La industria minera está presente en el Perú desde el inicio de su historia y la promoción de su ejecución sigue generando un impacto positivo en nuestra economía hasta la fecha. Por esta razón, profundizar el estudio jurídico de las figuras administrativas que la conforman cobra una alta importancia. Bajo esta premisa, desde un punto a nivel doctrinario, se ha enfatizado el estudio jurídico de la “concesión minera”, relegando el análisis de otras figuras jurídicas que también se han regulado a efectos de permitir la ejecución del “ciclo minero”. Evidentemente, a partir de un mejor entendimiento de esta industria y los títulos habilitantes que la conformar será posible otorgar a los inversionistas una mayor claridad sobre el desarrollo de esta industria, promoviendo la inversión minera de forma eficiente; y encauzar reformas legislativas que sean consecuencia de un diagnóstico histórico-legal previo, más que solo pinceladas a la regulación minera vigente en base a un análisis casuístico inmediato. Así las cosas, al encontramos frente a un país que debe apostar por la innovación tecnológica y la reducción de la burocracia administrativa, en el sector minero, la “concesión de beneficio” se plantea como una alternativa de solución a efectos de repotenciar este negocio. Sin embargo, poco o nada se ha escrito sobre esta figura administrativa, en la medida que la principal atención de la academia se ha enfocado en la “concesión minera”. Ello a pesar que, es la actividad de beneficio aquella que le otorga un valor agregado al mineral, permitiendo ejecutar una actividad industrial minera con altas ganancias económicas. De esta manera, la presente investigación busca dar el primer paso en el análisis de la “concesión de beneficio” que sin lugar a dudas resulta ser pieza clave en el ciclo minero. Así, a partir de una contextualización del panorama minero, un entendimiento del tratamiento de los recursos naturales mineros y sus títulos habilitantes; y un análisis detallado del devenir histórico-legal que ha regulado a esta figura administrativa; la presente investigación busca elaborar un diagnóstico histórico-legal de este título habilitante, con el objetivo final de determinar la necesidad de su exigencia para la ejecución de un proyecto minero y con ello, identificar las oportunidades de mejora regulatoria desde el derecho, en favor del desarrollo de la industria minera de manera general, y específicamente, respecto a la actividad de beneficio. / Tesis

Evalúa la gestión de los permisos mineroambientales para el otorgamiento de las licencias y su efecto en las inversiones mineras en el Perú, para ello se evaluó los expedientes técnico-legales que obran en poder del Ministerio de Energía y Minas - MINEM, expedientes que tienen su origen en la solicitud de un titular minero para la obtención de sus licencias minero-ambientales tales como los Estudios de Impacto Ambiental semidetallados para proyectos de exploración, Estudios de Impacto Ambiental detallados para proyectos de explotación y Autorizaciones de la concesión de beneficio para la construcción y funcionamiento; y no tener inconvenientes cuando son fiscalizados o supervisados, que conllevan a sanciones, multas, e incluso paralizaciones de las actividades mineras. Debemos considerar además que desde el 28 de diciembre de 2015 la evaluación de los Estudios de Impacto Ambiental detallado de las actividades de explotación fue trasladada al SENACE, y sus resultados se podrán percibir y evaluar luego de tres años. Asimismo el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del MINEM, establece los requisitos, la tasa y plazos para la evaluación de los expedientes. Sin embargo, por diversas razones no se cumple, especialmente en los plazos, ocasionando demoras en su otorgamiento que generan desconfianza en las empresas que tienen intenciones de realizar inversiones. La investigación es de tipo aplicada y el nivel es evaluativo; el diseño responde al no experimental, la población estuvo conformado por los expedientes administrativos aprobados por el MINEM durante los años 2014, 2015 y 2016. Se identificó los principales procedimientos administrativos que tienen un monto mayor de capital de inversión de la gran y mediana minería. Como muestra se evaluaron setenta y tres (73) expedientes de procedimientos administrativos con resolución de aprobación, especialmente relacionados a los Estudios de Impacto Ambiental detallados para proyectos de explotación, Estudios de Impacto Ambiental semidetallados para proyectos de exploración y Licencias para el otorgamiento de concesiones de beneficio. En cuanto a técnicas empleadas se optó por la recolección de datos y el juicio de expertos, los instrumentos utilizados fueron: el instrumento de análisis Nº 01, el instrumento de análisis N° 02, cuyo procedimiento se detalla en las secciones correspondientes. Las herramientas estadísticas utilizadas para la prueba de hipótesis fueron Chi Cuadrado, que mide la influencia de la eficiencia en la gestión de permisos sobre las inversiones mineras en el Perú. • Regresión lineal simple, que calcula el nivel de correlación entre la variable independiente con la variable dependiente, y establecer una correspondencia directa (de causalidad) entre dichas variables. / Tesis

Publicación a texto completo no autorizada por el autor / Demuestra la dificultad para acreditar el derecho de propiedad del terreno superficial de la comunidad nativa, afectando la libertad de empresa a la pequeña minería y minería artesanal en Madre de Dios. La metodología aplicada para el estudio es de carácter socio-jurídica, de tipo descriptiva que utiliza el análisis documental proveniente de la doctrina, normativa, jurisprudencia e informe, vinculado a derechos de los pueblos indígenas. La propuesta para solucionar el problema, es que el Estado otorgue a la comunidad nativa título de propiedad a su terreno superficial, cuyo impacto producirá inclusión social, con beneficios sociales, civiles, económicos y laborales. / Tesis

El presente informe jurídico tiene como objetivo analizar, en primer lugar, la naturaleza de las sanciones y medidas administrativas impuestas por el Ministerio de Energía y Minas a la empresa Compañía Minera San Nicolás S.A., a partir de los hallazgos de las acciones de fiscalización llevadas a cabo en la cuenca del Río Tingo Maygasbamba. Específicamente, si es que la medida de paralización temporal de las operaciones impuesta en el marco de la referida fiscalización tiene el carácter de una sanción. Esto permitirá concluir si es que la interposición de una demanda contencioso administrativa por parte de la empresa minera contra lo resuelto por el Ministerio de Energía y Minas, así como la suspensión del procedimiento de ejecución coactiva respectivo, podrían eventualmente suponer la suspensión de la ejecución de la medida de paralización temporal. En segundo lugar, se analizará si el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería-OSINERGMIN, se encontraba facultado a realizar una diligencia de supervisión en las instalaciones de la empresa minera referida anteriormente. Dicha diligencia tenía como finalidad comprobar la ejecución de la medida de paralización temporal impuesta meses atrás por el Ministerio de Energía y Minas, como consecuencia de los resultados obtenidos en las acciones de fiscalización detalladas anteriormente.

La industria minera está presente en el Perú desde el inicio de su historia y la promoción de su ejecución sigue generando un impacto positivo en nuestra economía hasta la fecha. Por esta razón, profundizar el estudio jurídico de las figuras administrativas que la conforman cobra una alta importancia. Bajo esta premisa, desde un punto a nivel doctrinario, se ha enfatizado el estudio jurídico de la “concesión minera”, relegando el análisis de otras figuras jurídicas que también se han regulado a efectos de permitir la ejecución del “ciclo minero”. Evidentemente, a partir de un mejor entendimiento de esta industria y los títulos habilitantes que la conformar será posible otorgar a los inversionistas una mayor claridad sobre el desarrollo de esta industria, promoviendo la inversión minera de forma eficiente; y encauzar reformas legislativas que sean consecuencia de un diagnóstico histórico-legal previo, más que solo pinceladas a la regulación minera vigente en base a un análisis casuístico inmediato. Así las cosas, al encontramos frente a un país que debe apostar por la innovación tecnológica y la reducción de la burocracia administrativa, en el sector minero, la “concesión de beneficio” se plantea como una alternativa de solución a efectos de repotenciar este negocio. Sin embargo, poco o nada se ha escrito sobre esta figura administrativa, en la medida que la principal atención de la academia se ha enfocado en la “concesión minera”. Ello a pesar que, es la actividad de beneficio aquella que le otorga un valor agregado al mineral, permitiendo ejecutar una actividad industrial minera con altas ganancias económicas. De esta manera, la presente investigación busca dar el primer paso en el análisis de la “concesión de beneficio” que sin lugar a dudas resulta ser pieza clave en el ciclo minero. Así, a partir de una contextualización del panorama minero, un entendimiento del tratamiento de los recursos naturales mineros y sus títulos habilitantes; y un análisis detallado del devenir histórico-legal que ha regulado a esta figura administrativa; la presente investigación busca elaborar un diagnóstico histórico-legal de este título habilitante, con el objetivo final de determinar la necesidad de su exigencia para la ejecución de un proyecto minero y con ello, identificar las oportunidades de mejora regulatoria desde el derecho, en favor del desarrollo de la industria minera de manera general, y específicamente, respecto a la actividad de beneficio.

Mediante el presente trabajo busco proveer un análisis de los problemas jurídicos hallados en el Expediente N° 038-2011, referido a un Procedimiento Administrativo Sancionador iniciado contra la empresa minera Gold Fields La Cima por OSINERGMIN respecto de infracciones a normativa reglamentaria sectorial minera. Este expediente tiene suma relevancia, en vista de que ilustra el actuar común de este ente regulador en el ejercicio de sus facultades administrativas sancionadoras, en tanto la discusión central versa respecto de supuestos vacíos en el ordenamiento jurídico sectorial minero que, a criterio de dicho ente, no constituyeron óbice para que decidiera imputar a Gold Fields La Cima las infracciones materia de análisis en este informe. En sí, este expediente contiene la clásica experiencia que todo abogado experimenta al momento de debatir el Principio de Tipicidad en materia sancionadora con la administración, mas, este resultó de mi especial interés por la particularidad de los hechos del caso: no solo aquellos que dieron origen al inicio del Procedimiento Administrativo Sancionador, sino también aquél que determinó su conclusión, la constatación de la inexistencia de la regulación en que se basó la infracción al momento de iniciarse el Procedimiento. Al final, concluyo que existieron sendas vulneraciones al Principio de Tipicidad, así como a varios otros Principios del Derecho Administrativo y Procedimiento Sancionador.

La actividad minera es muy importante para la economía del Perú, por lo que es de interés nacional aumentar la competitividad a nivel del país. En el presente estudio identificamos como uno de los problemas principales para lograr una mayor competitividad en el sector minero, la sobre abundancia de normas y procedimientos, muchos de ellos ineficientes para sus objetivos. A fin de delimitar el estudio nos hemos referido al procedimiento de certificación ambiental para la gran y mediana minería, en la que vemos que el problema antes mencionado está presente al identificar al menos 15 procedimientos administrativos involucrados en su obtención, lo que da como resultado que éste sea un procedimiento largo y oneroso. Con el fin de aportar propuestas para la mejora de la competitividad, presentamos la necesidad de un análisis de la calidad regulatoria a todo nivel y de forma constante, el perfeccionamiento de los entes reguladores que deben tener a la mano medios alternativos para cumplir con las funciones estatales y no solo trasladar obligaciones a los particulares, así como de impulsar a fin de hacer atractiva la certificación ambiental global.