Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

Ponente: Ángela Daniela Rocha Ayala (Customer Success Manager) / La videoconferencia internacional "vLex: herramienta de búsqueda para tratamiento y difusión de información legal”, fue organizada por el Sistema de Bibliotecas y contó principalmente con la asistencia de docentes y estudiantes de los programas académicos de la Facultad de Derecho. La ponente Ángela Daniela Rocha Ayala (Customer Success Manager), expuso las principales funcionalidades de esta plataforma para buscar información jurídica de distintos países mediante la búsqueda básica y avanzada y que además ofrece diversas opciones como la utilización de filtros, creación de alertas por e-mail, RSS, elección del idioma, entre otros. Los contenidos disponibles son actualizados y exclusivos gracias a sus convenios con diversas editoriales especializadas en jurisprudencia, doctrina y legislación. La herramienta vLex se encuentra disponible desde nuestro Portal de Recursos de investigación (http://recursosinvestigacion.upc.edu.pe).

El trasplante de órganos ha sido uno de los avances terapéuticos más relevantes del siglo XX. Hace apenas algunas décadas ningún especialista pensaba que esta doble operación pudiera llegar a realizarse con resultados satisfactorios. Pero actualmente la cirugía sustitutiva se ha convertido en una intervención rutinaria que se lleva a cabo en los hospitales de todo el mundo y logra salvar la vida a miles de enfermos cada año. El elevado número de trasplantes que se realizan y sus positivos resultados, sin embargo, no evitan el fallecimiento de muchos de los pacientes a la espera del tratamiento. Este problema, según coinciden en afirmar las organizaciones internacionales, es el principal motivo por el que surge y se consolida el tráfico de órganos humanos; un fenómeno que no se identifica exclusivamente con la compraventa de órganos o con el traslado ilícito de los órganos desde el centro extractor al centro trasplantador (que serían las dos acepciones que se atribuyen al denominado “tráfico ilegal de órganos humanos”), sino que abarca también otras conductas ilegales relacionadas con los órganos humanos, tales como las que definen la trata de seres humanos con fines de extracción de órganos y el llamado “turismo de trasplantes. La ONU y el Consejo de Europa estiman que entre un 5% y un 10% de los riñones que son trasplantados en el mundo anualmente tienen una procedencia ilegal. Incluso en España, líder mundial en donación y trasplante desde hace más de 25 años, se han detectado casos de tráfico de órganos humanos. Ante este panorama, desde el Derecho internacional se han aprobado numerosos instrumentos normativos con recomendaciones de toda índole para que los Estados contribuyan a la erradicación del problema. En particular, se sugiere, sobre todo, la adopción de medidas de carácter preventivo y de sanciones adecuadas a la gravedad de tales prácticas. Como consecuencia de los impulsos internacionales, las iniciativas nacionales para reprimir el tráfico de órganos humanos han sido múltiples y constantes en los últimos años. Tanto es así que en todos los Estados de nuestro ámbito cultural existen ya tipos penales que lo sancionan. Por lo que respecta a España, los delitos de tráfico de órganos humanos se incorporaron al Código penal mediante la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, “como respuesta al fenómeno cada vez más extendido de la compraventa de órganos humanos y al llamamiento de diversos foros internacionales a abordar su punición”, según se afirma en su Preámbulo. De acuerdo con ello, en el artículo 156 bis se castiga, por un lado, a las personas (físicas y jurídicas) que, de cualquier modo, favorezcan alguna de las tres fases sucesivas que conforman el proceso del tráfico de órganos humanos (la obtención, el tráfico y el trasplante) y, por otro lado, a los receptores que consientan la realización del trasplante conociendo la procedencia ilegal del órgano. A pesar de que estas figuras delictivas entraron en vigor en diciembre del año 2010, todavía son muy escasos los pronunciamientos judiciales en aplicación de las mismas. También son muy limitados los trabajos doctrinales que se han publicado; pero, entre estos últimos, ya se pueden observar algunas voces críticas. Las objeciones se centran, fundamentalmente, en torno a la difícil concreción del bien jurídico que se protege, a la falta de precisión técnica en su tipificación y a la cuestionable eficacia jurídico-penal que podrían conllevar estos tipos delictivos. Se reprocha, asimismo, la ausencia de necesidad de criminalizar los comportamientos ahora previstos en el artículo 156 bis. Y, finalmente, se alega que estos delitos vulneran los principios de culpabilidad, intervención mínima y ofensividad, al flexibilizar los criterios de imputación penal y establecer estructuras típicas de peligro abstracto. La novedosa regulación jurídico-penal del tráfico de órganos humanos en España y las críticas que ha recibido hasta el momento han motivado su elección como materia de investigación. El objetivo del presente trabajo es analizar los elementos más esenciales de las figuras delictivas del artículo 156 bis del Código penal, así como el contexto social, bioético y normativo en el que se han insertado. A través de este análisis me propongo valorar si la represión penal del tráfico de órganos humanos satisface los requisitos sobre los que el Tribunal Constitucional ha asentado el principio de prohibición de exceso o proporcionalidad en sentido amplio: que la norma penal persiga la preservación de bienes o intereses que no están constitucionalmente proscritos ni son socialmente irrelevantes; que resulte instrumentalmente apta para dicha persecución; que sea necesaria en el sentido de que no exista otra medida más moderada para la consecución de tal propósito con igual eficacia; y que guarde la debida proporción entre la entidad del delito y la entidad de la pena. Con este propósito, articulo el trabajo en tres partes de dos capítulos cada una. En la primera, me ocupo de los problemas bioéticos que plantea el tráfico de órganos humanos y de los aspectos que lo caracterizan criminológicamente. En la segunda, hago una exposición de la regulación internacional y extranjera que condena tales prácticas. Y, por último, en la tercera parte examino el tratamiento del tráfico de órganos humanos en el ordenamiento jurídico español, haciendo especial referencia a su incorporación como infracción al Código penal.

Profesora titular española de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad de Málaga. Colaboró con el Relator Especial de la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas, Ginebra, del 2003 a 2006, en el tema de los actos unilaterales de los Estados. Autora de diversos libros y artículos especializados. / Se hará un repaso de las consecuencias que la pandemia ha provocado sobre los derechos humanos y de modo concreto en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en las organizaciones Internacionales con especial mención las Naciones Unidas y su sistema

Ponentes: -Profesor Luis Alfonso García Corrochano, Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas de Lima (UPC) (Perú) / - Profesor Víctor Rodríguez Cedeño, profesor de Derecho Internacional, Ex Miembro de la Comisión de Derecho Internacional (Venezuela) / -Profesor Antonio Pastor Palomar, docente de Derecho Internacional de Relaciones Internacionales de la Universidad Rey Juan Carlos, de Madrid (España) / - Doctor Juan Carlos Gutiérrez, representante legal de víctimas en los Exámenes Preliminares de Colombia y Venezuela (España) / - Profesor Claudio José Sandoval Velásquez, docente de Derecho Internacional del Instituto Tecnológico de Georgia. (EEUU) / Reflexiones para evaluar si hay razones fundadas o no para que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional concluya el Examen Preliminar e inicie la investigación formal con miras a establecer, la responsabilidad penal individual internacional.

Profesora Milagros Betancourt Catalá, docente de Derecho Internacional Público de la Universidad Católica Andrés Bello (Venezuela) / - Profesor Juan Carlos Sainz-Borgo, Decano de la Universidad de la Paz de las Naciones Unidas (Costa Rica) / - Doctor Blas Imbroda Ortiz, Doctor en Derecho, Presidente de la Subcomisión de Extranjería y Protección Internacional del Consejo General de la Abogacía Española (España) / - Profesora Soranib Hernández de Deffendini, docente de Derecho Internacional en la Universidad Carlos III (España) / - Profesora Carmen Alguindigue, representante legal de víctimas en los Exámenes Preliminares de Venezuela (Andorra) / Reflexionar sobre si hay o no razones materiales para que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional inicie la investigación formal para establecer la responsabilidad penal individual internacional.

Esta investigación se justifica porque el crimen de agresión o crimen contra la paz constituye el “crimen de los crímenes internacionales” y la mayor amenaza a la paz mundial. Este trabajo busca demostrar la viabilidad de la incorporación en la definición de Crimen de Agresión supuestos de ciertos usos de la fuerza en contextos de conflictos armados internos e internacionalizados proscritos por el Derecho Internacional. Así, la Corte Penal Internacional podría cobrar una mayor eficacia al criminalizar y castigar las guerras de agresión. Situación que no ha sido estudiada ni contemplada en la doctrina contemporánea y que cobra vital importancia para evitar posibles escenarios de impunidad en las violaciones graves del derecho internacional humanitario y los derechos humanos, ejecutados desde las más altas esferas del Estado que en esos contextos se estructura como una organización criminal. / Tesis

La presente Tesis para optar el título de Magister en Derecho con mención en Ciencias Penales, del Bachiller PEDRO ABRAHAM VALDIVIA DEXTRE, titulada “Los delitos contra los derechos de autor en el Perú”,corresponde a una investigación teórico-dogmático, en la que se efectúa el correspondiente análisis de las normas penales correspondientes a los ilícitos estudiados, además del análisis documental de sentencia emblemáticas, nacionales y extranjeras, sin menoscabo de ello y a la luz de los desarrollos de las teorías metodológicas, se proyecta también con aspectos de la investigación cuantitativa, es sus vertientes causal y correlacional, en definitiva se trata de una tesis con metodología ecléctica (cualitativa – teórico dogmático-, y cuantitativa – causal y correlacional-), con lo cual gana en rigor teórico. Está dividida en doce capítulos, entre los cuales cabe destacar que el autor hace un análisis jurídico integral del tema materia de tesis, vale decir, analiza aspectos Doctrinales de la Propiedad Intelectual, y sus especies: Propiedad Industrial, y Derechos de Autor; asimismo Aspectos Históricos, Constitucionales, Derecho Internacional, Derecho Penal, y Procesal Penal (Jurisprudencia). / The present Thesis for the Master's Degree in Law with mention in Criminal Sciences, of the graduate PEDRO ABRAHAM VALDIVIA DEXTRE, entitled "Crimes against copyright in Peru", corresponds to a dogmatic- theoretical investigation, in which performed the corresponding analysis of criminal law for the crimes studied, besides the documentary analysis of judgment emblematic, in addition to judgment emblematic documentary analysis, domestic and foreign, without damage of it and in the light of the developments of the methodological theories, it is projected also by aspects of the quantitative investigation, in its causal and correlational aspects. Definitively, it is a question of a thesis with Eclectic Methodology (qualitative - dogmatic theoretical, and quantitative - causal and correlational-), which gains in theoretical rigor. It is divided into twelve chapters, including noteworthy that the author makes a comprehensive legal analysis of the subject matter of the thesis, in other words, analyzes Doctrinal aspects of Intellectual Property, and its species: Industrial Property and Copyright; likewise Historical, Constitutional aspects, International Law, Criminal Law, and Criminal Procedure Law (Jurisprudence). / Tesis

El proceso de globalización y las nuevas tecnologías han derribado las fronteras estatales permitiendo distintas relaciones de intercambio comercial internacional. Este nuevo orden internacional -cada vez más dinámico y con nuevos actores e instrumentosexige a los Estados una modernización de sus legislaciones para adecuarla a los problemas que se derivan de este nuevo contexto, así como la implementación de mecanismos de cooperación internacional más efectivos para los mismos. El mundo es hoy un mercado global, en el que la circulación de bienes y servicios, el libre flujo de capitales y las nuevas formas empresariales han permitido incrementar el comercio internacional. En esta actividad se interrelacionan los Estados y otros agentes económicos, observándose así una proliferación de relaciones privadas internacionales. Éstas no siempre se desarrollan con normalidad y, por diversos factores, surgen conflictos que son necesarios regular en este nuevo panorama internacional, dado los diversos ordenamientos en pugna se hace necesario recurrir a las fuentes del derecho internacional para solucionar estos problemas, entre ellos, tratados o convenios internacionales (bilaterales, multilaterales y regionales) y leyes modelos. Uno de los problemas más relevantes del comercio internacional es la insolvencia internacional o concurso internacional. Se denomina así al procedimiento de insolvencia abierto a un deudor que tiene bienes o acreedores en un Estado distinto al que abrió dicho procedimiento. La relevancia de estos elementos internacionales en esta relación jurídica hace de ésta una relación privada internacional -objeto de estudio del Derecho internacional privado- y que necesita ser tratada como tal.

La Organización de Estados Americanos (en adelante, OEA), desde su creación en el año 1948 ha tenido como una de sus piedras angulares al sistema democrático, siendo el fortalecimiento de la democracia y promoción de la buena gobernabilidad una de sus principales tareas. No obstante, desde el nacimiento de la OEA han tenido lugar en distintos Estados miembros crisis que afectaban a la democracia representativa. Como muestra de ello están los golpes de Estado, como los sucedidos en Brasil (1964), Panamá (1968), Chile (1973), Argentina (1976), Paraguay (1989), Honduras (2009), entre otros, o los autogolpes, como el ocurrido en el Perú en el año 1992. A raíz de ello, durante las dos últimas décadas la OEA ha creado instrumentos para responder a esta problemática, tales como la Resolución de la Asamblea General AG/RES. 1080 (XXI-O/91), el Protocolo de Washington y la Declaración de Quebec. Sin embargo, todos estos instrumentos limitan la protección de la democracia a impedir el derrocamiento de los gobiernos democráticamente electos, sin prever aquellos casos en donde hay un paulatino quiebre de la misma a raíz de situaciones que atentan contra supuestos tales como el ejercicio del poder con sujeción al estado de derecho, la separación e independencia de los poderes públicos, el respeto por los derechos humanos y la libertad de expresión y de prensa, entre otros, todo ello por actos cometidos desde el propio Poder Ejecutivo.