El plazo razonable se encuentra ligado al concepto del debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva, a razón de que todo ser humano tiene derecho a ser oído por un tribunal competente, con las garantías mínimas y dentro de un tiempo que no denote la configuración de una victoria pírrica. El objetivo de la presente investigación es responder si en el caso de la NLPT, los juzgados y salas superiores de la CSJLIMA cumplen con el derecho al plazo razonable, durante el periodo 2017-2021. El análisis de la investigación utiliza los criterios jurisprudenciales establecidos por la Corte IDH, los dos parámetros propuestos (el carácter alimentario del proceso laboral y la seguridad jurídica) y data obtenida del ETII NLPT adscrita al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial del Perú, la Secretaría Técnica del ETII NLPT de la CSJLIMA y el Área de Administración de las Salas Laborales – NLPT de la CSJLIMA. Estos elementos han permitido identificar la vulneración del derecho al plazo razonable en dichas instancias jurisdiccionales y dentro del periodo estudiado. / The reasonable term is linked to the concept of due process and effective jurisdictional protection, because every human being has the right to be heard by a competent court, with the minimum guarantees and within a time that does not denote the configuration of a Pyrrhic victory. The objective of the present research is to answer whether in the case of the NLPT, the courts and superior chambers of the CSJLIMA comply with the right to reasonable time, during the period 2017-2021. The analysis of the research uses the jurisprudential criteria established by the IACHR Court, the two proposed parameters (the alimentary nature of the labor process and legal certainty) and data obtained from the ETII NLPT attached to the Executive Council of the Judiciary of Peru, the Technical Secretariat of the ETII NLPT of the CSJLIMA and the Area of Administration of the Labor Chambers - NLPT of the CSJLIMA. These elements have made it possible to identify the violation of the right to reasonable time in these jurisdictional instances and within the period studied. / Trabajo académico

El derecho regula la vida en sociedad y esta incluye el eficiente aprovechamiento de la propiedad; así, para la adecuada protección de esta, es necesario una regulación que trasmita predictibilidad y otorgue seguridad jurídica; es decir, una en la que todos los particulares sepan claramente cuándo ostentan la condición de propietario y cómo conservarla. Al respecto, la figura jurídica de la reversión convierte al derecho de propiedad en una situación condicionada o expectante: por un lado, se considera propietario al adquirente; pero por otro, permite al Estado regresar el predio a su propio dominio en cualquier momento, incluso cuando el supuesto para la reversión se haya cumplido muchos años antes de la decisión administrativa e incluso cuando dicho supuesto ni siquiera consta inscrito en el Registro. Advertida dicha incertidumbre y contrapuesta a la necesidad de los particulares y los operadores del derecho de tener una respuesta clara, el presente trabajo académico analiza la figura jurídica de la reversión desde las perspectivas del derecho civil, público y registral, con la finalidad de definir su naturaleza jurídica, compararla con otras instituciones como la prescripción adquisitiva y establecer si nuestro actual ordenamiento jurídico cuenta o no con un plazo perentorio para que el Estado declare la reversión y con ello establezca, a través del paso del tiempo, una herramienta de predictibilidad. Finalmente, terminado aquel desarrollo, se concluye que nuestro ordenamiento jurídico no establece dicho plazo, pero que el mismo es necesario para un adecuado y eficiente aprovechamiento de la propiedad.

La investigación estudia el procedimiento administrativo seguido ante la comisión de una falta leve dentro del Régimen Disciplinario de las Escuelas de Formación Policial de todo el Perú, cuestionando el plazo que se le otorga al estudiante para impugnar la sanción impuesta, toda vez que este plazo es de veinticuatro horas, tiempo que resulta insuficiente para ejercer de manera adecuada la defensa del administrado, teniendo en cuenta que todos los estudiantes se encuentran encuartelados, por lo que, resulta difícil para estos poder encontrar los medios necesarios para defender su posición ante una sanción por infracción leve, dejando muchas veces que estos se acumulen y puedan afectar posteriormente sus notas. De esta manera, el objetivo de la investigación se enfoca en cuestionar el artículo 90° del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1318 que establece el plazo para impugnar las sanciones impuestas por infracciones leves, considerando que el inciso 3 del artículo 139° de la Constitución Política que señala sobre los principios y derechos de la función jurisdiccional, indica que el debido proceso, es un principio-derecho debe ser observado en todos los procedimientos. Por tanto, considerando que los estudiantes de las diversas Escuelas de Formación Policial deben conducirse acorde al Decreto Legislativo N° 1318 y a su reglamento, el Decreto Supremo N° 022-2017-IN, señalamos que el artículo 90° del reglamento establece un plazo de veinticuatro horas, tiempo insuficiente para impugnar la sanción por infracción leve, siendo imperioso la modificación a fin de garantizar el debido procedimiento para el estudiante. / The investigation studies the administrative procedure followed before the commission of a minor offense within the Disciplinary Regime of Police Training Schools throughout Peru, questioning the term given to the student to challenge the imposed sanction, since this term is Twenty-four hours, which is insufficient time to adequately exercise the defense of the administrator, taking into account that all students are locked, so it is difficult for them to find the necessary means to defend their position against a sanction for slight infringement, many times allowing these to accumulate and may subsequently affect your grades. In this way, the objective of the investigation focuses on questioning Article 90 of the Regulation of Legislative Decree No. 1318 that establishes the term to challenge the sanctions imposed for minor infractions, considering that subsection 3 of Article 139 of the Constitution Policy that indicates the principles and rights of the jurisdictional function, indicates that due process, is a principle-right must be observed in all procedures. Therefore, considering that the students of the various Police Training Schools must conduct themselves in accordance with Legislative Decree No. 1318 and its regulations, Supreme Decree No. 022-2017-IN, we note that Article 90 of the regulations establishes a term of Twenty-four hours, insufficient time to contest the sanction for a minor offense, the modification being imperative in order to guarantee due procedure for the student.

El artículo tiene como propósito analizar la aplicación práctica y operativa de la desacumulación que instituye el artículo 51º del Código Procesal Penal 2004. La necesidad de hacer posible del proceso penal eficiente, en términos de celeridad y de plazos razonables, y con eficacia para garantizar que su decisión se funde en la verdad como presupuesto de justicia; a este cometido, no contribuye el plazo de duración promedio del proceso penal complejo y proceso complejo con organización criminal, sin soslayar la duración que alcanza el algunos casos el proceso simple criminal, que podrían llegar hasta más de 10 años para la decisión final en primera instancia; lo que no se condice con la garantía constitucional de la tutela jurisdiccional efectiva en su expresión el derecho a la obtención de una decisión fundada en derecho dentro de plazos razonables. El escaso desarrollo doctrinario y jurisprudencial de la norma y su sentido literal limitan aplicación práctica y el uso por operadores para convertir la desacumulación de procesos y separación de imputaciones o delitos conexos como medio idóneo para simplificar el proceso y resolver la causa en un tiempo célere, desde que la investigación preparatoria ha cumplido su objetivo. El análisis del texto legislativo y teórico de las instituciones de la acumulación y desacumulación sostienen un ejercicio de interpretación dogmatica. La importancia y utilidad práctica de la desacumulación o separación de imputaciones o delitos conexos para el manejo de procesos complejos y procesos complejos con organización criminal reside en que sus criterios pueden bien ser aplicados en el curso del juicio oral para llegar a la conclusión del debate probatorio en forma anticipada y la emisión de decisiones finales antes de concluir el debate probatorio en su integridad, sobre todo en casos de pluralidad de imputados.

El presente trabajo tiene por objetivo proponer un nuevo enfoque para analizar el derecho al plazo razonable dentro de las investigaciones fiscales o, en general, durante el proceso penal en los casos de violencia basada en el género. Esta propuesta se enmarca en el análisis del caso de esterilizaciones forzadas durante el régimen de Alberto Fujimori en el marco del desarrollo del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar mediante el cual se incorporó la intervención quirúrgica de emergencia en los años 1996 a 2000. Al ser las víctimas mujeres, de una situación económica pobre y quechuahablantes se requiere incluir el enfoque de género y de interculturalidad, pues la situación de vulnerabilidad se acentuó por las diversas formas de exclusión social. Asimismo, cabe señalar que, los criterios utilizados por el Tribunal Constitucional resultan insuficientes para abordar este tipo de casos carácter complejo tanto a nivel de probanza como de revictimización a las denunciantes. Casos que requieren que el derecho al plazo razonable sea analizado en función al efecto que genera el proceso en las denunciantes. En esa línea, se tendrá en cuenta la demanda de amparo presentada por Marino Costa Bauer, ex Ministro de Salud de Alberto Fujimori, quien alegó la vulneración del derecho al plazo razonable y, en consecuencia, solicitó el archivo del proceso penal en curso. / The objetc of this article is present a new perspective about the right of a reasonable period of time investigations or, in general, during the criminal process in cases of gender-based violence. This proposal is part of the analysis of the case of forced sterilizations during the Alberto Fujimori regime within the framework of the development of the National Program for Reproductive Health and Family Planning through which emergency surgical intervention was incorporated in the years 1996 to 2000. All Being the female victims, of a poor economic situation and Quechua speakers, it is necessary to include the gender and intercultural approach, since the situation of vulnerability was accentuated by the various forms of social exclusion. Also, it should be noted that the criteria used by the Constitutional Court are insufficient to deal with this type of complex cases, both at the level of evidence and revictimization of the womans. Cases that require that the right to a reasonable time be analyzed based on the effect generated by the process on the complainants. Along these lines, the “demanda de amparo” filed by Marino Costa Bauer, Alberto Fujimori's former Minister of Health, will be taken into account, who alleged the violation of the right to a reasonable period of time and, consequently, requested the filing of the ongoing criminal proceedings.

El presente trabajo tiene como objeto evidenciar ciertas deficiencias en la interpretación de los pronunciamientos del Tribunal Constitucional vertidos en las sentencias recaídas en los expedientes Nos. 04082-2012-PA/TC y 04532-2013-PA/TC, referidos a la constitucionalidad de la aplicación de las reglas de actualización de la deuda tributaria: (i) capitalización de intereses moratorios; y, (ii) cómputo de intereses moratorios fuera del plazo legal para resolver los recursos de reclamación y apelación. Para estos efectos, se analiza la Resolución No. 06322-2-2019, mediante la cual el Tribunal Fiscal desestima la pretensión de FAMESA EXPLOSIVOS S.A.C. de que se inaplique las referidas reglas. Ello, en razón de que durante el procedimiento contencioso-tributario no se habría vulnerado el derecho al plazo razonable, puesto que el caso calificaría como complejo, lo cual lo diferenciaría de los casos resueltos por el Tribunal Constitucional. Al respecto, se advierte que el Tribunal Fiscal no ha identificado de manera adecuada los criterios utilizados por el Tribunal Constitucional para: (i) determinar la afectación del derecho al plazo razonable; e, (ii) inaplicar las referidas reglas de actualización de la deuda tributaria. Contrario a lo que presupone el Tribunal Fiscal, se concluye que la afectación del derecho al plazo razonable no solo se basa en analizar la complejidad del asunto, sino intervienen otros criterios de naturaleza objetiva. Asimismo, se advierte que la afectación de dicho derecho no incide en la actualización de la deuda tributaria; puesto que la vulneración de los derechos y principios que evalúa el Tribunal Constitucional para inaplicar las referidas reglas de actualización son el principio de razonabilidad y el derecho a recurrir decisiones de la Administración. La dilucidación de los aspectos planteados permite evidenciar la falta de criterios metodológicos para la correcta aplicación de los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional, lo cual adquiere relevancia con la constitucionalización del Derecho.