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Existen debates que nunca deberían dejarse de lado, especialmente dentro del ámbito académico. Tales debates fomentan tanto el desarrollo de la percepción crítica como la capacidad para entender el contexto en el cual el alumno es formado. Sin embargo, muchas veces la labor y el trabajo del día a día nos alejan de los mismos. La presente tesis tiene por objetivo principal fomentar la discusión acerca de un tema que consideramos concierne tanto a abogados como a teóricos del derecho, el aborto derivado de casos de violación sexual. Resulta interesante notar como el debate sobre este tema se reduce constantemente a una batalla entre posturas que van desde la prohibición absoluta hasta la permisividad absoluta del supuesto mencionado, sin mediar la existencia de un marco de análisis que permitiría aportar luces a tal debate. En ese sentido, la presente tiene por metodología partir de una breve exposición lógica de aquel marco filosófico que fuese adoptado por el poder político de turno y que vincula necesariamente toda discusión de corte jurídico. Consideramos que no correspondería analizar el supuesto del aborto, o de su sanción penal para ser más concretos, sin mediar un análisis previo del propio sistema sobre el cual se está trabajando

En este estudio queremos proponer una interpretación desde un enfoque penal y constitucional para analizar el fenómeno de la explotación sexual infantil, en particular la pornografía infantil, comprendiendo ante todo que los hechos se gestan cuando los explotadores sexuales ejercen su poder y se aprovechan de la fragilidad y la vulnerabilidad de los infantes y adolescentes para someterlos como objetos sexuales con o sin su «consentimiento» a cambio de prestaciones dinerarias como de beneficios no económicos para satisfacer la demanda sexual de los adultos en el mercado del sexo. Este es el punto de encuentro entre la demanda de los consumidores y la organización de la oferta de los explotadores sexuales, donde «todo se compra y todo se vende», especialmente el material pornográfico infantil. Observamos que si bien con la demanda se tiene el material pornográfico infantil, esta demanda de pornografía infantil también implica que se promueva la demanda del servicio sexual de los infantes y los adolescentes en contextos de explotación. En efecto, los individuos también podrían incurrir en otras conductas delictivas de explotación sexual que prohíbe la Ley 28251 del 8 de junio de 2004. Entre ellas se encuentran el favorecimiento a la prostitución (artículo 179 Código Penal, forma agravada), la modalidad usuario-cliente (artículo 179­A del Código Penal), el rufianismo (artículo 180 del Código Penal, segundo párrafo forma agravada), el proxenetismo (artículo 181 del Código Penal, segundo párrafo forma agravada), el turismo sexual infantil (artículo 181­A del Código Penal), la trata de personas (artículo 182 del Código Penal, segundo párrafo forma agravada) y los delitos de pornografía infantil (artículo 183-A del Código Penal). Estos últimos tipos son materia de nuestro estudio, y examinaremos su legitimidad bajo los principios de legalidad y de proporcionalidad, así como bajo la jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano y la doctrina penal. En estrecha relación con lo explicado, también evaluaremos la legitimidad del tipo de posesión de pornografía infantil, en especial la posesión para el propio consumo y el orientado al tráfico de pornografía infantil, para investigar su compatibilidad con el principio de proporcionalidad. En definitiva, nuestro estudio lo abordaremos en tres capítulos.

El tema de investigación de esta tesis es la respuesta institucional estatal para víctimas menores de edad de explotación sexual comercial, una problemática muy peligrosa para sus involucrados. En los últimos años, el Estado peruano ha demostrado grandes avances en la identificación y rescate de víctimas, no obstante, la libertad es el primer paso en un camino largo hacia la recuperación. Sin apoyo adecuado, una víctima puede caerse en las redes de la explotación nuevamente, y de ahí frecuentemente se observa este círculo vicioso de salida y reingreso. Los servicios estatales para víctimas menores de edad de explotación sexual comercial constituyen un aspecto crítico para combatir este problema que sigue contagiando nuestra sociedad. / Tesis

La presente investigación versa sobre la penalización del aborto en el ordenamiento jurídico peruano, analizada desde un enfoque feminista para determinar el impacto de dicha regulación en el derecho a la salud. En ese sentido, se revisará el aborto a nivel conceptual y material, para lo cual se recurrirá principalmente a los aportes de la Organización Mundial de la Salud; acto seguido, se presentará y explicará la importancia de las herramientas del feminismo, siendo la principal el enfoque feminista; luego, se detallarán los extremos más relevantes de su marco jurídico, como su aspecto teórico, normativo y jurisprudencial, a nivel nacional e interamericano. Siguiendo ese orden, se empleará el feminismo para analizar el desarrollo del derecho a la salud en casos de aborto, lo que nos permitirá respaldar o desestimar la hipótesis elaborada, la cual propone que la ilegalidad del aborto incide negativamente en la realización del derecho a la salud de las mujeres peruanas, en la medida que la penalización de dicha práctica las perjudica al negar o restringir el uso, goce y/o disfrute del derecho del cual son titulares. / The present investigation focuses on the penalization of abortion in the Peruvian legal system, analyzed through a feminist lens to ascertain the impact of this regulation on the right to health. In this regard, abortion will be explored conceptually and materially, primarily drawing on contributions from the World’ Health Organization; then, feminism and its tools will be portraited; later on, the most relevant aspects of its legal framework such as theoretical, normative, and jurisprudential facets, nationally and international, will be outlined. Following this order, feminism will be employed to analyze the development of the right to health in abortion cases, enabling us to either support or challenge the formulated hypothesis which suggests that the illegality of abortion adversely impacts the realization of the right to health for Peruvian women, as the penalization of this practice harms them by denying or restricting the use, enjoyment and/or fulfillment of the right they hold.

“La determinación judicial de la pena sigue siendo una práctica insatisfactoria que comparten los operadores del sistema penal en el Perú. El objetivo de aplicar penas justas resulta todavía de muy limitada realización para la comunidad jurídica nacional”3, lograr este propósito, ante la inacción del Congreso, a veces, ante la promulgación de leyes populistas sin el menor criterio científico, demanda una postura activa de nuestros magistrados en salvaguarda de los principios constitucionales; que, sin embargo, provocan a su vez críticas por la generación de una inseguridad jurídica. La doctora MARCILLA CORDOVA, profesora titular de Filosofía del Derecho de la Universidad de Castilla –La Mancha, señala que la falta de certeza del derecho no es sólo el efecto de un legislador poco esmerado, impreciso, y que (…) posterga los problemas dejándolos pendientes de resolución judicial, vía lagunas y conflictos normativos, y abriendo así notables espacios a la discreción judicial. (…) sino que sería una consecuencia intrínsecamente unida a un modo de entender el Estado Constitucional, que al parecer, permite al Juez desvincularse de la Ley y ampararse directamente en los Principios Constitucionales4. Una de las aristas de este complejo fenómeno, que aborda el presente trabajo, se traduce en el Perú, en una pugna de competencias, que ha enfrentado, al Poder Legislativo y la administración de Justicia. Tema que vamos abordar en el marco teórico del presente trabajo. Respecto de este último punto, podemos señalar que en el año 2009, el Congreso de la República, mediante el Proyecto de Ley 14321/2005-CR, trató de recortar las facultades del Tribunal Constitucional, señalando que el mismo, se está convirtiendo en legislador positivo violando el principio de separación de poderes; que sus sentencias constituyen un exceso en el ejercicio de las funciones que le confiere la Ley; que sus pronunciamientos generan una inseguridad jurídica y finalmente que no existe fundamento constitucional para sostener que dicho órgano es el supremo intérprete de la Constitución5. Ante este tipo de afirmaciones la respuesta en la doctrina no se ha hecho esperar y se ha señalado que “la Constitución no es simplemente un nivel más en la pirámide; sino que está pensada como un conjunto plural de valores, a través de los cuales se controla la legislación (…) la oposición entre jurisdicción y legislación se traduce en la juridificación de toda cuestión política: no queda espacio libre para la voluntad del legislador. Con una Constitución que encamina al legislador, que lo guía y dirige, es decir, con una Constitución sustancialmente regulativa, el Poder Legislativo no sirve más que para traducir en normas los principios superiores; en este caso, el Poder Judicial puede sustituirlo sin ninguna usurpación de poder ya que se trata de una mera aplicación. La democracia se expresa –o, más bien, se sublima- a través de la aplicación de los valores enunciados en el texto fundamental” / Tesis

En el presente trabajo académico, en principio se tomará en cuenta las bases doctrinarias de la teoría de la pena, funciones de la pena, la interpretación constitucional y la función judicial, para luego verificar los dispersos y diversos criterios de justificaciones empleadas en fallos más recientes de la Corte Suprema de Justicia de Perú para convertir la pena privativa de libertad de (carácter efectiva) a una pena de servicios a la comunidad, respecto de los delitos de violación sexual a menores de 14 años, muy al margen de criterios legales o formales fijados taxativamente en el Código Penal. Para ello, se procederá a realizar el análisis de cada uno de los principales pronunciamientos emitidos al respecto, específicamente, en relación con la aplicación de las teorías de la argumentación jurídica materia de estudio y así determinar cuáles fueron las razones subyacentes -sustantivas, institucionales, de justicia, sociales, morales, teleológicas, etc.- que en su momento justificaron determinada decisión. Pues el propósito es que el juez realice una adecuada interpretación del derecho, sin pretender inaplicar la norma y crear otra, garantizando de ese modo no solo la primacía de la Constitución sino también el respeto de la dignidad y los derechos fundamentales que asisten a todas las personas.

La presente investigación cualitativa busca analizar las concepciones que tienen los psicólogos del Programa de Tratamiento de la Agresión Sexual (TAS) sobre las masculinidades de los hombres privados de libertad por violencia sexual. Para entender estas concepciones, se entrevistó a la psicóloga y los tres lo psicólogos pertenecientes al programa. En estos espacios se ahondó en sus percepciones sobre las masculinidades de los reclusos. De igual manera, sobre sus creencias respecto a si las mismas se relacionan con el ejercicio de la violencia sexual. Finalmente, sobre el trabajo que se realiza desde la perspectiva de género y las masculinidades en el programa de tratamiento. Tras el análisis de las entrevistas, los resultados se han dividido en dos áreas. Un área referida a las razones que se consideran son la causa de la comisión del delito y otra enfocada en el tratamiento que reciben los reclusos. Es importante recalcar cómo ciertas dinámicas de control, junto con el análisis y erradicación de las “distorsiones cognitivas” respecto a la sexualidad y a las mujeres, son considerados como cruciales para una rehabilitación exitosa de los internos, desde la perspectiva de la y los profesionales entrevistados

La presente investigación tiene por objetivo realizar un análisis feminista e interseccional del modelo jurídico actual de la prostitución en el Perú. Para ello, exploramos el problema de la política criminal internacional y nacional en materia de prostitución empleando los estudios de género, la evidencia criminológica reciente y los métodos jurídicos feministas. Atendiendo a la tendencia normativa que sigue la legislación interna, la pregunta que orienta nuestra investigación es ¿Son las fórmulas criminales y/o prohibitivas legítimas y válidas para abordar la prostitución en el Perú? La hipótesis que planteamos es que este tipo de fórmulas no son compatibles con una perspectiva feminista e interseccional en la medida en que no contribuyen a la mejora de la experiencia de las mujeres que se dedican a la prostitución, además de no ser útiles para revertir los problemas estructurales que suscitan en torno al trabajo sexual. En esa medida, se requiere de una mejor comprensión del trabajo sexual, así como de un enfoque transformativo de derechos que permita construir una política sobre el trabajo sexual que realmente mejore las condiciones de vida de las trabajadoras sexuales en nuestro país.