Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En esta investigación se examinan, desde una perspectiva crítica y analítica, algunas disposiciones vigentes del Código Penal chileno que envuelven consideraciones de género, que han dado origen a diversas posiciones doctrinarias en torno a la posibilidad de que la mujer sea sujeto activo de los mismos. Se analiza en profundidad el caso del delito de femicidio en nuestro ordenamiento, para llegar a afirmar que la redacción escogida por el legislador deja abierta la puerta para sostener que una mujer puede cometer el delito de femicidio en contra de su pareja del mismo sexo. Al efecto, se revisan algunos ejemplos en Derecho comparado, en que se utilizaron modelos diferentes al nacional, que dan lugar a interpretaciones disímiles sobre el particular. Lo anterior adquiere relevancia respecto del Acuerdo de Unión Civil, donde se expone nuestra opinión respecto a la aplicación del delito de femicidio para las convivientes civiles del mismo sexo. Además del delito de femicidio, se analizan otros delitos de nuestro Código punitivo de carácter sexual, específicamente los delitos de violación (artículo 361) estupro (artículo 362) y sodomía (artículo 365), en que existe discusión a nivel doctrinario respecto de admitir o no a la mujer como posible sujeto activo de los mismos. Tras aquello, se fundamenta nuestra postura en cada caso.

Tesis (magíster en derecho internacional, inversiones y comercio) / Article 56 of China’s Anti-dumping Regulation provides that China may adopt corresponding measures whenever another country discriminatorily imposes anti-dumping measures against imports originating in the People’s Republic of China. This retaliatory language, which dates back to Article 40 of China’s Old Regulations, makes China special since there is no other country’s anti-dumping regulation making such an explicit retaliatory message. AlthoughChinahas not invokedArticle 56 inany of itsanti-dumping investigations,retaliationhas been put inpractice.An example isthe Fasteners Case. By doing an analysis at the light of the WTO Agreements, this thesis concludes that Article 56 is inconsistent with article 23.1 of the Dispute Settlement Understanding, article 18.1 of the Anti-dumping Agreement and Articles I:1 and X:3 lit. (a) of the GATT 1994

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El objeto del presente trabajo consiste en determinar la naturaleza jurídica del control de identidad del artículo 85 del Código Procesal Penal, en otras palabras, comprender cuál es la finalidad que cumple dicha institución en el ordenamiento jurídico. Para ello, realizamos un estudio pormenorizado de las modificaciones legales que ha presentado la normativa y los motivos del legislador para realizar dichos cambios en tan poco tiempo. En segundo lugar, para la mejor comprensión de la institución, recurriremos a los conceptos elaborados por la doctrina, haciendo una revisión general de los aspectos del procedimiento del control de identidad, desde sus supuestos habilitantes hasta el término del procedimiento. Enseguida, para lograr nuestro objetivo y acercarnos a las posibles finalidades de la norma, analizaremos las opiniones de la doctrina, la legislación comparada y la jurisprudencia. De lo anterior, advertiremos tres distintas finalidades de la figura: cautelar, investigativa o preventiva. Para determinar cuál de las finalidades descritas es preponderante en la norma, realizaremos un estudio detallado de la figura, contrastándola con su ubicación dentro del Código Procesal Penal, cada uno de los supuestos que autorizan a solicitar la identificación del sujeto, las medidas que faculta la institución, como el registro, cotejo de órdenes de detención pendiente; y las reformas efectuadas por la ley. Esto nos permitirá comprender a cabalidad el sentido y alcance de la figura. Por último, analizaremos las ideas centrales del proyecto de ley del año 2003 que establecía un nuevo control de identidad de carácter preventivo. Finalizando con el estudio y críticas de las reformas efectuadas por la ley 20.931 al artículo 85 Código Procesal Penal y la implementación de una nueva figura, denominada “control de identidad preventivo”.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El trabajo penitenciario chileno, esto es, aquel que se desarrolla al interior de las cárceles de nuestro país, no ha sido objeto de un análisis jurídico sistemático y acabado. Pese a existir un reglamento que, en principio, debe normar los aspectos más relevantes de este, aún existe incertidumbre sobre el tipo de labores que son realizadas por los internos, en qué consisten y cuál es su calificación jurídica. Por ello, el objetivo de esta investigación es analizar específicamente tres modalidades de trabajo penitenciario o “actividades de formación”: mozos, artesanos y CET. Estas actividades serán estudiadas en conformidad a los criterios tradicionalmente usados para calificar una relación de tipo laboral: personalidad, voluntariedad, libertad, subordinación o dependencia y ajenidad. Una vez realizado esto, se concluirá si aquellas constituyen una relación de tipo laboral o si corresponde aplicar otro tipo. En atención a esto último se determinará el tratamiento jurídico que estas debieran tener, es decir, la normativa aplicable a estos casos.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La imposición de un Caudal Ecológico Mínimo (CEM) en el acto administrativo que autoriza el traslado del ejercicio de un derecho de aprovechamiento de Aguas (DAA) es un tema controvertido en instancias administrativas, judiciales y en la literatura doctrinaria de Derecho de Aguas. Sin embargo, no ha sido analizado desde una perspectiva del Derecho Público, lo que puede tener importantes consecuencias, tanto en la limitación de las facultades de la administración sectorial, concerniente al Derecho Administrativo; como en la efectiva protección del recurso natural, concerniente al Derecho Ambiental. El presente ensayo explora el tratamiento sobre el Caudal Ecológico Mínimo que ha hecho la literatura ambiental y sectorial en Chile, así como la aplicación que se le ha dado por la Dirección General de Aguas. En este trabajo argumentamos tres cosas, en primer lugar, que la interpretación amplia del dispositivo que ha hecho la Dirección General de Aguas (DGA) en favor de asignar un CEM a los DAA, ante un traslado de su ejercicio, no se condice con la literalidad del artículo 129 bis 1 del Código de Aguas; en segundo lugar, que siendo acertado el intento de la administración por dejar el tenor literal de la disposición legal por una interpretación que sea coherente con el sistema (maximizando la aplicación del dispositivo en consideración al deber constitucional del organismo, sobre la protección de los recursos naturales y medio ambiente), tal solución falla al contradecir una serie de normas elementales para la disciplina; por este motivo y en tercer lugar, proponemos una interpretación alternativa, que permite mediante la legítima aplicación de las potestades implícitas otorgadas por la propia normativa sectorial y ambiental vigente, arribar a un resultado que haga efectiva la conservación del recurso, sin renunciar a la coherencia dogmática de las instituciones del Derecho de Agua.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo tiene por objeto reflexionar en torno a la naturaleza, características y aplicación práctica de la facultad jurisdiccional que incorporó a nuestra legislación procedimental laboral el actual artículo 492 del Código del Trabajo, denominada doctrinariamente “Tutela Anticipada” o “Anticipatoria”. La hipótesis normativa, constituida por una parte por el atentado grave a las garantías fundamentales que el sistema general de los Derechos Fundamentales custodia, en los hechos, permite poner fin al conflicto planteado en su dimensión tutelar, sin audiencia e incluso oficiosamente y sin la procedencia de impugnación alguna, lo que podemos reconocer como Tutela Anticipatoria. La inclusión de la norma del artículo 492 ha sido, criticada por la Doctrina aduciéndose que, principalmente, su aplicación plantea pugna con aquellas normas adjetivas básicas, a propósito del debido proceso y de orden constitucional. Se concluye la pertinencia de su inclusión en la Ley Procesal Laboral, como un “procedimiento especialísimo” que tiene por objeto la cautela inmediata de derechos fundamentales, frente a una lesión especialmente grave, a través de la suspensión de los efectos del acto impugnado y/o denunciado, lo cual, si bien a primera vista colisiona formalmente con el debido proceso, veremos, éste ha debido imponerse dada la relevancia de los bienes jurídicos que pretende tutelar. Finalmente, debemos incluir igualmente las nociones relativas al acceso provisorio o provisional de la demanda en el procedimiento Monitorio, pues toca tangencialmente el aspecto central, precisamente en cuanto su anticipatoriedad, pero que sin embargo se justifica en la economía procesal y no -de modo centralen su función esencialmente cautelar. / 03/04/2018

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El siguiente trabajo de investigación analiza el artículo 195bis de la Ley del Tránsito, introducido por la ley Emilia (2014). Este artículo incorpora un nuevo delito; la negativa injustificada a someterse a exámenes corporales y otras pruebas científicas con el objeto de determinar la presencia de alcohol y sustancias sicotrópicas o estupefacientes en el organismo. El objeto de este análisis es determinar si este artículo contraviene a ciertos principios constitucionales como la garantía de no autoincriminación, y también si está en concordancia con los principios básicos del derecho penal como lo es la responsabilidad, culpabilidad y causalidad, detectar si presenta problemas en este análisis y plantear una solución al respecto. Para esto, primero analizare el artículo en cuestión, identificando inquietudes que se puedan presentar; luego revisare la concordancia del artículo con el principio de no autoincriminación y; por último, analizare la concordancia de este artículo con principios relevantes del derecho penal chileno.

Tesis (magíster en derecho penal) / Actividad Formativa Equivalente a Tesis (AFET) / La presente investigación propone un análisis de los tipos penales del inciso 1º y 2º del artículo 288 bis de nuestro Código Penal, especialmente en atención al elemento de la -—ausencia de—justificación razonable, contenida en el inciso 2º del citado artículo; delito que ha sido objeto de casi nulo análisis por la doctrina y la jurisprudencia. Así, se analiza el sentido, alcance y consecuencias jurídico penales de esta expresión, exponiendo las distintas posiciones que existen al respecto y sus consecuencias dogmáticas en el ámbito penal, en el sentido de intentar establecer si se trata de un requisito del tipo objetivo, una causal de justificación, una condición objetiva de punibilidad o bien un requisito de procesabilidad, expresando así nuestra postura al respecto, según la cual estamos en presencia de una auténtica causal de justificación y no en presencia de las otras alternativas enunciadas, refiriendo las razones que esgrimimos para adoptar tal posición y las consecuencias jurídico penales que de ello se derivan. También nos adentramos en nuestra investigación en la aplicabilidad —o no— de esta causal de justificación a la hipótesis del inciso 1º del artículo 288 bis del Código Penal; respecto del lugar, momento y cómo debe proporcionarse esta justificación razonable; el eventual conflicto que, en principio, pudiera existir y presentarse entre el derecho a guardar silencio y esta justificación razonable que, a nuestro juicio, siempre será de cargo de la defensa probar; revisando, por último, el escaso tratamiento que le ha dado la jurisprudencia a este delito.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)