El presente trabajo de investigación resuelve dos interrogantes en torno al ejercicio del derecho de voto de un accionista, la primera relacionada al fraccionamiento del voto, es decir, si es posible a la luz del ordenamiento jurídico peruano que un accionista titular de varias acciones pueda votar a favor y en contra, al mismo tiempo, sobre un determinado asunto en Junta General; y la otra vinculada a la permisibilidad de la cesión del derecho de voto de un accionista a favor de otros accionistas o terceros. Para resolver las interrogantes antes indicadas, he revisado la legislación aplicable, doctrina y jurisprudencia, tanto nacional como extranjera. Al respecto, encontré que existe un vacío legal, así como, un debate doctrinal sobre los temas antes propuestos, este último generado a partir de la dudosa concepción de la naturaleza jurídica del derecho de voto. Sobre la primera interrogante, los resultados de la investigación concluyeron en la invalidez del fraccionamiento del voto, por lo que este trabajo niega la posibilidad de que un accionista pueda emitir votos divergentes sobre un mismo asunto en junta general, con excepción de los casos de representación. Sobre la segunda interrogante, los resultados concluyeron que sí es posible la cesión del derecho de voto, a partir de una interpretación finalista de la Ley General de Sociedades y la conveniencia económica que ésta representa, y por otros motivos que se expondrán a lo largo del presente trabajo de investigación

El SIMA Perú S.A. (SIMA Perú), una empresa estatal de derecho privado, opera siguiendo las políticas que determina el Ministerio de Defensa, así como la Comandancia General de la Marina y el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE); es autónoma en sus decisiones y comprende al SIMA Callao S.A., SIMA Iquitos y SIMA Chimbote. Nos referiremos al SIMA Perú para desarrollar los temas generales propios de la empresa y para efectos de puntualizar ejemplos específicos, haremos referencia al SIMA Callao S.A. (SIMAC). Esta empresa dicta reglamentos, mediante los cuales describe conductas afines al giro de su negocio, que son de obligatorio cumplimiento para todos sus trabajadores y que contribuyen con los objetivos planteados y con la seguridad de todos. En el SIMAC trabajan empleados civiles y personal militar de la Marina de Guerra del Perú (personal militar naval), ambos deben conocer y cumplir las reglas impuestas por el SIMA Perú; sin embargo, el personal militar se gobierna por sus propias leyes y reglamentos, según lo dispuesto en la Constitución Política del Perú e incluso, tienen su propia Ley del Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas del Perú, Ley N° 29131 (régimen disciplinario militar) que es muy distinto al régimen disciplinario que tiene el SIMA Perú. Por esta razón, el presente trabajo de investigación tiene como finalidad evaluar si puede ser aplicable el régimen disciplinario militar al personal militar naval que trabaja en el SIMAC, en el ámbito de las funciones que realiza en dicha empresa o no; de encontrarnos en este último caso, se evalúa proponer un cambio a dicho régimen disciplinario y/o una alternativa de solución viable, que permita emplear un régimen disciplinario coherente, preservando la condición que tiene un militar y la disciplina que debe existir en una empresa del Estado.

El problema principal de investigación del presente trabajo es analizar si el Decreto Legislativo N° 1409, que aprueba el régimen de la Sociedad por Acciones Cerrada Simplificada, se encuentra diseñada de manera adecuada, que permita fomentar con la formalización de las micro, pequeñas y medianas empresas y, de esa manera, contribuir con los índices de reducción de los niveles de informalidad en el país. Se debe tener en cuenta que, la Sociedad por Acciones Cerrada Simplificada es una institución jurídica que ha sido importada en nuestro ordenamiento societario. Dicho régimen inició en el país de Colombia, con su creador el jurista Francisco Reyes Villamizar, donde en menos de 10 años desde su vigencia ha logrado desplazar a las formas societarias tradicionales y a coadyuvar a reducir los niveles de informalidad en el comercio. Poco a poco los países de Latinoamérica se han ido sumando con adoptar el régimen societario que es materia de investigación, motivo por el cual, la Organización de Estados Americanos decidió crear una Ley modelo que sirva a sus países miembros para crear esta nueva forma de constituir empresas, de manera simple, menos costosa y más beneficiosa. El impacto más relevante de esta forma societaria a nivel Latinoamérica ha sido la reducción del comercio informal. Es así que, se espera que el Decreto Legislativo N° 1409 contribuya con hacer más sencillo el gran reto hacia la formalización en nuestro país. Teniendo en cuenta ello, estudiaremos las causas jurídicas principales que determinan la informalidad en el país y, las estudiaremos en función a la regulación de nuestro Decreto Legislativo N° 1409, a fin de evaluar si la norma aprobada resulta pertinente para subsanar dichas causas. Asimismo, la legislación comparada, en particular la colombiana, nos servirá de baremo para analizar la regulación de nuestra Sociedad por Acciones Cerrada Simplificada. / Trabajo de investigación

El Estado, los proveedores y los consumidores constituyen los tres agentes relevantes dentro del Sistema Nacional Integrado de Protección del Consumidor, siendo los consumidores la parte más frágil y por ende sobre los cuales el Estado despliega su rol tuitivo. Las asociaciones de consumidores, como representantes de la sociedad civil, ejercen un rol importante dentro de este diseño y por ello es relevante su fortalecimiento. A través del presente trabajo de investigación, se explora una de las aristas que pueden fortalecerlas, como es el caso del aspecto financiero, por parte del Estado y a través de un mayor acercamiento hacia los proveedores dentro del marco de convenios de cooperación. Sin duda ambos aspectos son controversiales dado el estado actual de la normativa en materia de protección del consumidor en el mercado peruano, más no necesariamente en el ámbito comparado con otros países. Por tanto, se concluye que la apertura de las opciones de financiamiento para las asociaciones de consumidores y convenios con proveedores incidirá en un mayor fortalecimiento y desempeño de la defensa de los consumidores, las mismas que deberán de estar sujetas a reglas de transparencia y disponibilidad presupuestal. Para ello, se aborda la problemática, se cuestiona los principales aspectos en pro de la propuesta y se plantea la forma normativa sobre la base del análisis del desempeño de las asociaciones de consumidores, el análisis comparado y regulatorio. / Trabajo de investigación