Como es sabido, el todo está constituido por las partes. Esta Investigación ha sido dividida en los siguientes capítulos: El primero titulado Paradigmas Metodológicos de la Jurisdicción Militar y el Delito de Función; el segundo que lleva por titulo Paradigmas Teórico-Conceptuales de la Jurisdicción Militar, el tercero cuyo título es Jurisdicción Militar: Competencia y Composición de los Tribunales Militares; el cuarto titulado El Debido Proceso en la Jurisdicción Militar; el quinto que lleva por título El Delito de Función y su Necesaria Reformulación; el sexto titulado La Jurisdicción Militar y el Delito de Función en el Derecho Comparado; y el séptimo intitulado El Delito de Función, la Criminalidad de la Guerra Interna y la Criminalidad del Regreso en el Perú de las últimas décadas. En ellos exponemos los conceptos teóricos y metodológicos, nuestras hipótesis de trabajo y nuestro pensamiento.

Tema sumamente delicado y preocupante es el relativo a la Jurisdicción Militar, y que ahora está relacionado con el título de la presente tesis Conflictos de competencia entre el Poder Judicial y la Jurisdicción Militar en el contexto constitucional. Y se presenta más arduo todavía si se toma en cuenta que su tratamiento académico ha sido descuidado en los ámbitos constitucional y legal. Y qué decir cuando se ve que el poder político, a través de la línea evolutiva histórica –en especial, el Poder Ejecutivo– ha sido el que ha impuesto las reglas de juego para el desarrollo y aplicación de la Jurisdicción Militar, resultando muchas veces excesivas las decisiones que, en un momento determinado, expidieron los Tribunales Militares, precisamente integrados por jueces reclutados por el propio Poder Ejecutivo, desconociéndose a los demás aparatos estatales. La historia nos enseña que la función política de las Fuerzas Armadas ha sido un fenómeno persistente en América Latina, y en el caso peruano se deja notar esta dura realidad, lo cual ha permitido que se lleven a cabo permanentes oscilaciones de la autoridad civil que trajo como producto la ruptura de los diques de la democracia, por parte de las camarillas políticas, de casta y elitista, con el propósito de controlar el poder social y político. Frente a esto surge la siguiente interrogante: ¿Estado Constitucional o Estado Militar? La respuesta se podrá apreciar a lo largo del presente estudio.

Seminario para optar al grado de Licenciado en Comunicación Social / El autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento / En la presente investigación hemos recurrido al método histórico: en base a material bibliográfico y prensa escrita, que constituyen “fuentes fidedignas”, hemos intentado rescatar del olvido hechos que marcaron una época y que también han dado motivo de polémica en cuanto a su interpretación, condena o legitimación. Para el periodismo significó un período de confusas versiones y, principalmente, tema noticioso durante prácticamente los últimos veinte años. Sin lugar a dudas que aún no han cicatrizado las heridas en nuestro país y por lo mismo es difícil hacer historia, con la distancia y objetividad (pretensión, al menos) que esta tarea requiere. Sin embargo, así como creemos que nadie puede atribuirse una “verdad” interpretativa de los hechos, también es cierto que tenemos la obligación de pronunciarnos, de acuerdo a los antecedentes recogidos, al respecto. Se trata de elegir las hipótesis más plausibles. No nos preocupa la pugna ideológica respecto de los casos, simplemente estamos diciendo que no podemos adoptar una mirada ingenua o inverosímil. Los crímenes políticos tienen larga historia en los libros y, a nuestro entender, los casos estudiados lo fueron. Aquí tampoco nos interesan los mecanismos de legitimación de los crímenes, pues han existido siempre. En definitiva, la presente investigación pretende ubicarse desde una óptica histórica y analítica, buscando explicar los crímenes dado un contexto determinado. 1.- FORMULACIÓN DEL TEMA Nuestro objetivo es reconstruir cuatro crímenes que remecieron a nuestro país y que, además, tuvieron en su momento o siguen teniendo, fuertes repercusiones internacionales: Carlos Prats, Carmelo Soria, Orlando Letelier y Tucapel Jiménez, cronológicamente hablando. Estos se eligieron entre otros, por las siguientes razones: todos perdieron la vida a causa de cruentos atentados, dos de ellos se cometieron en el extranjero y dos en Chile, y en ninguno quedó totalmente descartada la participación de agentes del Gobierno Militar (1973-1989). Estos crímenes, cometidos durante el régimen del General (R) Augusto Pinochet, independiente de que éste haya sido o no autor directo o indirecto de los hechos estudiados. De cualquier manera, entendemos que fue el Estado de Chile de dicho período el que se vio involucrado en atentados contra los derechos humanos, fundamentalmente a través de los organismos de seguridad como la DINA y CNI. Por lo tanto, nosotros abordaremos cada uno de estos casos, constatando los aspectos más relevantes de la biografía de las víctimas, su desempeño civil y político. Además, describiremos detalladamente cómo, cuándo y dónde ocurrieron los asesinatos y cuál fue la cobertura que se dio en algunos diarios chilenos al día siguiente. Se reconstituirán también los elementos más esenciales de la investigación judicial. En el curso de nuestro trabajo intentaremos demostrar que los crímenes no fueron simples casualidades, sino que formaron parte de una operación estratégica destinada a suprimir a personas que ponían, de algún modo u otro, en peligro la estabilidad del régimen militar. En otras palabras, que fueron ejecuciones selectivas. Los cuatro asesinados representaron, cada uno en su momento y desde su posición, un peligro real o virtual hacia el gobierno autoritario. Nosotros, basándonos en la visión analítica de ciertos autores y en nuestras propias inferencias, propondremos los porqué de estos crímenes.

La presente investigación pretende indagar en el concepto y características del concepto de justicia constitucional dialógica, sobre la base de un estudio de las repuestas del legislador a las sentencias del Tribunal Constitucional en las que, interpretando el artículo 173 de la Constitución, define el delito de función militar y policial. Actualmente, la idea de Estado Constitucional ampliamente aceptada en nuestro medio se asienta sobre la base de que la última palabra sobre asuntos de constitucionalidad la tienen las más altas instancias jurisdiccionales. En el caso del Perú, el Tribunal Constitucional. Las teorías dialógicas proponen quitarle la última palabra en materia de constitucionalidad al Tribunal Constitucional, toda vez que entienden que la interpretación constitucional es un proceso sostenido en el tiempo en el que participan en plena igualdad varios actores (jueces, legislador el gobierno, el pueblo). Se ha entendido que una manifestación de esta visión de la justicia constitucional permite al legislador emitir una normativa igual a la anteriormente declarada inconstitucional. En el Perú, aunque formalmente se podría entender que la última palabra en materia constitucional la ostenta el Tribunal Constitucional, ha habido varios casos de insistencia legislativa respecto de leyes declaradas inconstitucionales. En el presente trabajo se analizan las respuestas legislativas en materia de definición delito de función militar y se advierte que no cumplen con los estándares de la justicia dialógica.

El presente trabajo tiene por finalidad, demostrar la necesidad de implementación de criterios de valoración del peligro de obstaculización en la Jurisdicción Militar Policial, toda vez que el Código Penal Militar Policial establece en su artículo 322 los requisitos de las medidas de coerción, sin embargo, no instituye criterios expresos para calificar el peligro de obstaculización y se aplica supletoriamente lo establecido en el artículo 270 del Código Procesal Penal, por lo que los autos de prisión preventiva no cuentan con una motivación adecuada o suficiente respecto a este peligro, dándolo por cierto, no precisándose los criterios objetivos y solidos de la existencia del peligro de obstaculización. Es por ello que resultaría necesaria la aplicación de los criterios establecidos por la Jurisdicción Ordinaria a fin de determinar las circunstancias que concurren para determinar el peligro procesal en su vertiente de peligro de obstaculización. Es así que, en el presente trabajo se realizara un análisis de los criterios de valoración adoptados por la Jurisdicción Ordinaria, que determina en específico que conductas del imputado constituyen serios elementos para la concurrencia del peligro de obstaculización, los mismos que deben ser valorados en conjunto, y de cómo estos podrían ser aplicados en la Jurisdicción Militar Policial