No description available.

No description available.

La presente investigación es un análisis institucional, en el que la preocupación central es si está implementada o no una política adecuada para la protección de las víctimas de trata de personas con finalidad de explotación sexual en Lima Metropolitana, sobre la base del Plan Nacional de Acción Contra la Trata de Personas 2011-2016. Es preciso señalar que la trata de personas es uno de los delitos más crueles y denigrantes que pueden existir, puesto que reducen a la persona a un objeto que puede comprarse y venderse. Como se trata de un objeto, no importa su voluntad, solo la oferta y la demanda. Para el caso que nos ocupa, la trata de personas con finalidad de explotación sexual, la convierte en un objeto sexual. En el Perú, de acuerdo a las cifras oficiales, la víctima de trata de personas es principalmente mujer entre 14 y 18 años, la mayor forma de explotación es con finalidad sexual, y la mayor cantidad de casos se han registrado en Lima. En ese sentido, la presente tesis realizada desde la Gerencia Social, definida como la orientación y adaptación de bienes públicos y semipúblicos que cogestionan de manera intersectorial o intrasectorial, y que buscan garantizar una cooperación racional que produzca beneficios selectivos y compartidos entre los actores miembros de la colectividad en la cual se ejecuta el programa1; investiga qué está haciendo el Estado para que las víctimas de trata de personas puedan volver a ser “personas” y dejar de ser “objetos”, qué recursos han sido destinados para ello, qué bienes públicos y semipúblicos se han orientado para producir los beneficios esperados en las víctimas de trata de personas desde los diferentes sectores que deben estar involucrados en este proceso de acuerdo al Plan Nacional de Acción Contra la Trata de Personas 2011-2016, con la finalidad de que las víctimas dejen de ser víctimas. Finalmente, se proponen medidas para la implementación de una adecuada política de protección de víctimas de trata de personas con la finalidad de explotación sexual, a fin de contribuir con su readaptación a la sociedad y puedan tener una vida digna. / Tesis

Existen debates que nunca deberían dejarse de lado, especialmente dentro del ámbito académico. Tales debates fomentan tanto el desarrollo de la percepción crítica como la capacidad para entender el contexto en el cual el alumno es formado. Sin embargo, muchas veces la labor y el trabajo del día a día nos alejan de los mismos. La presente tesis tiene por objetivo principal fomentar la discusión acerca de un tema que consideramos concierne tanto a abogados como a teóricos del derecho, el aborto derivado de casos de violación sexual. Resulta interesante notar como el debate sobre este tema se reduce constantemente a una batalla entre posturas que van desde la prohibición absoluta hasta la permisividad absoluta del supuesto mencionado, sin mediar la existencia de un marco de análisis que permitiría aportar luces a tal debate. En ese sentido, la presente tiene por metodología partir de una breve exposición lógica de aquel marco filosófico que fuese adoptado por el poder político de turno y que vincula necesariamente toda discusión de corte jurídico. Consideramos que no correspondería analizar el supuesto del aborto, o de su sanción penal para ser más concretos, sin mediar un análisis previo del propio sistema sobre el cual se está trabajando

En este estudio queremos proponer una interpretación desde un enfoque penal y constitucional para analizar el fenómeno de la explotación sexual infantil, en particular la pornografía infantil, comprendiendo ante todo que los hechos se gestan cuando los explotadores sexuales ejercen su poder y se aprovechan de la fragilidad y la vulnerabilidad de los infantes y adolescentes para someterlos como objetos sexuales con o sin su «consentimiento» a cambio de prestaciones dinerarias como de beneficios no económicos para satisfacer la demanda sexual de los adultos en el mercado del sexo. Este es el punto de encuentro entre la demanda de los consumidores y la organización de la oferta de los explotadores sexuales, donde «todo se compra y todo se vende», especialmente el material pornográfico infantil. Observamos que si bien con la demanda se tiene el material pornográfico infantil, esta demanda de pornografía infantil también implica que se promueva la demanda del servicio sexual de los infantes y los adolescentes en contextos de explotación. En efecto, los individuos también podrían incurrir en otras conductas delictivas de explotación sexual que prohíbe la Ley 28251 del 8 de junio de 2004. Entre ellas se encuentran el favorecimiento a la prostitución (artículo 179 Código Penal, forma agravada), la modalidad usuario-cliente (artículo 179­A del Código Penal), el rufianismo (artículo 180 del Código Penal, segundo párrafo forma agravada), el proxenetismo (artículo 181 del Código Penal, segundo párrafo forma agravada), el turismo sexual infantil (artículo 181­A del Código Penal), la trata de personas (artículo 182 del Código Penal, segundo párrafo forma agravada) y los delitos de pornografía infantil (artículo 183-A del Código Penal). Estos últimos tipos son materia de nuestro estudio, y examinaremos su legitimidad bajo los principios de legalidad y de proporcionalidad, así como bajo la jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano y la doctrina penal. En estrecha relación con lo explicado, también evaluaremos la legitimidad del tipo de posesión de pornografía infantil, en especial la posesión para el propio consumo y el orientado al tráfico de pornografía infantil, para investigar su compatibilidad con el principio de proporcionalidad. En definitiva, nuestro estudio lo abordaremos en tres capítulos.

El tema de investigación de esta tesis es la respuesta institucional estatal para víctimas menores de edad de explotación sexual comercial, una problemática muy peligrosa para sus involucrados. En los últimos años, el Estado peruano ha demostrado grandes avances en la identificación y rescate de víctimas, no obstante, la libertad es el primer paso en un camino largo hacia la recuperación. Sin apoyo adecuado, una víctima puede caerse en las redes de la explotación nuevamente, y de ahí frecuentemente se observa este círculo vicioso de salida y reingreso. Los servicios estatales para víctimas menores de edad de explotación sexual comercial constituyen un aspecto crítico para combatir este problema que sigue contagiando nuestra sociedad. / Tesis

“La determinación judicial de la pena sigue siendo una práctica insatisfactoria que comparten los operadores del sistema penal en el Perú. El objetivo de aplicar penas justas resulta todavía de muy limitada realización para la comunidad jurídica nacional”3, lograr este propósito, ante la inacción del Congreso, a veces, ante la promulgación de leyes populistas sin el menor criterio científico, demanda una postura activa de nuestros magistrados en salvaguarda de los principios constitucionales; que, sin embargo, provocan a su vez críticas por la generación de una inseguridad jurídica. La doctora MARCILLA CORDOVA, profesora titular de Filosofía del Derecho de la Universidad de Castilla –La Mancha, señala que la falta de certeza del derecho no es sólo el efecto de un legislador poco esmerado, impreciso, y que (…) posterga los problemas dejándolos pendientes de resolución judicial, vía lagunas y conflictos normativos, y abriendo así notables espacios a la discreción judicial. (…) sino que sería una consecuencia intrínsecamente unida a un modo de entender el Estado Constitucional, que al parecer, permite al Juez desvincularse de la Ley y ampararse directamente en los Principios Constitucionales4. Una de las aristas de este complejo fenómeno, que aborda el presente trabajo, se traduce en el Perú, en una pugna de competencias, que ha enfrentado, al Poder Legislativo y la administración de Justicia. Tema que vamos abordar en el marco teórico del presente trabajo. Respecto de este último punto, podemos señalar que en el año 2009, el Congreso de la República, mediante el Proyecto de Ley 14321/2005-CR, trató de recortar las facultades del Tribunal Constitucional, señalando que el mismo, se está convirtiendo en legislador positivo violando el principio de separación de poderes; que sus sentencias constituyen un exceso en el ejercicio de las funciones que le confiere la Ley; que sus pronunciamientos generan una inseguridad jurídica y finalmente que no existe fundamento constitucional para sostener que dicho órgano es el supremo intérprete de la Constitución5. Ante este tipo de afirmaciones la respuesta en la doctrina no se ha hecho esperar y se ha señalado que “la Constitución no es simplemente un nivel más en la pirámide; sino que está pensada como un conjunto plural de valores, a través de los cuales se controla la legislación (…) la oposición entre jurisdicción y legislación se traduce en la juridificación de toda cuestión política: no queda espacio libre para la voluntad del legislador. Con una Constitución que encamina al legislador, que lo guía y dirige, es decir, con una Constitución sustancialmente regulativa, el Poder Legislativo no sirve más que para traducir en normas los principios superiores; en este caso, el Poder Judicial puede sustituirlo sin ninguna usurpación de poder ya que se trata de una mera aplicación. La democracia se expresa –o, más bien, se sublima- a través de la aplicación de los valores enunciados en el texto fundamental” / Tesis

El trabajo sexual expone a las mujeres trabajadoras sexuales a desafíos que trascienden lo meramente económico. En ese sentido, la forma en que los Estados democráticos modernos abordan la cuestión de la prostitución es un tema polémico y ha creado divisiones notables dentro del movimiento feminista. En la actualidad, en la doctrina se observan tres enfoques normativos distintos hacia la prostitución: el reglamentarista, el abolicionista y el prohibicionista. Cada país ha optado por adoptar aquel que mejor se adecúa a sus necesidades específicas, basándose en consideraciones económicas, sociales y culturales predominantes en su territorio. De esta manera, el presente artículo se centra en analizar la legislación actual en Perú con respecto al trabajo sexual para evidenciar desde qué modelo se ha venido legislando (prohibicionista, abolicionista o reglamentista). A partir de este análisis, se propone un cambio hacia un enfoque reglamentista. La argumentación se basa en la idea de que, dadas las condiciones sociales, económicas y de salud en Perú, es necesario proteger a las trabajadoras sexuales a través de una regulación que les permita acceder a servicios de salud y seguridad, evitando así la exposición a riesgos como enfermedades de transmisión sexual, violencia y discriminación. La propuesta busca mejorar su calidad de vida y bienestar, sin imponer una moral pública restrictiva que las perjudique. / Sex work exposes female sex workers to challenges that transcend the merely economic. In that sense, how modern democratic states address the issue of prostitution is a controversial issue and has created notable divisions within the feminist movement. Currently, three different regulatory approaches to prostitution are observed in the doctrine: regulatory, abolitionist and prohibitionist. Each country has chosen to adopt the one that best suits its specific needs, based on economic, social, and cultural considerations predominant in its territory. In this way, this article focuses on analyzing the current legislation in Peru regarding sex work to demonstrate from which model it has been legislating (prohibitionist, abolitionist or regulatory). Based on this analysis, a change towards a regulatory approach is proposed. The argument is based on the idea that, given the social, economic and health conditions in Peru, it is necessary to protect sex workers through regulation that allows them to access health and safety services, thus avoiding exposure to risks such as sexually transmitted diseases, violence, and discrimination. The proposal seeks to improve their quality of life and well-being, without imposing a restrictive public morality that harms them. / Trabajo académico

En el presente trabajo académico, en principio se tomará en cuenta las bases doctrinarias de la teoría de la pena, funciones de la pena, la interpretación constitucional y la función judicial, para luego verificar los dispersos y diversos criterios de justificaciones empleadas en fallos más recientes de la Corte Suprema de Justicia de Perú para convertir la pena privativa de libertad de (carácter efectiva) a una pena de servicios a la comunidad, respecto de los delitos de violación sexual a menores de 14 años, muy al margen de criterios legales o formales fijados taxativamente en el Código Penal. Para ello, se procederá a realizar el análisis de cada uno de los principales pronunciamientos emitidos al respecto, específicamente, en relación con la aplicación de las teorías de la argumentación jurídica materia de estudio y así determinar cuáles fueron las razones subyacentes -sustantivas, institucionales, de justicia, sociales, morales, teleológicas, etc.- que en su momento justificaron determinada decisión. Pues el propósito es que el juez realice una adecuada interpretación del derecho, sin pretender inaplicar la norma y crear otra, garantizando de ese modo no solo la primacía de la Constitución sino también el respeto de la dignidad y los derechos fundamentales que asisten a todas las personas.

La presente investigación cualitativa busca analizar las concepciones que tienen los psicólogos del Programa de Tratamiento de la Agresión Sexual (TAS) sobre las masculinidades de los hombres privados de libertad por violencia sexual. Para entender estas concepciones, se entrevistó a la psicóloga y los tres lo psicólogos pertenecientes al programa. En estos espacios se ahondó en sus percepciones sobre las masculinidades de los reclusos. De igual manera, sobre sus creencias respecto a si las mismas se relacionan con el ejercicio de la violencia sexual. Finalmente, sobre el trabajo que se realiza desde la perspectiva de género y las masculinidades en el programa de tratamiento. Tras el análisis de las entrevistas, los resultados se han dividido en dos áreas. Un área referida a las razones que se consideran son la causa de la comisión del delito y otra enfocada en el tratamiento que reciben los reclusos. Es importante recalcar cómo ciertas dinámicas de control, junto con el análisis y erradicación de las “distorsiones cognitivas” respecto a la sexualidad y a las mujeres, son considerados como cruciales para una rehabilitación exitosa de los internos, desde la perspectiva de la y los profesionales entrevistados