La presente investigación tiene por objetivo realizar un análisis feminista e interseccional del modelo jurídico actual de la prostitución en el Perú. Para ello, exploramos el problema de la política criminal internacional y nacional en materia de prostitución empleando los estudios de género, la evidencia criminológica reciente y los métodos jurídicos feministas. Atendiendo a la tendencia normativa que sigue la legislación interna, la pregunta que orienta nuestra investigación es ¿Son las fórmulas criminales y/o prohibitivas legítimas y válidas para abordar la prostitución en el Perú? La hipótesis que planteamos es que este tipo de fórmulas no son compatibles con una perspectiva feminista e interseccional en la medida en que no contribuyen a la mejora de la experiencia de las mujeres que se dedican a la prostitución, además de no ser útiles para revertir los problemas estructurales que suscitan en torno al trabajo sexual. En esa medida, se requiere de una mejor comprensión del trabajo sexual, así como de un enfoque transformativo de derechos que permita construir una política sobre el trabajo sexual que realmente mejore las condiciones de vida de las trabajadoras sexuales en nuestro país.

Tanto en la doctrina como en la legislación, ha quedado uficientemente establecido, que el objeto de tutela penal en los atentados contra la sexualidad, corresponde a la preservación de la intangibilidad de un atributo personalísimo como lo es la libertad sexual. El análisis del objeto de tutela, a esta época, carece de mayor complejidad tanto por la superación de criterios de antaño, vagos e imprecisos, que presididos por un fuerte contenido moralizador (sentimiento de decencia y moralidad, inviolabilidad carnal, honestidad, ofensa al honor sexual, etc.), no alcanzaron a desentrañar la genuina protección de esta importante parcela de la libertad individual, como por el carácter inconfundible del bien que hoy se resguarda en este arquetipo de conductas: la libertad sexual, entendida como la capacidad de actuación que le asiste al individuo con el solo imperio de su voluntad de disponer ante sí y frente a los demás integrantes de la comunidad de su propio sexo con libertad de elegir, aceptar o rechazar las pretensiones que se produzcan en la esfera de su sexualidad. El Código penal de 1863 tipificaba, en su Libro Segundo, Sección Octava (“De los delitos contra la honestidad”), Título II, los delitos de violación, estupro, rapto y otros delitos, disponiendo que: “El que viole á una muger empleando fuerza ó violencia, ó privándola del uso de los sentidos con narcóticos ú otros medios, sufrirá penitenciaría en primer grado8.En la misma pena incurrirá el que viole á una vírgen impuber, aunque sea con su consentimiento; ó á una muger casada haciéndole creer que es su marido” (Art. 269). El Código penal de 1924 recogía los así llamados delitos contra la libertad y el honor sexuales dentro de la rúbrica genérica de los delitos contra las buenas costumbres, los cuales se ubican a su vez en el Título I de la Sección Tercera del Libro Segundo de dicho cuerpo normativo. Por su parte, el legislador de 1991, quita de la tipicidad todo tipo de referencia o exigencia de orden moral o ético, circunscribiendo la violación como atentatorio de la libertad sexual (Su tratamiento actual se sitúa en el Libro Segundo, Título IV, bajo el membrete genérico de “delitos contra la libertad, Capítulo IX “violación de la libertad sexual”.

El control de las actividades asociadas a la trata de personas en la finalidad de explotación sexual ha devenido en un problema público, reconocido como tal por el Estado; no obstante, en el proceso de implementación de la política pública se han observado dificultades para que las medidas adoptadas tuvieran presencia efectiva en Madre de Dios durante el periodo 2012 – 2015. Dentro de las razones se destaca los débiles mecanismos de coordinación y articulación, la asignación presupuestal deficiente y las prácticas de corrupción. Como consecuencia de ello, las prácticas asociadas a la trata de personas en la finalidad de explotación sexual no sólo se desarrollaron con relativa normalidad, sino que lograron expandir su presencia en la localidad. En este sentido, con esta investigación se ha buscado describir las actividades asociadas a la trata de personas, determinar las brechas en la cobertura territorial de las medidas de control de las prácticas identificadas y explicar el impacto de las brechas de cobertura territorial en Madre de Dios. Si bien existen estudios que dan cuenta de las limitaciones del Estado para dar una respuesta al fenómeno de la trata de personas, aún no abordan las brechas de las capacidades estatales en la cobertura territorial y el impacto de las mismas. Es así que el presente estudio partirá desde el análisis de las capacidades estatales para el logro de sus objetivos a nivel territorial. / Trabajo de investigación

El presente informe busca responder a tres problemas jurídicos identificados a raíz de la resolución emitida por el Tribunal Constitucional en el expediente N.° 07009-2013- PHC/TC. El primer problema jurídico pretende dar a conocer los alcances jurisdicciones de las Comunidades Indígenas. Así, como atestiguarán a lo largo del presente informe, la adopción de un modelo social intercultural permitirá desplegar un mayor campo de protección, mediante el diálogo entre culturas. Asimismo, sostengo que el operador jurídico mediante el uso mesurado de la hermenéutica analógica, realizará una interpretación intercultural de los derechos fundamentales, dejando atrás el marcado carácter universal-tradicional. El segundo problema jurídico plantea un análisis atendiendo a las condiciones peculiares de las niñas indígenas, mediante una evaluación a partir del derecho colectivo de las comunidades y las relaciones de poder en las que se encuentran inmersas. Por último, el tercer problema jurídico brindará los alcances normativos del artículo 15° del Código Penal Peruano, sobre el cual pueden presentarse soluciones divergentes, siendo necesaria una aplicación cuidadosa de la referida eximente/atenuante de responsabilidad penal.

La Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) en el 2003, identificó que las violaciones sexuales a mujeres agudizaron la desigualdad y la violencia existente. Visibilizando el caso Manta (Huancavelica 1984) como un caso emblemático que debía atravesar el proceso de judicialización. Sin embargo, Manta es el primer y único caso que ha llegado en instancias judiciales bajo la defensa del Instituto de Defensa Legal (IDL) y del Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus). No obstante, a pesar de que estas organizaciones manifiestan el mismo objetivo de acompañar la defensa en instancias judiciales, diseñan estrategias distintas para abordarlo. El estudio, describe las distintas estrategias diseñadas por IDL y Demus, frente a las condiciones cambiantes durante el proceso. El análisis se realiza para las dos etapas del proceso: i) el acercamiento de las ONG a las mujeres afectadas de Manta, y, ii) el proceso de judicialización, que incluye el proceso del juicio oral. Se utilizó una metodología cualitativa de estudio de caso, el recojo de información se realizó a través de revisión bibliográfica, revisión de fuentes periodísticas y construcción de líneas de tiempo. Además, se realizaron once entrevistas semiestructuradas a actores claves, miembros de IDL y Demus que participaron de cada etapa, así como también, miembros de la CVR que tuvieron implicancia en el caso Manta y especialistas del caso. El estudio resalta el precedente institucional que significó la visibilización de la violencia sexual que realizó la CVR dotando el sustento para que IDL y Demus lleguen al caso. Se encuentra que, a pesar de tratarse de organizaciones de derechos humanos, responden a saberes y trayectorias distintas que se reflejan en sus estrategias. Sin embargo, los distintos criterios de sus enfoques resultan ser complementarios para abordar el caso y enfrentarse a los desafíos que encuentran en el Poder Judicial. En este sentido, sugiere la reflexión acerca del ejercicio público de la defensa de IDL y Demus que logran abrir un camino en el sistema de justicia para las afectadas de la violencia sexual. Implicando también el posicionamiento de Demus como pionera en llevar el derecho con perspectiva de género al Poder Judicial y, el posicionamiento que logra afianzar IDL en el campo de los derechos humanos.

El control de las actividades asociadas a la trata de personas en la finalidad de explotación sexual ha devenido en un problema público, reconocido como tal por el Estado; no obstante, en el proceso de implementación de la política pública se han observado dificultades para que las medidas adoptadas tuvieran presencia efectiva en Madre de Dios durante el periodo 2012 – 2015. Dentro de las razones se destaca los débiles mecanismos de coordinación y articulación, la asignación presupuestal deficiente y las prácticas de corrupción. Como consecuencia de ello, las prácticas asociadas a la trata de personas en la finalidad de explotación sexual no sólo se desarrollaron con relativa normalidad, sino que lograron expandir su presencia en la localidad. En este sentido, con esta investigación se ha buscado describir las actividades asociadas a la trata de personas, determinar las brechas en la cobertura territorial de las medidas de control de las prácticas identificadas y explicar el impacto de las brechas de cobertura territorial en Madre de Dios. Si bien existen estudios que dan cuenta de las limitaciones del Estado para dar una respuesta al fenómeno de la trata de personas, aún no abordan las brechas de las capacidades estatales en la cobertura territorial y el impacto de las mismas. Es así que el presente estudio partirá desde el análisis de las capacidades estatales para el logro de sus objetivos a nivel territorial. / Trabajo de investigación