Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / En un mundo globalizado en el que las relaciones comerciales internacionales han aumentado de manera considerable, cobra gran importancia el arbitraje comercial internacional, por los beneficios que éste representa para las partes contratantes a la hora de resolver un eventual conflicto. Teniendo presente la dificultad que representa para las partes el hecho de pertenecer a distintos Estados, con leyes y principios divergentes, el arbitraje comercial internacional parece ser una buena alternativa para las partes, de contar con algunas certezas a la hora de enfrentarse a una posible controversia, evitando tener que someterse a una legislación y jurisdicción que puedan resultarles desconocidas. La Ley Modelo sobre Arbitraje Comercial Internacional es un fiel reflejo de este fenómeno, esta ley está formulada para ayudar a los Estados a reformar y modernizar sus leyes sobre el procedimiento arbitral a fin de que se tengan en cuenta los rasgos peculiares y las necesidades del comercio internacional. Se caracteriza por regular todas las etapas del arbitraje, desde el acuerdo de arbitraje, hasta el reconocimiento y la ejecución del laudo arbitral. En Chile se ha acogido esta idea con la dictación de la Ley 19.971, cuyas normas se orientan a adaptar y armonizar las reglas del comercio internacional, todo esto, con una gran flexibilidad procedimental. La decisión de Chile, demuestra una intención de unirse en la búsqueda de un consenso universal, con miras a un derecho comercial internacional más uniforme.

Tesis (magister en derecho internacional) / The recent globalized economy, and the substantial number of bilateral and multilateral agreements that have been signed, have become a constant incentive to foreign investors willing to invest in a host State. For its part, the host State is also concerned with investments, specifically with the restraint on its regulatory powers when it is in compliance with its treaties. Many countries today receive a great amount of foreign direct investment (FDI). It is this substantial level of FDI that is part of the source of the rapid development of countries we see these days. The idea of State expropriation is an act which is recognized in the international plane, which it is established pursuant the public interest and its requirements. The problem arises when the act does not regard a direct taking which is “more noticeable”, but appears certain conducts of the State disguised as “measure pursuant the public interest”, when actually is trying to control or deprive the investor form its peaceful enjoyment of its assets without the proper compensation. I will deal with the different concepts of expropriation, indirect expropriation in its different forms, such as regulatory takings, creeping expropriation, and measures tantamount to expropriation in order to establish how government’s measures take place and harm private owners. I will analyze the current treaties on investment, the principles that can be extracted in today’s BIT and Regional Agreements such as NAFTA, and the main problem of the lack of a concrete definition of expropriation, which today is saved by the principles of international customary law. Then I will analyze the denominator problem, which deals with the dilemma Courts face when determining the extent of damage to the property owner’s assets, which may regard a compensable act of expropriation, the way courts try to define the relevant parcel affected by the government’s measure, and if that harm amounts a damage to the investment, great enough to be compensable, or simply regards a burden, the investor must bear, in order for the State to fulfill the public interest. Finally I will analyze the recent jurisprudence regarding foreign investor claims against outright deprivations by the host State, and the evolution of the diverse concepts and principles extracted of those awards. To summarize I will establish when the State has the legitimacy to affect foreign private property, under what circumstances can do so, when privates have been affected in their property, in a way that entitles them to compensation for the harm caused by the State, when can we talk about expropriation or indirect expropriation of investment (affectation of property at its core and to its periphery), and finally what are the principles that can be extracted through the different treaties signed, the diverse concepts regarding indirect expropriation and of the recent jurisprudence on these muddied matters judges are somewhat reluctant to address in the international plane.

Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales / A lo largo de nuestro primer capítulo expondremos los elementos y características que le ha atribuido la doctrina internacional al concepto de orden público, continuando en nuestro segundo capítulo con el tratamiento y función que tiene el concepto de orden público en el ámbito del arbitraje comercial internacional a nivel comparado, distinguiéndolo de otros conceptos como es la arbitrabilidad, las tendencia conceptual que se han dado a su respecto, el rol que juega en el arbitraje comercial internacional y los factores que determinan dicho rol. Finalmente, en el tercer capítulo daremos a conocer el tratamiento doctrinario y jurisprudencial que ha tenido en general el orden público en Chile. Luego revisaremos críticamente el sistema de ejecución de sentencias extranjeras en nuestro país, vinculándolo con la función que debe tener el orden público en la Ley 19.971

Tesis (magíster, con mención en derecho internacional) / En este trabajo se analizó la factibilidad de creación de La Cámara Latinoamericana de Arbitraje, tomando para ello como base la regulación de tratados internacionales, legislaciones de algunos países latinoamericanos, los diversos reglamentos de los centros de arbitraje internacional más relevantes del mundo, así como las opiniones de diferentes autores, cumpliéndose de esta manera con los objetivos planteados al inicio de la investigación. La presente investigación es monográfica a nivel descriptivo, para lo cual se utilizó la técnica de análisis de contenido, análisis comparativo, inducción y síntesis, lo cual permitió hacer un análisis deductivo-inductivo que permitirá enfocar el tema de acuerdo a sus propios criterios, conceptualizaciones, conclusiones y recomendaciones, teniendo una apreciación general sobre el problema objeto de estudio. Con la realización de esta investigación se logró formular una propuesta para la creación de un organismo efectivo que permita administrar la resolución de conflictos en Latinoamérica, determinando que aunque existen diversos organismos de índole internacional de reconocida prestancia, estos no cumplen a cabalidad la función de ser medios idóneos para la solución de conflictos en la región, tampoco cumplen esta función los tribunales arbitrales regionales del MERCOSUR, lo que nos hace proponer la creación de una Cámara Latinoamericana de Arbitraje.

Memoria para optar al grado de licenciado en ciencias jurídicas y sociales / Esta investigación jurisprudencial surge a raíz de ciertas interrogantes planteadas por el denominado “Caso Clarín” (Víctor Pey Casado y Fundación Salvador Allende c. República de Chile). Específicamente, el objeto investigado alude a la decisión de postergar tomada por su Tribunal. Se pretende indagar qué argumentos ha esgrimido la jurisprudencia internacional en arbitraje sobre inversión al momento de posponer la resolución de una objeción jurisdiccional. En concreto, comprobar si es cierto que adjudicar en jurisdicción corresponde al ejercicio de una facultad primeramente preliminar, exponer además qué circunstancias se han invocado para desviarse de dicha regla y excepcionalmente realizar el examen pertinente junto con el fondo de la controversia Desde luego, el lenguaje del Artículo 41(2) del Convenio CIADI parece expresar cierta neutralidad, cuando faculta al Tribunal para determinar si ha de resolver en jurisdicción como “cuestión previa o conjuntamente con el fondo”. Sin embargo, este informe procura demostrar que, según jurisprudencia contemporánea al “Caso Clarín”, por regla general el aspecto jurisdiccional debe ser resuelto preliminarmente. Dicha afirmación tiene como justificación principal la tensión que existe entre posponer y el principio de consensualidad. De acuerdo con este último, las partes en conflicto arbitral pueden ser compelidas a litigar solo en la medida de su consentimiento, y en términos prácticos postergar supone una imposición arbitraria del proceso sobre la parte demandada. Se ha concluido que el carácter ambivalente de algunas defensas preliminares impide resolver en jurisdicción como cuestión previa. Circunstancia que, a su vez, se manifiesta a partir de hechos o argumentos legales sobre hechos con una doble pertinencia normativa. Que de modo simultáneo pueden ser referidos tanto al aspecto jurisdiccional como al fondo controvertido, de forma tal que una decisión al respecto supone una exposición del proceso al riesgo de prejuzgar la controversia / 31 mayo de 2020

En esta obra, el autor comparte los artículos periodísticos publicados en los recientes años respecto a las relaciones peruano-chilenas, principalmente aquellas relacionadas con el litigio ventilado en la Corte de La Haya. En ese sentido, ofrece una visión de la evolución de este camino. Además, incluye algunos debates con colegas chilenos que enriquecen mucho la reflexión.

Tesis (magíster en derecho con mención en derecho económico) / El presente trabajo analiza la incorporación de capitales que provienen de la comisión de delitos base de Lavado de Activos en la economía local, mediante mecanismos legales de inversión extranjera, y que se someten al régimen de protección del arbitraje internacional. Los referidos capitales pueden ser objeto de persecución penal por parte de los órganos nacionales con competencia en materia penal cuando exista evidencia de su origen ilícito, y el inversionista, sea persona natural o jurídica, puede interponer demandas ante los tribunales del CIADI para que el órgano arbitral se pronuncie acerca de las medidas adoptadas por el Estado anfitrión. Esta investigación indaga en las facultades que tiene los árbitros precisamente para analizar y en su caso ponderar el ejercicio de la acción penal pública por parte de las autoridades nacionales, cómo ello puede interferir en una inversión y qué efecto puede tener en el arbitraje. Palabras clave: inversión extranjera, lavado de activos, corrupción, arbitraje de inversiones, persecución penal

Este trabajo tiene el objetivo de analizar el laudo emitido en el caso CIADI ARB/10/24 a fin de determinar si existieron violaciones a los derechos invocados por el inversionista turco, IÇKALE İNŞAAT LIMITED ŞIRKETI, por parte de la República de Turkmenistán. Dicho análisis incluirá a los laudos más relevantes y vinculantes a Turquía y Turkmenistán en materia de inversión, a fin de consolidar una opinión jurídica integral de las decisiones de tribunales arbitrales sobre la interpretación del procedimiento de solución de controversias pactado en el artículo VII del Acuerdo de Promoción Recíproco y Protección de inversiones suscrito entre la República de Turquía y la República de Turkmenistán. Los instrumentos jurídicos internacionales utilizados para este trabajo han sido esencialmente la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, el Acuerdo de Promoción Recíproco y Protección de Inversiones suscrito entre la República de Turquía y la República de Turkmenistán, sin perjuicio de utilizar referencias a otros tratados y a laudos arbitrales de relevancia para el análisis del presente caso. Finalmente, sin perjuicio de ofrecer una respuesta al problema principal del caso, también se identificará cual es el impacto en las nuevas controversias internacionales de inversión en Turkmenistán y en otros arbitrajes de inversión; en particular, en el caso peruano

En las últimas décadas la fragmentación del Derecho Internacional ha tomado bastante relevancia debido a la creciente – aunque también alarmantecreación de tribunales internacionales producto de la proliferación de nuevos regímenes especializados. En tal sentido, este fenómeno llega a ser problemático a la hora de solucionar conflictos que involucran dos regímenes aparentemente contrapuestos. Esto se manifiesta en las controversias surgidas entre inversionistas extranjeros y Estados que comprenden la afectación de derechos humanos. En ese marco, el presente trabajo tiene como objetivo determinar soluciones con una aplicación integral del Derecho de las Inversiones y los Derechos Humanos para evitar le preferencia de un régimen sobre el otro. De esta manera, se buscará demostrar que la aplicación del principio de integración sistémica, el control de convencionalidad y la inclusión de obligaciones internas para las empresas son las herramientas más eficientes. Para ello, analizaremos una serie casos particulares que permitan evidenciar que, sin importar la escogencia de un régimen o regímenes sobre otros se hace necesaria una adecuada utilización de este principio por parte de los diversos tribunales internacionales. / In recent decades, the fragmentation of international law has become increasingly relevant due to the growing - albeit alarming - creation of international tribunals as a result of the proliferation of new specialized regimes. In this sense, this phenomenon becomes problematic when it comes to resolving conflicts involving two seemingly conflicting regimes. This manifests itself in disputes between foreign investors and states involving human rights. In this context, the aim of this paper is to determine solutions with a comprehensive application of investment law and human rights in order to avoid the preference of one regime over the other. In this way, it will seek to demonstrate that the application of the principle of systemic integration, the control of conventionality and the inclusion of domestic obligations for companies are the most efficient tools. In order to do so, we will analyze a series of particular cases that make it possible to demonstrate that, regardless of the choice of one regime or regimes over others, it is necessary for the various international tribunals to make appropriate use of this principle. / Trabajo académico

La controversia sobre la noción de inversión en el arbitraje de inversiones CIADI y su importancia en el caso peruano surgió a raíz del caso Duke. En este caso, como evaluaremos, Duke celebró con el Estado peruano un contrato –en adelante el CEJ DEI Bermuda- que incluía una cláusula arbitral CIADI y, además, una cláusula que establecía la inversión considerada por las partes. La controversia surgió debido a que el organismo competente de la recaudación fiscal en el Perú (SUNAT) impuso a Duke el pago de impuestos que, supuestamente, no fueron pagados por dicha empresa desde el año 1996 hasta el año 1999. El Estado peruano se opuso a la jurisdicción del tribunal arbitral CIADI alegando, entre otras razones, el incumplimiento del requisito ratione materia, según el cual las controversias evaluadas por el tribunal deben surgir directamente de una inversión. El Estado peruano señaló que no se cumplía con dicho requisito porque la única inversión relevante para la jurisdicción del tribunal arbitral CIADI constituía lo indicado por las partes en el CEJ DEI Bermuda, el cual señalaba como inversión el aporte de capital realizado por DEI Bermuda en DEI Perú Holdings. En ese sentido, las controversias planteadas –las cuales tenían relación con la inversión efectuada por Duke de manera indirecta en DEI Egenor- no podían surgir del CEJ DEI Bermuda y, por ende, no resultaban cubiertas por el convenio arbitral incluido en dicho CEJ. Duke argumentó, por su parte, que cuando el Estado peruano suscribió el CEJ DEI Bermuda aceptó resolver cualquier controversia relacionada con la inversión efectuada por Duke en DEI Egenor a través del arbitraje de inversiones CIADI. El tribunal arbitral desestimó la excepción planteada por el Estado peruano en contra de su jurisdicción porque señaló que la inversión considerada por las partes al celebrar el CEJ DEI Bermuda no se limitaba a lo establecido en dicho CEJ, sino que involucraba a todas las operaciones contractuales celebradas por Duke con el fin de adquirir las acciones en DEI Egenor. Asimismo, indicó que la cláusula arbitral CIADI era lo suficientemente amplia que comprendía a todas las controversias que tuvieran relación con el incumplimiento del CEJ DEI Bermuda. Además, las controversias planteadas estaban relacionadas al incumplimiento de dicho CEJ. Este punto de la decisión emitida por el tribunal arbitral, luego, fue contradicho por el Estado peruano ante un Comité de Anulación. Este Comité también desestimó los argumentos planteados por el Estado