En Niñas sin infancia. La normalización del abuso en la selva peruana de Mayté Ciriaco, se congregan los casos, las historias y los testimonios de niñas y adolescentes víctimas de violación, quienes deben afrontar estas injusticias y vivir con el temor de ver frustrados sus sueños para siempre. Este es el libro que hace visible una realidad que sentimos ajena y le presta una voz a la niñez olvidada de nuestro país.

“La determinación judicial de la pena sigue siendo una práctica insatisfactoria que comparten los operadores del sistema penal en el Perú. El objetivo de aplicar penas justas resulta todavía de muy limitada realización para la comunidad jurídica nacional”3, lograr este propósito, ante la inacción del Congreso, a veces, ante la promulgación de leyes populistas sin el menor criterio científico, demanda una postura activa de nuestros magistrados en salvaguarda de los principios constitucionales; que, sin embargo, provocan a su vez críticas por la generación de una inseguridad jurídica. La doctora MARCILLA CORDOVA, profesora titular de Filosofía del Derecho de la Universidad de Castilla –La Mancha, señala que la falta de certeza del derecho no es sólo el efecto de un legislador poco esmerado, impreciso, y que (…) posterga los problemas dejándolos pendientes de resolución judicial, vía lagunas y conflictos normativos, y abriendo así notables espacios a la discreción judicial. (…) sino que sería una consecuencia intrínsecamente unida a un modo de entender el Estado Constitucional, que al parecer, permite al Juez desvincularse de la Ley y ampararse directamente en los Principios Constitucionales4. Una de las aristas de este complejo fenómeno, que aborda el presente trabajo, se traduce en el Perú, en una pugna de competencias, que ha enfrentado, al Poder Legislativo y la administración de Justicia. Tema que vamos abordar en el marco teórico del presente trabajo. Respecto de este último punto, podemos señalar que en el año 2009, el Congreso de la República, mediante el Proyecto de Ley 14321/2005-CR, trató de recortar las facultades del Tribunal Constitucional, señalando que el mismo, se está convirtiendo en legislador positivo violando el principio de separación de poderes; que sus sentencias constituyen un exceso en el ejercicio de las funciones que le confiere la Ley; que sus pronunciamientos generan una inseguridad jurídica y finalmente que no existe fundamento constitucional para sostener que dicho órgano es el supremo intérprete de la Constitución5. Ante este tipo de afirmaciones la respuesta en la doctrina no se ha hecho esperar y se ha señalado que “la Constitución no es simplemente un nivel más en la pirámide; sino que está pensada como un conjunto plural de valores, a través de los cuales se controla la legislación (…) la oposición entre jurisdicción y legislación se traduce en la juridificación de toda cuestión política: no queda espacio libre para la voluntad del legislador. Con una Constitución que encamina al legislador, que lo guía y dirige, es decir, con una Constitución sustancialmente regulativa, el Poder Legislativo no sirve más que para traducir en normas los principios superiores; en este caso, el Poder Judicial puede sustituirlo sin ninguna usurpación de poder ya que se trata de una mera aplicación. La democracia se expresa –o, más bien, se sublima- a través de la aplicación de los valores enunciados en el texto fundamental” / Tesis

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente investigación está orientada a determinar cuáles son aquellas consecuencias jurídicas de los delitos más allá del cumplimiento de una condena privativa de libertad. En esta labor se aborda la actual legislación sobre esta materia, con énfasis en la pena de inhabilitación absoluta para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad y además de la incorporación de dichas inhabilidades en la sección especial en el Registro Nacional de Condenas, conocido popularmente como el “Registro de Pedófilos”. Para ello se hace un análisis crítico no sólo de la normativa sobre delitos sexuales, sino que también de la política criminal en la persecución de estos, además de determinar los fines de estas penas y si cumplen realmente un fin preventivo como lo señala el espíritu de la ley o sólo constituyen una forma de generar una pena más gravosa para el condenado. También se hará un análisis de las consecuencias que tiene el “Registro de pedófilos” y si este significa una irrogación de un mal post penitenciario en los condenados. Por último, se busca determinar si es posible la reinserción social del agresor sexual y si es factible en definitiva corroborar la arraigada creencia de que un condenado por estos delitos tiene una alta tasa de reincidencia contrastando no solo la experiencia nacional, sino que también la comparada, a través de diversos estudios criminológicos, psicológicos y estadísticos a fin de otorgar certeza científica a los datos abordados. / 26/11/2019

Memoria de Prueba para optar al Grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales / La presente memoria de prueba tiene por objeto analizar de que forma opera la figura del consentimiento en los delitos sexuales, en especial, su importancia en el delito de estupro, diferenciando su aplicabilidad del llamado perdón del ofendido, para establecer que rol juegan ambas instituciones en esta clase de delitos. Para lograr este propósito, analizaremos, primeramente, el desarrollo que ha tenido la figura del consentimiento en el Derecho Penal, abordando las dos principales posturas que la doctrina ha adoptado respecto a su ubicación sistemática en la teoría del delito. Paralelamente, se analizará la figura del perdón del ofendido, evidenciando que su análisis no se agota en las situaciones en que nuestra legislación lo menciona expresamente. Para luego analizar las principales implicancias que estas figuras tienen en los delitos sexuales en general. Por último, se hará un estudio de los aspectos generales del delito de estupro, y de las modalidades comisivas de éste, con el fin de determinar la relevancia que tienen las figuras estudiadas respecto de este tipo penal

El trabajo sexual expone a las mujeres trabajadoras sexuales a desafíos que trascienden lo meramente económico. En ese sentido, la forma en que los Estados democráticos modernos abordan la cuestión de la prostitución es un tema polémico y ha creado divisiones notables dentro del movimiento feminista. En la actualidad, en la doctrina se observan tres enfoques normativos distintos hacia la prostitución: el reglamentarista, el abolicionista y el prohibicionista. Cada país ha optado por adoptar aquel que mejor se adecúa a sus necesidades específicas, basándose en consideraciones económicas, sociales y culturales predominantes en su territorio. De esta manera, el presente artículo se centra en analizar la legislación actual en Perú con respecto al trabajo sexual para evidenciar desde qué modelo se ha venido legislando (prohibicionista, abolicionista o reglamentista). A partir de este análisis, se propone un cambio hacia un enfoque reglamentista. La argumentación se basa en la idea de que, dadas las condiciones sociales, económicas y de salud en Perú, es necesario proteger a las trabajadoras sexuales a través de una regulación que les permita acceder a servicios de salud y seguridad, evitando así la exposición a riesgos como enfermedades de transmisión sexual, violencia y discriminación. La propuesta busca mejorar su calidad de vida y bienestar, sin imponer una moral pública restrictiva que las perjudique. / Sex work exposes female sex workers to challenges that transcend the merely economic. In that sense, how modern democratic states address the issue of prostitution is a controversial issue and has created notable divisions within the feminist movement. Currently, three different regulatory approaches to prostitution are observed in the doctrine: regulatory, abolitionist and prohibitionist. Each country has chosen to adopt the one that best suits its specific needs, based on economic, social, and cultural considerations predominant in its territory. In this way, this article focuses on analyzing the current legislation in Peru regarding sex work to demonstrate from which model it has been legislating (prohibitionist, abolitionist or regulatory). Based on this analysis, a change towards a regulatory approach is proposed. The argument is based on the idea that, given the social, economic and health conditions in Peru, it is necessary to protect sex workers through regulation that allows them to access health and safety services, thus avoiding exposure to risks such as sexually transmitted diseases, violence, and discrimination. The proposal seeks to improve their quality of life and well-being, without imposing a restrictive public morality that harms them. / Trabajo académico

Tanto en la doctrina como en la legislación, ha quedado uficientemente establecido, que el objeto de tutela penal en los atentados contra la sexualidad, corresponde a la preservación de la intangibilidad de un atributo personalísimo como lo es la libertad sexual. El análisis del objeto de tutela, a esta época, carece de mayor complejidad tanto por la superación de criterios de antaño, vagos e imprecisos, que presididos por un fuerte contenido moralizador (sentimiento de decencia y moralidad, inviolabilidad carnal, honestidad, ofensa al honor sexual, etc.), no alcanzaron a desentrañar la genuina protección de esta importante parcela de la libertad individual, como por el carácter inconfundible del bien que hoy se resguarda en este arquetipo de conductas: la libertad sexual, entendida como la capacidad de actuación que le asiste al individuo con el solo imperio de su voluntad de disponer ante sí y frente a los demás integrantes de la comunidad de su propio sexo con libertad de elegir, aceptar o rechazar las pretensiones que se produzcan en la esfera de su sexualidad. El Código penal de 1863 tipificaba, en su Libro Segundo, Sección Octava (“De los delitos contra la honestidad”), Título II, los delitos de violación, estupro, rapto y otros delitos, disponiendo que: “El que viole á una muger empleando fuerza ó violencia, ó privándola del uso de los sentidos con narcóticos ú otros medios, sufrirá penitenciaría en primer grado8.En la misma pena incurrirá el que viole á una vírgen impuber, aunque sea con su consentimiento; ó á una muger casada haciéndole creer que es su marido” (Art. 269). El Código penal de 1924 recogía los así llamados delitos contra la libertad y el honor sexuales dentro de la rúbrica genérica de los delitos contra las buenas costumbres, los cuales se ubican a su vez en el Título I de la Sección Tercera del Libro Segundo de dicho cuerpo normativo. Por su parte, el legislador de 1991, quita de la tipicidad todo tipo de referencia o exigencia de orden moral o ético, circunscribiendo la violación como atentatorio de la libertad sexual (Su tratamiento actual se sitúa en el Libro Segundo, Título IV, bajo el membrete genérico de “delitos contra la libertad, Capítulo IX “violación de la libertad sexual”.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente memoria tiene como objeto analizar y aportar antecedentes que hagan posible considerar a la mujer como sujeto activo del delito de violación, en nuestra legislación. Para el desarrollo del fin antes propuesto, se efectúa un análisis de los delitos contra la libertad, dentro de los cuales se incluyen los delitos contra la libertad propiamente tal y los delitos contra la libertad sexual y moral sexual, todo bajo la perspectiva del Derecho nacional y del Derecho comparado. A continuación, se conceptualiza el delito de violación, tanto en Derecho como doctrina nacional, así como en Derecho comparado. Luego, se examina el tipo objetivo en este delito, desarrollándose un estudio detallado del bien jurídico protegido, la conducta típica, las modalidades de comisión, y los sujetos del delito, tanto en el Derecho nacional como comparado. Asimismo, se examina el tipo subjetivo del delito, desarrollándose lo pertinente respecto del tipo subjetivo en sí, la autoría y participación, y el iter criminis. Se concluye que la mujer puede ser autor directo o mediato del delito de violación, al entenderse como acceso carnal la introducción del pene en algunas de las cavidades del tipo durante la ocurrencia de un acto sexual no consentido por alguno de los participantes, de forma tal que tanto hombres como mujeres pueden realizar esta conducta, dado que no implica una característica especial por parte del hechor. Finalmente, se determina que existe una vaguedad lingüística del tipo penal, ya que la finalidad de la norma y de los bienes jurídicos que ésta protege es clara, toda vez que se relaciona con el derecho de toda persona a participar de relaciones sexuales con su consentimiento, y, en el caso de los menores de 14 años, de desarrollarse en el ámbito sexual sin la intervención de terceros, los que son aplicables a tanto a hombres como mujeres

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento

El presente trabajo trata de establecer cómo se incorpora y analiza la prueba en los delitos de violación sexual de menores de edad. También se pretende analizar problemas puntuales como por ejemplo si en los supuestos en los que luego de agotarse la actividad probatoria en el proceso ordinario en relación a los delitos sexuales en perjuicio de menores de edad, se llega a tener como único elemento de cargo la declaración de la víctima, es factible imponer una sentencia condenatoria sin transgredir la presunción de inocencia. Es decir se pretende contrastar como se viene aplicando el principio de libre valoración en las resoluciones de los referidos delitos. Creemos que al final del análisis de los fallos judiciales se pueda establecer las razones que invocan los jueces en esos casos así como si los mismos carecen de criterios objetivos para resolver o cuentan con algunas reglas que hagan aceptables la solución dada al caso en concreto, como quiera que hay una alta incidencia en la Capital de la República, se analizará tomando como muestra algunas de las sentencias expedidas en las Salas Penales de Lima que vienen resolviendo sobre estos delitos. En ese sentido nuestro trabajo de análisis dogmático crítico se complementará con una investigación de campo, tomando como base los procesos penales sobre la materia correspondiente a los años 2001 y 2002 de las Cortes Superiores del Distrito Judicial de Lima.

A principios de la década del 80 del siglo XX, la violencia sexual se tornó en un tema de preocupación pública internacional ante la magnitud y dimensión que alcanzó en los conflictos armados no internacionales. Basta mencionar lo acontecido en Sierra Leona, en donde el 94% de hogares desplazados experimentaron asaltos sexuales, incluyendo violaciones sexuales, tortura y esclavitud sexual, y en Ruanda, que entre 250,000 a 500,000 mujeres fueron violadas durante el genocidio de 1994, para entender dicha preocupación. Pese que desde el 12 de agosto de 1949 la Conferencia Diplomática de los Estados parte de los Convenios de Ginebra, en el Cuarto Convenio de Ginebra, artículo 27, expresamente se prohíbe violación sexual en situaciones de conflictos armados. Esta práctica atentatoria contra los derechos humanos continúa siendo un acontecimiento usual que debe ser analizada desde el ámbito de la sexualidad masculina hegemónica, la cultura patriarcal y el poder del Estado.