La responsabilidad civil aquiliana del Estado es un régimen especial de la responsabilidad civil que requiere un desarrollo jurídico necesario a la luz de que en las últimas décadas somos testigos de los daños que ocasiona el mismo a los ciudadanos acentuada más en un período de dictadura (1990-2000) pero latente en un período de democracia (2000-actualidad), a fin que los dañados, y también el dañante-Estado, puedan conocer y tener reglas claras aplicables en los daños que se ocasione. Para tal efecto, cabe anotar que el tema se ubica dentro del derecho privado y en específico en el derecho civil, disciplina que regulan las situaciones y/o relaciones jurídicas de carácter extrapatrimonial y patrimonial de los sujetos de derecho sean privados o públicos (que no sean expresión del ius imperii). En materia de relaciones jurídicas patrimoniales, la responsabilidad civil pertenece al ámbito de la “tutela civil de los derechos”, o de cualquier situación jurídica. La responsabilidad civil es una posición jurídica de exposición al nacimiento de un particular tipo de obligación: el resarcimiento. Dentro de dicho esquema, tradicionalmente se la ha dividido en dos tipos de responsabilidad. Responsabilidad “contractual” relativo al deudor y su incumplimiento y por otra parte la responsabilidad aquiliana, donde el interés tutelado es el interés en la “integridad” (física y patrimonial) que puede, como tal, ser lesionado por cualquiera, teniendo por tanto distintos remedios. Respecto a nuestro ordenamiento, el Código Civil vigente adopta dicho sistema binario: tenemos regulada la responsabilidad contractual en el Libro VI, Las Obligaciones, Sección Segunda, Efectos de las Obligaciones. Título IX, Inejecución de las Obligaciones, y la responsabilidad extra-contractual, en el Libro VII, Fuentes de las Obligaciones, Sección Sexta. Las reglas generales en materia de responsabilidad civil constituyen un simple tejido conector respecto de múltiples regímenes especiales que atañen a la naturaleza de la actividad ejercida, a las modalidades de producción del daño, al tipo de daño, y también por la especial naturaleza del dañador, como en el caso del Estado Ejecutivo, ya que aun cuando la Administración Pública es un sujeto no disímil de los sujetos de derecho privado, es merecedor de un tratamiento en particular. / Tesis

Tesis

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El objeto de nuestro trabajo es el análisis completo y un estudio acabado en primer término, de la imputabilidad y luego, en especial, de la inimputabiliddad del loco o demente en el derecho penal. La imputabilidad está regulada, mas no definida, en nuestro código penal en el libro I, título 1, párrafo2 llamado "De las circunstancias que eximen de la responsabilidad criminal". En el único artículo que contiene (art. 10) se refiere a ésta en forma negativa, es decir, señalando sólo las causales de inimputabilidad. En otras palabras, el legislador enumera en forma taxativa las causas por las cuales una persona no será responsable, al menos penalmente, por un delito cometido.

No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente memoria analiza las distintas Enajenaciones Mentales relevantes para la aplicación de nuestro derecho penal, tanto sustantivo como material, respecto del Juicio de Culpabilidad de los individuos que las padecen. Se analiza a la Culpabilidad como el elemento subjetivo de la Teoría del delito y su categoría de Imputabilidad para establecer las directrices principales para el examen de responsabilidad. El objetivo esencial es demostrar la problemática de Imputación existente en los casos de psicopatía en los sujetos activos del delito. En el contexto de la Culpabilidad se examinará su evolución conceptual, cuyos elementos son decidores para establecer los parámetros en la cual actualmente cumple con su funcionalidad principal. Para esto se realiza un examen teórico y legislativo nacional e internacional respecto del concepto de Culpabilidad. Luego se abordará a la Imputabilidad como categoría examinadora de la Culpabilidad. Su abordaje conceptual desde los puntos de vista jurídico y psiquiátrico, además de una necesaria ilustración acerca de la Psiquiatría como ciencia auxiliar del derecho. Para establecer los elementos de contraste para la consecución de nuestra propuesta, hemos de presentar la Clasificación de las Enajenaciones Mentales que la doctrina jurídico penal ha determinado como relevantes para el estudio y aplicación de la Teoría de la Culpabilidad e Imputabilidad. Se examinarán sus elementos, los elementos criminológicos que puedan suscitarse y las especificaciones que sirven de herramienta diferenciadora frente a la Psicopatía. Finalmente se abordará a la Psicopatía desde una perspectiva general a particular. La problemática aún no resuelta acerca de su conceptualización y el establecimiento de un Trastorno Antisocial de la Personalidad, el cual presenta elementos diagnósticos especiales que, contrastados con las enajenaciones mentales anteriores, permiten la categorización de un régimen de imputabilidad en base al compromiso psíquico del Juicio de Realidad. Para el desarrollo de este trabajo se ha utilizado doctrina nacional e internacional, así como legislación penal nacional e internacional para establecer los puntos conciliadores y diferenciadores de los conceptos aludidos. Además, se ha dispuesto de entrevistas a dos facultativos del área clínica psiquiátrica y psicológica, debido a la complejidad de ciertos conceptos y escenarios como también para la demostración casuística del examen de Imputabilidad en casos de presentarse una personalidad psicopática.

El desarrollo de las sociedades post modernas ha conllevado la generación de un denominado Derecho penal postmoderno que se ocupa de nuevos temas como el derecho penal del enemigo, la protección de bienes jurídicos colectivos, la importancia de los tipos imprudentes, la imputación objetiva, entre otros. Asimismo, el mencionado avance y desenvolvimiento de las “sociedades modernas” conduce a la aceptación de una serie de riesgos o acciones peligrosas, estrechamente ligados al desarrollo de la tecnología, la ciencia, la medicina, etc.; riesgos y acciones peligrosas que se encuentran permitidos. Estos riesgos son tolerados por las sociedades y la ciudadanía ya que de lo contrario no se podrían realizar actividades comunes o se frenaría el avance de las sociedades. Es por ello que muchos autores consideran al riesgo como un elemento dinamizador en las sociedades actuales, que suelen denominar como “sociedades de riesgo”. / Tesis

La potestad del Estado de sancionar a las personas jurídicas por la comisión de una infracción no es un tema ajeno a la realidad peruana, se encuentra plenamente aceptada y regulada por el derecho administrativo sancionador, a través del cual, los entes colectivos vienen siendo disueltos, clausurados y multados cuando se verifica que son responsables por la comisión de un ilícito administrativo. En la legislación penal, estas mismas sanciones se encuentran reguladas bajo la denominación de “consecuencias accesorias”, habiéndose discutido por largo tiempo en la doctrina peruana cuál es la naturaleza jurídica de las referidas medidas y si estas deben o no tener efectos penales En realidad, los cuestionamientos así formulados respondían a una interrogante de fondo: ¿debe responsabilizarse penalmente a las personas jurídicas por la comisión de un delito? Hace tan sólo cinco años atrás, casi la totalidad de la doctrina nacional se decantaba por afirmar que resultaba imposible introducir la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Perú, debiendo aplicarse esta rama del derecho únicamente a los individuos. Sin embargo, en los últimos años han surgido en nuestra sociedad, nuevos fundamentos normativos y político-criminales que hacen necesario repensar la pregunta formulada en el párrafo anterior y optar, esta vez, por afirmar la necesidad de regular la acotada responsabilidad en la legislación nacional, en el cual se incluya un adecuado sistema de imputación penal para los propios entes colectivos en el país. Para lograr dicho propósito he dividido la investigación en tres capítulos. En el primer capítulo realizo un recuento histórico de las medidas penales establecidas para las personas jurídicas en el Perú, desde los inicios de la regulación oficial hasta la actualidad, este acercamiento tiene por finalidad hacer notar al lector que los entes colectivos no son figuras ajenas al ordenamiento jurídico penal, no debiendo existir, por tanto, una reticencia absoluta hacia la idea de su futura inclusión en la legislación nacional. / Tesis

Mediante el presente trabajo de investigación se plantea que obrar por disposición de la ley, en cumplimiento de un deber o en ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo son comportamientos que no pueden ser considerados como permisiones excepcionales que deban examinarse a nivel de la antijuridicidad (causas de justificación), sino que, al tratarse de acciones promovidas, defendidas u ordenadas por el propio sistema jurídico del Estado peruano, lo más razonable es que sean consideradas como criterios que inciden determinantemente en la atipicidad de un hecho de solo aparente relevancia penal. Para ello, se parte de la idea de que los comportamientos que se califiquen como típicos —al expresar, en principio, una intensa afectación de las libertades— tendrán que ser previamente sometidos a un riguroso examen en el que se delimite el sentido del tipo penal, a través de criterios materiales que permitan verificar si se realizó un riesgo generalmente no permitido y si tal interpretación de la norma penal es conforme a la Constitución. Se busca así, demostrar que los modernos instrumentos de la dogmática penal y los valores constitucionales clarifican tanto la idoneidad lesiva de tales conductas como su pertenencia al conjunto de libertades jurídicamente garantizadas en un Estado Constitucional y Democrático de Derecho, lo que da cuenta del carácter atípico de obrar por disposición de la ley, en cumplimiento de un deber o en ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo. / Tesis

No description available.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / La psiquiatría es la rama de la medicina que se ocupa del tratamiento de las enfermedades mentales. Es una disciplina de la medicina que se ha provisto de todo un saber científico sobre la enfermedad mental. El presente trabajo es una indagación en este saber, una investigación de las principales corrientes de la psiquiatría. Pero, es sólo una investigación teórica, es decir, un intento por conocer las principales orientaciones teóricas de la psiquiatría, sus diferentes perspectivas. El objetivo consiste en que el mundo del derecho penal tenga un conocimiento más amplio de la enfermedad mental, disponga de más orientaciones que dote de mejores fundamentos la interpretación de las leyes que aluden a ella. En otras palabras, se trata de que el mundo jurídico penal tenga una visión más completa de la enfermedad mental, que no se reduzca a una sola perspectiva u orientación teórica.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo expone el estado de la discusión acerca de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en la doctrina nacional e internacional. Mediante la introducción de herramientas conceptuales de la teoría de la acción y los desarrollos en el ámbito de la agencia de entes colectivos,se busca aportar en la comprensión de la capacidad de acción-elemento de la responsabilidad penal- para indagar en la posibilidad de que éstos sean considerados sujetos pasivos de imputación. De acuerdo a los resultados obtenidos, un conjunto de criterios sustantivos y formales permiten distinguir entre clases de colectivos humanos según su complejidad y estructura normativa. Algunos de ellos serían candidatos a ser considerados verdaderos agentes y, por lo tanto, sujetos de imputación. En este sentido, cabría afirmar de ellos verdadera capacidad de acción en sentido jurídico-penal.