La doctrina del control de convencionalidad supone, entre otras, una contestación de la Corte IDH a la pregunta sobre el valor jurídico de su jurisprudencia. En síntesis, afirma que la exégesis sobre la CADH y otros tratados interamericanos, contenida en sus sentencias y opiniones consultivas, tiene un carácter vinculante y un efecto erga omnes en aquellos Estados que han reconocido su competencia (contenciosa o consultiva). Por ello, dirá la Corte IDH, que toda autoridad nacional, sin excepción, debe cotejar su ordenamiento y prácticas domésticas a la luz de los pronunciamientos interamericanos y, de haber contradicción, decantarse por estos segundos. Desde entonces, se ha producido una divergente respuesta tanto al interior de las altas cortes nacionales como de la doctrina académica. La presente investigación, no solo pretende narrar la historia de esta figura, para luego categorizar su concepto (capítulo II), sino también presentar el vigente debate judicial y académico que ha generado (capítulo III). Asimismo, intenta poner en discusión, desde el Derecho Internacional Público y el Derecho Constitucional, aquel extremo que señala a la jurisprudencia interamericana como parámetro obligatorio y de efectos “frente a todos” (capítulo IV). Finalmente, busca comprender cómo la reconfiguración del concepto de “soberanía” estatal y la irrupción del derecho internacional de los derechos humanos, terminada la II Guerra Mundial, ha hecho posible que arribemos a reflexiones y controversias de este tipo (capítulo I). La conclusión principal a la que llegamos es que, sin poner en duda la importancia del rol interpretativo que desenvuelve la Corte IDH, la fundamentación con la que se pretende respaldar a la doctrina del control de convencionalidad es endeble e insuficiente. Es más, no solo existen inconsistencias teóricas al interior de la propuesta, sino también inminentes riesgos para el desenvolvimiento de un régimen democrático en un Estado Constitucional de Derecho.

A raíz de 1) la problemática en el plano empírico sobre el alarmante incremento y recurrencia de la criminalización de los defensores de los derechos de los pueblos indígenas que ha generado una crisis mundial, regional y nacional; junto a 2) la problemática en el plano jurídico-conceptual en el SIDH respecto a la ceguera conceptual de la Corte IDH sobre los casos de criminalización de defensores de los derechos de los pueblos indígenas, se propone una herramienta conceptual para un análisis más completo de los casos de criminalización de estos defensores en la Corte IDH: el enfoque estructural. Se elabora esta herramienta conceptual como un marco de cinco elementos a seguir por los operadores jurídicos para la identificación y análisis de estos casos: 1) la identificación de aspectos comprendidos bajo el concepto interamericano de “criminalización”, 2) la pertenencia a uno de los grupos de defensores más afectados: defensores de DPI, 3) la identificación de los principales actores que ejercen o promueven la criminalización, 4) las principales formas de criminalización y 5) los efectos de la criminalización de defensores de DPI. Finalmente, se demuestra un análisis más completo de casos sobre la criminalización de estos defensores de usarse la herramienta conceptual propuesta mediante la ejemplificación de las ventajas de este enfoque en casos pasados analizados de forma incompleta por la Corte IDH. No obstante, esta respuesta conceptual a la doble problemática de la criminalización de los defensores de los derechos de los pueblos indígenas no pretende agotar la solución, asimismo, aun presenta conceptualmente oportunidades de desarrollo a futuro.

El presente artículo académico busca ser una herramienta para la comprensión del sentido de las reparaciones, la obligación de los Estados a brindarlas y el derecho de las víctimas a recibirlas, así como su importancia dentro del sistema jurídico internacional. Más aún, busca ser un espacio para la reflexión sobre la importancia de la incorporación de un sentido transformador en las reparaciones, dado por la Corte IDH a partir del caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México, así como la incorporación de un enfoque de género. El caso Campo Algodonero consituyó un momento clave en la línea jurisprudencial de la Corte Interamericana y permitió el desarrollo de reparaciones cuyo objetivo está enfocado en lograr un impacto en la discriminación estructural que se presenta en nuestra sociedad, respecto a ciertos grupos vulnerables como las mujeres y niñas. Solo mediante un enfoque transformador y de género es posible contar con reparaciones que tengan realmente un efecto trascendental y positivo hacia este grupo en situación de vulnerabilidad, quienes son víctimas constantes de violencia. Esto último debido a que el origen del problema radica en la propia estructura de la sociedad y en los estereotipos de género en los que la misma se sostiene. Las reparaciones tienen la finalidad de resarcir a las víctimas. Pero, ¿cómo podría ser posible esto si únicamente restituimos a las víctimas a una situación anterior a la vulneración de sus derechos humanos si ya desde antes vivían en una situación de desigualdad y vulnerabilidad? Sólo tomando en consideración un enfoque transformador, donde el enfoque de género se encuentre presente, se podrá consolidar una reparación adecuada para las mujeres que hayan visto vulnerados sus derechos. Para los fines de este trabajo se hará uso de la metodología documental.

El presente trabajo pretende analizar el caso de Personas Dominicanas y Haitianas Expulsadas vs. República Dominicana, el cual fue presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y posteriormente resuelto el 28 de agosto de 2014; desde una perspectiva de igualdad y no discriminación. Para ello, se demostrará que las expulsiones arbitrarias constituyeron una grave vulneración de los derechos a la identidad, garantías procesales mínimas, niñez y unidad familiar de las víctimas. Asimismo, se postulará la necesidad de reconocer que la soberanía de los Estados en temas de movilidad humana debe ser reformulada a partir de la situación de vulnerabilidad que se propugna para las personas migrantes. Para ello, se resaltará que, dado los nuevos retos que supone la migración, es necesario adoptar un derecho autonómo a migrar que implique abordar a la migración como una actividad inherente del ser humano. Finalmente, será conveniente formular ciertas políticas de integración que permitan reconocer a las personas migrantes como favorables para las sociedades de acogida. Por todo lo anterior, en el presente informe se aplicará una metolodogía dogmática y exegética, donde será fundamental el estudio de las normas y estándares internacionales que ofrece el Derecho Internacional de los Derechos Humanos en atención a la protección de las personas migrantes. / This paper aims to analyze the case of Expelled Dominicans and Haitians vs. Dominican Republic, which was presented to the Inter-American Court of Human Rights and subsequently resolved on August 28, 2014; from the perspective of equality and non-discrimination. To this end, it will be demonstrated that the arbitrary expulsions constituted a serious violation of the victims' rights to identity, minimum procedural guarantees, childhood and family unity. It will also postulate the need to recognize that the sovereignty of States in matters of human mobility must be reformulated from the situation of vulnerability that is advocated for migrants. Also, it will be emphasized that, given the new challenges posed by migration, it is necessary to adopt an autonomous right to migrate that implies addressing migration as an inherent human activity. Finally, certain integration policies should be formulated to recognize migrants as favorable to host societies. In view of the above, dogmatic and exegetical methods will be applied in the present report, where the study of the international norms and standards offered by International Human Rights Law will be fundamental in attention to the protection of migrants.

El presente trabajo de investigación propone analizar la actuación de los tribunales internos de los Estados de la región frente al cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En esa línea, se identifican y estudian los pronunciamientos de los tribunales nacionales que han limitado directa o indirectamente la ejecución de las sentencias del tribunal supranacional, con especial atención en el caso Fontevecchia y D’Amico Vs. Argentina, en el que el tribunal interno de mayor jerarquía del Estado argentino emitió un pronunciamiento renuente con relación al cumplimiento de una de las medidas de reparación ordenadas por el tribunal supranacional. El desarrollo de la investigación se sustenta en la teoría de la obligación de reparar antes que en el principio de la primacía del derecho internacional sobre el derecho nacional, sin que esto signifique desconocer la validez y vigencia del mencionado principio. Finalmente, se concluye que no todos los tribunales internos de la región han internalizado las obligaciones que se desprenden de las normas y principios del Sistema Interamericano, como la obligación de reparar y la de cumplir con las decisiones del tribunal supranacional; asimismo, se concluye que un Estado no puede invocar la decisión de un tribunal interno, independientemente de su jerarquía, para incumplir una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La presente investigación expone, desde una aproximación cualitativa y cuantitativa, el desarrollo del derecho a la integridad personal desde el ámbito jurisprudencial nacional e internacional. Se sostiene tanto de la revisión de un conjunto de sentencias emitidas por nuestro Tribunal Constitucional, así como también de las provistas en los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los objetivos de esta investigación están orientados, en primer lugar, a revisar la construcción del derecho a la integridad personal desde sus más antiguos antecedentes: los Diarios de Debates de las Comisiones Constitucionales en la Asamblea Constituyente (1979) y el Pleno del Congreso (1993). En segundo lugar, a explorar la jurisprudencia pertinente en ambos fueros peruano e interamericano e identificar qué conceptos resultan indesligables para la construcción del derecho fundamental a la integridad personal. Y, por último, en tanto existe mediado consenso sobre la construcción constitucional de la dimensión física de la integridad, revisar con mejor detenimiento la posición constitucional y de derechos humanos que han tomado las dimensiones psíquica y moral del derecho estudiado. Esto último nos permitirá observar si las construcciones de derechos humanos del fuero interamericano podrían ser recogidas -o si lo fueron- en las sentencias de nuestro Tribunal Constitucional.

El presente ensayo busca determinar si la interpretación evolutiva es una interpretación válida a pesar de no estar reconocida explícitamente en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969. Ello con la finalidad de analizar como la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hecho uso de la interpretación evolutiva en todos los casos referentes a la Comunidad LGTBIQ para posteriormente, examinar si este uso de la interpretación evolutiva se hace de manera correcta a efectos de determinar la responsabilidad internacional de los Estados o responder la interrogante de si la argumentación que utiliza la Corte IDH para responsabilizar a un Estado internacionalmente es la más estratégica o tiene otras formas más robustas de hacerlo. El trabajo parte de la hipótesis de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos aplica el estándar de que la orientación sexual es una categoría prohibida de discriminación de manera retroactiva a todos los casos de la comunidad LGTBIQ. Asimismo, parte de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoce implícitamente la debilidad de su argumento, por lo que hace uso de argumentos auxiliares o complementarios a efectos de ir consolidando su estándar con el tiempo. Esta hipótesis fue finalmente corroborada, por lo que se propone como recomendaciones que la Corte Interamericana utilice, cuando en los casos en los que sea posible, la norma interna más protectora que su estándar retroactivo y como segunda recomendación que la aplicación de un estándar nuevo se aplique para resoluciones futuras lo que brinda seguridad jurídica a los Estados. / This essay seeks to determine the validity of evolutionary interpretation despite its lack of explicit recognition in the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties. The aim is to analyze how the Inter-American Court of Human Rights (IACHR) has employed evolutionary interpretation in cases involving the LGBTQ+ community. Subsequently, an examination is conducted to assess whether this use of evolutionary interpretation is carried out correctly in determining the international responsibility of states. Furthermore, the essay explores whether the IACHR's argumentation for holding a state accountable internationally is the most strategic or if alternative, more robust approaches exist. The underlying hypothesis posits that the IACHR retroactively applies the standard that sexual orientation is a prohibited category of discrimination to all LGBTQ+ cases. Additionally, it posits that the IACHR implicitly acknowledges the weakness of its argument, resorting to auxiliary or complementary arguments to progressively solidify its standard over time. With the hypothesis validated, recommendations are proposed for the IACHR to utilize, when feasible, the most protective domestic norm rather than its retroactive standard. A secondary recommendation suggests that the application of a new standard be reserved for future resolutions, thereby enhancing legal certainty for states. / Trabajo académico

Los pueblos indígenas en cuyos territorios se realizan actividades de explotación de recursos naturales no se benefician mayoritariamente de ellas. Ello, a pesar de que nuestro país experimenta un auge en la expansión de las industrias extractivas –en especial mineras y agroindustriales– y de las enormes ganancias que estas generan para sí mismas y, en menor medida, para el Estado. Todo lo contrario, estas actividades dejan tras de sí una estela de contaminación y afectación de los territorios donde estos pueblos viven, y lo que es peor, afectando el acceso de estos pueblos a los recursos naturales indispensables para su subsistencia. Esta situación contribuye a generar un contexto social de alta conflictividad social que a todos afecta. Ante esta realidad, esta tesis quiere contribuir a precisar, cuál es el contenido constitucional y más precisamente convencional, del derecho de los pueblos indígenas a beneficiarse de las actividades extractivas en sus territorios, reconocido en el artículo 15.2 del Convenio 169 de la OIT, tratado internacional de derechos humanos de rango constitucional. Tras 24 años de entrada en vigencia del Convenio 169 de la OIT, es necesario comenzar a exigir la vigencia de este derecho. Y esto solo será posible, si se tiene más claridad sobre el contenido constitucional y convencional protegido de este derecho. Con esa finalidad esta tesis, intenta revisar el desarrollo jurisprudencial de este derecho por diferentes cortes constitucionales, y de manera especial por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, revisamos los diferentes pronunciamientos de la OIT, que han ido desarrollando y arrojando luces sobre este derecho. La falta de desarrollo normativo legal y reglamentario de este derecho no justifica su desconocimiento. A pesar de ello, nuestra conclusión, es que existe un mínimo contenido normativo convencional suficiente para exigir la vigencia de este derecho ante los órganos administrativos, políticos y jurisdiccionales.

Entre los múltiples dilemas que deben resolverse al estructurar un proceso de justicia transicional, se encuentra la posibilidad de construir políticas que respeten los estándares de derecho internacional y no representen un obstáculo para que se llegue a un acuerdo entre las partes en conflicto. El presente artículo plantea que el margen de apreciación nacional es un mecanismo idóneo para la incorporación de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el ámbito nacional y, más concretamente, en procesos de justicia transicional. Para ello, se explicará el margen de apreciación nacional y su compatibilidad con el control de convencionalidad, las críticas a la incorporación del margen de apreciación en el contexto americano y la posibilidad de utilizar el margen de apreciación en contextos de justicia transicional, como mecanismo idóneo para incorporar y armonizar las decisiones de la Corte Interamericanacon los procesos de justicia transicional. / Among the multiple dilemmas that must be resolved when structuring a transitional justice process is the possibility of constructing policies that respect the standards of international law and do not represent an obstacle to reaching an agreement between the parties in conflict. This article proposes that the national margin of appreciation is a suitable mechanism for the incorporation of the judgments of the InterAmerican Court of Human Rights at the national level and, more specifically, in transitional justice processes. To this end, the national margin of appreciation and its compatibility with the control of conventionality, the criticisms to the incorporation of the margin of appreciation in the American context and the possibility of using the margin of appreciation in transitional justice contexts will be explained, as a suitable mechanism to incorporate and harmonize the decisions of the Inter-American Court with transitional justice processes.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)