Tesis (grado de magíster en derecho) / La democracia, como régimen político imperante y universalmente aceptado funda su estabilidad en factores los cuales, debidamente administrados, van a dar fuerza y permanencia a sus cimientos más esenciales, permitiendo la existencia de buenos y legítimos gobiernos, con un aparato administrativo que funciona correctamente y que consecuentemente hace perdurable la institucionalidad nacional. Por ello, es legítimo sostener, que la democracia es el único régimen dotado de la capacidad de dar seguridad y garantía a los derechos fundamentales de la personas, y en este contexto debemos entender que las obligaciones estatales dentro del marco democrático no se circunscriben a las relaciones entre los ciudadanos, sino también en cuanto el Estado, detentador un poder punitivo único y que ejerce en razón de que el pueblo se lo ha entregado y acepta que así sea, poder el cual puede presentarse de varias formas según el contexto de su aplicación. Así, en el derecho penal, tenemos al Estado sancionando al infractor de normas que se fundamentan en una idea de paz social, cuyo quebrantamiento está sujeto a las penas legalmente reguladas y mediante un procedimiento también establecido, pero al que la Constitución ha venido en asegurar que debe respetar ciertos parámetros que hacen que el sujeto que será sancionado, lo sea al menos de una forma racional y justa, tanto en cuanto a la sanción propiamente tal, como en la forma como se va a llegar a determinar las circunstancias que configuran su actuar delictual, hasta la sanción que se le habrá de aplicar por aquello. Y este poder punitivo también puede vislumbrarse en otros ámbitos del derecho público, así por ejemplo, la Administración tiene la facultad para aplicar sanciones a hechos que sin ser delito, constituyen una consecuencia de la regulación de ciertos aspectos, por ejemplo, de actividades de servicios públicos, en lo que aparece fiscalizando o regulando en virtud de algún título de intervención administrativa; aspectos, los cuales, en que puede relacionarse con los administrados en el ejercicio de su poder punitivo, y que, por cierto, debe hacerlo de un modo que no vulnere las otras garantías que se le han entregado a las personas.

Ingeniero Civil Industrial / El proceso de selección en el Sistema de Alta Dirección Pública (SADP) tiene por objetivo declarado, optimizar la entrega de bienes y servicios a la ciudadanía y el cumplimiento de políticas y programas definidos por la autoridad; mediante la profesionalización de los equipos de directivos del Gobierno Central. Así, teóricamente se tiene que debido al SADP se escogen mejores directivos, los que van a generar una óptima función pública de los servicios. En este contexto, el objetivo es diagnosticar y analizar las actuales evaluaciones que se hacen a los Altos Directivos Públicos y las herramientas de gestión que lo involucran, dar cuenta si han generado mejoras y en qué dimensiones, elaborar propuestas para una posible operación. Se ha detectado una capacidad restringida para monitorear y gestionar el rendimiento a directivos elegidos bajo el SADP, esto debido a la falta de métricas por las que se miden su desempeño y de un seguimiento constante teniendo como foco principal la retroalimentación. Si se utiliza información transversal, como el ciclo presupuestario, que se reporta trimestralmente a la Dirección Nacional de Presupuesto (DIPRES), solo se puede sacar conclusiones preliminares con la información utilizada; ya que para obtener resultados científicos se necesita una serie de controles e información especial, aportando datos de orden correlacional y no de causalidad. Si se analizan los indicadores actuales de gestión para medir el desempeño de un Alto Directivo Público (ADP), existen problemas de owner (miden a la institución y no al director), pues se les pide que entreguen algo para lo que no fueron construidos, provocando problemas de sesgo. Existen asimetrías de información, ya que quienes informan estos indicadores son los que ejecutan día a día las tareas, debido a el cumplimiento de metas se les otorgan beneficios monetarios generando claros incentivos deshonestos. Para realizar evaluaciones futuras a directivos, en materias de gestión, se destaca la importancia de contar con un sistema que permita recabar información, que plantee de forma clara los indicadores solicitados. Es necesario para esto, considerar las complejidades de diagnosticar las gestiones de los directivos, pues si actualmente se recopila información para la evaluación, la heterogeneidad de los servicios lo dificulta; cada uno tiene direcciones estratégicas propias a su misión institucional, haciendo que los indicadores tengan distinta relevancia, según el servicio que atiende. Es imprescindible poder entregar un set de indicadores que estén al servicio de los organismos públicos, para que exista una retroalimentación verídica de las actividades declaradas. Y así, con estos criterios poder disponer de información ya procesada, con el fin de que los usuarios utilicen y puedan encontrar oportunidades de mejora en sus procesos.

Magíster en Gestión y Políticas Públicas / Ingeniero Civil Industrial / Esta investigación tiene como propósito hacer aportes nuevos y significativos en el estudio de la gestión de los Altos Directivos Públicos del Estado en Chile, considerando su realidad cultural e institucional para el sector público. A la fecha, y en forma preliminar no se conoce un estudio de similares características a nivel nacional. En particular, se busca conocer cuáles son las i) prácticas directivas, ii) el uso del tiempo y iii) las competencias distintivas de los directivos públicos de buen desempeño relativo. Además, a partir de estos hallazgos, se generan recomendaciones de mejora para el actual Sistema de Alta Dirección Pública en sus funciones de selección y reclutamiento, de formación, y de gestión de desempeño. Mintzberg, autor guía del marco conceptual del estudio, extrapola desde el enfoque clásico del management, la capacidad de gestión a un concepto de práctica gerencial o directiva para el desarrollo de una gestión efectiva de organizaciones. Este estudio de caso, con características principalmente exploratorias, contempla el uso de métodos y técnicas cuantitativas y cualitativas de análisis, a partir de la información derivada de la revisión bibliográfica, el criterio experto, entrevistas y observación in situ a directivos públicos. El principal instrumento para el levantamiento de información primaria, corresponde a una encuesta electrónica a la totalidad de los directivos públicos de primer y segundo nivel jerárquico seleccionados por el SADP, luego de un extenso proceso previo de validación. Posteriormente, a través de un focus group con directivos de primer nivel jerárquico, se busca validar y contrastar resultados, para concluir con implicancias de política pública en pos de mejorar el Sistema y potenciar nuevas líneas de investigación en el área de la gestión pública. La relevancia de esta investigación se sustenta en la trascendencia e impacto de la calidad de un directivo público a nivel organizacional y en el Estado. En efecto, se ha dimensionado esta incidencia a través del crecimiento económico de un país, precisando que de haber contado con la calidad de la institucionalidad de dirección pública como la de Singapur, Chile habría crecido cada año un 2,1% más, durante el período 1970-1990. En esta misma línea, la literatura demuestra la importancia del liderazgo y la calidad del directivo, así como el rol central de la profesionalización de directivos públicos en cualquier proceso de reforma del Estado de un país. En un ámbito donde la cultura e idiosincrasia importan de sobremanera, es relevante estudiar el comportamiento de los Altos Directivos Públicos chilenos, considerando que el SADP fue creado únicamente inspirado en la literatura y experiencia anglosajona.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente memoria tiene por objeto analizar una de las actividades administrativas de más larga tradición histórica, a saber, la inspección administrativa. Ante la escasa dedicación que la doctrina nacional le ha concedido a este tema, pese a la incuestionable y gran aplicación práctica que el ejercicio de dicha actividad importa, este trabajo pretende desentrañar y establecer, por sobre todo, el desarrollo de esta actividad, buscando resolver preguntas tales como: ¿es necesario que la inspección se someta a un procedimiento administrativo?, ¿tiene el sujeto inspeccionado algún derecho ante la intervención de la administración?, ¿cuáles son las potestades con las que cuentan los órganos inspectores para ejecutar su labor?, ¿quién decide cuándo y a quién inspeccionar?, ¿es la potestad inspectora una potestad discrecional?. En directa relación con el tema anterior, pero ya desde la perspectiva de la garantía que tiene todo ciudadano frente al actuar dañino de un órgano de la Administración, se aborda el tema de la responsabilidad del Estado Administrador por inactividad en el ejercicio de sus potestades de inspección

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo tiene como principal objetivo abordar una importante institución del Derecho Público chileno, la cual está inserta dentro de una materia algo abandonada en términos legislativos, hablamos de la responsabilidad del Estado por actuaciones de sus órganos Administrativos, pero especialmente respecto a uno de los elementos configuradores, la Falta de Servicio. Ante la carencia normativa, esta obra pretende, con ayuda de las diversas posiciones doctrinarias locales y la jurisprudencia emanada, principalmente, de nuestro máximo tribunal; examinar qué es lo que sucede en el escenario nacional cuando se enfrentan procesalmente dos contendores de evidente disparidad; la Administración y el administrado. La Falta de Servicio, criterio de origen francés pero adoptado ya como propio por nuestra doctrina jurídica; ha tomado un interesante o, quizás para algunos, inesperado rumbo en nuestro ordenamiento jurídico. Imponiéndose en primer lugar, dentro del sistema subjetivo de responsabilidad que regirá sin discusión los casos de este contencioso administrativo general, para luego sortear la convivencia con otras instituciones y constituirse hoy en el único criterio de atribución de responsabilidad en el derecho administrativo. Si bien esta obra es descriptiva y explicativa de una realidad jurídica, no desaprovechamos la oportunidad para desarrollar la temática un poco más a xii fondo. Es por esta razón que, además de analizar las características fundamentales de este presupuesto, señalaremos también sus virtudes y defectos, para luego así contribuir desde un punto de vista crítico, tomando desde luego en consideración las reacciones de los juristas locales y el desarrollo jurisprudencial, lo cual demuestra a todas luces que el sistema es perfectible. En la difícil tarea de conciliar intereses tan contrapuestos, pero a la vez tan relevantes, como el derecho de la víctima a una justa reparación o un acceso eficaz al proceso, y la labor del Estado en evitar demandas temerarias o infundadas que reduzcan las significativamente el erario público; propondremos -hacia los apartados finales- la incorporación de elementos que ayudarán a mejorar nuestro actual régimen

Magíster en Gestión y Políticas Públicas / El presente estudio de caso tiene por objetivo analizar la experiencia de Chile para verificar la eficacia de la implementación de su Sistema de Alta Dirección Pública (SADP) como instrumento para disminuir el grado de politización de la función pública. Ello resulta importante pues la politización en la función pública persiste aún en muchos países latinoamericanos, y por tanto el análisis y constatación de la experiencia chilena puede abonar a la búsqueda de acciones tendientes a solucionar este problema. El análisis se desarrolló, con un enfoque exploratorio, en tres etapas principales: La etapa I Análisis del contexto institucional , consistió en identificar las características relevantes del marco institucional en que el SADP se ha desarrollado y opera. En la etapa II Análisis de eficacia funcional se identificaron el modelo de negocio, y la cadena de valor del SADP, para lograr una mejor comprensión de cómo éste se configura en torno a la concreción de su propuesta de valor público. Se realizó además un diagnóstico de los subsistemas de gestión de recursos humanos del SADP aplicados a los cargos adscritos al mismo (gestión del desempeño y gestión del desarrollo), para verificar si efectivamente contribuye a disminuir la politización de la función pública. Finalmente en la etapa III Síntesis del caso , se expresaron las conclusiones y recomendaciones en base a lo obtenido en las etapas anteriores. Estas etapas se acompañaron de una revisión de fuentes bibliográficas y del uso de herramientas tanto de análisis cualitativo como cuantitativo, tales como: inspección de registros y documentos, revisión de prensa, análisis documental, entrevistas exploratorias, indicadores, y estadística descriptiva. Se ha podido constatar así, que efectivamente el SADP en Chile, como sistema de gestión de recursos humanos, ha conseguido compatibilizar la profesionalización de los sectores fundamentales de la burocracia con el aumento de la responsabilización de los funcionarios públicos ante la sociedad y el sistema político, logrando con ello disminuir la politización de la función pública. Pero si bien el SADP cumple efectivamente con su propuesta de valor, el análisis revela ciertas debilidades que podrían afectar la concreción de su propuesta de valor público y que requieren atención. Entre ellas se pueden mencionar: restricciones en la aplicación del subsistema de gestión organizacional debido a la rigidez marco normativo; persistencia de algunos rasgos clientelares en el subsistema de gestión del desempeño, que tienen su raíz en el path dependence; y limitantes en el subsistema de gestión del desarrollo para incentivar el rendimiento y desarrollo profesional, especialmente en el ámbito de las remuneraciones. No obstante, las variables involucradas demuestran que la experiencia chilena puede ser una interesante y estimulante fuente de aprendizajes para esfuerzos de reforma y fututas investigaciones en otros países de la región.

Ingeniero Civil Industrial / El año 2015 el Consejo Asesor Presidencial contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción presentó a la Presidenta de la República diversas propuestas que tenían como fin mejorar la probidad y transparencia en las instituciones del Estado y sus funcionarios. Una de estas propuestas apuntó a la implementación de un sistema de integridad transversal a todos los servicios públicos, el cual tenía como punto de partida la redacción de un código de ética por cada servicio público. Adicionalmente, dentro de la misma propuesta se estableció que este sistema de integridad requiere más que un documento escrito: es necesario un sistema de apoyo para su implementación. Por lo tanto, es necesario establecer un sistema que vaya más allá de la redacción de los códigos de ética, estableciendo procesos que apoyen su implementación y que tenga sistemas de control, los cuales permitan diagnosticar si existe un cambio de comportamiento, y que respalden decisiones de acuerdo a información cuantitativa y no en base a percepciones. Dado lo anterior, el siguiente trabajo se ocupó de diseñar el proceso de reportabilidad, desde los servicios públicos hacia la Dirección Nacional del Servicio Civil tanto de los procesos de denuncia como los de consulta, atingentes a los códigos de ética para la función pública, para que el Servicio Civil pueda realizar diagnósticos del comportamiento de esos procesos, pudiendo establecer recomendaciones, instructivos o campañas de prevención. Se realizaron dos propuestas para implementar la reportabilidad, una usando base de datos y modelos entidad-relación, y otra usando planillas y Macros de Excel. Donde la primera posee mayores beneficios a largo plazo, pero también involucra mayor dificultad en su implementación. La segunda propuesta, en cambio, es más sencilla de implementar en el corto plazo, pero no asegura que los procesos se implementen adecuadamente en el largo plazo. Como recomendaciones para la implementación, se propone que la adopción del proceso de reportabilidad sea gradual, es decir, que se implemente inicialmente en un número reducido de servicios públicos por un tiempo de marcha blanca de dos meses. Además, debido a la importancia de asegurar que el estándar mínimo de cada investigación y notificación a los afectados se cumpla transversalmente, se recomienda que los procesos de denuncia y consulta diseñados sean una exigencia a implementar por todos los servicios públicos.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Evidenciado el escaso tratamiento sobre la responsabilidad civil de los Ministros de Estado, consagrada en los artículos 36 y 53 N°2 de la Constitución, la presente memoria pretende realizar un estudio acabado sobre la materia abordándolo desde lo general a lo particular. Para ello, fue necesario hacer una recopilación doctrinaria y jurisprudencial que permitiera analizar en profundidad cada arista del tema tratado. De esta manera, se analiza el concepto de autoridad pública para, luego, estudiar la figura de los Ministros de Estado en nuestra legislación. A continuación, dado el eje central de la investigación, se abordó la responsabilidad de las autoridades públicas en general y su evolución. Posteriormente, se profundiza en la responsabilidad patrimonial de los Ministros de Estado, sus antecedentes históricos y doctrinarios. Los capítulos finales exponen la aplicación jurisprudencial del instituto, analizando los principales elementos discutidos para, concluir en un estudio detallado sobre los artículos que lo regulan (características, requisitos y procedimiento) y el esclarecimiento de su naturaleza jurídica. Mediante los apartados señalados, este trabajo pretende concluir la pertinencia actual de la responsabilidad civil de los Ministros de Estado y su coherencia con la regulación vigente.