He tenido la suerte de conocer el mundo del arbitraje desde mis inicios en la práctica del Derecho, desde mis segundas prácticas pre profesionales en 2008 empecé a trazar un camino constante en el conocimiento del derecho de arbitraje a través del cual he podido seguir de cerca un fenómeno que por ese entonces estaba en plena ebullición, este fenómeno era el referido al control constitucional de los laudos arbitrales a través del amparo constitucional. Y es que el auge arbitral que se ha desplegado en nuestra realidad jurídica y económica,particularmente al ser usado para la solución de controversias comerciales, desde 1996, año de entrada en vigencia de la Ley General de Arbitraje, hicieron que la parte que perdía el arbitraje en algunas situaciones intente revertir esta situación por todos los medios que el derecho le ofrecía, incluido el amparo constitucional. Lo interesante de este asunto es que, conforme se verá a lo largo de esta tesis, la posibilidad de aceptar el cuestionamiento de un laudo vía amparo variará radicalmente dependiendo de la teoría sobre la naturaleza jurídica del arbitraje a la que nos acojamos, es decir dependiendo si somos partidarios de la teoría contractual o jurisdiccional

El artículo 25 del Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados de 1965 (Convenio de Washington) establece que uno de los requisitos para acceder a la jurisdicción del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) es que se constate la existencia de una diferencia de naturaleza jurídica que surja directamente de una inversión. Sin embargo, la ausencia de una definición del término “inversión” en el Convenio de Washington ha propiciado que los tribunales arbitrales adopten distintas líneas de interpretación respecto al sentido y alcance de dicho término, generando incertidumbre jurídica en los arbitrajes internacionales de inversión. En este contexto, algunos tribunales arbitrales constituidos en el marco del CIADI han considerado que la contribución al desarrollo económico del Estado receptor de la inversión, como parte del denominado “Test Salini”, constituye uno de los elementos para determinar la existencia de una inversión. No obstante, al no contar con un alcance delimitado, el concepto de “contribución al desarrollo económico” se ha convertido en uno de los asuntos más controversiales en los arbitrajes seguidos ante el CIADI. La experiencia de los Estados en arbitrajes internacionales de inversión, sumado a la necesidad de impulsar políticas de desarrollo a través de la promoción de la inversión extranjera, ha dado lugar a que se planteen reformas en el régimen internacional de promoción y protección de las inversiones a fin de contar con mayores herramientas que generen una inversión que beneficie a todos los interesados. Un problema adicional, en ese sentido, gira en torno a la necesidad de encontrar alternativas en la elaboración de los acuerdos internacionales de inversión que permitan armonizar la promoción y protección de las inversiones con la contribución de las mismas al desarrollo de los Estados receptores de la inversión.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento

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(Magíster en derecho con mención en derecho internacional, inversiones, comercio y arbitraje)

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

The public service has been, traditionally, a domestic concept of the Administrative Law. However, as a consequence of globalization, the public service regulation by the Administration is also subject to the Global Administrative Law, specifically in the context of the international investment arbitration. / El servicio público ha sido, tradicionalmente, un concepto propio del derecho administrativo doméstico. Sin embargo, como consecuencia de la globalización, la regulación del servicio público, como manifestación de la actividad administrativa, pasa a estar regida también por el derecho administrativo global, especialmente, en el contexto del arbitraje internacional de inversiones.

Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales / El objetivo primordial de este estudio es tratar de entender en la práctica una de las formas en que puede defenderse un inversionista extranjero que ve vulnerada su inversión en un país extranjero, para lo cual debe primeramente determinar si el Estado que ha vulnerado su inversión ha otorgado consentimiento al CIADI para que conozca de este conflicto. Así determinar cuándo un Estado ha otorgado su consentimiento a la jurisdicción del CIADI, se transforma en la base para poder recurrir al Centro y las variadas formas en las que puede ser otorgado este consentimiento, en una multiplicidad de posibilidades. Ahora bien, me interesa también determinar quién y respecto de qué controversias se puede recurrir al Centro y la forma en que se han definido estas cuestiones en los fallos de casos concretos conocidos por estos Tribunales Arbitrales.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El presente trabajo se enmarca en una investigación exhaustiva de la jurisprudencia relativa a inversión extranjera directa en la cual ha existido participación del Estado de Chile y/o nacionales chilenos, y que haya sido llevada ante el Tribunal Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial. A lo largo de éstas páginas se analizaran los procedimientos ligados a Chile extensamente, haciendo hincapié en las discusiones doctrinarias relevantes emanadas de la jurisprudencia arbitral. De dicho análisis se evidenciarán las fortalezas y debilidades del sistema de arbitraje Inversionista-Estado conocido como el CIADI para finalizar con la opinión de los autores de cómo mejorar el sistema actual.

Tesis (para optar al grado de Magíster en derecho, mención en contratación comparada e internacional) / La hipótesis que servirá como guía para este trabajo es que la ejecución de los laudos anulados, es de carácter excepcional y que esta solo procede cuando se verifican determinadas condiciones, como por ejemplo la ausencia de un tribunal nacional imparcial e independiente que conozca de la nulidad. El trabajo se ha organizado en cinco capítulos. En el primer capítulo se analizará la acción de nulidad como también la procedencia y posible renuncia de los recursos, con el fin de revisar como los principales Estados regulan la materia. En el segundo capítulo se analizarán conceptos básicos para la etapa de ejecución y reconocimiento tales como jurisdicción primaria, secundaria, lex arbitri, para luego analizar cuál es el vínculo que tiene el laudo con la legislación de la sede del arbitraje. El capítulo tercero se dedicará exclusivamente al análisis de la jurisprudencia comparada acerca de la materia, analizando un total de diez casos relevantes para la comprensión de los 6 argumentos esgrimidos por los tribunales para permitir la ejecución de laudos que han sido previamente anulados en la sede del arbitraje. El cuarto capítulo abordará la situación en el ordenamiento jurídico chileno. El último capítulo plantea algunas observaciones finales. Finalmente, debo expresar mi agradecimiento a dos personas que colaboraron en el desarrollo de este trabajo. Al abogado José María Eyzaguirre García de la Huerta, quien tuvo la amabilidad de recibirme permitiéndome tener una interesante entrevista que me ayudó a clarificar algunos aspectos de los temas que he tratado. A mi profesora guía, agradezco la lectura a borradores de este texto que fueron importantes para la ordenación final de las partes del documento y, sobre todo, sus sugerencias para hacer más claros algunos argumentos