En este contexto el presente trabajo tiene por propósito evaluar las actividades realizadas por los Martilleros Públicos en los remates judiciales de bienes inmuebles en la Corte Superior de Justicia de Lima, durante el año 2007, a fin de: determinar la duración de los actos procesales en los remates judiciales de bienes inmuebles realizados por los Martilleros Públicos; identificar los tipos de adjudicatarios en los remates judiciales de bienes inmuebles realizados por estos auxiliares jurisdiccionales; determinar el tipo de pago de los honorarios profesionales de los Martilleros Públicos en los remates judiciales de bienes inmuebles; y, establecer el nivel de participación de los Martilleros Públicos en los actos procesales requeridos para la realización de los remates judiciales de bienes inmuebles.

Realiza una revisión histórica de las estructuras orgánicas y diseños organizacionales que han existido en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en la Facultad de Medicina en cuanto al aprovisionamiento de bienes y servicios. Se observa una inadecuada formulación del diseño a nivel Rectorado y Facultad dando como consecuencia el incumplimiento del aprovisionamiento y el financiamiento de los alumnos y docentes en las adquisiciones. Existe incompatibilidad de estructuras orgánicas Rectorado-Facultad dificultando la coordinación entre ella. Se propone la implementación en la estructura Orgánica de la Facultad de la Oficina de Logística y el rediseño de las estructuras orgánicas del Rectorado y Facultad. Se recomienda implementar estudios de opinión y satisfacción así como estudios de viabilidad para creación de una Unidad Ejecutora.

En las dos últimas décadas se aprobaron diversas reformas legislativas para facilitar la expropiación de terrenos destinados al desarrollo de proyectos de infraestructura pública; lo cual ha formado parte del esfuerzo del Estado peruano para atraer la inversión privada con la finalidad de ampliar la provisión de servicios públicos. Sin embargo, y pese a las reformas legales ocurridas durante este periodo, la actual regulación de la expropiación sigue siendo considerada como inadecuada o insuficiente para lograr que el Estado cumpla oportunamente sus obligaciones contractuales relacionadas con la entrega de terrenos para la construcción de infraestructura pública; al mismo tiempo, esta regulación también es cuestionada debido a que vulneraría algunas garantías constitucionales de la propiedad. La inadecuada regulación de la expropiación tiene efectos negativos en la seguridad jurídica que necesitan las personas y las empresas para tomar decisiones de inversión respecto a bienes inmuebles –las cuales generalmente son costosas y de largo plazo–, sin el riesgo de que su patrimonio sea afectado por la imposición de limitaciones excesivas o por su transferencia forzosa mediante procedimientos arbitrarios y que no garantizan un pago apropiado por la propiedad expropiada. Por ello, esta investigación analiza los problemas de la regulación de la expropiación desde la perspectiva de los aspectos institucionales y el proceso a través del cual el Estado adopta decisiones en esta materia. Este análisis se realiza aplicando la perspectiva del análisis económico, concretamente desde la teoría de la elección pública. En ese sentido, esta investigación postula que las decisiones que adopta el Estado en materia de expropiación son el producto de un proceso en el cual participan distintos agentes con diferentes objetivos. Por lo tanto, las debilidades de la estructura institucional en la cual se desenvuelve dicho proceso podrían explicar el porqué de la aprobación de diversas reformas de baja calidad, poca coherencia y limitada duración.

El trabajo aborda la problemática en torno al tratamiento que da el artículo 7 de la ley 24656, “ley general de comunidades campesinas”, en sostiene la inembargabilidad de la propiedad del territorio comunal. Se propone una analisis desde una perspectiva historica y de estanadres interamericanos sobre la propiedad comunal, para al final hacer una breve conclusión de porqué se trataria de una medida con un corte paternalista, y de paso, la implicancia que esta medida tiene con las comunidades campesinas, quienes se ven privadas de acceder a los sistemas bancarios y crediticios, debido a que no pueden contar con su mayor activo como garantía de los prestamos. En ese sentido, tambien se hace una recopilación de sentencias de la corte interamericana sobre la propiedad comunal e indígena, y se plantean los estanadares actuales de derechos humanos sobre el mencionado derecho. De la misma manera, se plantea y se desarrolla brevemente el concepto del paternalismo “fuerte” y el paternalismo “libertario”, para de esta manera, pasar al analisis concreto del artículo en cuestión y plantear sugerencias y las conclusiones de la formulación del mismo. / The paper deals with the problem of the treatment given by article 7 of law 24656, "general law of peasant communities", in support of the unseizability of the communal territory property. An analysis is proposed from a historical perspective and from the perspective of inter-American standards on communal property, in order to make a brief conclusion as to why it is a paternalistic measure, and the implications that this measure has on the peasant communities, who are deprived of access to the banking and credit systems, because they cannot count on their greatest asset as collateral for loans. In this sense, a compilation of judgments of the Inter-American Court on communal and indigenous property is also made, and the current human rights standards on this right are discussed. In the same way, the concept of "strong" paternalism and "libertarian" paternalism is presented and briefly developed, in order to move on to the concrete analysis of the article in question and to present suggestions and conclusions of its formulation. / Trabajo académico

El presente trabajo pretende presentar las principales características del procedimiento de saneamiento físico legal de bienes estatales, a la luz de las reglas del Sistema Nacional de Bienes Estatales y del Sistema Nacional de Abastecimiento. Profundizaremos sobre las implicancias teóricas y prácticas que supone la creación de un nuevo sistema administrativo, la distinción entre “predios” e “inmuebles” y cómo ello influye en el saneamiento físico legal. Para ello, realizaremos un análisis predominantemente normativo de las leyes, reglamentos y directivas que regulan ambos sistemas, así como de las disposiciones que definen el saneamiento. Complementariamente, nos referiremos a otras entidades que realizan actos de saneamiento físico legal para entender los alcances de este concepto. Asimismo, identificaremos los elementos relevantes que las entidades públicas deberán tener en cuenta para la elaboración de los documentos administrativos que contengan actos de saneamiento, los que serán sometidos a calificación registral, a fin de lograr el objetivo principal del procedimiento: que los registros públicos reflejen la situación física y jurídica actual del predio o inmueble por medio de la inscripción. Nuestra investigación encontró que la distinción entre predios e inmuebles obedece a propósitos operativos, lo que produce contradicciones teóricas en la aplicación del procedimiento de saneamiento; es decir, demostraremos que las normas del Sistema Nacional de Bienes Estatales, que deberían regir solo para predios, terminan aplicándose a inmuebles, a pesar de pertenecer al Sistema Nacional de Abastecimiento, lo que puede causar problemas de interpretación y aplicación a futuro. / The current article pretends to introduce the main characteristics of the regularizarion process of state property, according to the rules of the National System of State Property and of the Narional Supply System. We will delve into the theoretical and practical implications that supposes the creation of a new administrative system, the distinction between “land” and “edification” and how that weights on the regularization process. To that purppose, we will perform a predominantly normative analysis of the laws, regulations and guidelines that regulate both systems, as well as the legal provisions that define regularization. As a complement, we wil reffer to other state entities that carry out acts of regularizarion to understand the range of this concept. Furthermore, we will identify the relevant elements that public entities must take into account for the elaboration of administrative documents that contain regularization acts, which will be subject to registry qualification, in order to achieve the main objective of the process: that the public registry reflects the current physical and legal situation of the land or edification through registration. Our research has found that the distinction between land and edification obeys operational purposes, which produces theoretical contradictions in the application of the regularizarion process; in other words, we will demonstrate that the norms of the National System of State Property, that should apply only to lands, also applies to edifications, despite belonging to the National Supply System, which can cause problems of interpretation and enforcement in the future.

En el presente artículo jurídico se analizan las fortalezas y debilidades que presenta el nuevo procedimiento especial de saneamiento físico legal de los bienes estatales: predio e inmueble, regulados en el Reglamento de la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, aprobado por D.S. N° 008-2021-VIVIENDA y su vinculación con lo dispuesto en el D. Leg. N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento y su reglamento, los cuales resultan relevantes para la calificación registral, como etapa final del saneamiento estatal. Entre las conclusiones adoptadas se pueden citar:  Con la dación del D. Leg. N° 1439 y su reglamento, ha variado la concepción de bien inmueble, ya que para el ámbito estatal existe una distinción entre “predio”, entendido como el terreno e “inmueble”, que es el predio edificado, lo cual trajo consigo la creación de un nuevo sistema, Sistema Nacional de Abastecimiento, que a través de su ente rector (Dirección General de Abastecimiento-DGA), tiene por finalidad proveer de inmuebles a las entidades estatales de inmuebles para el mejor desarrollo de sus funciones, fiscalizar los actos de adquisición y velar por su buen uso, excluyendo esas funciones de la competencia de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales-SBN.  El Sistema Nacional de Abastecimiento no cuenta con regulación propia respecto del saneamiento de los inmuebles estatales; sin embargo, ello no le impide ejercer las competencias que de acuerdo a ley le corresponde, además siendo el inmueble parte integrante del predio, para el saneamiento solo del bien edificado las entidades estatales tendrían que tener inmatriculados sus predios.  La vinculación del certificado de búsqueda catastral con el título con el cual se solicita la calificación del acto de saneamiento físico legal contiene una eficacia relativa, ya que la base grafica registral no refleja el total de predios inscritos. / This legal article analyzes the strengths and weaknesses of the new special procedure for the physical and legal sanitation of state assets: property and real estate, regulated in the Regulation of the General Law of the National System of State Assets, approved by D.S. N° 008-2021- VIVIENDA and its relationship with the provisions of D. Leg. N ° 1439, Legislative Decree of the National Supply System and its regulations, which are relevant for the registry qualification, as the final stage of legal state property remediation. Among the conclusions adopted, the following can be mentioned: • With the entry into force of D. Leg. N ° 1439 and its normative regulations, the concept of real estate has changed, since for the state scope there is a distinction between "property", understood as the ground and "real estate", which is the built property, which led to the creation of a new system, the National Supply System, which, through its governing body (General Supply Directorate-DGA), aims to provide real estates to state real estate’s entities for the better development of their functions, to oversee the acts of acquisition and ensure its proper use, excluding those functions from the competence of the National Superintendency of State Assets-SBN. • The National Supply System does not have its own regulation regarding the legal remediation of state buildings; However, this does not prevent it from exercising the competences that according to law correspond to it, in addition to being the real estate an integral part of the property, for the legal sanitation only of the built property the state entities would have to have their properties unregistered. • The link of the cadastral search certificate with the title with which the qualification of the act of Physical and legal remediation of real estate is requested contains a relative effectiveness, since the registry graphic base does not reflect the total of registered properties.

El presente informe jurídico busca esclarecer la naturaleza del objeto del tipo penal de peculado. Actualmente, los denominados delitos de corrupción de funcionarios han cobrado relevancia en la coyuntura nacional, siendo el peculado uno de los de mayor incidencia. En la jurisprudencia, durante mucho tiempo no fue materia de controversia la cualidad de los caudales o efectos en los cuales recae la acción material del ilícito de peculado. Se asumía que dichos bienes debían ser públicos en tanto se está ante un delito contra la administración pública; de allí que, si el bien era privado, el argumento de la mayoría de la defensa de los acusados hacía referencia a la atipicidad de la conducta. No obstante, es a raíz de la Sentencia Casatoria N°. 662-2018/Ayacucho donde se establece que no solo los bienes de naturaleza pública encajan en el delito de peculado, estos también pueden ser de origen privado, para ello se hizo uso del Acuerdo Plenario N°: 1-2010/CJ-116. A pesar que, dicho razonamiento es válido, en el presente caso no debió ser aplicado. Nuestra Corte Suprema pasó por inadvertido la figura de donación como una modalidad de transferencia de propiedad, de haberla considerado, no hubiera sido necesario delimitar si se estaba ante un bien público o privado. Con la figura legal de donación se debió entender que el bien que puede ser de origen privado, una vez donado, pierde tal cualidad y se convierte en público. / This legal report seeks to clarify the nature of the object of the crime of embezzlement. Currently, the crimes of corruption of public officials have gained relevance in the national situation, being embezzlement one of the most common. In the jurisprudence, for a long time the nature of the assets or effects on which the material action of the crime of embezzlement falls was not a matter of controversy. It was assumed that such assets had to be public, since it is a crime against the public administration; hence, if the asset was private, the argument of most of the defense of the defendants referred to the atypical nature of the conduct. However, it is as a result of the Cassatory Ruling N°. 662- 2018/Ayacucho where it is established that not only the assets of public nature are subsumed in the criminal type of embezzlement, these can also be of private origin, for this purpose Plenary Agreement N°: 1-2010/CJ-116 was used. Although this reasoning is valid, it should not have been applied in the present case. Our Supreme Court overlooked the figure of donation as a modality of transfer of property, had it been considered, it would not have been necessary to delimit whether it was a public or private property. With the legal figure of donation, it should have been understood that the property that may be of private origin, once donated, loses such quality and becomes public.

El presente informe centra su análisis en los argumentos jurídicos que adoptó el Tribunal Registral en la Resolución N° 3827-2022-SUNARP-TR a efectos de admitir la procedencia de una prescripción adquisitiva de dominio tramitada en sede notarial respecto de un bien de dominio público hidráulico, específicamente, respecto de una faja marginal colindante con una torrentera ubicada en la provincia de Arequipa. El Tribunal Registral resolvió revocar la observación formulada en primera instancia registral, argumentando que, sin perjuicio de que la faja marginal constituye un bien de dominio público hidráulico, mediante el plano del inmueble objeto de prescripción –visado por la Municipalidad Provincial de Arequipa– se ha acreditado la inexistencia de afectación al recurso hídrico. En ese sentido, en el presente informe se realiza un análisis de los fundamentos adoptados por el Tribunal Registral en la Resolución N° 3827-2022-SUNARP-TR con relación a la acreditación de la inexistencia de afectación a los recursos hídricos en virtud de planos visados por los gobiernos locales. De igual modo, se realiza un análisis de la condición del bien objeto de prescripción, a efectos de determinar si el Tribunal Registral tenía la obligación de formular una nueva observación al título. / The present report focuses its analysis on the legal arguments adopted by the Registry Court in Resolution No. 3827-2022-SUNARP-TR for the admission of an acquisitive prescription of ownership executed before a notary regarding a public water property, specifically, regarding a marginal strip adjoining a torrent located in the province of Arequipa. The Registry Court decided to revoke the observation formulated in the first registry instance, alleging that, notwithstanding the fact that the marginal strip constitutes a public water property, through the plan of the property subject to prescription -signed and sealed by the Provincial Municipality of Arequipa- the non-existence of affectation of the water resource has been accredited. Consequently, the present report performs an analysis of the arguments issued by the Registry Court in Resolution No. 3827-2022-SUNARP-TR regarding the accreditation of the non-existence of affectation to water resources by virtue of plans signed by the local governments. In addition, it is analyzed the condition of the property subject to prescription, in order to determine whether the Registry Court had the obligation to formulate a new observation to the title.

Durante los últimos años, las invasiones han dejado de ser un problema de formalización de la propiedad para convertirse en un fenómeno social con relevancia jurídica, que afecta no sólo bienes de particulares sino también bienes del Estado, en específico bienes de dominio privado, que lejos de tener un régimen especial de propiedad que los regule y proteja, a la luz de su singular naturaleza y finalidad, vienen siendo materia de litis en procesos de prescripción adquisitiva de dominio, en los que se revelan problemas de posesión, inscripción registral, defensa judicial y extrajudicial y evidentemente de una carente política social de vivienda, que en conjunto forman parte del universo que la Ley 29168 pretende resolver. En ese sentido, podemos presentar dos justificaciones para la realización del presente trabajo: la primera, consiste en fomentar la adquisición de terrenos estatales de dominio privado a través de los mecanismos previstos por ley, evitando el uso de la vía judicial como canal de regularización de las invasiones; y la segunda, reside en desincentivar la invasión y el tráfico ilegal de terrenos, a través del tratamiento adecuado de la propiedad estatal frente a la prescripción adquisitiva, resulta entonces razonable postular si acaso ¿el tratamiento adecuado de la propiedad estatal y la coherencia normativa entre las disposiciones que integran el ordenamiento jurídico, respecto a los bienes estatales, constituyen la solución frente a la prescripción adquisitiva de los bienes estatales de dominio privado? y consecuentemente, contribuyen a la defensa del régimen jurídico de la propiedad estatal, en aras de evitar que, particulares se apropien indebidamente de bienes que pertenecen a todos, sin dejar de lado los problemas que subyacen en el tema y que en conjunto forman parte del universo que abordaremos en el presente trabajo.