Esta tesis tiene como objetivo final excluir la tipicidad de los encuentros sexuales consentidos en el marco del art. 173.3 del Código Penal, estableciendo una nueva forma de interpretar los alcances del delito de violación sexual de menores, que haya su prototipo por antonomasia en los encuentros entre enamorados y convivientes que han procreado descendencia y, los encuentros sexuales entre menores de la misma edad, problemática que aún mantiene su actualidad, conforme se aprecia del Proyecto de Ley Nº 3189/2008-CR, presentado recientemente en abril de este año. La Corte Suprema de Justicia, el año 2007 (Consulta Nº 2716-2007 del 07.11.2007), mostró su disconformidad con la actual Ley 28704, señalando que una de su consecuencias seria que de tratarse de una relación sexual donde “ambos (…)[intervinientes] son adolescentes (…) se convertirán [ambos] en infractores, (…) [y] se verán involucrados en un proceso judicial ante un juzgado de familia”, realidad que se manifestó en una Resolución del Tribunal Constitucional, Exp. 02102-2008-PHC (27.06.08), que trataba del internamiento preventivo de un menor por haber mantenido relaciones sexuales con su pareja, otra menor de edad, aún cuando habría sido aquella “quien le propuso y a (…) [su] insistencia (…) se mantuvieron las relaciones” (fd.1). El Tribunal Constitucional (fd. 3), señaló que valorar el argumento sobre una “irresponsabilidad penal (…), [basada en que] la agraviada habría propiciado voluntariamente las relaciones”, era un tema que “implica un juicio de reproche penal y valoración de las pruebas”, por lo que la respuesta debía porvenir de la aplicación de las categorías penales y no del fuero constitucional. Proteger a los menores de edad es asegurar la supervivencia social, pero no basta con incrementar las penas sino en hacerlas eficaces. Así FEUERBACH enseñaba que “sin el cumplimiento de la ley la amenaza carece de contenido” y BECCARIA, que “no es la crueldad de las penas uno de los más grandes frenos de los delitos, sino la infalibilidad de ellas”, pues si el que delinque confía en que no será descubierto, el monto de la pena no le será de interés. / Tesis

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo pretende hacer revisión de los Registros y sistemas de notificación de individuos condenados por delitos sexuales, a través de una metodología analítica que comprende aristas normativas, criminológicas, político-criminales y de fundamentación punitiva. En el (I) PRIMER CAPÍTULO se establecerá el marco conceptual del objeto de estudio a partir del examen de sus presupuestos básicos. Para ello, (i) se hará revisión del sistema de delitos contra la libertad e indemnidad sexual y sus justificaciones históricas, con el propósito de comprender la constelación de conductas que son tipificadas y sancionadas por el Derecho Penal. Luego, (ii) se identificarán los factores que configuran el perfil criminógeno de los sujetos que se ven afectos a este tipo de mecanismos: los denominados «delincuentes sexuales». Por último (iii) se efectuará una exposición de las medidas político-criminales que en la actualidad se erigen como las principales herramientas para dar tratamiento a la delincuencia sexual. En el (II) SEGUNDO CAPÍTULO se llevará a cabo un análisis conceptual, histórico y normativo de los Registros y sistemas de notificación de agresores sexuales. En primer lugar, se estudiarán las conceptualizaciones y tipologías registrales junto a la «notificación comunitaria». En armonía con ello, se buscará dilucidar cuál es la naturaleza jurídica de los Registros Públicos y el fundamento que legitima la imposición de la «pena» o de la «medida de seguridad», según se concluya. Luego, se hará revisión del origen y la evolución histórica de los mecanismos en cuestión, analizando las propuestas normativas desarrolladas en el derecho comparado y especialmente en Estados Unidos, para luego evaluar la recepción que ha tenido este fenómeno jurídico-penal en nuestro país. En el (III) TERCER CAPÍTULO, se expondrán las consideraciones críticas respecto de los Registros Públicos. Estas serán abordadas desde dos prismas: en primer lugar, mediante la identificación de sus fundamentos: (i) en términos criminológicos, donde cabe dilucidar cuál es la comprensión que subyace a este tipo de sistemas en lo que compete a la etiología del comportamiento delictual y (ii) en términos político-criminales, con el objetivo de extraer la lógica que rige al esquema registro-notificación comunitaria. En segundo lugar, desde una perspectiva funcional, se sostendrá la falta de idoneidad de estos mecanismos. Para ello, resultará necesario evaluar el impacto que producen los Registros, desde las consecuencias fenoménicas negativas en la x sociedad (las que se extienden tanto al registrado, a su familia, a la víctima y la comunidad) así como la tensión constitucional que generan en los ordenamientos jurídicos. Luego, se examinará la (in)eficacia de estas herramientas para satisfacer las finalidades que justifican su implementación, a saber, la prevención de la reincidencia de los ofensores sexuales y la seguridad del público. Por último, en el (IV) CUARTO CAPÍTULO se propondrán medidas que permitan afrontar el fenómeno de la delincuencia sexual bajo una lógica que propenda a la reinserción del agresor sexual en la sociedad. / 20/06/2018

Tesis (magíster en derecho con mención en derecho penal) / Este trabajo busca precisar la naturaleza jurídica y el por qué de la regla especial de exclusión de punibilidad del artículo 4 de la Ley 20084. Primeramente, a través de la historia del establecimiento de la ley, incluyendo los objetivos del mensaje Presidencial que le dio origen, este trabajo describirá las características especiales del sistema implementado de responsabilidad penal de los adolescentes, fijando algunos temas fundamentales para comprender los fines de la Ley. Conceptos como responsabilidad, imputabilidad penal, bien jurídico tutelado y culpabilidad son claves a la hora de precisar cuál es el objetivo del artículo 4 de la Ley 20084

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El presente estudio tiene un carácter exploratorio, descriptivo y comparativo, cuyo objetivo principal es determinar la presencia de indicadores psicológicos diferenciales entre mujeres adolescentes, de 13 a 16 años, que hayan sufrido una agresión sexual intrafamiliar o por parte de un conocido extrafamiliar, de aquellas de las que no se sospeche agresión sexual, pesquisados a través del Test de Relaciones Objetales de H. Phillipson. Para esto se determinó la presencia- ausencia de 17 variables en las historias de ambos grupos. Luego se realizó un análisis cuantitativo y exploratorio de los resultados, los que arrojaron como resultado más relevante que existirían 5 láminas y 6 variables que discriminan entre ambos grupos. La principal conclusión hace referencia a que la prueba permite establecer ciertas diferencias entre víctimas y no víctimas de agresión sexual.

El caso materia de análisis versa sobre la comisión del delito de Violación Sexual en agravio de una persona con discapacidad intelectual que, a la fecha de los hechos, la agraviada de iniciales A.C.CH. tenía la edad de 27 años, y a lo largo del proceso penal se concluyó que la misma presentaba el diagnóstico de Retardo Mental Moderado y un cuadro de Esquizofrenia. El tipo penal vigente al momento de los hechos regulaba la “Violación de Persona en Incapacidad de Resistencia”, en donde de acuerdo con la interpretación de la Corte Suprema, no se requiere que el retardo mental que presente la agraviada, sea de una intensidad regularmente grave que no le permita conocer o valorar lo que representan las prácticas sexuales para que se perfeccione el delito antes citado; esto es, solo se requiere acreditar el diagnóstico de “retardo mental” para automáticamente concluir la existencia del delito de violación sexual en agravio de una persona con discapacidad intelectual. En ese sentido, el objetivo del presente trabajo es poder determinar si una persona con discapacidad intelectual tiene la capacidad jurídica para poder disponer sobre su libertad sexual, y finalmente señalar que, el artículo 172° del Código penal deberá ser interpretado conforme a la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, a fin de garantizar la autonomía de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones que los demás. / The case that is the subject of analysis deals with the commission of the crime of Sexual Rape to the detriment of a person with intellectual disability who, at the date of the events, the victim of the initials A.C.CH. was 27 years old, and had a diagnosis of Moderate Mental Retardation and Schizophrenia. The felony at the time of the events regulated the "Sexual Abuse of a Person in Resistance Disability", where according to the interpretation of the Supreme Court, it is not required that the mental retardation presented is regular intensity serious that does not allow him to understand what sexual practices represent. On the contrary, it is only required to prove the diagnosis of "mental retardation" to automatically conclude the existence of the crime of sexual abuse to the detriment of a person with intellectual disability. In this regard, the objective of this report is determining whether a person with intellectual disabilities has the legal capacity to consent sex, and be able to dispose of their sexual freedom, and finally to point out that Article 172 of the Criminal Code must be interpreted in accordance with the Convention of Rights of Persons with Disabilities, in order to guarantee the autonomy of persons with disabilities, under the same conditions as others.

La omisión impropia es aquella en la que mediante un no hacer se contribuye a la afectación de un bien jurídico, es decir, en virtud de una fuente surge la posición de garante, por la que, un sujeto se encuentre con el deber de salvaguardar, proteger y cuidar los bienes jurídico de otro, entonces los delitos por omisión impropia son aquellos en los cuales frente a una posible vulneración o puesta en peligro de un determinado bien jurídico el garante no evito la realización de ello, por lo tanto, con su comportamiento omisivo, quebranta su rol y contribuye a la vulneración de dicho bien jurídico. Es así que los comportamientos omisivos del garante generan responsabilidad penal la cual debe asumir, sin embargo, en nuestro ordenamiento penal no es posible calificar como omisión impropia a los actos de un padre o madre negligente que con su comportamiento omisivo contribuye a la realización de la violación sexual de su menor hijo, ello en razón a los criterios desarrollados por los entes jurisdiccionales, pues, tanto el Ministerio Público como el juez, no admiten la posibilidad de considerar el comportamiento omisivo como un ilícito penal sino más bien como un comportamiento social y moralmente reprochable. Por ello, al establecer el fundamento que hará posible la atribución de responsabilidad penal al garante se logrará evitar la impunidad que se ha venido suscitando, ya que por la manera en que han analizado y desarrollado los supuestos de la presente investigación se consideraba solo comportamientos atípicos mas no ilícitos, por ello, la presente tesis busca argumentar los fundamentos para atribuir responsabilidad penal al garante.

Esta investigación busca evidenciar que el Estado peruano debe legalizar el aborto en todos los supuestos para garantizar la protección de los derechos de las mujeres peruanas. A partir de la información analizada se obtuvo que, efectivamente, la criminalización de la practica del aborto como un delito penado, a parte del aborto terapéutico resulta contrario al estándar del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Lo anterior, debido a que no se respeta la libre autonomía de las mujeres, es decir, se produce una intromisión en la esfera privada de sus vidas. Para demostrar esto, el artículo se encuentra conformado por tres secciones, cada una ha sido analizada a partir de argumentos jurídicos y pronunciamientos de entes internacionales. En la primera sección se explica el escenario actual del aborto en el país y se evalúa si es que la regulación vigente es suficiente. Seguidamente, se analiza si es que basta con el aborto terapéutico o es necesaria la legalización del aborto por violación sexual para lo cual se ha recurrido a los compromisos internacionales que se ha sometido el Perú. Por último, se evalúa la experiencia internacional argentina respecto a la regulación del aborto y se propone una reforma a nivel nacional. / This investigation seeks to demonstrate that the Peruvian State must legalize abortion in all cases to guarantee the protection of the rights of Peruvian women. Based on the information analyzed, it was obtained that, indeed, the criminalization of the practice of abortion as a punishable crime, apart from therapeutic abortion, is contrary to the standard of International Human Rights Law. The foregoing, because the free autonomy of women is not respected, that is, there is an interference in the private sphere of their lives. To demonstrate this, the article is made up of three sections, each one has been analyzed based on legal arguments and pronouncements from international entities. The first section explains the current abortion scenario in the country and assesses whether the current regulation is sufficient. Next, it is analyzed whether therapeutic abortion is enough or whether it is necessary to legalize abortion for rape, for which the international commitments that Peru has submitted to have been used. Finally, the Argentine international experience regarding the regulation of abortion is evaluated and a national reform is proposed.

El presente informe analiza el proceso penal seguido contra Giancarlos Miguel Espinoza Ramos por la comisión del delito de violación sexual en grado de tentativa (artículo 170°), con especial énfasis en la Sentencia del 08 de octubre de 2020 emitida por el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Transitorio Zona Sur, mediante la cual este fue absuelto en atención a que, entre otros fundamentos, la víctima habría consentido el acto sexual al haber usado una prenda íntima de color rojo con blondas. La relevancia jurídica del presente expediente radica en que nos permite explorar diversos tópicos actuales y relevantes desde las áreas del Derecho Penal y el Derecho Procesal Penal. Por ejemplo, la interpretación del delito de violación sexual (artículo 170°) a partir de la modificación realizada por la Ley 30838, en específico referente al medio comisivo de aprovechamiento de cualquier otro entorno que impida a la víctima prestar su libre consentimiento, y su diferenciación respecto a los tipos penales contenidos en los artículos 171° y 172°. Asimismo, nos permite reflexionar sobre la valoración probatoria en los delitos sexuales a partir de la perspectiva de género, centrándonos en el uso de las máximas de la experiencia así como en el tratamiento de la declaración de la víctima como testigo, a partir de los Acuerdos Plenarios 1-2011/CJ-116 y 2-2005/CJ-116. Las hipótesis que surgen a partir de ello, y que finalmente fueron verificadas en el presente Informe, son que: (i) el Colegiado habría sustentado su absolución en torno a estereotipos de género encubiertos como máximas de la experiencia; (ii) la Fiscalía debió subsumir los hechos del caso en el artículo 172° del Código Penal; y que (iii) el Colegiado no valoró adecuadamente la declaración de la agraviada conforme a las garantías de certeza establecidas en el Acuerdo Plenario N° 2-2005/CJ-116.

En el presente trabajo académico, en principio se tomará en cuenta las bases doctrinarias de la teoría de la pena, funciones de la pena, la interpretación constitucional y la función judicial, para luego verificar los dispersos y diversos criterios de justificaciones empleadas en fallos más recientes de la Corte Suprema de Justicia de Perú para convertir la pena privativa de libertad de (carácter efectiva) a una pena de servicios a la comunidad, respecto de los delitos de violación sexual a menores de 14 años, muy al margen de criterios legales o formales fijados taxativamente en el Código Penal. Para ello, se procederá a realizar el análisis de cada uno de los principales pronunciamientos emitidos al respecto, específicamente, en relación con la aplicación de las teorías de la argumentación jurídica materia de estudio y así determinar cuáles fueron las razones subyacentes -sustantivas, institucionales, de justicia, sociales, morales, teleológicas, etc.- que en su momento justificaron determinada decisión. Pues el propósito es que el juez realice una adecuada interpretación del derecho, sin pretender inaplicar la norma y crear otra, garantizando de ese modo no solo la primacía de la Constitución sino también el respeto de la dignidad y los derechos fundamentales que asisten a todas las personas.