Las políticas públicas constituyen un conjunto de acciones y decisiones coherentes, racionalmente adoptadas por los poderes públicos en coordinación con los actores sociales y/o privados, orientados a resolver de manera puntual un problema de naturaleza pública o que afecta a un determinado grupo de individuos en relación con la protección progresiva de sus derechos, para cuyo fin se destinan recursos técnicos, humanos, físicos y económicos de distinta naturaleza. Bajo la concepción tradicional de que las políticas públicas pertenecen prioritariamente al ámbito de la teoría económica y de la administración pública, que son llevadas a cabo por técnicos en materia presupuestaria, y que éstos se limitan únicamente a aplicar el análisis costo-beneficio para el diseño de las mismas, pocas veces en el ámbito jurídico, y específicamente en el ámbito constitucional, la doctrina aborda con un enfoque de derechos la dimensión jurídica de las políticas públicas. Este poco tratamiento doctrinal sobre el enfoque de derechos en el diseño de las políticas públicas, evidencia un sesgo en la doctrina jurídica que impide que los derechos sean abordados como un marco regulador establecido en la Constitución que impulsa y delimita la formulación de políticas públicas racionales para el bienestar social. No obstante, en los últimos tiempos y con el desarrollo de la teoría constitucional, el planteamiento teórico respecto a la dimensión jurídica y constitucional de las políticas públicas resulta mucho más factible a la luz de la creciente incidencia que ha tenido la jurisprudencia constitucional en el ámbito de la acción pública, principalmente para garantizar el reconocimiento de los derechos de naturaleza social, fijando en muchos casos las condiciones mínimas para la satisfacción de derechos tales como la salud, la educación y el trabajo, los cuales forman parte de ese conjunto de derechos básicos cuya satisfacción constituye presupuesto para el ejercicio de las libertades, en especial de los grupos más vulnerables de la sociedad. Este punto de conciliación entre los derechos y las políticas públicas que trataremos de construir en nuestra investigación -mucho más valioso a nuestro entender en contextos donde lo normativo se encuentra divorciado de la realidad-, debe ser entendido como otra de las manifestaciones propias del paradigma del Estado Constitucional y de la doble dimensión de los derechos fundamentales. En este tipo de Estado la jurisprudencia constitucional abre una posibilidad para reducir la brecha entre lo normativo y lo fáctico, siendo que la omisión de políticas públicas para la materialización de los derechos fundamentales, o la ineficacia de las existentes, representa el incumplimiento del Estado en la adopción de acciones efectivas para el cumplimiento de ciertos preceptos constitucionales. / Tesis

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Analiza la sentencia relacionada con el caso PUCP y examina la argumentación del Tribunal Constitucional (del 17 de marzo de 2010) del Tribunal Constitucional Peruano.

Analizar la argumentación jurídica contenida en la sentencia recaída en el Expediente 03347-2009-PA/TC expedida por el Tribunal Constitucional del Perú el pasado 17 de marzo de 2010, y suscrita por cuatro magistrados, a propósito del recurso de agravio constitucional presentado por la Pontificia Universidad Católica del Perú contra la sentencia de la Octava Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima en la controversia que mantiene contra el señor Walter Muñoz Cho

Analiza el probono y la responsabilidad social en el ejercicio profesional de los abogados.

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Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por los autores para ser publicada a texto completo / No podemos entrar a la zonas más controvertidas del debate constitucional , sin antes efectuar un acucioso examen de las instituciones involucradas en el centro de la problemática planteada en este trabajo, de más está decir que, no existiendo una definición legal de mucho de los problemas presentados, solo la opinión de connotados tratadistas y la modesta perspectiva que podamos nosotros aportar , serán las vías de solución que podrán plantearse ante cada una de las controversias plantadas. Es necesario por tanto iniciar nuestro estudio con una vista a una de las categorías legales creadas por el Constituyente, cual es la categoría de ley orgánica constitucional.

El autor se plantea a través de una investigación dogmática, el problema de cómo surge la preocupación por la evaluación de la conducta de los hombres públicos, analizando el juicio político y la acusación constitucional, desde el origen de la Institución llamada impeachment en la Inglaterra medieval, su extinción para ceder su lugar a la responsabilidad política del ministro consejero o gabinete, su paso a los Estados Unidos de Norteamérica y aplicación en un sistema de gobierno diferente, vale decir, de un modelo monárquico parlamentario a uno presidencial; frente al modelo kelseniano o europeo que encarga esta atribución al órgano titular de la jurisdicción constitucional orgánica; para desembocar en Iberoamérica y su coexistencia con el Juicio de Residencia Colonial, con el propósito de analizar estas instituciones en el Perú a partir de su tratamiento en las diferentes Constituciones que hemos tenido, las leyes de Responsabilidad de Funcionarios Públicos, de 06 de junio de 1834 y 25 de septiembre de 1868 así como los Reglamentos de las Cámaras Legislativas, analizando las posibilidades interpretativas e insuficiencias de los artículos 99º y 100º de la Constitución Política, naturaleza jurídica y algunos casos sustanciados, para finalmente ocuparse del Proceso Judicial a que da lugar la acusación constitucional y los pronunciamientos que sobre el particular ha hecho nuestro Tribunal Constitucional, lo que evidencia muchas veces prejuicios en la sustanciación de los casos, en detrimento de las notas características del debido proceso legal de los procesados, lo cual frente a la evidencia histórica peruana resulta penosamente cierto y es un indicador de la inutilidad política de una institución que cuando el Perú sale a la vida independiente en 1821, en el país cuna del juicio político Inglaterra, era ya un fósil jurídico, pues el último caso data de 1806, contra el Primer Vizconde de Melville. / Tesis

El autor se plantea a través de una investigación dogmática, el problema de cómo surge la preocupación por la evaluación de la conducta de los hombres públicos, analizando el juicio político y la acusación constitucional, desde el origen de la Institución llamada impeachment en la Inglaterra medieval, su extinción para ceder su lugar a la responsabilidad política del ministro consejero o gabinete, su paso a los Estados Unidos de Norteamérica y aplicación en un sistema de gobierno diferente, vale decir, de un modelo monárquico parlamentario a uno presidencial; frente al modelo kelseniano o europeo que encarga esta atribución al órgano titular de la jurisdicción constitucional orgánica; para desembocar en Iberoamérica y su coexistencia con el Juicio de Residencia Colonial, con el propósito de analizar estas instituciones en el Perú a partir de su tratamiento en las diferentes Constituciones que hemos tenido, las leyes de Responsabilidad de Funcionarios Públicos, de 06 de junio de 1834 y 25 de septiembre de 1868 así como los Reglamentos de las Cámaras Legislativas, analizando las posibilidades interpretativas e insuficiencias de los artículos 99º y 100º de la Constitución Política, naturaleza jurídica y algunos casos sustanciados, para finalmente ocuparse del Proceso Judicial a que da lugar la acusación constitucional y los pronunciamientos que sobre el particular ha hecho nuestro Tribunal Constitucional, lo que evidencia muchas veces prejuicios en la sustanciación de los casos, en detrimento de las notas características del debido proceso legal de los procesados, lo cual frente a la evidencia histórica peruana resulta penosamente cierto y es un indicador de la inutilidad política de una institución que cuando el Perú sale a la vida independiente en 1821, en el país cuna del juicio político Inglaterra, era ya un fósil jurídico, pues el último caso data de 1806, contra el Primer Vizconde de Melville.