La comunidad campesina de San Andrés de Tupicocha está ubicada en la provincia de Huarochirí, en la sierra del departamento de Lima y es conocida por sus quipus, amunas y reservorios (ver mapa 1/anexo 1). Aunque hasta hace poco menos de diez años Tupicocha era un pueblo más entre todos los que sufren la escasez de agua en la cuenca del río Lurín, en los últimos años los comuneros han impulsado un proceso de cambio que consiste en rescatar el valor de la lluvia como la principal fuente de agua en la región andina. Este proceso de cambio ha sido desarrollado a través de una compleja estructura social en la que conviven autoridades de origen prehispánico y de procedencia estatal. Esta complejidad institucional se debe a que a lo largo de la historia, Tupicocha ha experimentado una serie de creaciones y reproducciones legales. Durante el siglo XIX fue un anexo del distrito de San Damián, en el año 1935 fue creada como comunidad de indígenas, en 1943 adquirió la categoría de distrito (ver mapa 2/anexo 1) y en 1970 fue renombrada como comunidad campesina. Además, en lo relacionado a la legislación del agua, Tupicocha ha recibido la influencia de las tres normas de nuestra historia republicana, el Código de Aguas de 1902, la Ley General de Aguas de 1969 y la Ley de Recursos Hídricos de 2009. / Tesis

A partir de la ocurrencia de derrames de petróleo en nuestro país, los cuales han generado afectaciones al medio ambiente y, en particular, contaminado las fuentes de agua de las cuales se sirven muchos individuos para atender sus necesidades básicas, resulta necesario analizar la actuación del Estado y plantear soluciones alternativas ante dichos problemas. En ese sentido, el presente trabajo de investigación busca comprender la efectividad de las medidas implementadas por el Estado Peruano ante la ocurrencia de dichos eventos y cómo es que tutela el derecho de acceso al agua de las poblaciones afectadas, a partir del análisis del marco normativo peruano y de las competencias que el mismo otorga a distintas entidades. Desde dicho punto, se han analizado diversos aspectos, tales como el concepto de derecho de acceso al agua, el concepto de derrame de petróleo desde nuestra legislación, los mecanismos y herramientas con las que cuenta el Estado para atender tales contingencias ambientales conforme a la normativa peruana y el análisis de un caso en particular, así como las medidas implementadas en este caso por el aparato estatal. De esta manera, la evaluación realizada concluye que, sin perjuicio de que a través de diversas normas se han otorgado competencias a las distintas autoridades administrativas y estas han desplegado acciones para atender las consecuencias de los derrames de petróleo, no se ha logrado brindar una efectiva tutela al derecho de acceso al agua de los individuos afectados, ya sea porque las medidas, en su mayoría, de índole administrativa, han implicado mayores formalidades, o bien, hasta la fecha, no han llegado a rehabilitar por completo las fuentes de agua afectadas por los derrames de petróleo. En consecuencia, se hacen necesarias medidas más efectivas e individualizadas que verdaderamente restituyan el estado anterior de la situación que fue alterada. / Trabajo académico

La comunidad campesina de San Andrés de Tupicocha está ubicada en la provincia de Huarochirí, en la sierra del departamento de Lima y es conocida por sus quipus, amunas y reservorios (ver mapa 1/anexo 1). Aunque hasta hace poco menos de diez años Tupicocha era un pueblo más entre todos los que sufren la escasez de agua en la cuenca del río Lurín, en los últimos años los comuneros han impulsado un proceso de cambio que consiste en rescatar el valor de la lluvia como la principal fuente de agua en la región andina. Este proceso de cambio ha sido desarrollado a través de una compleja estructura social en la que conviven autoridades de origen prehispánico y de procedencia estatal. Esta complejidad institucional se debe a que a lo largo de la historia, Tupicocha ha experimentado una serie de creaciones y reproducciones legales. Durante el siglo XIX fue un anexo del distrito de San Damián, en el año 1935 fue creada como comunidad de indígenas, en 1943 adquirió la categoría de distrito (ver mapa 2/anexo 1) y en 1970 fue renombrada como comunidad campesina. Además, en lo relacionado a la legislación del agua, Tupicocha ha recibido la influencia de las tres normas de nuestra historia republicana, el Código de Aguas de 1902, la Ley General de Aguas de 1969 y la Ley de Recursos Hídricos de 2009.

La presente tesis doctoral, denominada “Los conflictos por el agua en el Perú. Análisis de las decisiones del Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas de la Autoridad Nacional del Agua”, tiene como propósito revisar la resolución de conflictos sobre el agua y los recursos hídricos en el Perú a partir del análisis de las resoluciones emitidas por el órgano de última instancia a nivel administrativo en el Perú, el Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas (TNRCH) de la Autoridad Nacional de Agua (ANA). En ese sentido, el objetivo de esta investigación es evaluar, con base en el análisis de los conflictos o controversias que han sido objeto de procedimientos administrativos en materia de recursos hídricos en el Perú, cuál es el rol que ha cumplido el tribunal administrativo en ejercicio del derecho humano al agua, los derechos de las comunidades o pueblos indígenas, y la protección de la sostenibilidad de los recursos hídricos, de acuerdo con un enfoque pospositivista del derecho. La metodología de esta tesis se compone de una investigación bibliográfica y de un análisis sociojurídico del TNRCH-ANA, basado en una muestra de las resoluciones del Tribunal seleccionada de acuerdo a criterios objetivos. Concluimos, por una parte, que el rol de los tribunales administrativos dentro del procedimiento administrativo, fundamentado en el principio de supremacía constitucional, debe entenderse como la defensa, promoción y efectiva tutela de los derechos fundamentales y, por otra parte, que el TNRCH-ANA tuvo un rol protector uniforme y coherente del derecho humano al agua y del principio de sostenibilidad, a partir de un enfoque pospositivista y del paradigma del Estado constitucional de derecho, en la resolución de conflictos por el agua a nivel administrativo en el Perú, pero fue flexible y ambiguo en las decisiones sobre el derecho de las comunidades.

A partir de la ocurrencia de derrames de petróleo en nuestro país, los cuales han generado afectaciones al medio ambiente y, en particular, contaminado las fuentes de agua de las cuales se sirven muchos individuos para atender sus necesidades básicas, resulta necesario analizar la actuación del Estado y plantear soluciones alternativas ante dichos problemas. En ese sentido, el presente trabajo de investigación busca comprender la efectividad de las medidas implementadas por el Estado Peruano ante la ocurrencia de dichos eventos y cómo es que tutela el derecho de acceso al agua de las poblaciones afectadas, a partir del análisis del marco normativo peruano y de las competencias que el mismo otorga a distintas entidades. Desde dicho punto, se han analizado diversos aspectos, tales como el concepto de derecho de acceso al agua, el concepto de derrame de petróleo desde nuestra legislación, los mecanismos y herramientas con las que cuenta el Estado para atender tales contingencias ambientales conforme a la normativa peruana y el análisis de un caso en particular, así como las medidas implementadas en este caso por el aparato estatal. De esta manera, la evaluación realizada concluye que, sin perjuicio de que a través de diversas normas se han otorgado competencias a las distintas autoridades administrativas y estas han desplegado acciones para atender las consecuencias de los derrames de petróleo, no se ha logrado brindar una efectiva tutela al derecho de acceso al agua de los individuos afectados, ya sea porque las medidas, en su mayoría, de índole administrativa, han implicado mayores formalidades, o bien, hasta la fecha, no han llegado a rehabilitar por completo las fuentes de agua afectadas por los derrames de petróleo. En consecuencia, se hacen necesarias medidas más efectivas e individualizadas que verdaderamente restituyan el estado anterior de la situación que fue alterada.

Para muchos es conocida la afirmación de Dourojeanni & Jouralev (1999) en la que señala que gestionar agua es gestionar conflictos, ello es real y se presentan ejemplos en diferentes ámbitos geográficos. En el Perú la Ley de Recursos Hídricos (2009) prevé la gestión coordinada y multisectorial de los usuarios de agua, como parte de la Gestión Integrada de Recursos Hídricos (GIRH), modelo al cual se ha acogido. En la presente investigación se presentan las peculiaridades de la cuenca del Rímac que provee de agua a la ciudad de Lima para atender los servicios básicos de la población. Si bien la cuenca del Rímac no es la única fuente, se evidencia la dependencia de los habitantes de la ciudad respecto de esta fuente de provisión del recurso. En este contexto interactúan diferentes usuarios de agua para atender las necesidades de los ciudadanos de Lima. En aplicación de los principios de la GIRH se ha constituido la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Rímac que tiene como principal objetivo “canalizar la participación de los usuarios de agua del sector hidráulico Rímac en la gestión multisectorial y uso sostenible de los recursos hídricos” (Estatutos JUSHR). La presente investigación tiene como objetivo conocer cómo interactúan los usuarios más representativos de la cuenca del Rímac, con la participación de la JUSHR, y que herramientas utilizan para coordinar y llegar a acuerdos; incluyendo la Ley de Recursos Hídricos. En el análisis de la información revisada, se ha tenido en cuenta la gobernanza del agua, el pluralismo jurídico, el territorio hidrosocial y la solución de conflictos. Para elaborar la investigación se han realizado entrevistas semi-estructuradas a los actores que han accedido a ellas, se ha revisado información de otras investigaciones, documentación que los entrevistados nos han facilitado y se ha participado en reuniones de gestión. La presente investigación concluye que la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Rímac no cuenta con herramientas técnicas para la atención de conflictos o diferencias entre usuarios o, entre usuarios y terceros. Finalmente, se verifica que la Ley de Recursos Hídricos no genera consensos en la resolución de conflictos, siendo usada como una herramienta disuasoria. / Tesis