El Código Civil peruano, al igual que la mayoría de Códigos Civiles que se adscriben al sistema romano germánico, adopta una noción pandectística del contrato, entendiéndolo, conforme aparece en su artículo 1351, como “el acuerdo de dos o más partes para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial”. Como puede verse, esta definición guarda bastante similitud con la definición que el mismo cuerpo normativo nos brinda respecto del “acto jurídico” [rectius, negocio jurídico1], en el artículo 140, en donde se señala que éste viene a ser “la manifestación de voluntad destinada a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas”. Y ello, ciertamente, obedece a que el contrato es, al igual que el testamento y la promesa unilateral, una especie de la categoría general de negocio jurídico, entendiendo a éste como un acto vinculante por medio del cual se establecen las reglas jurídicas cuya actuación permitirá la satisfacción de los intereses de las partes, sea creando, transfiriendo, regulando, modificando o extinguiendo efectos jurídicos, esto es, como un acto de autonomía privada. En esta misma línea se ha dicho que: “El contrato entra en la categoría más amplia del acto de autonomía privada o negocio jurídico, o sea del acto mediante el cual el sujeto dispone de la propia esfera jurídica” (Bianca 2007: 24). / Tesis

El presente trabajo de investigación busca analizar la procedencia de la demanda de cumplimiento en aquellos casos en los cuales la acción o inacción de terceros termine por afectar el derecho a la salud y al medio ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida. El análisis nace de la hipótesis de que la Demanda de Cumplimiento presentada por pobladores de La Oroya que trajo como resultado la Sentencia del Tribunal Constitucional 2002-2016-AC, no fue la vía idónea para proteger sus derechos pues existen otros recursos constitucionales que hubieran logrado mejor dicho objetivo. La relevancia del presente análisis se centra en la protección efectiva e idónea de derechos constitucionales, mediante la vía adecuada y en aprovechamiento de las instituciones existentes. En este análisis se trabaja desde la perspectiva del derecho constitucional y ambiental, particularmente a partir de la propuesta de Roberto Alexy, Victor Abramovich y Christian Courtis. Se concluye que la vía idónea para proteger los dos derechos citados y en el caso particular mencionado, es la Acción de Amparo pues a diferencia de le Demanda de Cumplimiento que solo puede obligar a los funcionarios renuentes del Ministerio de Salud a cumplir con sus funciones, esta puede obligar a la empresa causante del daño ambiental (y en consecuencia del daño a la salud) a ejecutar acciones necesarias para parar los daños ocasionados a los pobladores y al medio ambiente. / Trabajo académico

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El objetivo de este trabajo es analizar el tratamiento jurisprudencial que ha recibido el instrumento de gestión ambiental denominado Programa de Cumplimiento cuando éste ha sido objeto de judicialización. Antes de exponer el análisis de fondo, se efectúa una revisión general de esta herramienta dentro del marco de los incentivos al cumplimiento y así también, del lugar que ocupa en el ordenamiento jurídico. El método elegido para llevar a cabo este propósito fue el análisis del universo de causas existentes a la fecha, tanto de las sentencias dictadas por los Tribunales Ambientales que resuelven la correspondiente acción de reclamación cuando se hubiesen deducido en contra de actos administrativos que aprobaren, rechazaren o declararen el incumplimiento de un determinado Programa de Cumplimiento, como de las respectivas sentencias de casación falladas por la Corte Suprema en los casos en que este recurso hubiese procedido. Lo anterior mediante la creación de Fichas de análisis correspondientes a cada sentencia, las cuales se encuentran en los Anexos de la investigación. Como resultado del presente estudio, obtuvimos distintos hallazgos que dicen relación, en primer lugar, a las causales de impugnación de los Programas de Cumplimiento, y en segundo lugar, al comportamiento que están teniendo los Tribunales con competencia en lo Ambiental y el Máximo Tribunal frente a esta herramienta. / 08/11/2019

El Código Civil peruano, al igual que la mayoría de Códigos Civiles que se adscriben al sistema romano germánico, adopta una noción pandectística del contrato, entendiéndolo, conforme aparece en su artículo 1351, como “el acuerdo de dos o más partes para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial”. Como puede verse, esta definición guarda bastante similitud con la definición que el mismo cuerpo normativo nos brinda respecto del “acto jurídico” [rectius, negocio jurídico1], en el artículo 140, en donde se señala que éste viene a ser “la manifestación de voluntad destinada a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas”. Y ello, ciertamente, obedece a que el contrato es, al igual que el testamento y la promesa unilateral, una especie de la categoría general de negocio jurídico, entendiendo a éste como un acto vinculante por medio del cual se establecen las reglas jurídicas cuya actuación permitirá la satisfacción de los intereses de las partes, sea creando, transfiriendo, regulando, modificando o extinguiendo efectos jurídicos, esto es, como un acto de autonomía privada. En esta misma línea se ha dicho que: “El contrato entra en la categoría más amplia del acto de autonomía privada o negocio jurídico, o sea del acto mediante el cual el sujeto dispone de la propia esfera jurídica” (Bianca 2007: 24).

Plantear la efectividad de la función “ex-post” de los Programas de Compliance en empresas que se han visto involucradas en temas de corrupción, que puedan haber sido generadas por el órgano directivo, plana gerencial o cualquier empleado. Los beneficios de los Programas de Compliance han sido principalmente difundidos desde su aporte a la prevención y al fortalecimiento de una “cultura de cumplimiento”, sin embargo, en este artículo se propone extender sus beneficios hacia situaciones en donde las empresas que ya realizaron actos que “no cumplieron” con las expectativas o estándares planteados en los Programas de Compliance, desde su rol preventivo, consideren útil la implementación de estos Programas como una forma de mitigar el impacto que un involucramiento en actos de corrupción haya podido generar, y así lograr mantener su actividad que vaya de la mano con una renovación de los estándares corporativos. En este tipo de circunstancias es que cobra mayor importancia el que se pueda llegar a evidenciar apropiadamente que el Programa de Compliance, desde su rol “Ex-Post” no se trate de un simple documento con una “letra muerta”, que sólo sirva para “aparentar” o “maquillar” una actitud de renovación del compromiso de la empresa, sino que por el contrario sea muestra clara de los objetivos planteados por las empresas en su ánimo de fomentar nuevos valores que permitan alcanzar la “reconstrucción de su moral”. Ahora bien, la forma en cómo las empresas podrán evidenciar un real contenido y adherencia a los principios que establecen los Programas de Compliance dependerá de cada empresa dentro de su ámbito de libertad de gestión, sin embargo, en el presente artículo se busca proponer componentes mínimos de los Programas de Compliance que sirvan de base para la finalidad planteada. / Trabajo de investigación

Los cambios de criterio en las resoluciones emitidas por el Indecopi, entorno al deber de idoneidad, fueron determinantes para la elección de la resolución para mi examen de grado. Las resoluciones desarrolladas fueron la Resolución 2221-2012/SC2 (Caso Hiraoka) y la Resolución 1008-2013/SPC (Caso Claro), durante la elaboración del informe pude revisar ambos expedientes, y optar por uno de los criterios aplicados, para luego advertir que un adecuado programa de cumplimiento evitaría de una manera apropiada infracciones al deber de idoneidad, así como la atenuación de sanciones. El presente trabajo de investigación académica aborda los controvertidos criterios interpretativos del deber de idoneidad, y, además, busca demostrar que se debe priorizar el comportamiento del Proveedor frente a un problema. Además, busca analizar el concepto, funciones, beneficios, principios y factores de los programas de cumplimiento, y como estos últimos serían adecuados para evitar infracciones a las normas y, en especial, al deber de idoneidad, implementando mecanismos para evitar posibles infracciones mucho antes de que estas ocurran, así como dar una solución adecuada y oportuna si llega a producir, y aprender de lo acontecido para asegurarse que en un futuro no vuelvan a ocurrir.

La gestión de los riesgos legales es de vital importancia para las compañías, puesto que es necesario identificar y anticiparse a las contingencias que puedan acaecer en el día a día de sus operaciones. Por ello, desde un rol proactivo de la Gerencial Legal, resulta necesaria la implementación de un compliance regulatorio en la compañía, a pesar de que pueda ser una tarea compleja o que algunos órganos decisorios puedan ordenar solo cumplir con lo mínimo legal exigido (en el caso del compliance penal), sin embargo, es responsabilidad de la Gerencia Legal poder plantear esta nueva mirada y convencer a los órganos decisorios de la compañía sobre las ventajas de este modelo de gestión. De esta forma, en el capítulo I se desarrolla una breve introducción al presente trabajo, el cual incluye una aproximación al nuevo modelo de gerencias legales en las empresas; en el capítulo II se desarrolla el Marco Teórico del presente trabajo, el cual incluirá definiciones relevantes al presente trabajo, tales como Compliance Regulatorio, Generación de Valor, Cadena de Valor, SCRUM y Barreras Burocráticas. En el capítulo III se desarrolla el problema de investigación, el cual es: ¿La implementación del compliance regulatorio industrial en la división de tratamiento de agua genera valor en ARIS Industrial S.A? Para responder esta pregunta se realizó un balance del sector económico elegido, se investigó sobre la pérdida de competitividad de la compañía al no contar con un compliance regulatorio y, finalmente, se explica la forma de implementación del compliance con la herramienta del SCRUM en ARIS Industrial S.A. En el capítulo IV se discuten los conceptos planteados con el problema de investigación, con la finalidad de demostrar la hipótesis del trabajo, el cual es que se genera valor al implementar el compliance regulatorio industrial con la metodología SCRUM en la división de tratamiento de agua de la empresa ARIS Industrial S.A. Finalmente, se tienen las conclusiones del trabajo los cuales apuntan a realizar un resumen de lo investigado y demostrar los resultados obtenidos de la implementación en la empresa Aris Industrial S.A.

El incumplimiento de las obligaciones en materia de protección al consumidor por parte de las empresas que brindan el servicio de transporte terrestre interprovincial pueden acarrearles perjuicios económicos y reputacionales; por ello, adquiere relevancia analizar la necesidad de que dichas empresas implementen un Programa de Cumplimiento en materia de protección al consumidor en base a lo regulado por el Decreto Supremo N° 185-2019-PCM, siendo el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) la autoridad a cargo, para lograr una mejor comprensión de la problemática antes señalada se utilizará la metodología de riesgos legales, en base al análisis de casos resueltos y los lineamientos emitidos por la Autoridad de Consumo; asimismo, se establecerá los beneficios y diversas propuestas con el fin de que las empresas de transporte terrestre interprovincial de pasajeros logren prevenir riesgos. De esta manera lo que se busca es que las empresas de transporte terrestre interprovincial de pasajeros logren cumplir con sus obligaciones y promover una cultura de cumplimiento normativo en materia de protección al consumidor

El concepto de progresividad, entendido como el paulatino cumplimiento de los derechos humanos, fue históricamente una categoría problemática, la cual servía como justificación para el incumplimiento e inacción estatal. En efecto, el mal entendimiento de este término ha generado que no se reconozca las características de exigibilidad y justiciabilidad de los derechos sociales considerándose estos como una simple buena intención. Además, generaría impunidad en el supuesto de vulneración de algún derecho. No obstante, este concepto ha ido evolucionado con el desarrollo normativo y jurisprudencial en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH). Esta evolución del concepto ha influenciado en el ordenamiento jurídico peruano reflejándose en la normativa y jurisprudencia. Sin embargo, es necesario resaltar que, las concepciones entorno a la progresividad en el derecho internacional y el derecho interno son disonantes. Es por ello que, el presente trabajo buscará dar una aproximación al concepto de progresividad en el ordenamiento jurídico peruano a partir del análisis de los instrumentos internacionales y la jurisprudencia del TC. Al final, es posible concluir que se debe adoptar el concepto de progresividad más favorable para la protección y cumplimiento de los derechos humanos. En ese sentido, considero que, se debe entender por progresividad como el avance efectivo y constante del derecho y que la gradualidad no será usada como excusa para que el Estado no emita medidas de garantía, y los avances obtenidos no pueden ser injustificadamente regresivos. / The concept of progressivity, understood as the gradual fulfillment of human rights, was historically a problematic category, which served as a justification for non-compliance and state inaction. In fact, the misunderstanding of this term has led to the non-recognition of the enforceability and justiciability of social rights, which are considered to be mere good intentions. Moreover, it would generate impunity in the event of a violation of any right. However, this concept has evolved with the normative and jurisprudential development of International Human Rights Law (IHRL). This evolution of the concept has influenced the Peruvian legal system and is reflected in the regulations and jurisprudence. However, it is necessary to highlight that the conceptions of progressivity in international law and domestic law are dissonant. For this reason, this paper will seek to provide an approach to the concept of progressivity in the peruvian legal system based on the analysis of international instruments and the jurisprudence of the Constitutional Court. In the end, it is possible to conclude that the most favorable concept of progressivity for the protection and fulfillment of human rights should be adopted. In this sense, I consider that progressivity should be understood as the effective and constant advancement of the right and that gradualness shall not be used as an excuse for the State not to issue guarantee measures, and the progress obtained cannot be unjustifiably regressive. / Trabajo académico

El presente trabajo de investigación busca analizar la procedencia de la demanda de cumplimiento en aquellos casos en los cuales la acción o inacción de terceros termine por afectar el derecho a la salud y al medio ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida. El análisis nace de la hipótesis de que la Demanda de Cumplimiento presentada por pobladores de La Oroya que trajo como resultado la Sentencia del Tribunal Constitucional 2002-2016-AC, no fue la vía idónea para proteger sus derechos pues existen otros recursos constitucionales que hubieran logrado mejor dicho objetivo. La relevancia del presente análisis se centra en la protección efectiva e idónea de derechos constitucionales, mediante la vía adecuada y en aprovechamiento de las instituciones existentes. En este análisis se trabaja desde la perspectiva del derecho constitucional y ambiental, particularmente a partir de la propuesta de Roberto Alexy, Victor Abramovich y Christian Courtis. Se concluye que la vía idónea para proteger los dos derechos citados y en el caso particular mencionado, es la Acción de Amparo pues a diferencia de le Demanda de Cumplimiento que solo puede obligar a los funcionarios renuentes del Ministerio de Salud a cumplir con sus funciones, esta puede obligar a la empresa causante del daño ambiental (y en consecuencia del daño a la salud) a ejecutar acciones necesarias para parar los daños ocasionados a los pobladores y al medio ambiente.