Tesis (para optar al grado de magíster en derecho con mención en derecho penal) / Con la introducción en el ordenamiento jurídico nacional del artículo 411 ter del Código Penal, se consagró en Chile una figura típica que no está orientada a la protección de bien jurídico alguno, sino que en ella convergen tanto criterios morales como necesidades probatorias, pretendiéndose orientar la conducta de los ciudadanos a través de ideas morales, que se alejan totalmente de los fundamentos de un derecho penal de un Estado democrático de Derecho, vulnerando entre otros, el principio de lesividad y a la postre, instrumentalizándose la política criminal para fines totalmente ajenos a los que pueden legitimar la intervención del derecho de castigar en un Estado democrático moderno.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo pretende ofrecer un análisis respecto del funcionamiento del sistema de Responsabilidad Penal de Adolescentes en causas seguidas por delitos contemplados en la Ley de Control de Armas, más precisamente respecto a cómo es y cómo debería ser el régimen de concurso de delitos aplicables a adolescentes, habida consideración de la incorporación de una regla especial a la ley 17.798 sobre Control de Armas -artículo 17B inciso primero- que regula dicho tratamiento concursal sin referir consideraciones respecto de su aplicabilidad en causas seguidas contra adolescentes. Para tal objetivo realizamos un trabajo de sistematización de los estándares, derechos y garantías con que son protegidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos los niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal. A partir de ahí, se pretende realizar una comparación crítica entre las obligaciones internacionales contraídas por el Estado chileno y el funcionamiento fáctico de la respuesta penal en caso de delitos contemplados en la Ley de Control de Armas cometidos por adolescentes. Asimismo, se incorpora a lo largo de todo el trabajo un estudio de las discusiones legislativas más relevantes que se suscitaron durante la tramitación de las leyes 17.798 sobre Control de Armas, 20.084, que establece un sistema de Responsabilidad Penal Adolescentes, y 20.813 que incorporó el artículo 17B a la ley de Control de Armas junto con sus reformas más importantes. También se incorpora, en el capítulo IV, datos cuantitativos y cualitativos del tratamiento efectuado por los tribunales de la república a adolescentes en conflicto con la ley de Control de Armas.

Memoria de Pregrado para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales / El legislador ha incluido en nuestra legislación jurídico-penal la tipificación de un delito que busca castigar a quien incurra en la conducta de “incendiar bosques, mieses, pastos, montes, cierros, plantíos o formaciones xerofíticas de aquellas definidas en la ley Nº 20.283”, lo que, para propósitos de este trabajo, se considerará como un delito de “incendio forestal”. En cuanto a este delito, su análisis parte por determinar cuál es el bien jurídico que busca proteger. En su conformación primigenia se ha entendido que, al igual que el delito de incendio “común”, buscaba proteger el patrimonio, entendido en términos civilistas, pero aquella concepción ha cambiado, adaptándose a la necesidad de proteger sistemas ecológicos. Se ha cambiado el enfoque, por tanto, para pasar a una protección de la seguridad de bienes colectivos (por el amplio margen de afectación que puede tener un incendio forestal, en cuanto a su magnitud), pasando últimamente a la protección de bienes jurídicos con una raíz más bien moderna, como lo es, el medio ambiente. Para comprender de una mejor manera el delito del que hablaremos, será necesario descomponerlo en todos sus elementos. Luego de haber determinado el o los bienes jurídicos que busca proteger, el análisis se centra en aquello que la doctrina generalmente denomina como “elementos del tipo”. Se determina, por tanto, quienes pueden ser establecidos como autores del delito, cuál es el objeto del delito, y cuál es la conducta típica en que se incurre para ser sujeto de la sanción penal. En este apartado se da cuenta de la dificultad en determinar, por ejemplo, el sujeto pasivo del delito (lo cual está directamente relacionado con el bien jurídico protegido), de la relevancia para la existencia de este delito que tiene el 6 objeto en que recae (determinando su existencia como una variable particular y distinguible del delito de incendio), o lo complejo que es definir correctamente de qué hablamos cuando el legislador utiliza el vocablo “incendiar”, como verbo rector de la acción típica que nos ocupa. Luego, será fundamental entender el aspecto subjetivo de este delito, por cuanto de aquel se colige finalmente la responsabilidad que habrá de determinar un juez frente a una situación calificable típicamente como un “incendio forestal”. Es de particular interés el análisis de las formas “culpables” de este delito, por cuanto la culpa es excepcional en el derecho Penal, y está efectivamente presente en este caso, en legislaciones anexas a la del Código Penal. Finalmente, el análisis dará cuenta de las formas especiales de comisión del delito de Incendio Forestal. Se analiza el Iter Criminis de este delito, determinando desde qué momento podemos hablar concretamente de un incendio forestal, y si existe sanción en etapas previas a su consumación. También se hará referencia a la problemática sobre la existencia de un delito de peligro abstracto dentro de la legislación, y finalmente, cómo interactúa este delito frente a otros que se puedan cometer en el mismo contexto, es decir, se hará referencia a los posibles concursos de delitos que puedan existir.

Memoria para optar al grado de Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales / En la presente tesis se analizarán comparativamente las instituciones encargadas de supervisar y controlar la ejecución de las penas privativas de libertad en el marco de los sistemas de responsabilidad penal adolescente de los ordenamientos jurídicos chileno e inglés, particularmente las Comisiones Interinstitucionales de Supervisión reguladas en el Reglamento de la Ley 20.084 y la rama de la Inspectoría de Prisiones británica a cargo de las Young Offender Institutions. Su caracterización y comparación se hará a la luz del derecho internacional de los derechos humanos, derechos de la infancia y derechos de los jóvenes privados de libertad con el objeto de determinar cuáles son los principios generales en la materia y cuáles son las obligaciones de cada Estado en el ámbito en cuestión. A través de este trabajo se pretende situar al modelo inglés como un referente en la materia e identificar las falencias en que pudieran incurrir las Comisiones a la hora de dar garantía a los derechos humanos de los jóvenes privados de libertad

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo tiene por objetivo la realización de un análisis jurídico sobre la aplicación del delito contemplado en el artículo 38 de la Ley N° 17.288 sobre Monumentos Nacionales. Esta memoria pretende aportar a la discusión y escaso tratamiento dogmático con el que cuentan, hasta el día de hoy, los delitos relativos a la protección del medio ambiente y al patrimonio cultural. En concreto, se ahondará en los orígenes de la necesidad de legislar sobre la protección a los Monumentos Nacionales, la tramitación del proyecto de Ley N° 17.288, la tramitación del proyecto de Ley N° 20.021, los elementos de la tipicidad que contempla el delito del artículo 38 de la Ley N° 17.288, a saber, sujeto, objeto material y bien jurídico protegido, la conducta, las circunstancias típicas y el elemento subjetivo del tipo; problemas de antijuricidad, en relación con la legitima defensa, el estado de necesidad justificante y el ejercicio legítimo de un derecho; así mismo se analizará la culpabilidad y las formas especiales de comisión del delito, iter criminis, autoría y participación, concursos y la penalidad. Por último, se hará una breve mención a los proyectos de ley más relevantes que se encuentran actualmente en tramitación en el congreso y que pretenden influir, de distintas maneras, en el delito del artículo 38 de la Ley N° 17.288. La metodología utilizada en el presente trabajo será el método dogmático, propio de las ciencias jurídicas.

Memoria para optar al grado de Ciencias Jurídicas y Sociales / La presente tesis está enfocada en el estudio relativo a la sanción penal de conductas pertenecientes al fenómeno social del acoso sexual callejero. De esta manera, el estudio gira en torno a la conceptualización y caracterización del presente fenómeno, recurriendo a distintas fuentes como la doctrina, jurisprudencia y nuestra legislación nacional. De este modo, se explica por qué nuestro ordenamiento jurídico resulta insuficiente a la hora de dar una respuesta al presente fenómeno; así, se analizan aquellos cuerpos normativos que más se acercan a su sanción, en específico, los delitos contenidos en el Libro II, Título VII (“Crímenes y Delitos contra el Orden de las Familias, contra la Moralidad Pública y contra la Integridad Sexual”) de nuestro Código Penal. También se estudian aquellas iniciativas de ley existentes que buscan dar una respuesta al vacío de punibilidad relativo a los actos constitutivos de acoso sexual callejero, destacando el Proyecto de Ley que modifica el Código Penal para tipificar el acoso sexual callejero (Boletín N° 9936-07). De esta forma, se explicitan las distintas etapas de tramitación de referido Proyecto de ley, dando cuenta de las principales falencias de los tipos penales propuestos en éste. Finalmente, se proyectan una serie de modificaciones para un mejor y más eficaz tratamiento de dicho fenómeno social, conciliando una perspectiva de género con el respeto de los derechos y principios que deben permear nuestro ordenamiento jurídico-penal

Memoria para optar al Grado Académico de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales / La necesidad de estudios relacionados con los mecanismos de financiamiento al terrorismo está relacionada con la relevancia que ha adquirido el fenómeno en los últimos años. En ese sentido, es el atentado contra las torres gemelas, el hito que visibilizó internacionalmente los alcances y el poder con el cual cuentan las células terroristas para llevar a cabo sus acciones. La posterior respuesta de la comunidad internacional se enfocó en la creación y adopción de un sinnúmero de legislaciones y políticas destinadas a prevenir y combatir el fenómeno, lo que se plasmó en diversos instrumentos internacionales como el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, la resolución 1373 –que hace exigibles a los Estados parte el cumplimiento de las disposiciones del Convenio-, y las recomendaciones del GAFI. El presente trabajo se estructuró de forma tal que comenzamos mencionando algunos de los distintos mecanismos de financiamiento, continuando con el estudio de las fuentes de nuestra legislación nacional -ya referidas-, además del análisis de la Historia de la Ley 18.314 y de la Ley 20.393. Finalmente, en el último capítulo, se analizó la legislación chilena pertinente (artículo 8 principalmente), contrastada con los mecanismos ya expuestos para determinar si efectivamente los mismos quedan contemplados dentro de la figura analizada, para de esta forma concluir que se requiere de una postura escéptica y crítica respecto de la regulación del fenómeno en cuestión, y que esto en definitiva, nos lleva a confirmar la hipótesis postulada que señala que la normativa nacional actual, no da cuenta de la naturaleza del delito de financiamiento al terrorismo, ni de la complejidad de los métodos en los que puede configurarse la financiación de organizaciones terroristas, y por tanto, no es posible asegurar que la misma sea eficaz al momento de regular, y mucho menos prevenir el fenómeno.

Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales / Aunque se suele afirmar que las leyes penales en blanco constituyen, ante todo, una técnica legislativa, pocos autores han intentado extraer consecuencias analíticas de esta aserción. En general, su estudio se concentra en las denominadas leyes penales en blanco “propias”, debido a que son las únicas que tensionan la garantía de la lex scripta. Estudiar estas figuras a partir de la técnica legislativa, sin embargo, obliga a emprender un análisis no directamente sobre ellas, sino que sobre su tertium genus: las remisiones normativas. Soslayar este punto de partida puede conducir a errar sobre la clase de remisión que entraña un determinado tipo penal y, en consecuencia, errar sobre su constitucionalidad. El presente trabajo constituye un análisis crítico de las sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional, entre el 2006 y el 2016, que recayeron sobre aquellos requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en contra del delito de incumplimiento de deberes militares del artículo 299 N°3 del Código de Justicia Militar. Desde el primer requerimiento en adelante, en noviembre de 2006, habiendo sobrados motivos para hacerlo, nadie parece haber cuestionado el desacierto de nuestro Tribunal Constitucional al calificar al citado precepto como penal en blanco. Lo particular de este análisis, además de controvertir esa calificación, se ve reflejado en el lugar desde donde se levanta el discurso crítico: la lex certa; ya que aquella es la manifestación del principio de legalidad penal que se ve tensionada con la cada vez más frecuente técnica legislativa de remisión normativa

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En la investigación que se desarrollará a continuación se busca analizar la forma en que se aplican las eximentes de responsabilidad criminal, más específicamente la legítima defensa y el estado de necesidad exculpante, en casos de mujeres parricidas de sus parejas que ejercían violencia intrafamiliar sobre ellas. Para cumplir este objetivo, serán revisados los requisitos de cada eximente, poniendo énfasis en la forma en que estos han sido entendidos y aplicados por la jurisprudencia nacional, haciendo una evaluación sobre los razonamientos de los operadores judiciales y examinando si dichos razonamientos presentan elementos de género que consideren adecuadamente el contexto de violencia previa sufrida por la mujer. En este sentido, se constatará que la jurisprudencia nacional no muestra uniformidad en esta materia, pues las decisiones judiciales presentan claras discrepancias a la hora de evaluar la conducta de una mujer parricida que ha sufrido violencia intrafamiliar. Además, se abordarán los límites entre la legítima defensa y el estado de necesidad exculpante, indicando en qué momento es procedente la aplicación de una u otra eximente de acuerdo a sus requisitos y a su particular interpretación en los casos de mujeres parricidas. Finalmente, se analizarán los tratados internacionales ratificados por Chile en esta materia desde una perspectiva crítica, evaluando el rol del Estado chileno en el cumplimiento de sus deberes internacionales.