Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente memoria tiene por objeto determinar la subsunción de una acción determinada, constitutiva eventualmente del delito de cohecho, respecto de aquellos funcionarios a los cuales se les ha atribuido una potestad discrecional. Determinar dicho alcance reviste mayor interés para el caso de cohecho agravado, puesto que el tipo penal exige que el funcionario público haya infringido un deber propio de su cargo, situación que se dificulta aún más cuando el funcionario detenta facultades discrecionales, pues cada decisión que concrete se encontrará amparada íntegramente por nuestro ordenamiento jurídico, de tal modo que difícilmente infringirá un deber propio de su cargo. Por tanto, el objetivo principal es esclarecer el análisis dogmático que orienta la determinación de si en un caso concreto, el intraneus infringió efectivamente algún deber propio de su cargo, ello considerando particularmente las normas que regulan y coadyuvan el proceso en virtud del cual el funcionario público toma una decisión relevante. Se analizará en este marco la figura básica de cohecho y la determinación sobre posibles dificultades dogmáticas en la aplicación de este delito a aquellos funcionarios públicos que detenten facultades discrecionales en el desempeño de sus funciones. Luego, el análisis se centrará en la figura agravada de cohecho, de igual modo, la respectiva aplicación de este tipo penal al ejercicio de facultades de carácter discrecional con las que cuentan determinados funcionarios de la Administración Pública.

Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales / La liberalización y la privatización de la economía ha significado la ampliación de los márgenes de libertad de los particulares y el impulso al Estado para redefinir su rol en este nuevo contexto. Debido a esto, aquellos órganos que realizan actividades regulatorias y fiscalizadoras, han sido dotados de una serie de potestades, dentro de las cuales se encuentra interpretar administrativamente la ley como mecanismo de regulación, control y vigilancia. La vinculación entre la facultad de interpretar y la de fiscalizar permite conocer la forma en que el fiscalizador entiende la ley le permite no exponerse a un incumplimiento de ésta. Esto también les da la seguridad de que están actuando de acuerdo con la Legislación. La finalidad del órgano administrativo permite —en ciertos casos donde el sentido de la ley no es especialmente claro— llevar a cabo interpretaciones que tengan un efecto acorde con los propósitos con los que el legislador mandata al órgano administrativo. Esta función debe ser ejercida mediante un acto administrativo destinado a interpretar las leyes o reglamentos; por tanto, su realización debe provenir de un procedimiento administrativo que, según los principios que lo guían, produzca un acto administrativo terminal. Este acto consiste en el apropiado entendimiento con que el servicio público juzga el sentido que le dio el legislador a determinada norma que se encuentra dentro del ámbito de su potestad.

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Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / 09/06/2018