Karl Loewenstein señalaba que la historia del constitucionalismo no es sino la historia de la lucha de los hombres por controlar el poder político, aseveración que a la luz de los hechos se corrobora y es preocupación constante de quienes se dedican a estudiar cómo se legitima, se divide y se limita el poder de los gobernantes. En esa línea, el motivo que nos impulsa a emprender el presente trabajo, es tener el convencimiento de que más allá de su reconocimiento en nuestra Carta Política, los órganos constitucionales deben tener legitimidad democrática y ésta solo se alcanzará cuando los ciudadanos tengan la certeza de que las entidades mantenidas con sus impuestos, cumplen efectivamente con las funciones que el poder constituyente les ha asignado y en el caso específico de la Contraloría General de la República, el rol de fiscalizar y exigir rendición de cuentas sobre la utilización de recursos públicos no solo a funcionarios de menor jerarquía sino a quienes ostentan el poder político de la nación en un momento determinado. Sabido es que con el transcurrir del tiempo y el desarrollo tecnológico la Administración Pública se ha modernizado y especializado por lo que el control político que hasta hace unas décadas descansaba en el Parlamento requiere más que nunca el apoyo de un órgano ágil y técnico dotado de herramientas e incentivos adecuados para proveerle de información veraz y oportuna.

De acuerdo a nuestra Constitución -artículos 43° y 3° (Congreso, 1993)- tenemos un Estado Social y Democrático de Derecho. Tal definición no sólo reconoce la sujeción del Estado al derecho, al carácter democrático y contenido social, sino que aquellas etiquetas son verdaderos principios fundamentales que guían todo el ordenamiento. El basamento es la relación del principio “democrático” con el valor “pluralismo político”, la del principio “Estado de Derecho” con el valor “libertad” y la del principio “Estado Social” con el valor “igualdad”” (PAREJO A. L., 1983, pág. 65). De este modo, será el Estado de derecho el que se encargue de orientar (artículo 58° de la Constitución) las actuaciones debidas para el desarrollo; y, el Estado Social, el que propugne la igualdad en términos de creación de condiciones que permitan el desarrollo individual de las personas – pues ellas son el fin último-. En esa lógica, la historia prueba que el Estado ha incrementado sus funciones, pasando a ser, principalmente, las de policía en el marco de la emergencia Estado Liberal a otras como las de fomento, prestacionales, contractuales, sancionadoras, normativas y de solución de controversias. Esto, más que una suma, es una evolución en el desarrollo de sus funciones, de la opción de nuevos medios para poder tutelar mejor los mismos fines en virtud de la ductilidad del Derecho que es capaz de dar respuesta a los nuevos retos que la realidad -en cuanto desarrollo de factores sociales, históricos, científicos y tecnológicos- que se nos presentan. / Trabajo académico

El documento digital no refiere asesor / Publicación a texto completo no autorizada por el autor / Expone en el presente estudio el desarrollo del proceso de audiencias públicas, en el periodo 2013, evalúa las principales características y metodologías del proceso y sistematiza la experiencia como una herramienta que promueve la participación ciudadana en los procesos para transparentar las políticas públicas y; pretende hacer comunicables los saberes adquiridos, convirtiéndolos por consiguiente, en conocimientos producto de una reflexión crítica sobre la práctica. Desde el año 2005, la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) viene desarrollando un esquema de participación ciudadana, que promueve la vinculación con los actores involucrados en el proceso de aprobación de los proyectos de estudios tarifarios que son aplicados por las 50 Empresas Prestadoras del Servicio de Saneamiento (EPS), que brindan el servicio de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas en el ámbito urbano de las 25 regiones a nivel nacional. / Trabajo de suficiencia profesional

Publicación a texto completo no autorizada por el autor / La investigación muestra una línea base y la implementación del ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar), en el subproceso Voto Informado del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), logrando de esta forma la mejora en la satisfacción de los actores electorales. En este sentido se pudo establecer que el problema general de la investigación es la siguiente: ¿La gestión de calidad, aplicada en el subproceso Voto Informado del Jurado Nacional de Elecciones, tendrá un efecto en la satisfacción de los actores electorales del JNE? Así mismo, el objetivo general radica en determinar de qué manera la gestión de calidad aplicada en el subproceso Voto Informado del Jurado Nacional de Elecciones tendrá un efecto en la satisfacción de los actores electorales del JNE La hipótesis general de la investigación señala que la gestión de calidad, aplicada en el subproceso Voto Informado del Jurado Nacional de Elecciones, afecta la satisfacción de los actores electorales del JNE es importante señalar que esta investigación es cuantitativa, empírica (ya que es un hecho que ocurre en una institución pública) y aplicada porque se va a enfrentar el problema proponiendo alternativas de solución. El nivel de la investigación es explicativo, pues se busca conocer los factores causales que explican el problema de la investigación. Como conclusión general se estableció que la gestión de calidad influye en la satisfacción de los actores electorales del JNE, mediante la prueba de correlación, obteniéndose el resultado de 0.460, como correlación positiva. / Tesis

El gobierno abierto no es una nueva idea, pero su aplicación está siendo difundida y tomando fuerza a nivel mundial en los gobiernos democráticos a fin de implementar los principios de transparencia, colaboración y participación ciudadana en todos los niveles de gobierno y así combatir exitosamente la corrupción, aprovechar la experiencia de la población y lograr gobernabilidad que realmente sea para mejora de cada unidad social. Dentro de nuestro país se han tenido dos planes de acción que en nivel piloto fueron aplicados con éxito, como es el del Gobierno Regional de La Libertad y del Gobierno Regional de Amazonas, de los cuales como principales indicadores de éxito en sus planes se ha tenido la aplicación de las TICS, las consultas ciudadanas, la implementación de los portales de transparencia, las reuniones comunitarias y las tareas de sensibilización realizadas a la población, empresa privada y entidades públicas a fin de generar compromiso en la aplicación del plande acción, siendo estos mismos criterios los que se proponen como parte de la implementación del gobierno abierto dentro del Gobierno Regional de Lambayeque.

Las municipalidades provinciales y distritales disponen de financiamiento para proveer bienes y servicios a la ciudadanía, siendo los principales: los ingresos propios y las transferencias del Gobierno Nacional. Respecto al primero, son recursos que se obtienen mediante la recaudación de ingresos como el impuesto predial, la alcabala, entre otros. Y, respecto a la segunda fuente, son recursos que provienen del Estado que buscan equiparar las capacidades entre los municipios como el Fondo de Compensación Municipal o FONCOMUN, el canon minero, entre otros. En los últimos años, se ha observado que existe un aumento en las transferencias por la baja recaudación municipal, lo cual ha generado que estas instituciones dependen de esos recursos y que se genere ineficiencias en la gestión pública. Precisamente, la literatura de la descentralización fiscal ofrece dos enfoques respecto al efecto de las transferencias en los ingresos propios. Por un lado, el efecto pereza fiscal refiere a las municipalidades que prefieren tener ingresos por transferencias antes de mejorar su capacidad de recaudación fiscal. Por otro lado, el efecto flypaper es un término que describe la acción del agente municipal al preferir incrementar el gasto en una cuantía mayor al recibir transferencias que cuando los recursos provienen de los ingresos propios. Por lo tanto, el desafío fue analizar los efectos de las transferencias del FONCOMUN en la recaudación en el periodo 2009-2019; considerando cinco fuentes de heterogeneidad: dos ventanas de tiempo (antes y después del 2014); el nivel de dependencia de las transferencias; la tipología municipal; la distinción de aquellas municipalidades que tienen dependencia de canon de las que no; y, el género de la autoridad municipal. En términos generales, se encontró que las elasticidades de las transferencias del FONCOMUN sobre la recaudación local fueron positivas, pero con variaciones en el tiempo. Asimismo, cuando se incluyó los efectos heterogéneos, se encontró un efecto diferenciado por agrupamiento de municipalidades; es decir, las municipalidades de “ciudades grandes” experimentaron menos efecto pereza fiscal que las municipalidades “menos urbanas y con mayor pobreza”. Y, se encontró que el efecto flypaper es menor cuando la municipalidad es gobernada por una alcaldesa que un alcalde, lo que se explica porque la participación de la mujer en la política es aún mínima. En ese contexto, se identificaron algunos espacios de mejora y se presentaron una serie de reflexiones de política para futuras investigaciones.

Diversos estudios realizados por investigadores y organismos internacionales señalan la eficacia y eficiencia del gobierno central en el Perú en la implementación de leyes de acceso a la información pública (Global Right to Information Rate, 2018) y en el desarrollo sistemas de divulgación de información financiera y presupuestal para todos los niveles de gobierno (ONU, 2018). Sin embargo, casi no existen aproximaciones cuantitativas a los fenómenos de divulgación de información pública en el nivel subnacional. En el presente estudio, se plantea analizar la transparencia en las plataformas electrónicas como los efectos de acciones políticas y administrativas que se ven reflejados en dos componentes: i) la publicación oportuna de información en distintos rubros solicitados por ley (oportunidad) y ii) la inclusión de elementos para la fácil identificación de la misma. Para ello, se realiza el recojo de evidencia a través del análisis de contenido de las plataformas de reporte de información consagradas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (27806). A partir de la información recolectada, se procede a realizar la construcción de indicadores para describir los niveles de transparencia en las municipalidades, y se utilizan modelos lineales para contrastar las hipótesis planteadas en torno a sus posibles condicionantes. Se determina que, pese a que la gran mayoría de municipalidades cuenta con portal web y buena parte de estas incluyen criterios mínimos de navegabilidad, casi todas son muy poco o nada oportunas en la publicación de información sobre personal, gastos comunes, servicios y visitas a funcionarios. Asimismo, se afirma que la implementación de las plataformas electrónicas de transparencia se encuentra condicionada por el compromiso organizacional, el performance económico, la disponibilidad de recursos básicos, el grado de fragmentación política, el tipo de organización política de la autoridad electa, y por el número de denuncias por delitos contra la administración pública.

El presente proyecto de innovación propone un cambio en la forma en la que actualmente se viene desarrollando la etapa de admisión de ofertas en los procedimientos de contratación pública en el Perú, y es que luego de la revisión y análisis de las evidencias que sustentan este proyecto, se determinó que el problema detectado en dicha etapa tiene como causa principal la actuación irregular de parte de los comités de selección. Bajo ese contexto, el desafío de innovación se traduce en la siguiente pregunta ¿Cómo podemos reducir las actuaciones ineficientes e irregulares de los comités de selección en la etapa de admisión de ofertas para mejorar y hacer más transparentes, imparciales y eficientes los procedimientos de contratación pública en el Perú? Sobre el prototipo de innovación se trata de una nueva funcionalidad que se desarrollaría dentro del Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado – SEACE, de modo que sea el mismo proveedor del Estado quien registre la información -que actualmente se solicita declarar en los anexos de presentación obligatoria- en formularios electrónicos que mantengan el carácter de declaración jurada, y que al estar vinculados por la interoperabilidad a fuentes de información interna y externa, se alerte al proveedor cuando la información que está declarando no guarde relación con aquella que fue registrada en las mencionadas bases de datos, la cual fue validada por una serie de especialistas, a efectos de verificar su deseabilidad, factibilidad y viabilidad. / This innovation project proposes a change in the way in which the bid admission phase is currently being developed in public procurement procedures in Peru, because after reviewing and analyzing the evidence that supports this project was determinated that the problem detected in that phase is main caused by the irregularity of the acts of the selection committees. In this context, the innovation challenge translates into the next question: How can we reduce the irregular actions of selection committees at the bid admission phase to improve and make them more transparent, impartial and efficient public procurement procedures in Peru? About the innovation prototype it is a new functionality that would be developed within the Electronic System of State Procurement – SEACE, so that it is the same state provider who records the information that is currently requested to declare in the annexes of mandatory presentation in electronic forms that maintain the character of affidavit, and that being linked by interoperability to internal and external information sources, the provider is alerted when the information that is being declared is not related to that which was registered in the aforementioned databases., which was validated by a series of specialists, in order to verify its desire, feasibility and viability.

De acuerdo a nuestra Constitución -artículos 43° y 3° (Congreso, 1993)- tenemos un Estado Social y Democrático de Derecho. Tal definición no sólo reconoce la sujeción del Estado al derecho, al carácter democrático y contenido social, sino que aquellas etiquetas son verdaderos principios fundamentales que guían todo el ordenamiento. El basamento es la relación del principio “democrático” con el valor “pluralismo político”, la del principio “Estado de Derecho” con el valor “libertad” y la del principio “Estado Social” con el valor “igualdad”” (PAREJO A. L., 1983, pág. 65). De este modo, será el Estado de derecho el que se encargue de orientar (artículo 58° de la Constitución) las actuaciones debidas para el desarrollo; y, el Estado Social, el que propugne la igualdad en términos de creación de condiciones que permitan el desarrollo individual de las personas – pues ellas son el fin último-. En esa lógica, la historia prueba que el Estado ha incrementado sus funciones, pasando a ser, principalmente, las de policía en el marco de la emergencia Estado Liberal a otras como las de fomento, prestacionales, contractuales, sancionadoras, normativas y de solución de controversias. Esto, más que una suma, es una evolución en el desarrollo de sus funciones, de la opción de nuevos medios para poder tutelar mejor los mismos fines en virtud de la ductilidad del Derecho que es capaz de dar respuesta a los nuevos retos que la realidad -en cuanto desarrollo de factores sociales, históricos, científicos y tecnológicos- que se nos presentan.

El presente trabajo ha sido elaborado en atención a que el uso de las redes sociales por parte de la Administración Pública contribuye el Buen Gobierno; dado que, permite impulsar la transparencia y brindar mayor legitimidad a las instituciones y funcionarios que la conforman. Asimismo, está relacionada con la rendición de cuentas y su fomento para una mayor participación de la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones, en el que las redessocialessirven como foro público digital para que se genere un acercamiento entre Estado y ciudadano. Sin embargo, la falta de regulación en el uso de redes sociales por parte de la Administración Pública conlleva a que se generen determinados riesgos, como es el caso en que, un servidor público utiliza su red social personal para compartir información relacionada con el ejercicio de sus funciones, generando un desorden y decantando en vulneración a derechos fundamentales; tales como, los derechos a libertad de información y expresión. Por otro lado, cómo en situaciones de emergencia, similar a la que estamos enfrentando a consecuencia de una pandemia, tanto las instituciones públicas y los funcionarios han recurrido al uso de las redes sociales, a efectos de publicar información sobre asuntos de interés público, con la finalidad de que la población conozca en tiempo real, el actuar de la administración pública y los diversos funcionarios que la representan. En consecuencia, debido al auge e incremento de las actividades por parte de la Administración Pública en las redes sociales, en el presente trabajo se plantea establecer su regulación y desarrollo de políticas que permitirán estandarizar la actuación de todas las entidades del Estado; así como, de los funcionarios públicos que la conforman.