Pública. Asimismo, los Objetivos Específicos consisten en determinar si en el ámbito de la Transparencia de la Actividad Pública, se respetan las Políticas de Privacidad relativas al cumplimiento del Derecho a la Protección de Datos de Carácter Personal. Para tal efecto, es objeto de análisis la Ley 19.628, sobre la protección de la Vida Privada, ya que ésta es la encargada de regular el tratamiento de los Datos de Carácter Personal. En el cumplimiento de estos objetivos, la metodología comprende la investigación y análisis de cómo el Estado de Chile se ha ocupado en los últimos años de desarrollar las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación, y como estas se han incorporado a su gestión basada en la transparencia de la Actividad Pública. En este sentido, el fin del presente estudio abarca el análisis tanto del Derecho de Acceso a la información pública, como del Derecho a la protección de datos personales, en el contexto de una eventual colisión entre ambos. Por lo tanto, una metodología de estudio basada en el examen de la Legislación, Doctrina y Jurisprudencia nacional y extranjera es vital para buscar un punto de equilibrio que permita coexistir a ambos derechos, particularmente cuando en el seno de un Estado de Democrático, resulta necesario encontrar un balance entre el interés de retener la información y el interés de divulgarla.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El objetivo de esta investigación fue esclarecer los reales alcances de las facultades normativas que poseen los Gobiernos Regionales en Chile. Se sostenía, por parte de organismos del Gobierno Nacional, que la facultad normativa regional, contemplada en la Ley Orgánica de Gobierno y Administración Regional, sólo podía operar previa una delegación legal específica. Otra posición, sustentada por autoridades regionales, era que la potestad normativa operaba en forma autónoma y que por tanto, no requería ninguna delegación previa, ni legal ni reglamentaria. Para ilustrar el contexto institucional en que se plantea la polémica, se efectúa un recorrido por la historia de la Administración en Chile y se aborda la experiencia internacional en materia de descentralización, antes de analizar la normativa constitucional y legal pertinente. Se expone la resolución actual del debate, la que hasta la fecha no ha sido cuestionada. Esta se expresó en la toma de razón por parte de la Contraloría General de la República de los reglamentos regionales de Atacama y Valparaíso, autónomamente generados, normas que son descritas en cuanto a su origen y contenidos.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente memoria de licenciatura tiene por objetivo efectuar un estudio sistemático de la institución del silencio administrativo. Teniendo en vista aquello, es que el trabajo se ha dividido en tres capítulos, los que a continuación mencionamos. El primer capítulo, titulado dogmática general del silencio administrativo, efectúa el análisis del sustento doctrinario de la institución. Comprendiendo que se trata de un aspecto que ofrece innumerables aristas es que hemos procedido a dividirlo en varios acápites, a fin de hacer más accesible la comprensión de todos los problemas que plantea. Este enfoque metodológico nos obliga a advertir la profunda interrelación existente entre cada uno de los tópicos analizados, lo que explica la suerte de imbricación que se produce y puede servir de disculpa ante los cuestionamientos referentes al porqué de los criterios de agrupación elegidos. También queremos hacer presente que las continuas referencias a la legislación española en este capítulo únicamente tienen por objetivo ilustrar las materias tratadas. La intención ha sido trascender legislaciones específicas, aunque la indesmentible influencia doctrinaria del régimen español resulta insoslayable. El segundo capítulo se encarga del somero estudio de la regulación que del silencio administrativo han efectuado ciertas legislaciones comparadas. Por las razones anotadas en el párrafo anterior, el análisis del régimen español es el más acucioso. La elección del resto de los países europeos (Francia, Alemania e Italia) se explica por la eminencia e influencia de sus regulaciones, lo que pretendemos demostrar en el desarrollo de la obra. Por lo que respecta a las legislaciones americanas tratadas, el factor que nos indujo a elegirlas y estudiarlas fue el de exponer, al menos tangencialmente, el contraste entre ellas y nuestro propio ordenamiento, sabiendo que estos países comparten un desarrollo jurídico y socioeconómico similar al nuestro. El tercer y último capítulo es el del estudio de la regulación que nuestro país ha hecho del silencio administrativo. En él se efectuará un análisis detallado de la Ley 19.880, 2 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, además de hacer mención a algunas paradigmáticas legislaciones sectoriales que se han encargado de regular en su ámbito la cuestión del silencio administrativo. El objetivo es tratar de dilucidar si el régimen chileno obedece a ciertos lineamientos macro-estructurales o se trata de una regulación variopinta sin mayor relación entre sus diversos elementos. Para dicho análisis se utilizará el bagaje doctrinario expuesto en el primer capítulo de esta obra, además de menciones esporádicas a la jurisprudencia, incluyendo la sui generis de la Contraloría General de la República. El objetivo de nuestro trabajo es indudablemente ambicioso. Eso, junto al interés inherente que supone el estudio de una herramienta que intenta hacer frente a la desidia de las administraciones públicas, amén de la notable falta de trabajos en nuestro país a su respecto, explica que nos hayamos consagrado a este tema. Esperamos que el resultado de nuestra investigación sirva de alguna utilidad

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Entre nosotros, el tema se presenta como de una actualidad inmersa, al haberse aprobado, hace sólo algunos meses, una modificación a la ley no. 18.575, orgánica constitucional sobre base generales de la administración del estado, que entre otras materias agregó a su texto los nuevos artículos 11 bis y 11 ter, que regulan el principio de transparencia de la actuación administrativa y el derecho de acceso a los documentos administrativos. Ahora bien, dentro de ese marco general se analizarán, en primer término, algunos aspectos relevantes de la publicidad, en sentido general, y sus relaciones con el derecho, tanto desde el ámbito público como privado, cuestiones a las que dedicaremos el capítulo I. A continuación, en el capítuo II, veremos cómo la transparencia y la publicidad se presentan en la acción administrativa y analizaremos el derecho de acceso a la información desde una perspectiva jurídico doctrinaria que permita una cabal identificación del contenido último del derecho que se pretende cautelar. En el capítulo III se repasarán las principales legislaciones comparadas que han tratado de manera más o menos sistemática el derecho de acceso a los documentos administrativos, con el objeto de comparar las distintas soluciones que han dado a los elementos característicos del derecho, señalando las opiniones que la doctrina y la jurisprudencia han expresado en cada caso. Finalmente en el capítulo IV será dedicado a la solución que nuestro legislador ha dado al tema, la que será estudiada, a falta de opiniones doctrinarias y pronunciamientos de la jurisprudencia, en su historia fidedigna y será analizada críticamente a la luz de la legislación extranjera.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Durante lo últimos decenios, han ido tomando cada vez más relevancia en nuestro país, la regulación del desarrollo territorial que se efectúa a través de los Instrumentos de Planificación Territorial, especialmente por el crecimiento de los mercado del suelo e inmobiliario . Estos instrumentos de gestión del territorio reglamentan los distintos ámbitos del desarrollo urbano, incidiendo en el valor del suelo urbano y la calidad de vida de los habitantes de las comunas y regiones del país, al establecer normativa urbana, urbanística y de constructibilidad, que condiciona los tipos y escalas de actividades productivas que pueden efectuarse en los territorios, así como los áreas residenciales, de esparcimiento y de protección. En este contexto se desarrolla esta memoria de título, la través de la cual se busca caracterizar a los Instrumentos de Planificación Territorial como resultado del ejercicio de una potestad pública, buscando determinar el tipo de prerrogativa de la que emana; de modo que ello permita definir los límites a los que éstos se encuentran sujetos y vislumbrar algún medio de control. Para ello se analizarán las potestades del Estado en general, caracterizándolas según su contenido y, especialmente, según su forma, diferenciando, en este último caso, entre potestades regladas y discrecionales. Se examinarán, con especial atención las potestades discrecionales y la discrecionalidad administrativa, reconociendo sus límites. A su vez, se revisarán las actuaciones formales de la Administración, en relación tanto al acto como el procedimiento administrativo. Posteriormente, se estudiará la potestad de planificación, en particular la Planificación Urbana y los Instrumentos de Planificación Territorial, en sus distintos niveles de acción, poniendo atención en su contenido, componentes y el procedimiento para su dictación; y su relación con la potestad reglamentaria. Buscando reconocer la calidad de actos administrativos de dichos Instrumentos y cómo la discrecionalidad se manifiesta en los mismos; y se enunciarán los posibles medios de control de acuerdo de los elementos discrecionales contenidos en los mismos. Finalmente, se expondrá la importancia de la planificación territorial, poniéndose énfasis en su carácter discrecional; ejemplificando cómo esta cualidad debe ser objeto de análisis, para asegurar que los fines públicos que resguarda la Planificación Urbana no se vean afectados por los intereses privados enunciados al principio de esta introducción