Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente investigación tiene como objeto analizar los distintos criterios utilizados por dos Superintendencias del Estado a la hora de determinar específicamente una sanción monetaria. De este modo se realizará una breve descripción general del sistema regulatorio de las dos Superintendencias en que se centrará el estudio, para posteriormente realizar un análisis profundo, por cada Superintendencia, de cada uno de los criterios establecidos por las leyes respectivas. Además, veremos cómo fueron aplicados en casos concretos, mediante el estudio de resoluciones emanadas de los mismos organismos, con especial énfasis en aquellas donde se haya realizado un ejercicio interpretativo destacable y, en ciertos casos, en que se haya creado un nuevo criterio no establecido por la ley. Por lo tanto, el desarrollo de esta investigación permitirá otorgar una mayor comprensión sobre la forma en que estos organismos aumentan o disminuyen los montos de sus sanciones para, así, enriquecer cualquier discusión sobre las potestades sancionatorias de los distintos órganos administrativos del estado chileno.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El presente trabajo abarca un estudio sistemático de las Acciones y Recursos Procesales ante la Potestad Sancionadora de la Superintendencia de Valores y Seguros. Para ello, se mencionan las esferas de atribuciones de dicha entidad administrativa, con especial referencia a la Potestad Sancionadora, y se analizan cada una de las Acciones y de los Recursos Procesales que pueden hacerse valer ante resoluciones emanadas de dicho organismo. Ahora bien, en cuanto al contenido específico de la obra, podemos mencionar que en el Capítulo I se define a la Superintendencia de Valores y Seguros, se da una pequeña reseña, se señala el ambiente en que se desenvuelve y sus intervinientes, para luego establecer su misión. En cuanto al aspecto funcional, se dice que las potestades de la Superintendencia se pueden clasificar en potestad fiscalizadora, potestad normativa, función de desarrollo y promoción de los mercados, y potestad sancionadora. A continuación, en el Capítulo II se pasa a revisar la potestad sancionadora en particular, la sanción administrativa y su relación con los derechos fundamentales, señalando además, el proceso de investigación que debe seguir la unidad respectiva, para adoptar posteriormente sanciones, las que se enumeran en su momento. Luego, se analizan las críticas que ha dado lugar y se enuncian un par de casos de revuelo nacional. Posteriormente, en el Capítulo III nos referimos a las Acciones y Recursos Procesales que proceden ante la SVS, analizando, primeramente, el contencioso administrativo, para luego analizar todos y cada uno de los mecanismos de impugnación, tanto constitucionales como legales, señalando jurisprudencia relevante, en caso que corresponda. En último término, en el Capítulo IV se realiza un breve análisis a la reforma de Mercado de Capitales II, específicamente en cuanto a los recursos, y al desarrollo y seguridad de los mercados. Para concluir y lograr un cabal entendimiento de la materia, se ha añadido un anexo referente a los Actos Administrativos y el Procedimiento Administrativo.

Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales / En una licitación pública la propuesta técnica presentada por los oferentes resulta fundamental a la hora de determinar la contratación administrativa de bienes y servicios para el Estado; dicho documento, en ciertos casos, contiene antecedentes cuyo público conocimiento puede afectar sus derechos (e intereses legítimos) comerciales y económicos. Frente a dicha problemática, el ordenamiento jurídico contempla la protección de los derechos de propiedad intelectual, entre ellos, el secreto comercial cuya regulación influencia aquella que es propia del Derecho Administrativo. La eventual colisión entre ambos bienes jurídicos protegidos constitucionalmente, la transparencia en su dimensión del derecho de acceso a la información y los derechos subjetivos económicos y comerciales, se ha resuelto casuísticamente por el Consejo para la Transparencia en aplicación de la excepción contenida en el número 2º del artículo 21 de la Ley Nº 20.285, cuyo argumento ha devenido en el asentamiento de criterios orientadores para efectos de determinar la procedencia de dicha causal de reserva, que incorpora normas de carácter constitucional, legal y reglamentaria, y un análisis en concreto sobre la naturaleza de la información y su posición en el mercado.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La imposición de un Caudal Ecológico Mínimo (CEM) en el acto administrativo que autoriza el traslado del ejercicio de un derecho de aprovechamiento de Aguas (DAA) es un tema controvertido en instancias administrativas, judiciales y en la literatura doctrinaria de Derecho de Aguas. Sin embargo, no ha sido analizado desde una perspectiva del Derecho Público, lo que puede tener importantes consecuencias, tanto en la limitación de las facultades de la administración sectorial, concerniente al Derecho Administrativo; como en la efectiva protección del recurso natural, concerniente al Derecho Ambiental. El presente ensayo explora el tratamiento sobre el Caudal Ecológico Mínimo que ha hecho la literatura ambiental y sectorial en Chile, así como la aplicación que se le ha dado por la Dirección General de Aguas. En este trabajo argumentamos tres cosas, en primer lugar, que la interpretación amplia del dispositivo que ha hecho la Dirección General de Aguas (DGA) en favor de asignar un CEM a los DAA, ante un traslado de su ejercicio, no se condice con la literalidad del artículo 129 bis 1 del Código de Aguas; en segundo lugar, que siendo acertado el intento de la administración por dejar el tenor literal de la disposición legal por una interpretación que sea coherente con el sistema (maximizando la aplicación del dispositivo en consideración al deber constitucional del organismo, sobre la protección de los recursos naturales y medio ambiente), tal solución falla al contradecir una serie de normas elementales para la disciplina; por este motivo y en tercer lugar, proponemos una interpretación alternativa, que permite mediante la legítima aplicación de las potestades implícitas otorgadas por la propia normativa sectorial y ambiental vigente, arribar a un resultado que haga efectiva la conservación del recurso, sin renunciar a la coherencia dogmática de las instituciones del Derecho de Agua.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Para alcanzar el objetivo antes citado, se ha realizado, en el Capítulo Primero, un trabajo previo consistente en el repaso de la Teoría General de Dominio Público, oportunidad que permite examinar el concepto, elementos, características y realizar un paralelo con la propiedad privada. En el Capítulo Segundo, se estudia la consagración del Dominio Público en nuestro Derecho, comenzando por la Constitución Política de 1980, siguiendo con el análisis de las disposiciones pertinentes del Código Civil. El Tercer Capítulo se dedica, a examinar la utilización del Dominio público por los habitantes del país de manera general, y al uso privativo que puede otorgarse por el Estado. También en este capítulo se estudia la forma en que un bien se integra al Dominio público y cómo abandona este régimen. El Capítulo Cuarto se refiere a la clasificación doctrinal de Dominio Público, que distingue entre Dominio Público terrestre, aéreo y acuático. En este punto se hace un análisis de nuestra legislación, en relación a un aspecto de cada uno de ellos. Finalmente, el Capítulo Quinto plantea algunos casos relacionados con el tema de este trabajo