El trabajo sexual expone a las mujeres trabajadoras sexuales a desafíos que trascienden lo meramente económico. En ese sentido, la forma en que los Estados democráticos modernos abordan la cuestión de la prostitución es un tema polémico y ha creado divisiones notables dentro del movimiento feminista. En la actualidad, en la doctrina se observan tres enfoques normativos distintos hacia la prostitución: el reglamentarista, el abolicionista y el prohibicionista. Cada país ha optado por adoptar aquel que mejor se adecúa a sus necesidades específicas, basándose en consideraciones económicas, sociales y culturales predominantes en su territorio. De esta manera, el presente artículo se centra en analizar la legislación actual en Perú con respecto al trabajo sexual para evidenciar desde qué modelo se ha venido legislando (prohibicionista, abolicionista o reglamentista). A partir de este análisis, se propone un cambio hacia un enfoque reglamentista. La argumentación se basa en la idea de que, dadas las condiciones sociales, económicas y de salud en Perú, es necesario proteger a las trabajadoras sexuales a través de una regulación que les permita acceder a servicios de salud y seguridad, evitando así la exposición a riesgos como enfermedades de transmisión sexual, violencia y discriminación. La propuesta busca mejorar su calidad de vida y bienestar, sin imponer una moral pública restrictiva que las perjudique. / Sex work exposes female sex workers to challenges that transcend the merely economic. In that sense, how modern democratic states address the issue of prostitution is a controversial issue and has created notable divisions within the feminist movement. Currently, three different regulatory approaches to prostitution are observed in the doctrine: regulatory, abolitionist and prohibitionist. Each country has chosen to adopt the one that best suits its specific needs, based on economic, social, and cultural considerations predominant in its territory. In this way, this article focuses on analyzing the current legislation in Peru regarding sex work to demonstrate from which model it has been legislating (prohibitionist, abolitionist or regulatory). Based on this analysis, a change towards a regulatory approach is proposed. The argument is based on the idea that, given the social, economic and health conditions in Peru, it is necessary to protect sex workers through regulation that allows them to access health and safety services, thus avoiding exposure to risks such as sexually transmitted diseases, violence, and discrimination. The proposal seeks to improve their quality of life and well-being, without imposing a restrictive public morality that harms them. / Trabajo académico

Tanto en la doctrina como en la legislación, ha quedado uficientemente establecido, que el objeto de tutela penal en los atentados contra la sexualidad, corresponde a la preservación de la intangibilidad de un atributo personalísimo como lo es la libertad sexual. El análisis del objeto de tutela, a esta época, carece de mayor complejidad tanto por la superación de criterios de antaño, vagos e imprecisos, que presididos por un fuerte contenido moralizador (sentimiento de decencia y moralidad, inviolabilidad carnal, honestidad, ofensa al honor sexual, etc.), no alcanzaron a desentrañar la genuina protección de esta importante parcela de la libertad individual, como por el carácter inconfundible del bien que hoy se resguarda en este arquetipo de conductas: la libertad sexual, entendida como la capacidad de actuación que le asiste al individuo con el solo imperio de su voluntad de disponer ante sí y frente a los demás integrantes de la comunidad de su propio sexo con libertad de elegir, aceptar o rechazar las pretensiones que se produzcan en la esfera de su sexualidad. El Código penal de 1863 tipificaba, en su Libro Segundo, Sección Octava (“De los delitos contra la honestidad”), Título II, los delitos de violación, estupro, rapto y otros delitos, disponiendo que: “El que viole á una muger empleando fuerza ó violencia, ó privándola del uso de los sentidos con narcóticos ú otros medios, sufrirá penitenciaría en primer grado8.En la misma pena incurrirá el que viole á una vírgen impuber, aunque sea con su consentimiento; ó á una muger casada haciéndole creer que es su marido” (Art. 269). El Código penal de 1924 recogía los así llamados delitos contra la libertad y el honor sexuales dentro de la rúbrica genérica de los delitos contra las buenas costumbres, los cuales se ubican a su vez en el Título I de la Sección Tercera del Libro Segundo de dicho cuerpo normativo. Por su parte, el legislador de 1991, quita de la tipicidad todo tipo de referencia o exigencia de orden moral o ético, circunscribiendo la violación como atentatorio de la libertad sexual (Su tratamiento actual se sitúa en el Libro Segundo, Título IV, bajo el membrete genérico de “delitos contra la libertad, Capítulo IX “violación de la libertad sexual”.

El control de las actividades asociadas a la trata de personas en la finalidad de explotación sexual ha devenido en un problema público, reconocido como tal por el Estado; no obstante, en el proceso de implementación de la política pública se han observado dificultades para que las medidas adoptadas tuvieran presencia efectiva en Madre de Dios durante el periodo 2012 – 2015. Dentro de las razones se destaca los débiles mecanismos de coordinación y articulación, la asignación presupuestal deficiente y las prácticas de corrupción. Como consecuencia de ello, las prácticas asociadas a la trata de personas en la finalidad de explotación sexual no sólo se desarrollaron con relativa normalidad, sino que lograron expandir su presencia en la localidad. En este sentido, con esta investigación se ha buscado describir las actividades asociadas a la trata de personas, determinar las brechas en la cobertura territorial de las medidas de control de las prácticas identificadas y explicar el impacto de las brechas de cobertura territorial en Madre de Dios. Si bien existen estudios que dan cuenta de las limitaciones del Estado para dar una respuesta al fenómeno de la trata de personas, aún no abordan las brechas de las capacidades estatales en la cobertura territorial y el impacto de las mismas. Es así que el presente estudio partirá desde el análisis de las capacidades estatales para el logro de sus objetivos a nivel territorial. / Trabajo de investigación

El presente informe busca responder a tres problemas jurídicos identificados a raíz de la resolución emitida por el Tribunal Constitucional en el expediente N.° 07009-2013- PHC/TC. El primer problema jurídico pretende dar a conocer los alcances jurisdicciones de las Comunidades Indígenas. Así, como atestiguarán a lo largo del presente informe, la adopción de un modelo social intercultural permitirá desplegar un mayor campo de protección, mediante el diálogo entre culturas. Asimismo, sostengo que el operador jurídico mediante el uso mesurado de la hermenéutica analógica, realizará una interpretación intercultural de los derechos fundamentales, dejando atrás el marcado carácter universal-tradicional. El segundo problema jurídico plantea un análisis atendiendo a las condiciones peculiares de las niñas indígenas, mediante una evaluación a partir del derecho colectivo de las comunidades y las relaciones de poder en las que se encuentran inmersas. Por último, el tercer problema jurídico brindará los alcances normativos del artículo 15° del Código Penal Peruano, sobre el cual pueden presentarse soluciones divergentes, siendo necesaria una aplicación cuidadosa de la referida eximente/atenuante de responsabilidad penal.

La tesis tiene como objetivo revisar los criterios para la valoración de las declaraciones de víctimas en casos de violencia sexual, establecidos en los Acuerdos Plenarios 2-2005 y 1-2011. En ella se analizan los criterios adoptados por la Corte Suprema, tales como la incredibilidad subjetiva, la verosimilitud y la persistencia en la incriminación, señalando sus limitaciones y la necesidad de incorporar los aportes de la psicología del testimonio para lograr una valoración conforme a las exigencias de la sana crítica. La investigación también identifica y critica la insuficiente definición conceptual de estos criterios y su incorrecta aplicación en casos concretos, advirtiendo que esto puede llevar a decisiones arbitrarias y prejuiciosas. Para alcanzar el objetivo principal, se ha realizado un análisis teórico individual de cada criterio, además de una revisión de su aplicación en casos específicos. El estudio concluye que los criterios actuales no integran los avances en psicología del testimonio, una disciplina que podría proporcionar herramientas y parámetros científicos para evaluar la fiabilidad de los testimonios de las víctimas, así como técnicas adecuadas para la toma de declaraciones. Finalmente, se destaca la importancia del criterio de corroboración periférica, así como el papel del psicólogo forense y su impacto en la obtención de testimonios, proponiendo mejoras para alcanzar decisiones judiciales más justas y fundamentadas en una valoración racional de la prueba. / The thesis aims to review the criteria for evaluating victim statements in cases of sexual violence, as established in Plenary Agreements 2-2005 and 1-2011. It analyzes the criteria adopted by the Supreme Court, such as subjective incredibility, plausibility, and persistence in incrimination, highlighting their limitations and the need to incorporate insights from testimonial psychology to achieve an assessment aligned with the requirements of sound judgment. The research also identifies and critiques the insufficient conceptual definition of these criteria and their improper application in specific cases, noting that this can lead to arbitrary and biased decisions. To achieve its primary objective, the study includes a theoretical analysis of each criterion, as well as a review of their application in particular cases. The study 1concludes that current criteria do not integrate advances in testimonial psychology, a discipline that could provide scientific tools and standards for assessing the reliability of victim testimonies, as well as appropriate techniques for obtaining statements. Finally, the thesis underscores the importance of the peripheral corroboration criterion, as well as the role of the forensic psychologist and their impact on obtaining testimonies, proposing improvements to reach fairer judicial decisions grounded in a rational evaluation of evidence.

La presente investigación es un análisis institucional, en el que la preocupación central es si está implementada o no una política adecuada para la protección de las víctimas de trata de personas con finalidad de explotación sexual en Lima Metropolitana, sobre la base del Plan Nacional de Acción Contra la Trata de Personas 2011-2016. Es preciso señalar que la trata de personas es uno de los delitos más crueles y denigrantes que pueden existir, puesto que reducen a la persona a un objeto que puede comprarse y venderse. Como se trata de un objeto, no importa su voluntad, solo la oferta y la demanda. Para el caso que nos ocupa, la trata de personas con finalidad de explotación sexual, la convierte en un objeto sexual. En el Perú, de acuerdo a las cifras oficiales, la víctima de trata de personas es principalmente mujer entre 14 y 18 años, la mayor forma de explotación es con finalidad sexual, y la mayor cantidad de casos se han registrado en Lima. En ese sentido, la presente tesis realizada desde la Gerencia Social, definida como la orientación y adaptación de bienes públicos y semipúblicos que cogestionan de manera intersectorial o intrasectorial, y que buscan garantizar una cooperación racional que produzca beneficios selectivos y compartidos entre los actores miembros de la colectividad en la cual se ejecuta el programa1; investiga qué está haciendo el Estado para que las víctimas de trata de personas puedan volver a ser “personas” y dejar de ser “objetos”, qué recursos han sido destinados para ello, qué bienes públicos y semipúblicos se han orientado para producir los beneficios esperados en las víctimas de trata de personas desde los diferentes sectores que deben estar involucrados en este proceso de acuerdo al Plan Nacional de Acción Contra la Trata de Personas 2011-2016, con la finalidad de que las víctimas dejen de ser víctimas. Finalmente, se proponen medidas para la implementación de una adecuada política de protección de víctimas de trata de personas con la finalidad de explotación sexual, a fin de contribuir con su readaptación a la sociedad y puedan tener una vida digna. / Tesis

La Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) en el 2003, identificó que las violaciones sexuales a mujeres agudizaron la desigualdad y la violencia existente. Visibilizando el caso Manta (Huancavelica 1984) como un caso emblemático que debía atravesar el proceso de judicialización. Sin embargo, Manta es el primer y único caso que ha llegado en instancias judiciales bajo la defensa del Instituto de Defensa Legal (IDL) y del Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus). No obstante, a pesar de que estas organizaciones manifiestan el mismo objetivo de acompañar la defensa en instancias judiciales, diseñan estrategias distintas para abordarlo. El estudio, describe las distintas estrategias diseñadas por IDL y Demus, frente a las condiciones cambiantes durante el proceso. El análisis se realiza para las dos etapas del proceso: i) el acercamiento de las ONG a las mujeres afectadas de Manta, y, ii) el proceso de judicialización, que incluye el proceso del juicio oral. Se utilizó una metodología cualitativa de estudio de caso, el recojo de información se realizó a través de revisión bibliográfica, revisión de fuentes periodísticas y construcción de líneas de tiempo. Además, se realizaron once entrevistas semiestructuradas a actores claves, miembros de IDL y Demus que participaron de cada etapa, así como también, miembros de la CVR que tuvieron implicancia en el caso Manta y especialistas del caso. El estudio resalta el precedente institucional que significó la visibilización de la violencia sexual que realizó la CVR dotando el sustento para que IDL y Demus lleguen al caso. Se encuentra que, a pesar de tratarse de organizaciones de derechos humanos, responden a saberes y trayectorias distintas que se reflejan en sus estrategias. Sin embargo, los distintos criterios de sus enfoques resultan ser complementarios para abordar el caso y enfrentarse a los desafíos que encuentran en el Poder Judicial. En este sentido, sugiere la reflexión acerca del ejercicio público de la defensa de IDL y Demus que logran abrir un camino en el sistema de justicia para las afectadas de la violencia sexual. Implicando también el posicionamiento de Demus como pionera en llevar el derecho con perspectiva de género al Poder Judicial y, el posicionamiento que logra afianzar IDL en el campo de los derechos humanos.

El control de las actividades asociadas a la trata de personas en la finalidad de explotación sexual ha devenido en un problema público, reconocido como tal por el Estado; no obstante, en el proceso de implementación de la política pública se han observado dificultades para que las medidas adoptadas tuvieran presencia efectiva en Madre de Dios durante el periodo 2012 – 2015. Dentro de las razones se destaca los débiles mecanismos de coordinación y articulación, la asignación presupuestal deficiente y las prácticas de corrupción. Como consecuencia de ello, las prácticas asociadas a la trata de personas en la finalidad de explotación sexual no sólo se desarrollaron con relativa normalidad, sino que lograron expandir su presencia en la localidad. En este sentido, con esta investigación se ha buscado describir las actividades asociadas a la trata de personas, determinar las brechas en la cobertura territorial de las medidas de control de las prácticas identificadas y explicar el impacto de las brechas de cobertura territorial en Madre de Dios. Si bien existen estudios que dan cuenta de las limitaciones del Estado para dar una respuesta al fenómeno de la trata de personas, aún no abordan las brechas de las capacidades estatales en la cobertura territorial y el impacto de las mismas. Es así que el presente estudio partirá desde el análisis de las capacidades estatales para el logro de sus objetivos a nivel territorial. / Trabajo de investigación