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La incidencia de la jurisprudencia constitucional en el ámbito de las políticas públicasKu Yanasupo, Lily 29 May 2013 (has links)
Las políticas públicas constituyen un conjunto de acciones y decisiones coherentes,
racionalmente adoptadas por los poderes públicos en coordinación con los actores
sociales y/o privados, orientados a resolver de manera puntual un problema de
naturaleza pública o que afecta a un determinado grupo de individuos en relación con la
protección progresiva de sus derechos, para cuyo fin se destinan recursos técnicos,
humanos, físicos y económicos de distinta naturaleza.
Bajo la concepción tradicional de que las políticas públicas pertenecen prioritariamente
al ámbito de la teoría económica y de la administración pública, que son llevadas a cabo
por técnicos en materia presupuestaria, y que éstos se limitan únicamente a aplicar el
análisis costo-beneficio para el diseño de las mismas, pocas veces en el ámbito jurídico,
y específicamente en el ámbito constitucional, la doctrina aborda con un enfoque de
derechos la dimensión jurídica de las políticas públicas.
Este poco tratamiento doctrinal sobre el enfoque de derechos en el diseño de las
políticas públicas, evidencia un sesgo en la doctrina jurídica que impide que los
derechos sean abordados como un marco regulador establecido en la Constitución que
impulsa y delimita la formulación de políticas públicas racionales para el bienestar
social.
No obstante, en los últimos tiempos y con el desarrollo de la teoría constitucional, el
planteamiento teórico respecto a la dimensión jurídica y constitucional de las políticas
públicas resulta mucho más factible a la luz de la creciente incidencia que ha tenido la
jurisprudencia constitucional en el ámbito de la acción pública, principalmente para
garantizar el reconocimiento de los derechos de naturaleza social, fijando en muchos
casos las condiciones mínimas para la satisfacción de derechos tales como la salud, la
educación y el trabajo, los cuales forman parte de ese conjunto de derechos básicos cuya
satisfacción constituye presupuesto para el ejercicio de las libertades, en especial de los
grupos más vulnerables de la sociedad.
Este punto de conciliación entre los derechos y las políticas públicas que trataremos de
construir en nuestra investigación -mucho más valioso a nuestro entender en contextos
donde lo normativo se encuentra divorciado de la realidad-, debe ser entendido como
otra de las manifestaciones propias del paradigma del Estado Constitucional y de la
doble dimensión de los derechos fundamentales. En este tipo de Estado la
jurisprudencia constitucional abre una posibilidad para reducir la brecha entre lo
normativo y lo fáctico, siendo que la omisión de políticas públicas para la
materialización de los derechos fundamentales, o la ineficacia de las existentes,
representa el incumplimiento del Estado en la adopción de acciones efectivas para el
cumplimiento de ciertos preceptos constitucionales. / Tesis
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Derecho ambiental en la constitución peruanaFigallo Adrianzén, Guillermo 10 April 2018 (has links)
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Constitucion, derecho y principios penalesPrado Saldarriaga, Víctor Roberto 10 April 2018 (has links)
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El caso de la PUCP y la interpretación de los testamentosAtienza Rodríguez, Manuel 10 April 2018 (has links)
Analiza la sentencia relacionada con el caso PUCP y examina la argumentación del Tribunal Constitucional (del 17 de marzo de 2010) del Tribunal Constitucional Peruano.
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Análisis argumentativo de la sentencia del Tribunal Constitucional en el caso PUCPMorales Luna, Félix 10 April 2018 (has links)
Analizar la argumentación jurídica contenida en la sentencia recaída en el Expediente 03347-2009-PA/TC expedida por el Tribunal Constitucional del Perú el pasado 17 de marzo de 2010, y suscrita por cuatro magistrados, a propósito del recurso de agravio constitucional presentado por la Pontificia Universidad Católica del Perú contra la sentencia de la Octava Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima en la controversia que mantiene contra el señor Walter Muñoz Cho
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Responsabilidad social de un estudio de abogados especializado en materia penalYon Ruesta, Roger 10 April 2018 (has links)
Analiza el probono y la responsabilidad social en el ejercicio profesional de los abogados.
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Síntesis del derecho constitucional chilenoBernaschina G., Mario January 1944 (has links)
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El control de lo orgánico constitucional en la Constitución Política de la República de Chile.Benítez Gibbons, Manuel José, Méndez Montes, María de la Luz January 2004 (has links)
Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por los autores para ser publicada a texto completo / No podemos entrar a la zonas más controvertidas
del debate constitucional , sin antes efectuar un acucioso examen de las
instituciones involucradas en el centro de la problemática planteada en este
trabajo, de más está decir que, no existiendo una definición legal de mucho
de los problemas presentados, solo la opinión de connotados tratadistas y la
modesta perspectiva que podamos nosotros aportar , serán las vías de
solución que podrán plantearse ante cada una de las controversias plantadas.
Es necesario por tanto iniciar nuestro estudio con una vista a una de
las categorías legales creadas por el Constituyente, cual es la categoría de
ley orgánica constitucional.
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El juicio político y la acusación constitucional como instrumentos de afianzamiento del sistema democrático en la constitución peruana de 1993Giles Ferrer, Arturo Antonio 21 March 2019 (has links)
El autor se plantea a través de una investigación dogmática, el problema de
cómo surge la preocupación por la evaluación de la conducta de los hombres
públicos, analizando el juicio político y la acusación constitucional, desde el
origen de la Institución llamada impeachment en la Inglaterra medieval, su
extinción para ceder su lugar a la responsabilidad política del ministro
consejero o gabinete, su paso a los Estados Unidos de Norteamérica y
aplicación en un sistema de gobierno diferente, vale decir, de un modelo
monárquico parlamentario a uno presidencial; frente al modelo kelseniano o
europeo que encarga esta atribución al órgano titular de la jurisdicción
constitucional orgánica; para desembocar en Iberoamérica y su coexistencia
con el Juicio de Residencia Colonial, con el propósito de analizar estas
instituciones en el Perú a partir de su tratamiento en las diferentes
Constituciones que hemos tenido, las leyes de Responsabilidad de
Funcionarios Públicos, de 06 de junio de 1834 y 25 de septiembre de 1868 así
como los Reglamentos de las Cámaras Legislativas, analizando las
posibilidades interpretativas e insuficiencias de los artículos 99º y 100º de la
Constitución Política, naturaleza jurídica y algunos casos sustanciados, para
finalmente ocuparse del Proceso Judicial a que da lugar la acusación
constitucional y los pronunciamientos que sobre el particular ha hecho nuestro
Tribunal Constitucional, lo que evidencia muchas veces prejuicios en la
sustanciación de los casos, en detrimento de las notas características del
debido proceso legal de los procesados, lo cual frente a la evidencia histórica
peruana resulta penosamente cierto y es un indicador de la inutilidad política de
una institución que cuando el Perú sale a la vida independiente en 1821, en el
país cuna del juicio político Inglaterra, era ya un fósil jurídico, pues el último
caso data de 1806, contra el Primer Vizconde de Melville. / Tesis
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El juicio político y la acusación constitucional como instrumentos de afianzamiento del sistema democrático en la constitución peruana de 1993Giles Ferrer, Arturo Antonio 21 March 2019 (has links)
El autor se plantea a través de una investigación dogmática, el problema de
cómo surge la preocupación por la evaluación de la conducta de los hombres
públicos, analizando el juicio político y la acusación constitucional, desde el
origen de la Institución llamada impeachment en la Inglaterra medieval, su
extinción para ceder su lugar a la responsabilidad política del ministro
consejero o gabinete, su paso a los Estados Unidos de Norteamérica y
aplicación en un sistema de gobierno diferente, vale decir, de un modelo
monárquico parlamentario a uno presidencial; frente al modelo kelseniano o
europeo que encarga esta atribución al órgano titular de la jurisdicción
constitucional orgánica; para desembocar en Iberoamérica y su coexistencia
con el Juicio de Residencia Colonial, con el propósito de analizar estas
instituciones en el Perú a partir de su tratamiento en las diferentes
Constituciones que hemos tenido, las leyes de Responsabilidad de
Funcionarios Públicos, de 06 de junio de 1834 y 25 de septiembre de 1868 así
como los Reglamentos de las Cámaras Legislativas, analizando las
posibilidades interpretativas e insuficiencias de los artículos 99º y 100º de la
Constitución Política, naturaleza jurídica y algunos casos sustanciados, para
finalmente ocuparse del Proceso Judicial a que da lugar la acusación
constitucional y los pronunciamientos que sobre el particular ha hecho nuestro
Tribunal Constitucional, lo que evidencia muchas veces prejuicios en la
sustanciación de los casos, en detrimento de las notas características del
debido proceso legal de los procesados, lo cual frente a la evidencia histórica
peruana resulta penosamente cierto y es un indicador de la inutilidad política de
una institución que cuando el Perú sale a la vida independiente en 1821, en el
país cuna del juicio político Inglaterra, era ya un fósil jurídico, pues el último
caso data de 1806, contra el Primer Vizconde de Melville.
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