El presente trabajo de investigación atiende al crecimiento exponencial del fenómeno Start Up en el Perú en respuesta a su estrecha relación con las nuevas tendencias mundiales de innovación y tecnología. Al respecto, dadas las particularidades propias del mundo de la innovación, la Start Up debe de encontrarse estrechamente vinculados con distintos agentes que forman parte de un ecosistema emprendedor de los que se sirve en sus distintas etapas evolutivas. Precisamente, en las etapas tempranas, la Start Up debe de afrontar los momentos más cruciales debido al riesgo inherente que enfrenta el surgimiento de su idea innovadora, siendo que requiere de recursos económicos que la materialicen. Para ello, en este ecosistema emprendedor existen agentes privados interesados en inyectar capital a la Start Up a través de la adquisición de acciones llamados business angels; sin embargo, las Start Up no cuentan con mecanismos autorregulatorios que les permitan crear un mejor ambiente para la inversión, toda vez que no prevé la posibilidad de que uno de los fundadores del equipo de la Start Up que no esté completamente comprometido con la sociedad, decida retirarse de la misma pero manteniendo su propiedad proporcional (participación accionarial sobre la misma), generando efectos no deseados para los fundadores y los inversores. En respuesta a ello, la Ley General de Sociedades faculta a los socios accionistas para que, en el marco de su esfera íntima de libertad contractual y dentro de los márgenes impuestos por las normas imperativas y estatuarias; puedan celebrar contratos entre ellos que permitan autorregular determinadas situaciones de la la vida interna de la sociedad. Así, bajo este contexto y en respuesta a la problemática planteada, resulta conveniente que las Start Up implementen un convenio de accionistas denominado “vesting”, el cual permite generar estabilidad en la Start Up en las etapas tempranas, debido a que obliga a los fundadores a tener una permanencia en la misma bajo un esquema de consolidación de sus acciones; permitiendo un ambiente más agradable para la inversión de los denominados business angels o inversores ángeles. / Trabajo de investigación

El Decreto Legislativo No. 1409 (2018) crea el régimen societario alternativo denominado Sociedad por Acciones Cerrada Simplificada (SACS), marco normativo mediante el cual se busca la formalización de la micro, pequeña y mediana empresa en el Perú. La exposición de motivos de la ley propone el nacimiento de esta sociedad a fin de dinamizar el sector MIPYME, mejorar la recaudación fiscal y disminuir las altas tasas de informalidad laboral, presentando para ello un nuevo modelo de constitución virtual, en documento privado, menos costoso y rápido, alejándose así de las barreras impuestas a los modelos societarios clásicos. La Sociedad por Acciones Simplificada (SAS), como modelo innovador, nace en Colombia (2008) de la mano del maestro Francisco Reyes Villamizar, extendiéndose posteriormente a las legislaciones de Chile, Argentina y la OEA. Este régimen basa su éxito en la reducción de plazos y costos de constitución, reducción de la informalidad y mayor flexibilidad, todo sobre la base de la “sociedad contrato” y en la “autonomía de la voluntad”. Nuestro legislador, al advertir las bondades del exitoso modelo, propone adaptar lo mejor de cada experiencia internacional para aplicarla en la SACS. Es justamente este nuevo marco normativo nacional sobre el cual se basa la presente investigación, a fin de determinar si aquél recoge o no las virtudes del modelo SAS. A partir de ese análisis y del resultado que se obtenga se establecerá la viabilidad y necesidad de la creación de la SACS, lo cual determinará si estamos frente a un modelo exitoso o ante uno que debe ser adaptado para lograr trascender.

La presente investigación aborda el análisis de uno de los contratos con más alta complejidad en su negociación, suscripción y ejecución, se trata del contrato de obra de construcción, en la esfera la actividad privada. Este tipo de contratos que son utilizados para los proyectos de construcción en el Perú regula las relaciones que se generan al interno entre partes como son: comitente y contratista. El estudio del tema nos permite conocer como en la práctica existe un imperante desequilibrio contractual entre las partes, siendo la parte más débil el contratista. A su vez, analizamos que un favor colaborativo de esta lamentable situación es la legislación del Código sustantivo, la misma que data desde el año 1984 y la cual al año 2017 resulta sumamente ineficiente y desactualizada con los alcances de los proyectos de construcción que hoy por hoy se ejecutan en el Perú. / Trabajo de investigación

El presente trabajo aborda un tema que ha recibido especial atención en los últimos meses, debido a la reciente entrada en vigencia en el ordenamiento peruano de la norma que lo regula. Nos referimos al control previo de operaciones de concentración empresarial, el cual ha sido regulado en términos generales, para todo tipo de sector económico, a través de la Ley Nº 31112. La presente investigación tiene por finalidad realizar un análisis comparado de las disposiciones legislativas referidas al control previo de operaciones de concentración empresarial en los ordenamientos jurídicos de distintos países de la región; en específico el peruano, argentino, chileno y colombiano. Para tal efecto, en el primer capítulo se recogen los antecedentes de la regulación comparada del control previo de concentraciones empresariales, advirtiéndose que se trata de un mecanismo de protección de la libre competencia, remontándonos a la legislación antitrust adoptada en Estados Unidos de América a partir de la Sherman Act de 1890. A continuación, se aborda el concepto de control previo de las concentraciones empresariales, también denominado control de estructuras. Adicionalmente, se hace referencia a los actos u operaciones que se encuentran sujetos al procedimiento de control previo, destacándose la figura de la fusión; detallándose, además, los tipos de concentración empresarial: horizontal, vertical y de conglomerado. Por último, se aborda la evolución de la regulación del control de operaciones de concentración empresarial en el Perú, partiendo desde la expedición de la Constitución Política del Perú, la cual adopta un régimen económico de economía social de mercado; pasando por la Ley N° 26876, Ley Antimonopolio y Antioligopolio del Sector Eléctrico; hasta la aprobación y entrada en vigencia de la antes mencionada Ley N° 31112, Ley que establece el control previo de operaciones de concentración empresarial. El segundo capítulo comprende una comparación de las disposiciones de la Ley N° 31112 y la regulación vigente en Argentina (Ley N° 27.442), Chile (Ley N° 20.945) y Colombia (Ley N° 1340); en relación a los actos y tipos de concentración empresarial, los supuestos de exoneración, la posibilidad de plantear consultas a la autoridad, así como la posibilidad de la notificación voluntaria, el valor del umbral a partir del cual la operación requerirá de autorización previa; la naturaleza del procedimiento, sus fases, plazos, la posibilidad de actuar de oficio y si la norma contempló un procedimiento simplificado; el tipo de pronunciamiento, el silencio administrativo y la regulación respecto al fraude o falsedad en la información presentada con la solicitud. Finalmente, en el tercer y último capítulo se presentan los resultados de la investigación, detallando las similitudes y diferencias de las legislaciones objeto de revisión, prestando especial atención a aquellas particularidades susceptibles de ser recogidas en el ordenamiento jurídico peruano, a fin de mejorar la regulación vigente del control de operaciones de concentración empresarial.

El presente trabajo de investigación surge ante el análisis de resoluciones emitidas por el Tribunal de Contrataciones del Estado que sancionan de manera solidaria a los miembros de consorcios por la presentación de documentación falsa ante las entidades públicas. El problema se origina en que las empresas, a pesar de contar con herramientas destinadas a individualizar responsabilidades, no definen las obligaciones de aporte documental que corresponden a cada integrante de un consorcio, en los documentos presentados ante las entidades públicas o; haciéndolo lo realizan de manera deficiente, a través de la suscripción de pactos que se contradicen entre sí. Los objetivos de la investigación son determinar la importancia de los consorcios y la necesidad de complementación de prestaciones cuyo desarrollo de forma individual no resulta eficiente, analizar la responsabilidad administrativa solidaria en materia de contrataciones con el Estado y su implicancia en la conformación de consorcios para; finalmente, identificar casuística en la cual el Tribunal de Contrataciones del Estado sancionó de manera solidaria a todos los integrantes de un consorcio por la presentación de documentación falsa, al no haberse definido la obligación de aporte documental en los documentos presentados ante las entidades públicas. La principal conclusión a la que se arriba en el trabajo de investigación es que las empresas no delimitan las obligaciones de aporte documental en la promesa formal de consorcio, en el contrato de consorcio ni en otro documento de fecha y origen cierto; motivo por el cual se exponen al riesgo de ser sancionadas en forma solidaria ante la presentación de documentación falsa, siendo inhabilitadas para contratar con el Estado. / Trabajo de investigación

A propósito de la modificación del Artículo 106 de la Ley de Impuesto a la Renta mediante la Ley No. 27356, vigente a partir del 01 de enero de 2001, se prohibió la aplicación de la compensación de pérdidas tributarias transferidas a través de las reorganizaciones societarias. En ese contexto, el autor desarrolla y reflexiona respecto a (i) la finalidad de la Ley No. 27356 para prohibir la compensación de pérdidas tributarias transferidas mediante las reorganizaciones societarias, (ii) las limitaciones del legislador para prohibir la aplicación de la compensación de pérdidas tributarias transferidas en las reorganizaciones societarias, y (iii) la aplicación en el tiempo de la Ley No. 27356 sobre reorganizaciones societarias realizadas antes de su entrada en vigencia. Ello, en virtud de lo dispuesto en la Casación No. 4015-2014-Lima

Este trabajo de investigación tiene la finalidad de demostrar la necesidad de la existencia de límites legales a la libertad de empresa en cuanto el acceso de las universidades privadas a la prestación del servicio de educación superior universitario, considerando que el Estado debe garantizar que dicho servicio cuente con condiciones mínimas de calidad, resguardando de esa manera el derecho fundamental a la educación. Debemos indicar que si bien con la promulgación de la Ley 30220, Ley Universitaria (en adelante, Ley Universitaria), se estableció una regulación con el objetivo de garantizar la calidad de la educación superior universitaria, hace unos meses el Congreso de la República modificó dicha Ley con la promulgación de la Ley 31520, Ley que reestablece la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas. Cabe mencionar que las principales modificaciones están referidas a cambiar la naturaleza de la Sunedu, restarle funciones en cuanto al licenciamiento de programas, escuelas y facultades, y modificar la forma de elección de los miembros de su Consejo Directivo. A partir de esta situación, consideramos que resulta relevante recordar los fundamentos esgrimidos por el Tribunal Constitucional en sus pronunciamientos sobre la constitucionalidad de la Ley 30220, los cuales fundamentan la necesidad de que la Ley 31520 sea derogada por afectar el derecho constitucional a la educación. Esta propuesta de derogación tiene como objetivo evitar que la Ley 30220 pierda su esencia y garantizar la calidad de la educación superior universitaria.

La presente Tesis para obtener el Título de Licenciado en Derecho, se escribe en un momento en que el debate internacional sobre el cumplimiento de los estándares sociales (normas laborales, ambientales, de salud, seguridad) ha permitido justificar la inserción de un sistema denominado Responsabilidad Social Empresarial o Corporativa, el mismo que ha evolucionado gracias al impulso de un importante agente económico: las Empresas Transnacionales. Mediante aquel sistema nacido en los años setenta, las Empresas Transnacionales y distintos agentes internacionales políticos y económicos de gran importancia1 , fomentan el desarrollo de sus actividades comerciales con “Responsabilidad Social Empresarial”. Para ello, dentro de este nuevo sistema, se emiten un conjunto de reglas y normas de tipo privadas, ya sean unilaterales o consensuadas con los principales agentes afectados y beneficiarios de su aplicación (sindicatos, proveedores, comunidades, sociedad civil), en donde las Empresas Transnacionales señalan su compromiso y respeto a las buenas prácticas laborales, ambientales, de seguridad laboral, de salud y de acciones sociales.

El Perú es un país que ha tendido un crecimiento económico promedio por encima de 6% durante los últimos 5 años, en la actualidad la economía sigue creciendo aunque a un menor ritmo y se perfila entre las más sólidas de la región, sin embargo esto no se traduce en desarrollo; es en este contexto que surge una nueva entidad denominada “empresa social” la cual emplea sus activos y competencias en generar impacto social. En este trabajo enfocamos los distintos aspectos de la empresa social, desde el surgimiento de este nuevo modelo, pasando por el contexto en el que se desenvuelven a nivel internacional y cómo las políticas públicas en algunos países están siendo dirigidas a incentivar el desarrollo de este modelo empresarial, de igual forma mostramos algunos casos concretos en nuestro país, las cuales han demostrado ser un mecanismo eficiente de solución a problemas sociales aplicados a contextos definidos, también se abarca el problema de la falta de un marco jurídico que regule sus obligaciones y que proteja la misión para que fueron creadas, desde la falta de un mecanismo legal de constitución de las mismas y la protección de los intereses del empresario, así como de la misión social, motivo por el cual consideramos que se debe crear una nueva categoría legal a fin de dar a la empresa social un ambiente adecuado para su desarrollo y poder cumplir de manera más eficiente su doble perfil.

¿Son seres humanos los directores de una sociedad? La respuesta es obvia, sin embargo, la pregunta nos permite abordar esta investigación pensando en el directorio como un órgano colectivo integrado por seres humanos. La regulación legal societaria peruana se centra en establecer procedimientos para la validez de una decisión, determinar estándares de conducta, comos los deberes de lealtad y diligencia, así como, instituir un régimen de responsabilidad con sanciones sobre conductas perjudiciales realizadas con dolo o negligencia grave. Mientras tanto, los mecanismos de autorregulación, como los reglamentos de directorio, suelen replicar la regulación legal. En ambos casos, hay una influencia en el comportamiento del directorio, empero, sin un reconocimiento de la racionalidad limitada y el proceso humano para tomar decisiones intuitivas o rápidas, que podrían realizarse mediante sesgos cognitivos, como ha sido expuesto por Kahneman y Tversky. En general, nuestra actual regulación disponible no considera la posibilidad de los errores de juicio provocados por sesgos cognitivos, ni la necesidad de promover un proceso decisorio más lento y cuidadoso. Esta investigación, además de advertir las limitaciones en la regulación sobre el proceso de toma de decisiones del directorio, plantea la importancia de promover el reconocimiento de aquellas decisiones que deban seguir un proceso más lento y cuidadoso, con la finalidad de evitar los errores de juicio. Finalmente, se desarrolla una propuesta de regulación para que las sociedades puedan reconocer y asumir la existencia de los sesgos cognitivos entre sus directores, gestionarlos e incrementar la probabilidad de mejores decisiones.