La investigación tiene como objetivo analizar el ejercicio, a través de redes sociales, del derecho a la libertad de expresión, sobre los sucesos relacionados con el conflicto minero Conga, en la Región Cajamarca del Perú, entre los meses de setiembre de 2011 y setiembre de 2012. Se espera comprender los futuros conflictos sociales, además de reflexionar sobre el cuidado de las redes sociales de Internet y el uso de expresiones difundidas en este contexto. La investigación es de tipo cualitativa y hace uso del análisis de contenido y del discurso digital, además del método de casos. Se concluye que el ejercicio del derecho a la libertad de expresión no sobrepasó sus límites: las expresiones vertidas no fueron incitadoras, sino que promovieron convocatorias, paralizaciones y rechazo al proyecto minero Conga, que puso en peligro el orden público y la tranquilidad ante la situación conflictiva existente en la región Cajamarca

Las Bambas, es un proyecto minero situado en el distrito de Challhuahuacho, provincia de Cotabambas, departamento de Apurímac. Desde los primeros años de exploración hasta su puesta en operación, la mina ha estado envuelta en números escenarios de conflictividad social que ha requerido la instalación de diversos espacios de diálogo por el Poder Ejecutivo para poder canalizar las demandas de la población. Estos espacios de diálogo han variado en sus ámbitos y modalidades a lo largo de los años (mesas de desarrollo distritales y provinciales, planes integrales de desarrollo o comisiones multisectoriales), sin embargo, han tenido como único objetivo que los reclamos de los actores del entorno de la mina sean atendidos y así poder resolver los escenarios de conflictividad en torno a una de las principales inversiones mineras del país. A pesar de ello, se han presentado diversos problemas durante la implementación de estos espacios de diálogo, no logrando los objetivos planteados por el gobierno hasta el momento, por lo que Las Bambas sigue siendo aún un referente en materia de conflictividad social a escala nacional. El objetivo de esta investigación es entender cómo ha sido el funcionamiento de los espacios de diálogo en torno a la mina de Las Bambas en la provincia de Cotabambas (Apurímac) durante el periodo 2015 - 2019, con el fin de identificar sus limitaciones y plantear recomendaciones para una optimización del funcionamiento de estos mecanismos de diálogo. Para ello, a través de la metodología de un estudio de caso, se realizó un proceso de recolección de información secundaria, así como el recojo de información primaria a través del trabajo de campo en el entorno de la mina en la región de Apurímac que incluyó entrevistas a los principales actores involucrados. Desde los primeros años de exploración hasta su puesta en operación, la mina ha estado envuelta en números escenarios de conflictividad social que ha requerido la instalación de diversos espacios de diálogo por el Poder Ejecutivo para poder canalizar las demandas de la población. Estos espacios de diálogo han variado en sus ámbitos y modalidades a lo largo de los años (mesas de desarrollo distritales y provinciales, planes integrales de desarrollo o comisiones multisectoriales), sin embargo, han tenido como único objetivo que los reclamos de los actores del entorno de la mina sean atendidos y así poder resolver los escenarios de conflictividad en torno a una de las principales inversiones mineras del país. A pesar de ello, se han presentado diversos problemas durante la implementación de estos espacios de diálogo, no logrando los objetivos planteados por el gobierno hasta el momento, por lo que Las Bambas sigue siendo aún un referente en materia de conflictividad social a escala nacional. El objetivo de esta investigación es entender cómo ha sido el funcionamiento de los espacios de diálogo en torno a la mina de Las Bambas en la provincia de Cotabambas (Apurímac) durante el periodo 2015 - 2019, con el fin de identificar sus limitaciones y plantear recomendaciones para una optimización del funcionamiento de estos mecanismos de diálogo. Para ello, a través de la metodología de un estudio de caso, se realizó un proceso de recolección de información secundaria, así como el recojo de información primaria a través del trabajo de campo en el entorno de la mina en la región de Apurímac que incluyó entrevistas a los principales actores involucrados

Los conflictos socioambientales son la agenda pendiente en el Estado peruano. La longevidad y los episodios de violencia que los caracteriza son producto del deficiente manejo del tema ambiental en el aparato estatal. Ante ello, surgen diversas organizaciones civiles que se encargan no solo de exigir mecanismos de diálogo, sino también buscan participar dentro de la toma de decisiones que surgen dentro de estos procesos como parte de la población que sufre los efectos directos e indirectos de los proyectos extractivos. Sin embargo, las mesas de diálogo parecen reproducir y agudizar las desigualdades que preexisten entre los actores que lo conforman, por lo que vuelve más complicado la meta de lograr incidencia política. Por ende, los casos, en los cuales la población ha salido victoriosa, son pocos y deben ser revisados de manera más profunda. La presente investigación busca ofrecer un análisis a la literatura acerca de los factores que explican la capacidad efectiva de las organizaciones civiles dentro de contextos de conflictividad ambiental. Sobre todo, se hace un acercamiento al caso de Espinar durante el 2020. Esto es debido a que, durante el periodo de emergencia sanitaria, las asimetrías se profundizaron, pero aún así los conflictos continuaron. Ante este escenario, las comunidades de Espinar pudieron negociar la entrega de un bono económico ante la profunda negativa de la empresa Antapaccay. El trabajo busca añadir un enfoque desde la ciencia política y también resaltar la actuación de ciertos actores locales durante contextos de emergencias.

Las paralizaciones por conflictos sociales en minería cada vez son más frecuentes. Por lo general, estas se originan debido a que los actores involucrados no llegan a buenos consensos. Estas paralizaciones causan grandes pérdidas económicas frenando el crecimiento del país. Es por eso que, ante esta situación, nace la necesidad de realizar la presente investigación en donde se plantea como estrategia la creación de empresa comunales con la finalidad de reducir y prevenir estas paralizaciones mineras por conflictos sociales. La presente investigación se efectuó a través del estudio del caso de la empresa comunal ECSAM, la misma que viene trabajando para la empresa minera Nexa Resources en su unidad Minera Atacocha en Cerro de Pasco. Así mismo, en el desarrollo de la investigación se tratan temas relacionados con la minería y las comunidades campesinas con la finalidad de comprender los conflictos existentes entre estas. También se mencionan ejemplos de empresas comunales que han tenido éxito en minería, algunas de estas están ubicadas en minas del centro y norte del país. Para el análisis de la investigación se hizo revisión de la literatura, se efectuó entrevistas grabadas a dos de los actores relevantes de la empresa comunal ECSAM. Para fortalecer la investigación se detalló a través de la narrativa de experiencias vividas dentro de la empresa comunal. Como resultado principal de la investigación se concluyó que las empresas comunales representan un claro ejemplo que las empresas mineras y comunidades campesinas pueden lograr alinear sus objetivos a través de la creación de empresas comunales. Muestra de esto es la reducción de la conflictividad social en el estudio del Caso. / Stoppages due to social conflicts in mining are becoming more frequent. In general, these occur because the actors involved do not reach good agreements. These stoppages cause great economic losses and with it the growth of the country is reduced. Given this situation, the need to carry out this research arises, where the creation of Community Mining Companies is proposed as a strategy in order to reduce and prevent mining stoppages due to these social conflicts. For which the present investigation was carried out through the study of the case of the Community Company ECSAM, which has been working for the mining company Nexa Resources in its mining Atacocha unit in Cerro de Pasco. Other cases of Community Enterprises in mining, which have been successful, are located in central and northern mines of the Country will also be discussed. Likewise, issues will be discussed to better understand the relationship between mining and peasant communities. Where we will start from the importance of the mining sector, the relevant actors within it. In the second part we will focus on the review of the literature on community enterprises, as well as the aforementioned case study. The type of research will be carried out with the focus of case studies, where it is intended to carry out a review of the literature, conduct interviews with the relevant authors and narrative of experiences lived within the Communal Company. As an important result of the investigation, it was concluded that communal companies represent a clear example that mining companies and peasant communities can align their objectives through the creation of communal companies. Which have reduced the risk of social conflict.

El presente Trabajo de Suficiencia Profesional (TSP) busca identificar qué capacidades estatales de políticas de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la PCM resultaron claves para el tratamiento de conflictos sociales entre el 2012 y 2016. En el marco delo anterior, se propone un marco de análisis que evalúa las distintas dimensiones de capacidades de políticas a partir de la combinación de competencias (analíticas, operativas o de gestión, y políticas) y de recursos (a nivel individual, organizativo y sistémico) vinculados con la implementación de las políticas públicas. El objetivo del TSP es analizar y generar evidencia respecto de qué capacidades resultan claves frente a otras, para mejorar o potenciar aquellas vinculadas con el tratamiento de los conflictos sociales a partir de la experiencia de la ONDS y su desarrollo. El trabajo concluye que el tratamiento de los conflictos sociales a través de la experiencia de la ONDS resulta de la combinación e interrelación de las competencias políticas individual y sistémicas, y sus respectivas aportaciones. Es decir, de las habilidades, experiencia, visión política y liderazgo para la toma de decisiones de los titulares de la PCM y ONDS, respectivamente, así como del entorno en el que se enmarcan estas, determinado por el apoyo, la confianza y legitimidad de los demás actores vinculados a la política de diálogo y el papel de la ONDS.

La presente tesis tiene como finalidad mostrar como el personal policial ha venido siendo víctima de agresiones durante las diversas intervenciones policiales a fin de garantizar, mantener y restablecer el orden interno como manda la Constitución Política del Perú, durante esta investigación se ha hecho un análisis cualitativo de los diversas causas que generan estas agresiones a los miembros de la institución policial, las cuales fueron el resultado de una exhaustiva investigación documental y una serie de entrevistas a los diversos actores de esta investigación, muchos de ellos autoridades dentro de la institución policial y también a las víctimas de agresiones, físicas y psicológicas. Debemos mencionar que hemos tomado como casos emblemáticos tres conflictos sociales, cada uno de ellos representativo de los tres últimos gobiernos, sin embargo, estos acontecimientos cobraron victimas del lado policial. Al realizar la investigación se han hecho hallazgos en las diversas áreas en las cuales el personal policial se ve afectado a pesar de las normas y directivas vigentes para el cumplimiento de sus beneficios al ser víctimas en el cumplimiento de sus funciones generándose una brecha de implementación. Para finalizar esta investigación llegamos a diversas conclusiones como producto de nuestro estudio y planteamos algunas recomendaciones a fin de que se puedan tener en cuenta para soluciones futuras por las cuales el personal policial se vería beneficiado.

La investigación tiene como objetivo conocer las capacidades de gestión de entidades públicas y privadas para la mitigación y resolución de conflictos socioambientales, bajo el modelo de concesión de territorio a diversas corporaciones extractivas de mediano y gran capital en algunas regiones de la sierra del Perú. Se centró en las trayectorias y procesos de aprendizaje de ambas organizaciones, pues en los hechos son aliados estratégicos en el desarrollo extractivo, implementado en la región desde la época colonial. Las prácticas de gestión de dichas entidades se estudian a partir del boom de los commodities iniciado en la década de los 90 hasta el año 2021. Dichas acciones debieran ejecutarse de acuerdo a competencias legales y roles sociales explícitos que, en principio, se complementan para darle viabilidad no sólo económica a esta industria y lograr ingentes réditos en favor del erario público; sino sobre todo a nivel social y ambiental para que dicho modelo aspire a ser sostenible en el territorio y en la población impactada directa e indirectamente. Los resultados muestran que las causas que originan los conflictos socioambientales son difíciles y complejas de resolver desde la agencia de los actores analizados. Las bases de las disputas y tensiones tienen, por un lado, el tipo de bien en conflicto (bienes públicos concesionados por el Estado a privados y bienes colectivos de las comunidades afectadas cuyo territorio colinda con la infraestructura minera o se superpone) y por el otro a factores de carácter estructural e histórico que el Estado y sus gobiernos de turno no han sido capaces de resolver o enfrentar por generaciones: i) pobreza, exclusión, ii) fragmentación de la población para plantear sus demandas, iii) débil capital social (desconfianza para negociar); y iv) precariedad institucional (especialmente política). Las condiciones mencionadas son afrontadas a partir de diversas estrategias legales e instrumentales que de alguna manera han logrado cambios significativos en el manejo de los conflictos. Sin embargo, estos todavía son insuficientes y por lo tanto no se puede avizorar la reducción de los enfrentamientos. / The research seeks to know the management capacities of public and private entities for the mitigation and resolution of socio-environmental conflicts, under the model of concession of territory to various extractive corporations of medium and large capital in some regions of the Peruvian highlands. It focused on the trajectories and learning processes of both organizations, since in fact they are strategic allies in the extractives development implemented in the region since colonial times. The management practices of these entities are studied from the commodities boom, which began in the 1990s until the year 2021. These actions should be carried out in accordance with legal competencies and social roles that complement each other to give -not only- economic viability to this industry and achieve enormous revenues in favor of the public treasury; but above all social and environmental viability so the model could be sustainable in the territory and in the population, directly and indirectly impacted. The results show that the causes that originate socio-environmental conflicts are difficult and complex to resolve from the agency of the analyzed actors. The bases of the disputes and tensions have, on the one hand, the type of good in conflict (public goods granted by the State to private parties and collective goods of the affected communities whose territory adjoins the mining infrastructure or overlaps) and on the other, factors of a structural and historical nature that the State and its governments have not been able to solve or face for generations: i) poverty, exclusion, ii) fragmentation of the population to present their demands, iii) weak social capital (mistrust to negotiate); and iv) institutional precariousness (especially political). The conditions mentioned are confronted from various legal and instrumental strategies that in some way have achieved significant changes in the management of conflicts. However, these are still insufficient and the reduction in clashes cannot be predicted.

En los últimos años en el Perú, las protestas sociales evidenciaron un elevado costo social de heridos y de vidas del personal policial que en algunos casos participó sin los equipos de protección personal (EPP) que corresponden, incumpliéndose la Ley 29783 de seguridad y salud en el trabajo que precisa las medidas de protección en el trabajador. El Estado a través del Ministerio del Interior (MININTER) y Policía Nacional del Perú (PNP) como empleadores deben proveer los EPP adecuados, asegurándose que los policías los utilicen y conserven en forma correcta. Esta norma tiene ámbito de aplicación obligatoria en la PNP. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) determina que el ejercicio de las protestas sociales ejercida por los manifestantes, es un derecho que no es ilimitado y está y está supeditado al cumplimiento de la Ley, que permite asegurar el respeto a los derechos de los demás. El Orden Público (OP) se vulnera en las protestas sociales cuando se tornan violentas. Ante estas situaciones, la PNP a través de las Unidades de Servicios Especiales (USE), desarrollan su actividad dentro del marco constitucional, los derechos humanos y los principios básicos en el empleo del uso progresivo de la fuerza, enmarcados en el ordenamiento jurídico nacional e internacional. En la actualidad, existe un déficit en el equipamiento especial antidisturbios de las USE de Lima metropolitana para el personal de apoyo designado en el control del OP en las manifestaciones sociales cuando son violentas, lo que viene causando daño en la integridad física del personal policial. En ese sentido, el equipamiento de EPP debe obedecer a un planeamiento de abastecimiento institucional eficiente e innovador, acorde a las necesidades reales que permitan garantizar la integridad física en el accionar del personal policial designado para participar en el control de conflictos sociales, que permitirá el cumplimiento de la Ley 29783 que precisa medidas de protección en el trabajador. / In recent years in Peru, social protests have shown a high social cost of injuries and lives of police personnel who in some cases participated without the corresponding personal protective equipment (PPE), violating Law 29783 on health and safety in Peru. the work that requires protective measures for the worker. The State, through the Ministry of the Interior (MININTER) and the National Police of Peru (PNP), as employers, must provide adequate PPE, ensuring that police officers use and maintain them correctly. This standard has a mandatory scope of application in the PNP. The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) determines that the exercise of social protests by protesters is a right that is not unlimited and is subject to restrictions established by law, which allows ensuring respect for the rights of the rest. Public order (PO) is violated in social protests when they become violent. Faced with these situations, the PNP, through the Special Services Units (USE), develop their activity within the constitutional framework, human rights and the basic principles in the use of the progressive use of force, framed in the national legal system and international. Currently, there is a deficit in the special anti-riot equipment of the USE of metropolitan Lima for the support personnel designated to control PO in social demonstrations when they are violent, which has been causing damage to the physical integrity of police personnel. In this sense, the PPE equipment must obey an efficient and innovative institutional supply planning, in accordance with the real needs that allow guaranteeing the physical integrity in the actions of the police personnel designated to participate in the control of social conflicts, which will allow the compliance with Law 29783 that requires protection measures for the worker.

Nuestro estudio busca conocer si las protestas sociales influyen en el nivel de respuesta estatal para el cumplimiento de los compromisos asumidos por las entidades públicas. En particular, nos centramos en los compromisos negociados en instancias de diálogo surgidas como respuesta a los conflictos sociales en un periodo reciente de la historia peruana en que se realizó adecuaciones para consolidar la apertura al mercado internacional, los años 2009 y 2019. En segunda instancia se pretendió determinar si dentro de la relación entre protesta y cumplimiento, las consecuencia violentas de la protesta tienen alguna repercusión mayor ya sea en reducción de plazos o en alcance de los servicios públicos. Con esos fines, se ha extraído información de los reportes de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo, las actas de compromisos de la Presidencia del Consejo de Ministros y otras bases de datos de acceso público de las entidades estatales, referida en primer lugar a episodios de protesta social e indicadores escogidos de violencia y en segundo, a los avances en la ejecución los compromisos asociados a un conjunto de espacios de diálogo instaurados en el periodo para 24 conflictos sociales en varias regiones del país. Del análisis de los datos, mediante una prueba de hipótesis de independencia estadística empleando la prueba de chi-cuadrado se colige que no existe relación significativa entre las variables de protesta, suscripción y ejecución de compromisos. Complementariamente, se seleccionó dos procesos de conflicto dentro del periodo para analizarlos como casos, el de la Comisión para la atención de las comunidades en las cuencas de los ríos Corrientes, Pastaza, Tigre, Marañón y Chambira en Loreto y el de la Mesa técnica del río Coata en Puno, de los que se escogió y entrevistó a un conjunto de 15 actores participantes en la gestión de compromisos, tanto representantes de entidades públicas como de los grupos movilizados. Del estudio con la metodología de análisis de marcos referenciales se concluye que en suma a la disrupción que causó la protesta en la labor de las instituciones, pero sin dar peso especial a la que tuvo consecuencias violentas, la articulación técnico política entre movimientos, autoridades locales y nacionales permitió obtener resultados importantes para las comunidades. Estos resultados fueron principalmente recursos y servicios públicos, no soluciones a los reclamos principales de los movimientos o mejoras institucionales de las entidades, por lo que el nivel de cumplimiento no fue total. / This study seeks to know if social protests influence the level of state response to fulfill the commitments assumed by public entities. In particular, we focus on the commitments negotiated in roundtable discussions constituted in response to social conflicts in a recent period of Peruvian history in which adjustments were made to consolidate the opening to the international market, the years 2009 and 2019. In the second instance, the aim was to determine if within the relationship between protest and compliance, the violent consequences of the protest have a greater impact either in reducing deadlines or in the scope of public services. For these purposes, information has been extracted from the social conflict reports of the Ombudsman's Office, the minutes of commitments of the Presidency of the Council of Ministers and other publicly accessible databases of state entities, referring primarily to episodes of social protest and selected indicators of violence and secondly, to the progress in the execution of the commitments associated with a set of dialogue spaces established in the selected period for 24 social conflicts in some regions of the country. From the analysis of the data, through a hypothesis test of statistical independence using the chi-square test, it is concluded that there is no significant relationship between the variables of protest, subscription and execution of commitments. Additionally, two conflict processes were selected within the period to analyze them as cases, the case of the Commission for the attention of the communities in the basins of the Corrientes, Pastaza, Tigre, Marañón and Chambira rivers in Loreto and the case of the Technical Table of the Coata River in Puno, from which a group of actors participating in the management of commitments were chosen and interviewed, both representatives of public entities and the mobilized groups. From the study with the methodology of analysis of referential frameworks, it is concluded that in addition to the disruption that the protest caused in the work of the institutions, but without giving special weight to the one that had violent consequences, the technical-political articulation between movements, local authorities and national ones allowed us to obtain important results for the communities. These results were mainly public resources and services, not solutions to the main demands of the movements or institutional improvements for the entities, so the level of compliance was not total.

La forma social e histórica específica que aparece en nuestra actualidad es la relación general del capital. Así, nos encontramos determinados por el contenido de esta, desplegando formas cada vez más concretas y complejas de nuestra vida social. Se requiere, por lo tanto, dar cuenta de la articulación que adquiere las mediaciones de estas determinaciones. El presente trabajo de investigación toma como objeto de estudio la dinámica del capitalismo en el Perú y la forma concreta que adquiere el Estado capitalista en el país como manifestación particular del movimiento total del capital. El periodo por estudiar será el del Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas (GRFA), durante el 1968 hasta el 1977. Este periodo se caracteriza por el desenvolvimiento del movimiento total del capital, expresado en el particular desarrollo del Estado capitalista. Para ello, se realizará un análisis sociohistórico a partir de cuatro momentos clave: la lucha de los trabajadores pesqueros en Chimbote (1973), la toma de tierra en Andahuaylas (1974), el inicio del segundo periodo del GRFA (1975) y finaliza con el paro nacional de 1977.