Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Desde sus inicios nuestro sistema procesal penal fue concebido de corte inquisitivo, caracterizado por la investigación secreta, juicios eternos, poca transparencia, delegación habitual por parte de los jueces de sus funciones en empleados de los tribunales, la obligación del juez de investigar todo hecho que revistiera caracteres de delito sin importar el monto ni los antecedentes que al respecto se manejaran, y con esto en muchos casos se ponía en movimiento todo el aparato judicial sin llegar a ningún resultado, ocasionando un gran costo en recursos humanos y económicos En este contexto cabe preguntarse si existen otros mecanismos de reacción frente al delito y aquí aparece la noción de reparación. En palabras de Roxin es tratada como la “tercera vía”. Este tema ha sido ampliamente desarrollado en Alemania, especialmente el cómo crear un concepto jurídico penal de reparación, cómo introducirlo en el sistema penal y cómo justificarlo desde los fines y funciones de la pena. Así, la reparación aparece como una forma de reaccionar frente al delito mas justa, humanitaria y eficiente, que respeta los derechos e intereses de las partes. La víctima se beneficia, ya que juega un rol principal en el cual serán tomados en cuenta sus verdaderos intereses, el imputado va a tener que responder ante la víctima por el ilícito que cometió, lo que le hace tomar conciencia del daño que ha provocado y puede ser un efectivo mecanismo de resocialización, ya que no tendrá que ir a la cárcel. La sociedad también se beneficia, porque los problemas se resuelven sin la necesidad de enfrentar un juicio, sino que por un método más pacífico, creando ilimitadas posibilidades de solución político-criminalmente eficientes, dejando la represión penal sólo para aquellos delitos que atendiendo a su gravedad y bienes jurídicos comprometidos la justifiquen

Tesis (magíster en derecho penal) / El objeto del presente estudio es efectuar un análisis de la figura que en la práctica judicial se denominada reformalización de la investigación que, en ausencia de reglamentación legal, merece ser considerada desde el punto de vista doctrinal y jurisprudencial para decidir categóricamente acerca de su procedencia en el sistema procesal penal y de los efectos que produce, principalmente, considerando el marco legal de actuación fiscal y los derechos del imputado. En la discusión del tema entran el juego varios asuntos: garantía del derecho de defensa del imputado, congruencia procesal, estructura orgánica del Código Procesal Penal, objeto de la reformalización, libertad y eficacia de la investigación por el Ministerio Público, entre otros. Lo que se busca es, junto con conocer el estado actual de la cuestión, aportar fundamentos para una mejor claridad y comprensión del tema

Memoria (licenciatura en ciencias jurídicas y sociales) / El objeto de esta memoria de título es hacer un detenido estudio del recurso de nulidad, contemplado en los artículos 372 a 387 del nuevo Código Procesal Penal, a fin de poder dar algunas luces acerca de las normas relativas a su tramitación, a los objetivos buscados mediante la interposición del mismo, así como también aventurar una opinión personal respecto de su naturaleza jurídica, toda vez que dicho recurso presenta características íntimamente vinculadas con el recurso de casación.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo tiene como propósito dar cuenta de la existencia diferenciada de dos estándares insertos dentro del procedimiento abreviado. En primer lugar, se analizará el baremo contemplado en el artículo 410 del Código Procesal Penal antecedentes suficientes considerando las posiciones doctrinarias y jurisprudenciales que se han elaborado en Chile, para luego sustentar una posible interpretación alternativa de dicha regla. Posteriormente el estudio se abocará al estándar de prueba más allá de toda duda razonable, teniendo en cuenta las particularidades que reviste el juicio abreviado.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El presente es un trabajo sobre ética práctica o aplicada. Se hace necesario que tengamos claro lo que será nuestro objeto de discusión y de investigación. Para dar cuenta del lugar en que se sitúa la presente investigación convengamos por tanto lo siguiente: nos situamos en el espectro de discusión de la ética, que reconoce, en tanto disciplina, fases de desarrollo de un argumento propio de dicho ámbito.

En estos tiempos, una de las instituciones procesales que ha cobrado un rol importantísimo en el Derecho es sin duda la Prueba Prohibida o Ilícita dentro del Proceso, debido a las diferentes corrientes y teorías que asumen diversas posturas ante su posible admisión y exclusión; no obstante, el presente trabajo de investigación proponer abordar esta temática desde el enfoque del paradigma de Estado Constitucional; en el cual se puede dilucidar un derecho fundamental que casi ha ido pasando desapercibido: el derecho a la prohibición de prueba de cargo con violación a derechos fundamentales. En ese contexto, este derecho –con características y/o particularidades propiastiende a correlacionarse con otros frente a posibles antinomias existentes en la realidad; donde será necesario someterlo a un análisis que permita que los operadores del derecho estudien las situaciones en las cuales, a través de un Modelo de Control Constitucional, se podría determinar que existan determinados supuestos donde podría soslayar la prohibición de prueba de cargo con violación a derechos fundamentales, y así, establecer la validación de medios de prueba que salven esta prohibición y hagan posible la admisión de un medio probatorio considerado hasta ahora como “prohibido” o “ilícito”. Por ello, en el desarrollo de esta tesis, se plantea un modelo o esquema de control constitucional para la admisión de la prueba de cargo con violación a derechos fundamentales en el Sistema Jurídico Peruano a la luz de las directrices de estado constitucional y el rol del órgano jurisdiccional ante ello. En esa línea, se ha desarrollado sucintamente, algunos criterios explícitos ampliamente desarrollados en la Constitución (como el derecho a la defensa, derecho a probar, etc.) e implícitos (como el interés público o el derecho a la verdad), a modo de ejemplificar este modelo propuesto. Asimismo, se ha propuesto –a modo de aporte a la teoría Jurídica en la normativa peruana- la modificación de los artículos 159º y 351º del nuevo Código Procesal Penal, a fin de poder garantizar que los operadores del Derecho tengan la facultad de utilizar este modelo de Control Constitucional para la admisión de la prueba de cargo con violación a derechos fundamentales, en el proceso penal ante determinadas situaciones. / Tesis

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El principal objetivo del presente trabajo de investigación fue determinar la forma en que la reserva de los actos de investigación recabados en la fase de corroboración del proceso por colaboración eficaz vulnera el derecho de defensa del coimputado sindicado. El estudio se realizó en función a la legislación nacional, esto es, conforme al Nuevo Código Procesal Penal y a las modificaciones introducidas por el Decreto Legislativo N° 1301, que dota de eficacia al proceso por colaboración eficaz, en concordancia con el Decreto Supremo N° 007-2017-JUS, que aprueba su reglamento. Además, se examinó la doctrina nacional y extranjera, que tratan sobre el referido proceso y la importancia del derecho defensa que le asiste al imputado en el proceso penal. Los resultados más relevantes que se obtuvieron con el estudio fueron, en primer lugar, que el proceso por colaboración eficaz lleva a cabo actos de investigación en contra de una persona sin que esta tenga la posibilidad de conocer ni intervenir en ellos; en segundo lugar, que el derecho de defensa es la garantía procesal por excelencia para asegurar el debido proceso y; finalmente, que existen serios cuestionamientos a la constitucionalidad del proceso por colaboración eficaz. Como conclusiones, se advierte que, producto de la reserva de los actos de investigación recabados en la fase de corroboración del proceso por colaboración eficaz, se vulnera flagrantemente el derecho de defensa del coimputado sindicado, al no permitirle tener conocimiento ni participar en los mismos a fin de que pueda oportunamente contradecirlos, como normalmente sucede en el proceso penal común. / Tesis

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / En este trabajo nos hemos propuesto demostrar que un proceso penal, dentro del nuevo sistema procesal penal, es anulable a causa del actuar negligente del abogado defensor, pues se estaría vulnerando la garantía del derecho a defensa técnica contenida en el artículo 19, Nº 3, inciso 2, de la Constitución Política de la República. Desarrollamos el trabajo basándonos en los principios del proceso penal y la implicancia que estos tienen en relación a lo que debe entenderse por derecho a defensa técnica dentro del contexto de un Estado de Derecho. El primer capítulo se centra en los fines del proceso penal dentro de éste modelo de Estado. El segundo capítulo busca explicar los principios que estructuran el nuevo sistema procesal penal, en especial, el principio acusatorio y de aportación de parte. Veremos: El principio acusatorio como derivación del sistema acusatorio, su evolución en la doctrina comparada; el principio de contradicción; el principio de aportación de parte; y la manifestación de éstos principios en el Código Procesal Penal. Los capítulos tercero y cuarto tratan sobre el derecho a defensa en general y el derecho a defensa técnica respectivamente. Veremos: Desde que momento nace la garantía a defensa del imputado; la posibilidad de la defensa del imputado a realizar una investigación independiente a la que realiza el Ministerio Público; el derecho a la defensa y el debido proceso; el concepto de defensa técnica y su evolución el la jurisprudencia comparada. Los capítulos quinto y sexto se centran en la defensa técnica dentro de nuestro país y los remedios procesales que existen en caso que sea vulnerada

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