Una labor, por demás interesante, es investigar sobre temas que resulten apasionantes no sólo por el contexto en el que se desarrollan, sino también por las nuevas ideas que de ella se desprenden y de los aportes que se generen en su discusión. El objeto de la presente investigación se centra en resolver oportunamente los problemas derivados de una Negociación Colectiva. En ese sentido, la aplicación de las herramientas y elementos de la Nueva Gestión Pública a una Negociación Colectiva resultaría desde todo ámbito, una real innovación a este tema, debido en parte a que de las investigaciones realizadas y analizadas, no he encontrado estudio alguno que aplique sustantivamente estos conceptos. / Tesis

De acuerdo a nuestra Constitución -artículos 43° y 3° (Congreso, 1993)- tenemos un Estado Social y Democrático de Derecho. Tal definición no sólo reconoce la sujeción del Estado al derecho, al carácter democrático y contenido social, sino que aquellas etiquetas son verdaderos principios fundamentales que guían todo el ordenamiento. El basamento es la relación del principio “democrático” con el valor “pluralismo político”, la del principio “Estado de Derecho” con el valor “libertad” y la del principio “Estado Social” con el valor “igualdad”” (PAREJO A. L., 1983, pág. 65). De este modo, será el Estado de derecho el que se encargue de orientar (artículo 58° de la Constitución) las actuaciones debidas para el desarrollo; y, el Estado Social, el que propugne la igualdad en términos de creación de condiciones que permitan el desarrollo individual de las personas – pues ellas son el fin último-. En esa lógica, la historia prueba que el Estado ha incrementado sus funciones, pasando a ser, principalmente, las de policía en el marco de la emergencia Estado Liberal a otras como las de fomento, prestacionales, contractuales, sancionadoras, normativas y de solución de controversias. Esto, más que una suma, es una evolución en el desarrollo de sus funciones, de la opción de nuevos medios para poder tutelar mejor los mismos fines en virtud de la ductilidad del Derecho que es capaz de dar respuesta a los nuevos retos que la realidad -en cuanto desarrollo de factores sociales, históricos, científicos y tecnológicos- que se nos presentan. / Trabajo académico

El presente trabajo tiene como objetivo analizar la aplicación del principio de rendición de rendición de cuentas o accountability en la actividad parlamentaria. Para ello se revisó la normativa que la contempla con el fin de verificar si cumple con los elementos propios de la rendición de cuentas, así como seis informes de “gestión parlamentaria” elaborados por seis congresistas del periodo legislativo 2011 – 2016. Este análisis nos permitirá determinar si estamos ante un verdadero y útil mecanismo de rendición de cuentas de la actividad parlamentaria frente a la ciudadanía, que finalmente constituya una garantía de una buena legislatura o si se requiere una modificación. / Trabajo académico

En razón de la emisión del Decreto Legislativo N° 1256, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas, (en adelante, “D.L.1256”) y el encendido debate respecto del tipo de procedimiento administrativo que este procedimiento representa, el presente trabajo intentará plantear la posición del autor a la luz de lo señalado en la doctrina nacional. En ese sentido, el marco teórico a ser desarrollado presentará los principales conceptos de los tipos de procedimientos administrativos existentes, vale decir, a entender del optante, el general y los especiales, para que podamos definir qué tipo de procedimiento se sigue ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante “INDECOPI”), en la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del INDECOPI (en adelante, “Comisión”) y la Sala de defensa de la Competencia del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual INDECOPI (en adelante, “Sala”). Posteriormente, a manera de propuesta nos enfocaremos en el precepto definido en el artículo 1° del D.L. 1256, el cual, al establecer la finalidad del procedimiento bajo análisis, refiere que las competencias otorgadas a la Comisión y la Sala se supeditan a la supervisión del cumplimiento del marco legal en lo que se relaciona con los derechos a la libre iniciativa y la libertad de empresa que puedan restringir el acceso o la permanencia de los agentes económicos en el mercado, así como la supervisión de las normas o principios que garantizan la simplificación administrativa buscando procurar la eficiente prestación de servicios a los administrados por parte de la administración pública. La definición del tipo de procedimiento, consideramos, será fundamental para determinar el tipo de reglas que han de ser aplicadas en el procedimiento de Barreras Burocráticas, el cual, creemos, es un procedimiento especial, al que habrán de aplicarse las reglas del procedimiento administrativo general, denominado Control de Legalidad, entendido como aquel cuya finalidad es la realización de una actividad de supervisión del cumplimiento del marco legal a cargo de una entidad administrativa respecto de otra, para lo que se encuentra plenamente facultada, definición a la que arribaremos en el presente trabajo y que se condice con lo establecido en el D.L. 1256. Manos a la obra. / Trabajo académico

Los instrumentos de gobierno electrónico se han convertido hoy en herramientas claves en la gestión pública debido a que ¿gracias a los avances tecnológicos- facilitan la forma en cómo se brindan los servicios públicos, en términos de practicidad en su uso, acceso y optimización del tiempo; asimismo, son un importante instrumento en la construcción de gobernanza. Durante los noventa, se generaron una serie de herramientas de gestión electrónica para el sector público en el Perú; sin embargo, no respondían a una política pública orientada a la promoción del uso de las TICs para brindar servicios más agiles al ciudadano. Recién en los últimos años se ha logrado desarrollar lineamientos de política que orienten el uso de las TICs de manera articulada, aunque poco se conoce del proceso de diseño de la política de gobierno electrónico vigente. Entonces, cabe preguntarse: ¿qué factores explican la evolución de la política de gobierno electrónico en el Perú desde el año 2003 hasta el 2013? Esta investigación realiza un estudio de caso en el periodo señalado, en el que se requirió la entrevista de una serie de actores involucrados y la revisión exhaustiva de documentos oficiales y académicos sobre el tema. Esta investigación comprueba que la evolución de la política de gobierno electrónico parte de la desarticulación, ante lo cual se presentan dos opciones: la que mantiene el statu quo, liderada por quienes ya contaban con sus propias iniciativas; y la propuesta de mayor articulación bajo la directriz de un ente rector, bajo el liderazgo de la PCM. Se puede afirmar que la segunda opción se impuso debido a tres factores: (1) el condicionamiento internacional, a través del mecanismo de transferencia de políticas en un escenario favorable; (2) la existencia de emprendedores de política que se proyectaron a escenarios futuros, buscando generar institucionalidad para que de manera organizada se generen nuevas herramientas de e-gov, y (3) finalmente, por la baja capacidad del Estado para contar con recursos humanos adecuados para contribuir en el proceso, lo que hizo que la evolución hacia el panorama deseado sea discontinua. / Tesis

El siguiente trabajo académico busca establecer una comparación entre los procedimientos y procesos existentes relacionados con la eliminación de barreras burocráticas. Se parte de un análisis del procedimiento de eliminación de barreras burocráticas realizado por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, en el marco de la emisión del Decreto Legislativo N° 1256, Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas que otorgó, entre otras, la facultad de emitir resoluciones con efectos generales cuando se declare una barrera burocrática ilegal. Este control ejercido por el INDECOPI puede ser confundido con el control realizado por el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional en sus distintos procesos; en ese sentido, en el presente trabajo se establecerán las similitudes y diferencias de los mismos. Se concluye que el procedimiento de eliminación de eliminación de barreras burocráticas realizado por el INDECOPI tiene una finalidad diferente y particularidades frente a otros procedimientos y procesos similares. / Trabajo académico

El procedimiento administrativo de eliminación de Barreras burocráticas ha sido el centro de un debate entre juristas que argumentan a favor de posturas encontradas: algunos sugieren que este procedimiento es de naturaleza trilateral con características especiales y otros una minoría opinan que este procedimiento no calza en ninguna forma especial tal y como lo señala la ley del procedimiento administrativo general de modo que al no ser trilateral ni sancionador sería un procedimiento administrativo como cualquier otro. Es así que el presente artículo inicia estudiando las generalidades de los distintos tipos de procedimiento administrativo ( El general y los especiales -trilateral y sancionador), las características del procedimiento de eliminación de Barreras burocráticas y rasgos fundamentales, así como un repaso de los conceptos relacionados para finalmente dar una respuesta y plantear una conclusión. / Trabajo académico

Las Compras Públicas abarcan un alto número de transacciones y representan una porción sustancial del producto bruto interno en la mayoría de los países del mundo. Según la Organización Mundial del Comercio (OMC) las compras estatales representan entre el 10% y 15% del producto interno bruto mundial. Es debido a ello que el desempeño correcto del Sistema de Compras Públicas es clave para cualquier economía y su desarrollo. Dada su relevancia social y económica, las políticas de compras públicas no son simplemente una cuestión técnica. Su diseño implica un importante desafío para la intervención estatal, no sólo porque define a la eficiencia con la que el Estado cumple sus tareas, sino también porque desempeña un rol clave en el fomento del desarrollo económico. En esta línea, las políticas de gasto pueden influir de manera sustancial en la adopción de un sendero de desarrollo sostenible, fomentando la producción y comercialización de bienes y servicios más adecuados en términos sociales y ambientales. En tal sentido, es de suma importancia que todo ordenamiento jurídico cuente con un marco regulatorio que permita garantizar, a los futuros proveedores del Estado, el fiel cumplimiento de las obligaciones contraídas por este. No obstante ello, en el transcurso de la presente investigación, observaremos que la Administración Pública detenta determinadas potestades exorbitantes, las cuales han fungido como elemento diferenciador de las contrataciones se realizan entre agentes privados. Resulta claro que, para que el Estado pueda asegurar el cumplimiento de sus fines y garantizar el eficiente manejo de su presupuesto, requiere de facultades que lo posicionen en una situación de preeminencia frente al administrado, dicha situación, evidentemente, encuentra su justificación en el interés público. Sin embargo, actualmente muchas de estas potestades exorbitantes reconocidas al Estado, han ido menguando en cuanto a la intensidad de sus contenidos y su aplicación, dado que la tendencia contemporánea de la Administración Publica es la de garantizar un terreno firme para el inversionista, en el que además, se espera que el riesgo sea el mínimo posible. Para poder cubrir dicha necesidad y a su vez llamar la atención de futuros inversionistas, se ha incluido en el marco de nuestros regímenes de contratación pública, el principio de equilibrio económico financiero, conforme al cual, la expectativa de utilidad del contratista no puede sufrir un menoscabo por razones sobrevinientes o imprevisibles que no le sean imputables, en cuyo caso la Entidad deberá restablecer el beneficio económico previsto. Como referente para el análisis del precitado principio, se analizaron Opiniones emitidas por la Dirección Técnico Normativa del Organismo de Supervisor de las Contrataciones del Estado (en adelante, OSCE) publicadas en el período de los años 2005 al 2017, en donde se observó cómo la inclusión del principio de equilibrio económico financiero del contrato ha supuesto la atenuación de las potestades exorbitantes reconocidas a la Administración Pública. De igual modo, se examinaron laudos emitidos por Tribunales Arbitrales en los años 2005, 2013 y 2014, en los que apreciaremos cómo la aplicación del principio bajo estudio, incidió en el fallo final que resuelve la controversia. / Trabajo académico

Aplica el modelo de la gestión por procesos para mejorar la ejecución de pago a proveedores en una institución financiera, debido a la necesidad de los altos directivos que requieren se reduzcan las actividades operativas que no agregan valor y con esto buscan reducir los pagos por multas emitidas por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – Sunat, frente a las deficiencias presentadas en el proceso. Con este fin el presente estudio tiene una metodología correspondiente a una investigación del diseño experimental en su variante cuasi-experimental y tipo aplicada. Este estudio se aplicó a una muestra poblacional conformada por los 2,400 comprobantes de pago recibidos para su respectiva ejecución del pago en la institución financiera en estudio. Para el cálculo de la muestra se realizó el cálculo correspondiente a una muestra finita, contando con una muestra de 331 comprobantes de pago, los cuales se tomarán en cuenta para la toma realizada. Se obtuvo como resultado, la confirmación de la hipótesis general, que la aplicación del modelo de la gestión por procesos mejorará la ejecución de pago a proveedores en una institución financiera. Además, se confirmó en las hipótesis específicas que las variables dependientes; reprocesos, tiempos y costos del proceso han sido optimizadas aplicando el modelo de la gestión por procesos. / Tesis

Publicación a texto completo no autorizada por el autor / Efectúa la evaluación de la gestión gerencial y la auditoría moderna, con enfoque a los procesos o actividades en las Instituciones Públicas del Sector Energía y Minas 2005 – 2011, con la finalidad de proponer mejoras en la gestión y control de recursos y bienes públicos; optimizar los recursos, la toma de decisiones gerenciales y el cumplimiento de metas y objetivos institucionales. La metodología para lograr los objetivos indicados y la verificación de la hipótesis fueron mediante visitas, entrevistas y encuestas a los funcionarios y servidores de las instituciones públicas del sector energía y minas, recopilación de información y apropiada selección y resumen bibliográfico, así como la observación directa y análisis de los procesos, operaciones y documentos obtenidos de dichas instituciones. El diseño de un enfoque de evaluación de la gestión gerencial con énfasis a los procesos y actividades de las instituciones públicas del sector energía y minas contribuye a la optimización de los recursos en la gestión gerencial institucional. / Tesis