Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La intervención en las telecomunicaciones vía correo electrónico realizada por agencias de inteligencia extranjeras, importa la verificación de vulneraciones al Derecho a la vida privada y a la inviolabilidad en la comunicaciones privadas, consagrado en el artículo 19 Nº 4 y 5º de la Constitución Política de la República de Chile y en los tratados sobre Derechos Humanos vigentes hoy en Chile. Junto a ello, esta violación normativa conlleva la verificación de figuras típicas como la del artículo 161 – A del Código Penal chileno. Esta tipo de intervención se encuentra en auge gracias a la llamada “guerra contra el terrorismo”, y encuentra su justificación legal en los Estados Unidos en la U.S.A. Patriot Act. La presente investigación indaga las posibilidades de persecución penal para estos delitos, y de las medidas que pueden adoptar los ciudadanos chilenos al conocer que sus telecomunicaciones son intervenidas. Para tal efecto, se exponen los antecedentes fácticos afines al problema; luego se analizarán las legislaciones atingentes; igualmente, se estudian los criterios de legitimidad para intervenir las telecomunicaciones; y, finalmente las posibilidades de aplicación de las leyes. Lamentablemente, encontramos que ninguno de los mecanismos legales nacionales vigentes resulta idóneo para perseguir penalmente las vulneraciones descritas, ni tampoco para proteger los Derechos Fundamentales y Humanos conculcados. De este modo, ciertas medidas político-criminales preventivas, tales como la anonimización y la encriptación de mensajes de correo electrónico, resultan ser la forma más accesible de proteger estos Derechos

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Se presenta un estudio acucioso acerca de la víctima como sujeto pasivo del delito y las distintas particularidades que presenta en el proceso penal. Para ello, se comienza realizando un análisis descriptivo del proceso penal, de sus fines más importantes, desembocando en la idea fundamental de que no es posible concebir ni entender a las normas procesal penales si no son capaces, en un Estado de Derecho, de restaurar la paz social quebrantada por el delito, y entregarle a la víctima un papel digno, propio del rol subsidiario que le compete al Estado, incluso por mandato constitucional. Posterior a ello, se estudia la normativa internacional y nacional en torno a las víctimas, con las diferencias que presenta entre los distintos Estados la visión del ofendido y de su participación en el proceso penal. Como corolario de ello, se dedican páginas al análisis de acerca de si la participación de la víctima ha sido beneficiosa o no para lograr procesos penales más justos y certeros en cuanto a la represión del delito y el restablecimiento de la norma. Finalmente, se analiza la reparación, como un elemento hermano de la pena, que intenta devolver a las víctimas a la situación anterior. Se concluye con un estudio a la institucionalidad de los “Acuerdos Reparatorios”, que el legislador de 2000 incluye en el Código del ramo. Sin lugar a dudas la participación activa de la víctima en el proceso penal genera beneficios, ya que esta no puede ser tomada como mero objetivo de prueba. Su papel, como preocupación del Estado, debe estar siempre orientado en torno a la idea de la dignidad del ser humano y el respeto a sus derechos humanos, vulnerados por el delito cometido. “Pensamos en la Inquisición evocando grilletes, hierros candentes, mazmorras y alaridos de dolor. Pero la esencia de la Inquisición no yace en esta idea del sufrimiento. La Inquisición consiste en perseguir almas descarriadas y el papel de los jueces consiste en descubrirlas para lograr la expiación del pecado. El derecho inquisitorio confunde al delito con el pecado y el proceso penal está teñido por esta falta de diferenciación. Hay dos maneras en que, por perseguir el pecado, el Derecho penal afecta seriamente nuestra dignidad; una es de fondo y la otra de forma. La persecución del pecado es esencialmente perfeccionista: lo perseguible criminalmente no consiste esencialmente en dañar a otro; la función de la coerción estatal debe dirigirse a castigar a aquellos que se apartan de ciertos ideales de excelencia. No castigamos el consumo de drogas, el menosprecio a los símbolos patrios o las exhibiciones obscenas porque ocasionen daños. Perseguimos estas acciones porque constituyen síntomas de espíritus aviesos, de actitudes pecaminosas. La condena no recae sobre el acto, recae sobre la persona desobediente. De esta premisa se sigue que la víctima carece de importancia; el delincuente no actúa contra sus congéneres, sino que desobedece a Dios. Este olvido del que sufre el daño priva al derecho de la misión de dignificar a la víctima a través de la condena del transgresor. Si el Derecho penal sirve para algo en una sociedad secular, este algo consiste en prevenir daños y, al suceder los daños, en devolverle a las personas el respeto requerido para ser sujetos morales plenos. El chantajeado, el violado y la persona transformada en cosa por la violencia merecen un remedio institucional redignificante. Este remedio es la condena penal lograda mediante la participación del ofendido en el proceso. Llamo a esta versión del derecho, ‘derecho protector’. En cambio, el ‘derecho perfeccionista’ no cumple esta misión” Jaime Malamud Goti

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Con una frase más bien breve nuestro Código Procesal Penal ha introducido a la normativa nacional un tema que ha dado origen a una vasta literatura creadora de una arraigada y a su vez sólida construcción jurídica en los sistemas procesal-penales extranjeros. El Artículo 276 del Código Procesal Penal, que será objeto de nuestro estudio, ordena al juez de garantía proceder a la exclusión de aquellas pruebas que hubieren sido obtenidas con inobservancia de garantías fundamentales. De esta manera ingresa a nuestro sistema esta institución de antigua data en la mayor parte de los sistemas procesal-penales de derecho comparado, circunstancia que nos lleva de manera natural a dirigir nuestra mirada al ámbito del constitucionalismo y jurisprudencia de los tribunales, por ejemplo de Estados Unidos de América.1 Suele señalarse que es sólo en 19142 cuando la Suprema Corte de los Estados Unidos, por primera vez, resolvió que si no se excluía o proscribía de los juicios la prueba obtenida por la policía, en forma inconstitucional, los términos de la Cuarta Enmienda de la Carta Fundamental estadounidense3 constituirían meras palabras sin contenido, declaración apoyada años más tarde, en 1949, cuando la Corte, en palabras del juez Félix Frankfurter, sostendría que la seguridad de la propia privacidad, frente a la intrusión policial arbitraria, es básica en una sociedad libre, dando el sentido que alcanzaría en lo sucesivo la evolución jurisprudencial que conforma las reglas de exclusión: se trata de detener las incursiones policiales que vulneran el derecho a la privacidad, por la vía de no aceptar en juicio, las evidencias obtenidas en infracción a las normas constitucionales que amparan los derechos de las personas

Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales

Memoria de prueba para optar al grado de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales / El presente trabajo analiza las penas pecuniarias que existen a luz del Derecho Penal y del Derecho Administrativo en materia ambiental. Para ello, se hará una recopilación de todas las sanciones de multa que puedan existir al respecto, analizando tanto la normativa interna como la internacional. Una vez hecha esta recopilación se hará mención a los bienes jurídicos protegidos por diferentes ramas del derecho que se relacionan con el medio ambiente, para así lograr conocer la diferencia que existe entre ellos o, a contrario sensu, la similitud entre aquellos. Y, finalmente, se hará mención, entre otras cosas, a los fines que el poder punitivo estatal pretende cumplir con la imposición de estas multas, para comprender si con ellas es o no posible reparar el medio ambiente dañado

Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales / En las últimas décadas, el sector financiero se ha ubicado como uno de los ámbitos de la economía que genera mayores ganancias anualmente, por lo que la regulación del mercado de valores se ha convertido en una preocupación creciente debido a su impacto en la economía tanto nacional como internacional. Por esta razón, los gatekeepers del mercado de valores como contadores y auditores, agencias clasificadoras de riesgos, analistas financieros, entre otros, ejercen como agentes privados encargados de controlar la confiabilidad de las informaciones que permiten transar valores en el mercado financiero, esta tarea los pone en una posición privilegiada para acceder a información que los organismos públicos no son capaces de captar, pero al mismo tiempo los expone a ser capturados por las sociedades a las que deben vigilar. El presente trabajo tiene por objeto introducir el concepto de gatekeepers a través de la caracterización de los rasgos fundamentales de su función en el contexto del mercado de valores, así como la revisión de casos nacionales e internacionales en los que se evidencia las consecuencias de una regulación deficiente y cuáles han sido las respuestas normativas a dichos escándalos financieros. Por último, se realiza un estudio del delito de falsedad documental y cómo su tratamiento en la regulación penal chilena se aplica a los contadores y auditores en su función como gatekeepers, específicamente a través del delito de dictamen falso del artículo 59 letra d) de la Ley de Mercado de Valores.

Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales / El objetivo de la presente investigación es analizar los límites de la responsabilidad penal en las denominadas conductas neutrales o actividades cotidianas, ubicando sistemáticamente el disvalor de acción del cooperador y determinando los criterios a utilizar para la correcta valoración de su comportamiento. Así, se exponen críticamente las diferentes aproximaciones doctrinales al problema, revisando como distintas corrientes de pensamiento caracterizan la temática, y la ubican y analizan desde variados fundamentos dentro de la teoría del delito, considerando diversos elementos para construir sus perspectivas, y llegando a conclusiones distintas en uno u otro caso, o bien, arribando muchas veces a conclusiones de punibilidad similares, pese a valerse de elementos de juicio disimiles. Se pretende analizar críticamente aquellas teorías que ha construido la doctrina que se fundamentan primordialmente en elementos objetivos, y aquellas que hacen lo propio con elementos subjetivos, para luego revisar las posturas que se elaboran sobre la base de ambos componentes del tipo penal, pero valorando la relevancia de sus elementos de distinta forma. Por último, se da cuenta de algunas aproximaciones al problema desde la doctrina y jurisprudencia nacional, estableciendo conexiones entre lo expresado por nuestros tribunales de justicia y expertos, y la discusión dogmática a nivel internacional. En esta parte final se asume una toma de postura respecto al tema como parte de las conclusiones derivadas del análisis. / 14/10/2020

Memoria de Prueba para optar al Grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales / La presente memoria de prueba tiene por objeto analizar de que forma opera la figura del consentimiento en los delitos sexuales, en especial, su importancia en el delito de estupro, diferenciando su aplicabilidad del llamado perdón del ofendido, para establecer que rol juegan ambas instituciones en esta clase de delitos. Para lograr este propósito, analizaremos, primeramente, el desarrollo que ha tenido la figura del consentimiento en el Derecho Penal, abordando las dos principales posturas que la doctrina ha adoptado respecto a su ubicación sistemática en la teoría del delito. Paralelamente, se analizará la figura del perdón del ofendido, evidenciando que su análisis no se agota en las situaciones en que nuestra legislación lo menciona expresamente. Para luego analizar las principales implicancias que estas figuras tienen en los delitos sexuales en general. Por último, se hará un estudio de los aspectos generales del delito de estupro, y de las modalidades comisivas de éste, con el fin de determinar la relevancia que tienen las figuras estudiadas respecto de este tipo penal

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El gran avance científico y tecnológico, ha traído enormes transformaciones en la actividad médica y por cierto grandes progresos en la medicina, pero todo esto ha dado origen a que el facultativo se enfrente a diversas y complejas situaciones que ocurren en su actuar: errores, descuidos que generan daños a pacientes y hasta la muerte de éste, por causa de dicho actuar negligente. Lo anterior, ha producido muchas reclamaciones contra médicos, por malas praxis, traducidas en denuncias y querellas por dichas actuaciones negligentes del profesional. El hecho culposo denunciado, por actuación médica negligente, debe ser investigado para establecer la responsabilidad, lo cual constituye enorme complejidad. El propósito de esta tesis, es determinar dicha complejidad, para lograrlo, es necesario: tener precisión, claridad en la parte conceptual de la responsabilidad médica; precisión y análisis del delito culposo del médico; diferenciar la responsabilidad dolosa de la culposa del facultativo; importancia de la relación médico paciente; señalar la función importante del consentimiento informado; conocer los parámetros éticos que circundan la actividad médica; precisar la responsabilidad médica del profesional en situación de urgencia; conceptualizar la lex artis médica; señalar la legalidad vigente del delito culposo cometido por el médico. En definitiva, para establecer la responsabilidad médica se intentará en esta tesis hacer un análisis del delito culposo, como es valorada la culpabilidad del facultativo, teniendo presente los principios de la bioética que el Derecho Penal Moderno considera

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