El tráfico ilícito de drogas es uno de los delitos que materializa sus ganancias haciendo uso del circuito financiero y comercial formal. Las entidades gubernamentales vienen tomando medidas para neutralizar las actividades que realiza el crimen organizado, entre las cuales se encuentra el despojo de bienes de los presuntos implicados en el narcotráfico. Sin embargo, para realizar lo aludido, la coordinación entre los operadores de justicia ha sido insuficiente y en la práctica viene dificultando la ejecución de manera efectiva los objetivos previstos en el diseño de la normativa. Desde el año 2007 se vio la necesidad de incorporar a nuestro ordenamiento jurídico una nueva figura jurídica para la lucha contra la criminalidad para lo cual se promulgó el dispositivo legal denominado “pérdida de dominio” que, para el año 2014, no ha conseguido resultados esperados. Además, los operadores responsables de este mecanismo legal tienen reservas para compartir información y dificultades para el trabajo equipo, aun cuando la pérdida de dominio es una figura que requiere la interdependencia de dichos actores En ese sentido, en la presente investigación se plantea: Cómo se desarrolló la coordinación entre la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público para la implementación del proceso de pérdida de dominio por delito de tráfico ilícito de drogas durante los años 2010 y el 2014? / Tesis

La presente investigación, titulada “El principio de fe pública registral en los títulos fraudulentos inscritos”, gira en torno a la implicancia del dicho principio respecto a la problemática del fraude inmobiliario. Para el desarrollo del tema, se ha optado por dividirlo en tres partes: 1) referida al principio de fe pública registral, 2) referida al fraude inmobiliario, y 3) explicando cómo debe interpretarse y aplicarse este principio respecto al fraude inmobiliario; en este sentido, la idea central de la investigación consiste en analizar si es idóneo o no, aplicar este principio para solucionar problemas derivados de los títulos fraudulentos inscritos, y de no serlo, proponer una solución definitiva a esa problemática. Finalmente, se concluye que es necesaria la aprobación de una ley específica que atienda al fraude inmobiliario y que modifique el artículo 2014° del Código Civil, con la finalidad de ponerle un freno definitivo a este ilícito.

La investigación desarrollada en las siguientes líneas tiene como finalidad demostrar que el Poder Legislativo incorporó al ordenamiento jurídico una norma contraria a la Constitución desde el aspecto formal y material, la cual no cuenta con un sustento fáctico que avale su permanencia, cuya aplicación genera efectos nocivos en el sistema financiero peruano. Si bien la norma tiene poco tiempo en el ordenamiento jurídico nacional y sus efectos aún están por verse, no le auguramos éxito a la iniciativa del legislador en base a la experiencia internacional revisada, básicamente porque la técnica legislativa utilizada no fue la adecuada, porque no hubo un análisis costo-beneficio fundamentado en criterios objetivos para su incorporación y porque se trata de un entregable que encubre intereses estrictamente políticos y populistas. Un dato importante para el lector: Actualmente se viene gestionando un proceso de inconstitucionalidad acumulado contra la Ley 31143, el cual eventualmente tendrá un pronunciamiento de parte de los magistrados del Tribunal Constitucional, dirimiendo si el contenido de la norma fue acorde al marco constitucional vigente o no. Nuestra intención es tratar de anticiparnos a la opinión de los magistrados, a los efectos de la expedición de la sentencia y a todas las noticias que en el futuro cercano serán materia de discusión y análisis por parte de los agentes económicos involucrados en el sistema financiero.

La finalidad del presente trabajo es advertir acerca de los remedios que pueden ser utilizados por el falso representado en el caso de la falsa representacion anómala; una nueva modalidad de estafa que utiliza la falsa representación como instrumento para despojar de su propiedad a incautos propietarios. En virtud de ello, para dar solución a dicha problemática, hemos identificado mediante el examen de distintas casaciones y jurisprudencias tanto nacionales como extranjeras, que ante el supuesto de la falsa representacion anómala, existe discordacia entre la jurisprudencia y la doctrina porque en algunas sentencias se otorgan los efectos de la nulidad y en otras, los de la ineficacia. No obstante, consideramos que se estructura un supuesto de falsa representación distinto a lo regulado por el Art. 161° del Código Civil. En tanto, nos encontramos frente a un caso en el que existe una falsificación de documentos (en nuestro caso, del poder de representación), en el que no se puede utilizar el remedio de la ratificación porque, el contrato celebrado reviste una finalidad ilícita; es decir, que la causa del contrato va en contra de una norma imperativa penal que regula la figura de la estafa sobre bienes inmuebles (Art. 196-A inciso 4 del Codigo Penal). En consecuencia, los remedios de la ratificación, confirmación y conversión son excluidos. Por último, somos de la opinión, que el falso representado tendría como único remedio el de la restitución por medio de la figura del enriquecimiento sin causa, debido a que, el falso representante y el tercero contratante se han confabulado para enriquecerse a costa del falso representado, quien ha visto mermado su patrimonio. Ello, origina que el derecho de propiedad del falso representado deba de ser preferido por el ordenamiento jurídico, al evidenciarse la mala fe del tercero adquiriente en la primera compraventa. Sin embargo, también analizaremos el caso en que en la segunda compraventa nos encontremos frente a un tercer adquriente de buena fe.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo tiene como objetivo determinar si bajo la óptica del derecho nacional, la actividad de intercambio de archivos que contienen obras protegidas mediantes redes y programas peer to peer es una actividad que infringe el derecho de autor y los derechos conexos; y si dicha actividad infractora puede ser sancionada civilmente con el deber de reparar los daños ocasionados. Igualmente se busca determinar lo mismo respecto de quienes crean, facilitan y explotan económicamente este tipo de programas, y que en este trabajo se denominarán bajo el concepto de operadores de programas P2P. Para esto, en primer lugar, se define qué es un programa y red peer to peer (más conocida como P2P), haciendo paralelamente una clasificación entre los distintos tipos de programas y redes P2P que existen. De igual forma, se hace referencia a cómo se desarrolla el proceso de intercambio de archivos. En segundo lugar, se ilustran diversos estudios estadísticos que dicen relación con el empleo de este tipo de tecnología. Esto permitirá, seguidamente, plantear el problema legal que existe tras el uso ilícito de dicha tecnología en el área del derecho de autor y los derechos conexos, y las repercusiones que trae aparejado. Posteriormente, se analizan diversos fallos de la jurisprudencia extranjera que han tratado el tema objeto de este trabajo, a fin de extraer sus principales razonamientos y conclusiones, y ver si, de alguna u otra forma, son aplicables en el derecho nacional. Finalmente, el trabajo se dedica a abordar cómo opera la responsabilidad extracontractual por infracción al derecho de autor. Hecho esto, se entra de lleno en el análisis de la conducta de los sujetos que utilizan este tipo de tecnología P2P y de quienes la facilitan y la explotan económicamente, a fin de determinar si la conducta de cada uno de ellos infringe los derechos de autor y derechos conexos; y si a la vez es sancionable civilmente, lo que ocurrirá en determinadas ocasiones. Este trabajo concluye con diversas propuestas que buscan solucionar el problema planteado. En el desarrollo de este trabajo se ha empleado doctrina, jurisprudencia y legislación extranjera, principalmente de los Estados Unidos, España y Australia

El presente informe jurídico realiza un análisis sobre las controversias legales suscitadas entre las empresas General Electric y LATAM durante al final de los años 90, aquellos tienen su origen en 3 contratos de distribución celebrados sucesivamente entre ambas empresas en los años 1992, 1994 y 1996. En dichos conflictos legales, cobran relevancia las figuras de derecho penal y constitucional como el delito de estafa, la idoneidad del engaño, el deber de auto protección de la víctima, las medidas de coerción personal, el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, la procedencia del Habeas Corpus y los límites materiales del Tribunal Constitucional para pronunciarse en controversias penales. El objetivo del informe es determinar si la conducta desplegada por los funcionarios de General Electric se configura bajo el delito de estafa y determinar la competencia del Tribunal Constitucional para pronunciarse sobre el auto apertorio de instrucción emitido por el 25° Juzgado Penal de Lima. Finalizado el mismo, arribamos a la conclusión que no se ha configurado el delito de estafa al no existir un engaño desplegado por parte de los funcionarios de General Electric. Por otro lado, sostenemos que el Tribunal Constitucional ostenta competencia para determinar la constitucionalidad del auto apertorio de instrucción a efectos garantizar el cumplimiento de los derechos reconocidos en la Constitución, quedando prohibido que este órgano determine la responsabilidad penal de los investigados pues ello le corresponde al juez penal.

El presente informe jurídico analiza la situación estructural del despojo territorial de la Comunidad Nativa de Santa Clara de Uchunya a través de la vulneración de sus derechos fundamentales a la propiedad y aprovechamiento de recursos naturales. Se trata de un proceso constitucional de amparo interpuesto por la Comunidad Nativa en donde se va a determinar si, efectivamente, se han vulnerado estos derechos. De igual modo, el territorio ancestral en cuestión ha sido dispuesto a terceros ajenos a la Comunidad Nativa de Santa Clara de Uchunya. Fuera de ello, esta disposición de su territorio ha causado gran depredación y degradación de sus bosques, por lo que comuneros han tenido que trasladarse a otras zonas para poder gozar y aprovechar de otros recursos naturales. Asimismo, el informe jurídico enfatiza en las garantías del derecho de propiedad colectiva de pueblos indígenas desarrollada en los estándares internacionales a través de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En ese sentido, se delimita el contenido constitucionalmente protegido del derecho a la propiedad colectiva de los pueblos indígenas en el Perú. De esta manera se podrá determinar si el derecho a la propiedad de pueblos indígenas garantiza la ampliación de titulación territorial que solicita la Comunidad Nativa y si este derecho comprende la nulidad de actos concedidos a terceros ajenos a la Comunidad, tales como constancias de posesión que posteriormente fueron títulos de propiedad. Para establecer los resultados del informe jurídico es necesario conocer y distinguir conceptos como pueblos indígenas, tierra, territorio, control de convencionalidad, control de constitucionalidad. Estas definiciones nos facilitarán el análisis del caso en concreto. En suma, el fallo del Tribunal Constitucional en el Pleno 22/2022 vulnera gravosamente los derechos de la Comunidad Nativa Santa Clara de Uchunya ya que el proceso constitucional de amparo es la vía idónea para garantizar y proteger los derechos de la Comunidad Nativa. Para ello, se debe tener en cuenta que actualmente comuneros siguen experimentando amenazas, intimidación y criminalización por buscar defender sus derechos. Por tal razón, sin gozar con el reconocimiento de ampliación del territorio de la Comunidad Nativa de Santa Clara de Uchunya no cuentan con protección adecuada no solo de sus tierras sino también otros derechos como la subsistencia, al disfrute del medio ambiente sano y equilibrado y aprovechamiento de recursos naturales. Por ello, es importante que el Estado asuma una voluntad política clara y colocar el problema de reconocimiento de tierras de pueblos indígenas en su agenda actual. Abordar el problema de la titulación de tierras como un asunto nacional no solo promovería el bienestar de las comunidades nativas, sino también del país y sus bosques. / This legal report analyzes the structural situation of the territorial dispossession of the Native Community of Santa Clara de Uchunya through the violation of their fundamental rights to property and use of natural resources. This is a constitutional amparo process brought by the Native Community where it will be determined if, indeed, these rights have been violated. Similarly, the ancestral territory in question has been disposed of to third parties outside the Native Community of Santa Clara de Uchunya. Apart from that, this disposition of their territory has caused great depredation and degradation of their forests, which is why community members have had to move to other areas to be able to enjoy and take advantage of other natural resources. Likewise, the legal report emphasizes the guarantees of the right to property of indigenous peoples developed in international standards through the jurisprudence of the Inter-American Court of Human Rights. In this sense, the constitutionally protected content of the right to property of indigenous peoples in Peru is delimited. In this way it will be possible to determine if the right to property of indigenous peoples guarantees the expansion of territorial title requested by the Community of Santa Clara de Uchunya and if this right includes the nullity of acts granted to third parties outside the Community, such as certificates possession and title deeds. To establish the results of the legal report, it is necessary to know and distinguish concepts such as indigenous peoples, land, territory, control of conventionality, control of constitutionality. These definitions will facilitate the analysis of the specific case. In short, the ruling of the Constitutional Court in Plenary Session 22/2022 gravely violates the rights of the Santa Clara de Uchunya Native Community, since the constitutional amparo process is the ideal way to guarantee and protect the rights of the Native Community. For this, it must be taken into account that currently community members continue to experience threats, intimidation and criminalization for seeking to defend their rights. For this reason, without enjoying the recognition of expansion of the territory of the Native Community of Santa Clara de Uchunya, they do not have adequate protection not only of their lands but also other rights such as subsistence, the enjoyment of a healthy and balanced environment and the use of natural resources. For this reason, it is important that the State assume a clear political will and place the problem of recognition of the lands of indigenous peoples on its current agenda. Addressing the issue of land titling as a national issue would not only promote the well-being of native communities, but also the country and its forests.

Durante los últimos años, las invasiones han dejado de ser un problema de formalización de la propiedad para convertirse en un fenómeno social con relevancia jurídica, que afecta no sólo bienes de particulares sino también bienes del Estado, en específico bienes de dominio privado, que lejos de tener un régimen especial de propiedad que los regule y proteja, a la luz de su singular naturaleza y finalidad, vienen siendo materia de litis en procesos de prescripción adquisitiva de dominio, en los que se revelan problemas de posesión, inscripción registral, defensa judicial y extrajudicial y evidentemente de una carente política social de vivienda, que en conjunto forman parte del universo que la Ley 29168 pretende resolver. En ese sentido, podemos presentar dos justificaciones para la realización del presente trabajo: la primera, consiste en fomentar la adquisición de terrenos estatales de dominio privado a través de los mecanismos previstos por ley, evitando el uso de la vía judicial como canal de regularización de las invasiones; y la segunda, reside en desincentivar la invasión y el tráfico ilegal de terrenos, a través del tratamiento adecuado de la propiedad estatal frente a la prescripción adquisitiva, resulta entonces razonable postular si acaso ¿el tratamiento adecuado de la propiedad estatal y la coherencia normativa entre las disposiciones que integran el ordenamiento jurídico, respecto a los bienes estatales, constituyen la solución frente a la prescripción adquisitiva de los bienes estatales de dominio privado? y consecuentemente, contribuyen a la defensa del régimen jurídico de la propiedad estatal, en aras de evitar que, particulares se apropien indebidamente de bienes que pertenecen a todos, sin dejar de lado los problemas que subyacen en el tema y que en conjunto forman parte del universo que abordaremos en el presente trabajo.

El tráfico ilícito de drogas es uno de los delitos que materializa sus ganancias haciendo uso del circuito financiero y comercial formal. Las entidades gubernamentales vienen tomando medidas para neutralizar las actividades que realiza el crimen organizado, entre las cuales se encuentra el despojo de bienes de los presuntos implicados en el narcotráfico. Sin embargo, para realizar lo aludido, la coordinación entre los operadores de justicia ha sido insuficiente y en la práctica viene dificultando la ejecución de manera efectiva los objetivos previstos en el diseño de la normativa. Desde el año 2007 se vio la necesidad de incorporar a nuestro ordenamiento jurídico una nueva figura jurídica para la lucha contra la criminalidad para lo cual se promulgó el dispositivo legal denominado “pérdida de dominio” que, para el año 2014, no ha conseguido resultados esperados. Además, los operadores responsables de este mecanismo legal tienen reservas para compartir información y dificultades para el trabajo equipo, aun cuando la pérdida de dominio es una figura que requiere la interdependencia de dichos actores En ese sentido, en la presente investigación se plantea: Cómo se desarrolló la coordinación entre la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público para la implementación del proceso de pérdida de dominio por delito de tráfico ilícito de drogas durante los años 2010 y el 2014?

El país en lo referente a seguridad ciudadana se encuentra en una crisis sustancial. En mérito a ello, la elaboración del proyecto de innovación acorde al manual de la Pontificia Universidad Católica del Perú se enmarca en una propuesta de solución al problema inicialmente planteado “Ineficaz proceso de investigación preliminar en la comisión del delito contra el patrimonio en flagrancia en la jurisdicción de Lima Metropolitana en el periodo 2018 – 2019”. El proceso de realización del proyecto de innovación ha seguido las etapas precisados en la guía de elaboración; se procedió a identificar las causas del problema: Deficiente formación profesional para la intervención del delito de robo y hurto agravado en flagrancia; deficientes protocolos y manual de procedimientos en la intervención de los delitos citados; y la deficiente coordinación Policía-Ministerio Público; se estableció un orden tomando como referencia a la de mayor impacto en el problema. Bajo esta condición se reformuló el problema, permitiendo que el desafío de innovación se plantee: ¿Cómo podemos hacer eficaz el proceso de investigación preliminar en la comisión del delito contra el patrimonio en flagrancia del hurto y robo, en Lima Metropolitana, periodo 2018 – 2019; porque actualmente es ineficaz la investigación? La propuesta de valor redefinida ha sido la implementación de un “Sistema de Monitoreo y Control de detención de personas e implementación de un sistema de registro de personas detenidas en flagrancia por delito contra el patrimonio, para poder realizar el monitoreo, control y evaluación de todo el proceso de investigación”; luego de validar el prototipo con expertos y efectuar los cambios; se estableció la deseabilidad, factibilidad y viabilidad de este. / The innovation project tries to provide a solution to the problem initially raised "Ineffective preliminary investigation process in the commission of crimes against property in flagrancy in the jurisdiction of Metropolitan Lima in the period 2018 - 2019". The development of the innovation project has followed the stages and steps specified in the preparation guide, provided by the Pontificia Universidad Católica del Perú; the causes of the problem were identified: Deficient professional training for the intervention of the crime of robbery and aggravated robbery in flagrancy; deficient protocols and procedures manual in the intervention of the crimes of robbery and aggravated robbery in flagrancy; and the deficient coordination of the Police-Public Ministry in the intervention in flagrante of the crimes of robbery and aggravated robbery in flagrante; it was ranked by the one with the greatest impact on the problem. This was reformulated and the innovation challenge was established: How can we make the preliminary investigation process effective in the commission of crimes against property in flagrante delicto of theft and robbery, in Metropolitan Lima, period 2018 - 2019; Why is research currently ineffective? The redefined value proposition has been the implementation of a "Monitoring and Control System for the detention of people and the implementation of a registration system for people arrested in flagrante delicto for crimes against property, in order to monitor, control and evaluate all the investigation process”; after validating the prototype with experts and making the changes; the desirability, feasibility and viability of the project were established.