En el presente trabajo se analiza el tema relacionado a la imprescriptibilidad de los bienes de dominio privado del Estado, tema de especial interés porque constituye un mecanismo de protección de la propiedad inmueble estatal, de tal manera que busca cautelar dichos bienes por medio de una ley que los declare como tal; sin embargo, para la mayoría doctrinal la ley que establece la imprescriptibilidad debe ser declarada inconstitucional, debido a que contraviene el texto fundamental y derechos allí reconocidos. En ese sentido, esta investigación tiene como principal objetivo determinar la constitucionalidad o no de la ley, en base a análisis de argumentos doctrinarios, interpretación de las normas que se ven involucradas y de datos estadísticos que coadyuvarán a precisar que tan importante resulta establecer dispositivos legales que resguarden los bienes estatales.

El análisis legal en relación al procedimiento administrativo de la habilitación urbana recobra una mayor importancia a raíz del desarrollo inmobiliario en el país. En lo referido al tema de la habilitación urbana, uno de los principales problemas es el incumplimiento de los procedimientos administrativos regulares que impone la ley, lo que trae como consecuencia la existencia de áreas que actualmente son utilizadas para fines urbanos, a pesar de que dichas áreas son calificadas como áreas de uso rural. El objetivo principal de este trabajo es conocer qué es lo que regula la normativa peruana sobre el tema de las habilitaciones urbanas ejecutadas, para así poder demostrar que algunas figuras legales como la “Redención” (entendida como la alternativa que sustituye a la obligación de realizar “Aportes Reglamentarios”) impacta en nuestra realidad urbanística, específicamente en la reducción de los espacios públicos. La conclusión general del presente trabajo es que ordenamiento jurídico peruano en su vertiente urbanística es bastante permisible cuando se trata hacer respetar los espacios públicos y/o áreas de uso público que se requieren para atender las necesidades de una urbe, debido a que se deja en manos de los particulares la decisión de si realizar o no los aportes reglamentarios.

El derecho regula la vida en sociedad y esta incluye el eficiente aprovechamiento de la propiedad; así, para la adecuada protección de esta, es necesario una regulación que trasmita predictibilidad y otorgue seguridad jurídica; es decir, una en la que todos los particulares sepan claramente cuándo ostentan la condición de propietario y cómo conservarla. Al respecto, la figura jurídica de la reversión convierte al derecho de propiedad en una situación condicionada o expectante: por un lado, se considera propietario al adquirente; pero por otro, permite al Estado regresar el predio a su propio dominio en cualquier momento, incluso cuando el supuesto para la reversión se haya cumplido muchos años antes de la decisión administrativa e incluso cuando dicho supuesto ni siquiera consta inscrito en el Registro. Advertida dicha incertidumbre y contrapuesta a la necesidad de los particulares y los operadores del derecho de tener una respuesta clara, el presente trabajo académico analiza la figura jurídica de la reversión desde las perspectivas del derecho civil, público y registral, con la finalidad de definir su naturaleza jurídica, compararla con otras instituciones como la prescripción adquisitiva y establecer si nuestro actual ordenamiento jurídico cuenta o no con un plazo perentorio para que el Estado declare la reversión y con ello establezca, a través del paso del tiempo, una herramienta de predictibilidad. Finalmente, terminado aquel desarrollo, se concluye que nuestro ordenamiento jurídico no establece dicho plazo, pero que el mismo es necesario para un adecuado y eficiente aprovechamiento de la propiedad.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente memoria tiene por objeto estudiar los aspectos centrales de la institucionalidad chilena vinculada con las aguas, con el fin de identificar las principales dificultades y falencias que, en nuestro sistema de gestión de recursos hídricos, deben ser abordadas para mejorar la administración de este recurso natural. Para lo anterior, en primer lugar, se revisará el estatuto jurídico del agua en su calidad de bien nacional de uso público, lo que permitirá comprender la relación existente entre las aguas y la institucionalidad que las gestiona. En segundo lugar, se estudiarán los aspectos centrales de la regulación de las aguas como bienes nacionales de uso público, lo que nos permitirá sentar las bases para entender a continuación el régimen jurídico especial al que se encuentran sometidas, y el rol que le corresponde desempeñar a la institucionalidad pública en su gestión. En tercer lugar, se analizará la situación de las aguas en el derecho comparado, estudiando con este fin la experiencia de Francia, España, Estados Unidos, Israel, Uruguay y Argentina. Se mostrará la realidad de estos seis países en la materia, a partir del análisis respecto de cada uno de ellos de una serie de variables comparables. En cuarto lugar, se revisarán los distintos actores públicos y privados que componen la institucionalidad vinculada con el agua en Chile. En quinto lugar, se estudiará en detalle el principal organismo público en materia de gestión de recursos hídricos en nuestro país, es decir la Dirección General de Aguas. Para terminar, se presentará un conjunto de consideraciones finales relacionadas con las principales dificultades de nuestra institucionalidad en la materia, los esfuerzos recientemente emprendidos y los desafíos pendientes.

Con esta investigación hemos pretendido contribuir al reconocimiento de la multifuncionalidad de la agricultura, defendiendo una actividad que desempeña una función económica, a la vez que otras funciones relativas la protección del medio ambiente y del paisaje, a la conservación del patrimonio cultural, a la mejora de los aspectos de equilibrio social, así como la posibilidad de proveer servicios recreativos. Estas funciones generan bienes y servicios que no tienen mercado, pero para los que existe una demanda social. De acuerdo con los objetivos planteados para este trabajo de investigación se ha desarrollado una aproximación descriptiva de la multifuncionalidad de la agricultura, como marco teórico para el desarrollo posterior de análisis de la demanda de los bienes y servicios que pueden proveer los sistemas agrarios, y las funciones que pueden desempeñar, así como para la determinación de una función de utilidad, que guíe la definición de las políticas de intervención. El esquema se ha aplicado al caso concreto de la Huerta de Valencia, que es un sistema agrario de gran riqueza y con gran variedad de recursos, sobre el que hay abierto un debate político-institucional para definir un régimen de protección. Se ha podido establecer las funciones y los bienes y servicios que provee este espacio agrario, base del análisis de la demanda social de estos bienes y servicios y de la determinación de una función de utilidad. La estimación de las preferencias sociales por las funciones que desarrolla la Huerta, se ha realizado mediante metodologías de análisis multicriterio, y más concretamente el Analytic Hierarchy Process (AHP) para valorar las prioridades sociales e interpretarlas en términos de utilidad, y de demanda social, para integrarlas en las decisiones de políticas encaminadas a la promoción de aquellas funciones de los sistemas agrarios con los que se maximizaría la utilidad del mismo. / Marqués Pérez, I. (2013). Valoración de los bienes y servicios que presta la agricultura. Aplicación al sistema agrario de la huerta de valencia [Tesis doctoral no publicada]. Universitat Politècnica de València. https://doi.org/10.4995/Thesis/10251/33102 / TESIS

En las dos últimas décadas se aprobaron diversas reformas legislativas para facilitar la expropiación de terrenos destinados al desarrollo de proyectos de infraestructura pública; lo cual ha formado parte del esfuerzo del Estado peruano para atraer la inversión privada con la finalidad de ampliar la provisión de servicios públicos. Sin embargo, y pese a las reformas legales ocurridas durante este periodo, la actual regulación de la expropiación sigue siendo considerada como inadecuada o insuficiente para lograr que el Estado cumpla oportunamente sus obligaciones contractuales relacionadas con la entrega de terrenos para la construcción de infraestructura pública; al mismo tiempo, esta regulación también es cuestionada debido a que vulneraría algunas garantías constitucionales de la propiedad. La inadecuada regulación de la expropiación tiene efectos negativos en la seguridad jurídica que necesitan las personas y las empresas para tomar decisiones de inversión respecto a bienes inmuebles –las cuales generalmente son costosas y de largo plazo–, sin el riesgo de que su patrimonio sea afectado por la imposición de limitaciones excesivas o por su transferencia forzosa mediante procedimientos arbitrarios y que no garantizan un pago apropiado por la propiedad expropiada. Por ello, esta investigación analiza los problemas de la regulación de la expropiación desde la perspectiva de los aspectos institucionales y el proceso a través del cual el Estado adopta decisiones en esta materia. Este análisis se realiza aplicando la perspectiva del análisis económico, concretamente desde la teoría de la elección pública. En ese sentido, esta investigación postula que las decisiones que adopta el Estado en materia de expropiación son el producto de un proceso en el cual participan distintos agentes con diferentes objetivos. Por lo tanto, las debilidades de la estructura institucional en la cual se desenvuelve dicho proceso podrían explicar el porqué de la aprobación de diversas reformas de baja calidad, poca coherencia y limitada duración.

El trabajo aborda la problemática en torno al tratamiento que da el artículo 7 de la ley 24656, “ley general de comunidades campesinas”, en sostiene la inembargabilidad de la propiedad del territorio comunal. Se propone una analisis desde una perspectiva historica y de estanadres interamericanos sobre la propiedad comunal, para al final hacer una breve conclusión de porqué se trataria de una medida con un corte paternalista, y de paso, la implicancia que esta medida tiene con las comunidades campesinas, quienes se ven privadas de acceder a los sistemas bancarios y crediticios, debido a que no pueden contar con su mayor activo como garantía de los prestamos. En ese sentido, tambien se hace una recopilación de sentencias de la corte interamericana sobre la propiedad comunal e indígena, y se plantean los estanadares actuales de derechos humanos sobre el mencionado derecho. De la misma manera, se plantea y se desarrolla brevemente el concepto del paternalismo “fuerte” y el paternalismo “libertario”, para de esta manera, pasar al analisis concreto del artículo en cuestión y plantear sugerencias y las conclusiones de la formulación del mismo. / The paper deals with the problem of the treatment given by article 7 of law 24656, "general law of peasant communities", in support of the unseizability of the communal territory property. An analysis is proposed from a historical perspective and from the perspective of inter-American standards on communal property, in order to make a brief conclusion as to why it is a paternalistic measure, and the implications that this measure has on the peasant communities, who are deprived of access to the banking and credit systems, because they cannot count on their greatest asset as collateral for loans. In this sense, a compilation of judgments of the Inter-American Court on communal and indigenous property is also made, and the current human rights standards on this right are discussed. In the same way, the concept of "strong" paternalism and "libertarian" paternalism is presented and briefly developed, in order to move on to the concrete analysis of the article in question and to present suggestions and conclusions of its formulation. / Trabajo académico

Es de suma importancia conocer el régimen jurídico de los bienes del Estado, específicamente los que son denominados bienes de dominio público, dado que cumplen una función muy importante en el Estado, como la de brindar un servicio a la población, en temas de salud (hospitales), educación (colegios), seguridad (comisarias), recreación (parques), transporte (carreteras), entre otros. A fin de optimizar y mejorar la administración de los bienes de dominio público del Estado a través del Ministerio de Vivienda, promulgó el nuevo Reglamento de la Ley N° 29151 - Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, la misma que suscribe y reafirma el Decreto Legislativo N° 1439 - Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento , ley que divide y clasifica la regulación aplicable a los predios e inmuebles estatales, asimismo a los organismos competentes : Superintendencia de Bienes Estatales (SBN) y la Dirección General de Abastecimiento (DGA). Es en ese panorama, que en el presente artículo pretendemos exponer los argumentos a favor y en contra del nuevo Reglamento de la Ley N° 2915, enfatizándonos en los bienes de Dominio Público de la Policía Nacional del Perú.

El presente trabajo se encuentra enfocado en cuestionar una resolución emitida por el Tribunal Registral, la cual tiene como objeto de análisis una solicitud de anotación preventiva de inmatriculación y/o independización de un inmueble de dominio público a favor de la Municipalidad Distrital de Barranco1 (en adelante, “El Municipio”), en mérito al procedimiento especial de saneamiento físico legal de predios estatales, regulado por el Decreto Supremo N° 019-2019-VIVIENDA, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales y modificatorias (en adelante, “Ley SBN”), así como en sus normas complementarias; respecto al inmueble de dominio público denominado Mercado, ubicado en el cruce de Jr. Carlos Arrieta y Jirón Jaén, distrito de Barranco, provincia y departamento de Lima, inscrito parcialmente en el Tomo 157, Fojas 141, que continúa en la Partida Electrónica N° 07019680 del Registro de Propiedad Inmueble de Lima (en adelante, “El Inmueble”). La solicitud de El Municipio respecto a El Inmueble dio mérito al Título N° 1964277, de fecha 02 de noviembre de 2020 (en adelante, “La Solicitud”), la cual fue observada por el Registrador en los siguientes términos principales: La Solicitud indica que El Inmueble se encuentra inscrito parcialmente en el Tomo 157, Fojas 141, que continúa en la Partida Electrónica N° 07019680 del Registro de Propiedad Inmueble de Lima (en adelante, “Partida 1”), lo cual ha sido rectificado por la Oficina de Catastro, considerando que La Solicitud no describe áreas, medidas perimétricas, predios colindantes u otros medios para graficar el ámbito inscrito.

Los predios existentes en territorio peruano no necesariamente se encuentran inscritos en los Registros Públicos, a pesar de que existan propietarios que se puedan identificar plenamente. El motivo por el que no se han inmatriculado son diversos. Parten desde el desconocimiento hasta la rigurosidad de la norma registral. En esta línea, la inmatriculación configura el inicio de la vida registral de un predio en los Registros Públicos, específicamente, en el Registro de Predios. Como consecuencia de ello, se abre una partida registral y los actos que se inscriban en esta gozan de la publicidad registral. Uno de los medios para inmatricular es a través de la presentación del acta de prescripción adquisitiva notarial, la cual debe ser calificada por el registrador, quien determinará si se inmatricula o no el predio. Al tener gran relevancia la calificación registral del acta notarial en el marco del proceso no contencioso notarial de prescripción adquisitiva de un predio no inscrito es necesario conocer el alcance y límites de la calificación registral. En este sentido, en primer lugar, es necesario desarrollar el concepto de la prescripción adquisitiva de dominio e identificar a los predios susceptibles de ser prescritos; en segundo lugar, definir a la inmatriculación y el presupuesto que antecede a esta, así como los requisitos para la inscripción de un predio en los Registros Públicos; en tercer lugar, desarrollar el alcance de la calificación registral ante la solicitud de inmatriculación en mérito a la declaración de prescripción adquisitiva notarial, basado en normativa y jurisprudencia registral.