Las mesas de diálogo han sido promovidas por un mandato internacional con el fin de solucionar los conflictos sociales originados por proyectos de desarrollo, como un procedimiento estricto, binario y estático de negociación económica con las poblaciones locales. La presente investigación analiza el caso de estudio de la Mesa de Diálogo de la provincia de Caylloma (MDPC), en la región Arequipa, como un teatro de la negociación, donde tanto los representantes del gobierno central y regional como las organizaciones locales y la Municipalidad Provincial de Caylloma escenifican el poder. La principal característica de esta mesa de diálogo es que los objetivos explícitos no responden a la agenda interna de negociación, la cual está conectada a la dinámica del contexto externo que se clasificó en tres fases: preelectoral (agosto a setiembre de 2018), postelectoral (octubre y noviembre de 2018) y cambio de mando (diciembre de 2018). Por un lado, el gobierno central y el gobierno regional tienen el objetivo subyacente de imponer su poder con la finalidad de ganar tiempo para garantizar la continuidad de los proyectos de desarrollo, entrampar la negociación económica y dar muestras de su poder sobre las poblaciones locales. Por otro lado, población local presentó diferentes objetivos subyacentes no unificados de resistencia, negociación y propaganda electoral del partido político Unidos por el Gran Cambio (UPGC), entre otros, que variaron con las fases contextuales. Se concluye que la MDPC no solo es un lugar de resistencia y negociación, sino que cumple también objetivos subyacentes que responden a un espacio externo contingente no planificado. En la escenificación del poder, se disputa el marco de interacción que se mantiene en constante cambio, por medio del despliegue de estrategias contingentes y tácticas de interacción sobre los elementos del teatro que se caracterizan por un escenario dinámico (interno, externo y glocal), espec-actores y un libreto intermitente. / The roundtables have been promoted by an international mandate in order to solve social conflicts caused by development projects, as a strict, binary, and static procedure for economic negotiation with local populations. The present research analyzes the case study of the roundtable in Caylloma Province (MDPC), in the Arequipa region. This space of dialogue was analyzed as theater of negotiation, where both, the representatives of the central and regional government as well as local organizations and the Provincial Municipality of Caylloma, impose their power. The main characteristic of this roundtable is that the explicit objectives do not respond to the internal negotiation agenda, which is connected to the dynamics of the external context that was classified into three phases: pre-electoral (August to September 2018), post-electoral (October and November 2018) and change of command (December 2018). On the one hand, the central and regional government have the underlying objective of imposing their power, in order to spent time to guarantee the continuity of development projects, trap economic negotiations and show their power over local populations. On the other hand, the local population articulated different unified underlying objectives of resistance, negotiation and electoral propaganda of the Unidos por el Gran Gambio (UPGC) political party, among others, which varied with the contextual phases. The main conclusion is that the MDPC is not only a place of resistance and negotiation, but also fulfills underlying objectives that respond to an unplanned contingent external space. In the imposition of power, the framework of interaction, that is constantly changing, is disputed through the deployment of contingent strategies and interaction tactics on the elements of the theater that are characterized by a dynamic scenario (internal, external and glocal), spec-actors and an intermittent script.

La presente es una investigación de tipo cualitativa que se planteó el objetivo de comprender la gestión estatal del conflicto socio-ambiental de "Tía María" en Arequipa, en el período 2007-2017. Los ejes conceptuales son dos: uno sobre la naturaleza del conflicto social y otro sobre las capacidades de la gestión estatal. Para el primer eje asumimos la Teoría de los Nuevos Movimientos Sociales (Tilly 1978, McAdam 1982, Tarrow 1983) porque permite comprender las diferentes complejidades de los movimientos y conflictos sociales, y su interrelación con las estructuras institucionales sociales y estatales. Para el segundo eje adoptamos la definición de capacidad estatal desarrollada por Fabián Repetto quien la entiende como “la aptitud de las instancias gubernamentales de plasmar a través de políticas públicas los máximos niveles posibles de valor social” (Repetto 2004: 8). De este autor también tomamos definiciones de “capacidad administrativa” y “capacidad política” del Estado. Las técnicas de recolección de información fueron la entrevista a profundidad (semiestructurada) y el análisis de fuentes secundarias. Los tipos de actores elegidos para las entrevistas fueron: primero, pobladores y dirigentes opuestos al proyecto minero. Segundo, representantes de la empresa minera Southern Copper Corporation. Tercero, funcionarios de instituciones estatales principalmente de nivel regional y local, cuyas funciones estuvieron relacionadas al conflicto. También entrevistamos a miembros de la sociedad civil que tuvieron participación en episodios del conflicto. Se realizaron tres estancias de trabajo de campo en el Valle de Tambo. Fueron 25 actores entrevistados en 2016. La observación participativa se realizó en 2015. Como resultado encontramos siete características de falta de capacidad estatal para gestionar conflictos sociales. Primero, desarticulación y centralismo del gobierno nacional. Segundo, pérdida de la imparcialidad del Estado. Tercero, gestión estatal favorable a la empresa minera, lo que ha generado que la población perciba al Estado como ausente y desinteresado de las necesidades locales. Cuarto, falta de capacidades legales y administrativas para fiscalizar operaciones extractivas. Quinto, pérdida de capacidad para canalizar demandas de la población. Sexto, pérdida de capacidad técnica para evaluar proyectos mineros. Séptimo, gestión deficiente del uso de la fuerza policial bajo un enfoque de criminalización de la protesta.

La participación de la Policía Nacional del Perú (PNP), en el control del orden público, es fundamental para que en el país prime el Estado de derecho. Los conflictos socioambientales son una manifestación de protesta de los pobladores donde se desarrollan los proyectos mineros, especialmente por el temor a la contaminación de sus terrenos. Llegado el momento de intervenir por desórdenes sociales, el gobierno de turno dispone que la PNP, de conformidad con la Constitución Política, haciendo uso de todos sus recursos humanos y logísticos, controle el orden público. Sin embargo, debido a la estrategia desplegada por los organizadores de las protestas sociales, con motivo de los conflictos socioambientales, éstas se prolongan en el tiempo y se vuelven cada vez más complicadas para la participación de la policía. Se abren muchos frentes de lucha, se aprovecha el terreno geográfico, se amenaza con tomar locales de servicios básicos, etc. Frente a ese escenario, la PNP ve reducidas sus capacidades de controlar el orden público y por lo tanto tiene que solicitar el apoyo de otras instituciones como las Fuerzas Armadas (FFAA), para que con su personal y logística se pueda lograr el objetivo: imperio de la Ley y el orden. Lamentablemente, desde el 2001, en que se dio inicio a los conflictos sociales, hasta la fecha, en las ocasiones que han intervenido las FFAA en apoyo a la PNP, se ha notado que la colaboración no es integral y por el contrario, se ponen ciertas limitaciones en el uso del personal militar y en el uso de su logística, como por ejemplo el empleo del transporte y el combustible, así como su participación siguiendo un planeamiento policial, debido a que la policía es la titular de esta función. Esta situación, que pareciera que solo afecta a la PNP, contribuye a que no se logre el objetivo final de control del orden público, generando un clima de falta de principio de autoridad e impunidad en la población. En estas circunstancias, es conveniente que se instale una política pública que permita que el apoyo de las FFAA a la PNP, en el marco de los conflictos socioambientales, se realice de una manera más dinámica y efectiva, que permita que prevalezca el orden público y por lo tanto la paz social. A nivel económico, esta tranquilidad va a permitir que los potenciales inversionistas puedan elegir al país como un destino que ofrezca garantías a sus capitales, lo que traerá consigo mejores condiciones de vida para nuestra población. Si bien es cierto, a través del tiempo, se han dado algunos dispositivos legales que regulan la participación de las FFAA en conflictos internos, el que se encuentra vigente no ha sido reglamentado y por lo tanto debe serlo; pero no solo eso, se puede encaminar la política pública para que en todo momento en que la PNP requiera el apoyo de las FFAA, no solo durante los conflictos socioambientales, reciba el apoyo solicitado con miras a mantener el principio de autoridad y que los ciudadanos puedan convivir en un clima de tranquilidad. / Trabajo de investigación

La presente tesis tiene como finalidad mostrar como el personal policial ha venido siendo víctima de agresiones durante las diversas intervenciones policiales a fin de garantizar, mantener y restablecer el orden interno como manda la Constitución Política del Perú, durante esta investigación se ha hecho un análisis cualitativo de los diversas causas que generan estas agresiones a los miembros de la institución policial, las cuales fueron el resultado de una exhaustiva investigación documental y una serie de entrevistas a los diversos actores de esta investigación, muchos de ellos autoridades dentro de la institución policial y también a las víctimas de agresiones, físicas y psicológicas. Debemos mencionar que hemos tomado como casos emblemáticos tres conflictos sociales, cada uno de ellos representativo de los tres últimos gobiernos, sin embargo, estos acontecimientos cobraron victimas del lado policial. Al realizar la investigación se han hecho hallazgos en las diversas áreas en las cuales el personal policial se ve afectado a pesar de las normas y directivas vigentes para el cumplimiento de sus beneficios al ser víctimas en el cumplimiento de sus funciones generándose una brecha de implementación. Para finalizar esta investigación llegamos a diversas conclusiones como producto de nuestro estudio y planteamos algunas recomendaciones a fin de que se puedan tener en cuenta para soluciones futuras por las cuales el personal policial se vería beneficiado.

En el capítulo I se formulan el problema y las preguntas del estudio, y se propone aplicar conceptos teóricos y métodos cualitativos para la obtención de respuestas de los actores -con evidencias empíricas en entrevistas -, con el propósito de construir el argumento central sobre los enfoques sociales aplicados en las operaciones mineras por los accionistas y los funcionarios de la empresa minera Yanacocha, dentro del contexto mayor de las causas de los conflictos sociales y problemas en las relaciones comunitarias de esta última. Uno de los primeros pasos de la investigación fue analizar los antecedentes del caso a fin de identificar a los actores clave -dentro y, también, fuera de la empresa minera-, cuyas entrevistas han permitido construir una línea de tiempo de tres etapas a partir de diversos casos e historias reconstruidas en el entorno social de la empresa minera en el lapso 1990-2010. En el capítulo II, “Estado de la cuestión”, se ordena el marco legal e institucional vigente en aquel entonces, para dar cuenta de los derechos y los deberes de la empresa minera, las comunidades campesinas y el Estado, actor central que otorga en concesión los recursos minerales para su aprovechamiento racional. En esta parte se presentan análisis previos del contexto social y la empresa minera, enfocando algunas situaciones y vacíos que han dado lugar a choques entre comunidades y empresas. Los temas de tierras y aguas, de superposición de derechos de uso, posesión y propiedad, de tensiones entre agricultura familiar andina y operaciones mineras modernas, culminan con la presentación de la primera tabla de las tres etapas, desde las exploraciones, la construcción de las minas en los años noventa y las ampliaciones y cierres de minas desde 2000 en adelante. En el capítulo III se resume el marco teórico y conceptual que surge de una amplia revisión de literatura que ayuda a entender los conceptos aplicados en la empresa minera, los cambios en las lógicas empresariales y las propuestas de los actores sociales recogidas y desarrolladas luego de concluir el trabajo de campo entre 2007 y 2010. En los capítulos IV al VII se presentan las tablas que resumen las entrevistas a los actores empresariales y sociales, se proporcionan las evidencias de los enfoques sociales coexistentes - dentro y fuera de la empresa minera- y se analizan su efecto en los casos de éxitos y fracasos en las relaciones comunitarias de la empresa minera. Los enfoques sociales que se revelan en las respuestas ordenadas a accionistas y ejecutivos de las socias de Yanacocha: Newmont Gold Corporation (NEM) -y la empresa filial de NEM a cargo de las operaciones en Yanacocha- y la Compañía de Minas Buenaventura (BVN), revelan la existencia de diversos enfoques y mutuas influencias entre socios, accionistas, y funcionarios. Luego estas evidencias se analizan a la luz de los conceptos teóricos presentados en el capítulo III con el fin de fundamentar el argumento central acerca de la existencia de enfoques sociales diferentes -dentro y fuera de la empresa minera- y, que corresponden a lógicas contrapuestas entre actores empresariales o shareholders -accionistas, funcionarios y expertos mineros- y los actores sociales o stakeholders, quienes a lo largo del ciclo de vida de Yanacocha a veces han dialogado y en otras oportunidades se han confrontado al no tener una visión compartida del desarrollo sostenible. En esta parte del estudio se contrastan los diversos enfoques sociales que corresponden de un lado, a la tradición minera del país representada por los socios y funcionarios de BVN, y de otro lado, dentro de la propia empresa algunos enfoques modernos que corresponden a los funcionarios de NEM que se guían por estándares internacionales a nivel global. En esta parte se presentan además los principios financieros de un poderoso socio minoritario con influencia gravitante en Yanacocha: La Internacional Finance Corporation (IFC) del Grupo del Banco Mundial. Al escuchar a los actores se trata de entender sus enfoques sociales y analizar las relaciones comunitarias que subyacen a los mismos, así como a las causas y los conflictos sociales -desde los orígenes , pasando por etapas de cambios hasta el estallido de la crisis en Conga (2011), En estas historias son evidentes de un lado la ausencia del Estado y las dificultades de los actores para desarrollar diálogos y cumplir acuerdos pendientes desde los orígenes y a lo largo del ciclo de vida de los proyectos mineros. Luego de concluido el trabajo de campo realizado para este estudio en diciembre 2010, la crisis en Conga puso en un paréntesis los procesos de diálogo iniciados desde tiempo atrás. Tras el procesamiento de las primeras entrevistas a los actores a la luz de los hechos recientes, se han realizado algunas entrevistas complementarias y se han aplicado las técnicas cualitativas como la observación participante, para actualizar y completar los resultados de las tres visitas de campó realizadas entre setiembre del 2007 y diciembre del 2010. En el análisis que se presenta acuerdos y conflictos sociales y se contrastan dichos y documentos, análisis y discursos corporativos así como la data pública de los reportes de sostenibilidad de la empresa minera que contrasta con algunas experiencias propias en los diálogos y tensiones entre actores de la empresa minera y su entorno social. La aplicación del software Atlas ti- permitió procesar 44 entrevistas para identificar códigos articulados en redes sociales con conceptos similares o diferentes, y que ayudan a explicar los enfoques sociales aplicados por funcionarios en Yanacocha. Tras este análisis seencuentran evidencias de estos enfoques diferentes como una de las causas de los conflictos sociales, generados por las respuestas dentro y fuera de la propia empresa minera. Se incluyen dos tablas sobre las denuncias por la muerte de animales y las protestas sociales que revelan un creciente temor por la contaminación ambiental de las aguas, lo cual acrecienta la desconfianza respecto a una empresa que no ha cumplido con acuerdos pendientes de obras y la mejora de los servicios públicos pendientes, en las cuales resulta evidente la precaria presencia de un Estado ausente en el campo andino. El Estado, entendido limitadamente como el Gobierno nacional, reaparece en la parte final de la crisis de Conga, como un actor de gran importancia para los actores empresariales y sociales, de un lado para ejercer el poder con legitimidad para garantizar derechos y deberes, contemplados en el marco constitucional, legal e institucional, para restablecer el orden público y mediar en diálogos para impulsar cambios en los conflictos y las crisis sociales. Los roles y responsabilidades sociales del Estado en relación al desarrollo sostenible y los enfoques sociales de sus funcionarios son una clave en esta parte de la investigación ya que no sería posible entender porque las relaciones comunitarias de {a empresa minera Yanacocha fallan, a pesar de ser de su interés, sin un entorno social que se moviliza y un Estado ausente que a veces ha sido sustituido por la empresa minera. El Estado juega un rol central por acción u omisión, cuando pasa a ser un aliado cuando se asocia con la empresa minera y las comunidades para la ejecución de obras públicas y finalmente, cuando hace de mediador y convoca a representantes de la Iglesia Católica y a expertos internacionales para encontrar soluciones pacíficas a la crisis que subsiste a pesar de decretar el estado de emergencia y disponer el uso de la fuerza pública para restablecer el orden público. En el Capítulo VIII las reflexiones finales, a modo de conclusiones, resumen algunas conexiones entre conceptos teóricos y enfoques aplicados por los actores económicos y sociales en el caso de estudio, se formulan nuevas preguntas y proponen algunas propuestas para mejorar el entendimiento del caso de Yanacocha. Para ello, la autora se ubica entre las dos principales narrativas y enfoques sociales expuestos para coincidir en parte con algunos profesionales dentro y fuera de la empresa minera de Yanacocha, quienes participaron del Grupo de Diálogo Minería y Desarrollo Sostenible (GDMDS) y suscribieron el Acuerdo por una Minería con responsabilidad social y ambiental, en agosto del año 2006.

La investigación tiene como objetivo conocer las capacidades de gestión de entidades públicas y privadas para la mitigación y resolución de conflictos socioambientales, bajo el modelo de concesión de territorio a diversas corporaciones extractivas de mediano y gran capital en algunas regiones de la sierra del Perú. Se centró en las trayectorias y procesos de aprendizaje de ambas organizaciones, pues en los hechos son aliados estratégicos en el desarrollo extractivo, implementado en la región desde la época colonial. Las prácticas de gestión de dichas entidades se estudian a partir del boom de los commodities iniciado en la década de los 90 hasta el año 2021. Dichas acciones debieran ejecutarse de acuerdo a competencias legales y roles sociales explícitos que, en principio, se complementan para darle viabilidad no sólo económica a esta industria y lograr ingentes réditos en favor del erario público; sino sobre todo a nivel social y ambiental para que dicho modelo aspire a ser sostenible en el territorio y en la población impactada directa e indirectamente. Los resultados muestran que las causas que originan los conflictos socioambientales son difíciles y complejas de resolver desde la agencia de los actores analizados. Las bases de las disputas y tensiones tienen, por un lado, el tipo de bien en conflicto (bienes públicos concesionados por el Estado a privados y bienes colectivos de las comunidades afectadas cuyo territorio colinda con la infraestructura minera o se superpone) y por el otro a factores de carácter estructural e histórico que el Estado y sus gobiernos de turno no han sido capaces de resolver o enfrentar por generaciones: i) pobreza, exclusión, ii) fragmentación de la población para plantear sus demandas, iii) débil capital social (desconfianza para negociar); y iv) precariedad institucional (especialmente política). Las condiciones mencionadas son afrontadas a partir de diversas estrategias legales e instrumentales que de alguna manera han logrado cambios significativos en el manejo de los conflictos. Sin embargo, estos todavía son insuficientes y por lo tanto no se puede avizorar la reducción de los enfrentamientos. / The research seeks to know the management capacities of public and private entities for the mitigation and resolution of socio-environmental conflicts, under the model of concession of territory to various extractive corporations of medium and large capital in some regions of the Peruvian highlands. It focused on the trajectories and learning processes of both organizations, since in fact they are strategic allies in the extractives development implemented in the region since colonial times. The management practices of these entities are studied from the commodities boom, which began in the 1990s until the year 2021. These actions should be carried out in accordance with legal competencies and social roles that complement each other to give -not only- economic viability to this industry and achieve enormous revenues in favor of the public treasury; but above all social and environmental viability so the model could be sustainable in the territory and in the population, directly and indirectly impacted. The results show that the causes that originate socio-environmental conflicts are difficult and complex to resolve from the agency of the analyzed actors. The bases of the disputes and tensions have, on the one hand, the type of good in conflict (public goods granted by the State to private parties and collective goods of the affected communities whose territory adjoins the mining infrastructure or overlaps) and on the other, factors of a structural and historical nature that the State and its governments have not been able to solve or face for generations: i) poverty, exclusion, ii) fragmentation of the population to present their demands, iii) weak social capital (mistrust to negotiate); and iv) institutional precariousness (especially political). The conditions mentioned are confronted from various legal and instrumental strategies that in some way have achieved significant changes in the management of conflicts. However, these are still insufficient and the reduction in clashes cannot be predicted.

El presente trabajo de investigación se centra en analizar la relación que existe entre la implementación de una política pública en materia hídrica que es el Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Chancay-Huaral, y la disminución de los conflictos que se presentan por el uso del agua en el desarrollo de la actividadminera. Al respecto debemos precisar que según el art. 20° del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos se establece lo siguiente: los Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca tienen la finalidad “ de lograr la participación activa y permanente1 de los gobiernos regionales, gobiernos locales, sociedad civil, organizaciones de usuarios del agua , comunidades campesinas, comunidades nativas y demás integrantes del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos que intervienen en la cuenca, con el objetivo de participar en la planificación , coordinación y concertación para el aprovechamiento sostenible de recursos hídricos2 en sus respectivos ámbitos” (Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, 2010). Para el desarrollo del presente trabajo de investigación en primer lugar, se empleó la metodología NATO (Nodality, Authority, Treasure and Organization) que permitió desintegrar la política pública e identificar cuáles son los elementos que la conforman. Como segundo paso, se realizaron “entrevistas a profundidad”. A través de este método cualitativo se obtuvo información de acuerdo a la experiencia de los entrevistados. Es por ello que se buscó entrevistar a aquellas personas relacionadas con el Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Chancay- Huaral. Se entrevistó al Secretario Técnico, a tres miembros del consejo (si bien son ocho (8) miembros, solo se consideró a tres (03), ya que se identificó a aquellos que interactúan con mayor frecuencia en el Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Chancay- Huaral), un representante de una empresa minera con la cual se ha establecido espacios de diálogo. A partir de estas entrevistas se pudo identificar aquellos problemas internos que caracterizaron la etapa de implementación del Consejo de Recursos Hídricos. En tal sentido, esta investigación propone la consideración del Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Chancay-Huaral, sea un espacio de diálogo que permita concertar las discrepancias entre los diversos actores del uso del agua y de esa manera ser vista como una alternativa para la disminución de los conflictos socioambientales en torno al uso de los recursos hídricos. Finalmente se concluye que el Consejo de Recurso Hídrico de la Cuenca Chancay – Huaral, es una política pública que cuenta con los instrumentos necesarios para ayudar en la disminución de los conflictos, es por ello que se recomienda que el Estado debería promover su implementación sobre todo en aquellas zonas donde se encuentra un alto índice de conflictividad entre empresas mineras y la población por el uso del agua / Trabajo de investigación

La presente investigación estudia el conflicto social, partiendo desde una perspectiva histórica en la cual ciertos eventos históricos del pasado explican un conflicto en el presente. Para esta tarea se toma el caso del conflicto sucedido en el año 2016 en la región La Libertad entre el distrito de Quiruvilca, provincia de Santiago de Chuco, y el centro poblado Barro Negro del distrito de Usquil, provincia de Otuzco. En ese sentido, el estudio reconstruye la trayectoria económica de cada actor en conflicto, analizando la manera en que estas influenciaron en el conocimiento que cada uno de ellos tiene sobre la minería y en la forma en que cada uno se relaciona con agentes privados como lo son las empresas mineras. De otro lado, la investigación también realiza un análisis del proceso del conflicto en su conjunto, incluyendo sus expresiones de violencia, pero no limitándose a ellas. De igual manera, se evalúa el accionar del Estado como ente responsable de prevenir y/o solucionar los conflictos sociales. En este punto se hace énfasis en la utilidad de la mesa de diálogo como mecanismo eficaz para la resolución de conflictos

Las movilizaciones populares se identifican más por su resistencia que por sus argumentos o influencia en la opinión pública. Este estudio operativiza el concepto del Espacio Público (Habermas 1995) aplicando una propuesta metodológica original que analiza la emergencia de los argumentos de públicos débiles movilizados por los derechos de consulta, que activan desigualmente la dimensión deliberativa de la democracia al formar espacios públicos. Estos emergen con diferentes alcances (locales, nacionales, regionales y globales) y contenidos (cívico y político) en Tambogrande (2001-2003) y Bagua (2007- 2009); donde los públicos débiles y sus aliados superando obstáculos hacen eco en autoridades, redes internacionales y audiencias. En tensión con la politica de apertura a las empresas extractivas que no toma en cuenta a las poblaciones locales, ocurre que ellas se autorepresentan defendiendo sus territorios y modos de vida. En Tambogrande bajo la alianza pro agro de campesinos y ciudadanos piuranos que identifican a la minería como politica limeña. En Bagua los indígenas impactan nacional y globalmente conectando con ciudadanos diversos que los incorporan en sus imaginarios, reconociendo su vínculo cultural con el territorio. Siendo reacio a las consultas, el Estado no actúa monoliticamente habiendo en su interior posturas a favor. Luego de la consulta popular en Tambogrande el gobierno cancela su sustento legal y en Bagua se promulga la ley de consulta previa, pero al aplicarse administrativamente se facilita la instalación de las empresas extractivas, quedando pendiente el reconocimiento de los indígenas amazónicos como minorías con derechos colectivos, según el convenio 169 OIT.

Este trabajo de investigación analiza el conflicto generalizado en la Amazonía peruana por el derecho y el uso del territorio, cuyo punto más visible es lo ocurrido en Bagua en junio del 2009, con lamentables resultados y donde se puso en evidencia una difícil relación entre el Estado, las empresas extractivas y las comunidades nativas de la Amazonía. Se plantea que más allá del origen y complejidad de los conflictos, algo de fondo condiciona todo lo demás: el choque de dos visiones y percepciones muy distintas; por un lado, el Estado defendiendo la necesidad de inversiones para el desarrollo del país a cualquier costo y, por otro, la de los pueblos indígenas en la necesidad de tener un ambiente saludable. Los pueblos indígenas tienen una manera de entender el mundo muy apegada a la tierra, al agua y a la biodiversidad de los territorios en los que llevan viviendo muchos siglos. Esta forma de situarse en el mundo, inseparable de su modo de vida, es una realidad incomprensible para el Estado, muestra de ello es el otorgamiento de concesiones petroleras, mineras y madereras sobre territorios indígenas, con lo cual ha desencadenado conflictos sociales en el país. Se sostiene que el conflicto continuará si no se desarrolla una visión diferente de desarrollo desde el Estado con políticas públicas en favor del cuidado, protección y uso adecuado de los recursos de la Amazonía. Además se deben otorgar seguridad y garantías a los pueblos indígenas sobre los territorios. / --- This research analyzes the widespread conflict in the Peruvian Amazon by law and land use, being its most visible events in Bagua in June 2009, with unfortunate results and which revealed a difficult relationship between the state, extractive companies and Amazonian native communities. The research argues that beyond the complexity of conflicts, the background determines everything else: the clash of two very different visions and perceptions: On the one hand the state defending the need for investment in the development of the country at any cost and on the other, the indigenous peoples of the need to have a healthy environment. Indigenous peoples understand the human world as inseparable from the land, water, and biodiversity of the territories in which they have lived many centuries. However, It is something that the State is not well understood, on the contrary it has delivered oil concessions, miners and loggers on indigenous territories, triggering social conflicts in the country. This research argues the conflict will continue if the state develops not a different view of development for the country, with public policies for the care, protection and proper use of the resources of the Amazon. In addition safety and guarantees be afforded to indigenous peoples on the territories.