En estos tiempos actuales, en donde la Constitución debe estar por encima de toda ley, haciendo valer la defensa de los derechos fundamentales, con un respeto al debido proceso en torno del imputado, y el justiciable, es por ello, esta investigación trata de constituir lineamientos, que son indispensables para poder llegar a pensar de que la Sala Penal de la Corte Suprema, vía su recurso de casación penal, que he escogido dicho recurso, para esta investigación en donde se desea y me enfocare respectivamente en su rol que éste debe de tener, para adecuar el recurso en la procedencia.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

El objeto principal del presente trabajo es analizar los criterios de exclusión de la teoría de imputación objetiva a partir del razonamiento jurídico efectuado por la Corte Suprema de Justicia en el Recurso de Nulidad N° 2124-2018-LIMA, abarcando el proceso penal seguido en contra de personal militar del Ejército del Perú por delito de peculado por apropiación, donde se habrían coordinado y ejecutado una serie de actuaciones con el objeto de apropiarse reiterada y sistemáticamente del combustible asignado a dos dependencias militares durante el año 2006. La Corte Suprema condenó a los altos mandos por incumplir sus deberes de control y supervisión, pese a contar con una posición de garante; mientras que, al personal subalterno los absolvió por mantener competencias limitadas y adoptar conductas neutrales en el curso delictivo. La metodología utilizada para el desarrollo del presente trabajo consistió en la búsqueda, revisión y análisis de legislación y jurisprudencia nacionales, así como de doctrina nacional y extranjera respecto de las posturas doctrinarias sobre los criterios de imputación objetiva más representativos. Luego del análisis del Recurso de Nulidad, se concluye que fue adecuada la decisión de no aplicar los criterios de exclusión de principio de confianza y prohibición de regreso a los oficiales de mayor jerarquía; por el contrario, en la decisión de excluir de responsabilidad penal a los subalternos, no se habría considerado los presupuestos de aplicación de las categorías prohibición de regreso y conductas neutrales, conforme a los planteamientos de imputación objetiva que se han adoptado para los fines del presente informe, que niegan la prohibición de regreso para quienes ostentan una posición de garante de protección. / The main purpose of this paper is to analyze the exclusion criteria of the theory of objective imputation, based on the legal reasoning carried out by the Supreme Court of Justice in the Appeal for Annulment No. 2124-2018-LIMA, covering the criminal proceeding followed against military personnel of the Peruvian Army for the crime of embezzlement by appropriation, where they would have coordinated and executed a series of actions with the aim of repeatedly and systematically appropriating the fuel assigned to two military units during the year 2006. The Supreme Court convicted the high command for failing to comply with their duties of control and supervision, despite having a position of guarantor, while the subordinate personnel were acquitted for maintaining limited competences and adopting neutral behaviors in the criminal actions. The methodology used for the development of this work consisted of the search, review and analysis of national legislation and jurisprudence, as well as national and foreign doctrine regarding the doctrinal positions on the most representative objective imputation criteria. After the analysis of the Appeal for Annulment, it is concluded that the decision to not apply the exclusion criteria of the principle of trust and the prohibition of the return of higher-ranking officers was adequate. On the contrary, in the decision to exclude subordinates from criminal liability, the pre-requisites for the application of the categories of prohibition of return and neutral conduct would not have been considered, in accordance with the approaches of objective imputation that have been adopted for the purposes of this paper, which deny the prohibition of return for those who hold a position of guarantor of protection.

El problema principal se enmarca en la errónea interpretación de la Corte Suprema del Perú en el caso de trata de personas, Recurso de Nulidad N° 2349-2014, en donde valoró que no se configuraba tal delito por la falta de probanza de la finalidad de explotación sexual o laboral. Para emitir nuestras críticas nos basaremos en el tipo penal, Protocolo de Palermo, Convención de los Derechos del Niño; con la finalidad de sostener que sí existieron elementos suficientes para probar la finalidad de explotación sexual en el caso, por lo que sí se configuraría el delito de trata de personas. Finalmente, incorporaremos una crítica desde el enfoque de género, para vislumbrar la reproducción de estereotipos de género en la sentencia. / The main problem is framed in the erroneous interpretation of the Supreme Court of Peru in the case of trafficking in persons, Nullity Appeal No. 2349-2014, where it assessed that such a crime was not configured due to the lack of evidence of the purpose of sexual or labor exploitation. To issue our criticism we will base ourselves on the criminal type, Palermo Protocol, Convention on the Rights of the Child; with the purpose of maintaining that there were sufficient elements to prove the purpose of sexual exploitation in the case, for which the crime of human trafficking would be configured. Finally, we will incorporate a critique from the gender perspective, to glimpse the reproduction of gender stereotypes in the sentence.

El presente informe analiza el proceso penal seguido contra Giancarlos Miguel Espinoza Ramos por la comisión del delito de violación sexual en grado de tentativa (artículo 170°), con especial énfasis en la Sentencia del 08 de octubre de 2020 emitida por el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Transitorio Zona Sur, mediante la cual este fue absuelto en atención a que, entre otros fundamentos, la víctima habría consentido el acto sexual al haber usado una prenda íntima de color rojo con blondas. La relevancia jurídica del presente expediente radica en que nos permite explorar diversos tópicos actuales y relevantes desde las áreas del Derecho Penal y el Derecho Procesal Penal. Por ejemplo, la interpretación del delito de violación sexual (artículo 170°) a partir de la modificación realizada por la Ley 30838, en específico referente al medio comisivo de aprovechamiento de cualquier otro entorno que impida a la víctima prestar su libre consentimiento, y su diferenciación respecto a los tipos penales contenidos en los artículos 171° y 172°. Asimismo, nos permite reflexionar sobre la valoración probatoria en los delitos sexuales a partir de la perspectiva de género, centrándonos en el uso de las máximas de la experiencia así como en el tratamiento de la declaración de la víctima como testigo, a partir de los Acuerdos Plenarios 1-2011/CJ-116 y 2-2005/CJ-116. Las hipótesis que surgen a partir de ello, y que finalmente fueron verificadas en el presente Informe, son que: (i) el Colegiado habría sustentado su absolución en torno a estereotipos de género encubiertos como máximas de la experiencia; (ii) la Fiscalía debió subsumir los hechos del caso en el artículo 172° del Código Penal; y que (iii) el Colegiado no valoró adecuadamente la declaración de la agraviada conforme a las garantías de certeza establecidas en el Acuerdo Plenario N° 2-2005/CJ-116.

La dogmática jurídica y la jurisprudencia peruana utilizan el siguiente concepto de atipicidad relativa “cuando la conducta no cumple con la hipótesis típica conlleva al archivo del caso”; sin embargo, esta figura jurídica no conlleva al archivo, sino busca que el hecho relevante sea subsumido en otro tipo penal. En base a ello se tiene la pregunta de investigación ¿qué función cumple la dogmática jurídica en las decisiones judiciales penales peruanas en el periodo 2013 – 2019? Asimismo, el objetivo general radica en evaluar esta función y los objetivos específicos versan sobre el análisis que cumple la función de control y la función técnica de la dogmática jurídica en esas decisiones judiciales. Se tiene como resultado que la función que cumple la dogmática jurídica no es coherente con su naturaleza, pues no cuenta con una posición sólida; asimismo, no cumple su función de control ni su función técnica, al no verificarse su compatibilidad lógica con otros enunciados dogmáticos y normas jurídicas. Del análisis realizado a las muestras sobre la interpretación y aplicación de la atipicidad relativa se tiene que en el 71.4% se concluyó con el archivo del proceso y en el 28.6% se dispuso la continuación del mismo, lo que evidencia la falta de seguridad jurídica y la contradicción en la predictibilidad de las decisiones judiciales. El presente trabajo da una posición jurídica distinta, pues la atipicidad relativa debe remitirse a otro tipo penal y solo cuando se encuentren ante una atipicidad absoluta esta generaría el archivo del proceso. / Legal dogmatics and Peruvian jurisprudence use the following concept of relative atypicality "when the conduct does not comply with the typical hypothesis, it leads to the filing of the case"; however, this legal figure does not lead to the file, but seeks that the relevant fact is subsumed in another criminal type Based on this, the research question is: what role does legal dogmatics play in Peruvian criminal judicial decisions in the period 2013 – 2019? Likewise, the general objective lies in evaluating this function and the specific objectives deal with the analysis that fulfills the control function and the technical function of legal dogmatics in these judicial decisions. The result is that the function fulfilled by legal dogmatics is not consistent with its nature, since it does not have a solid position; Likewise, it does not fulfill its control function or its technical function, since its logical compatibility with other dogmatic statements and legal norms has not been verified. From the analysis carried out on the samples on the interpretation and application of the relative atypicality, 71.4% concluded with the filing of the process and 28.6% ordered its continuation, which shows the lack of legal certainty and the contradiction in the predictability of judicial decisions. The present work gives a different legal position, since the relative atypicality must be referred to another criminal type and only when they are faced with an absolute atypicality this would generate the file of the process.

El presente trabajo ha sido enfocado desde una perspectiva garantista-eficaz que todo proceso penal debe tener por el modelo de Estado Constitucional de Derecho (interpretación conforme a la constitución) que el ordenamiento jurídico peruano ha adoptado. El objetivo de esta investigación ha sido determinar cuál es la justificación constitucional de la figura de la desvinculación en el proceso penal. Para ello, se debe analizar dos cosas: primero, si se encuentra justificado constitucionalmente, bajo el argumento fáctico de la no impunidad del hecho ilícito, de la no satisfacción y de la reparación del daño a la víctima, que se desvincule procesalmente de la pretensión procesal punitiva a un imputado debido a que no se logró acreditar el tipo penal atribuido; y, segundo, si se encuentra justificado constitucionalmente, bajo el argumento fáctico de la no impunidad del hecho ilícito, de la no satisfacción y de la reparación del daño a la víctima, que a una persona imputada pueda atribuírsele una nueva pretensión (alternativa a la primera atribuida por el fiscal) correspondiente a una nueva figura penal del mismo bien jurídico del tipo penal establecido inicialmente. Conforme se vayan leyendo las bases teóricas pertenecientes a los sujetos procesales intervinientes, el lector irá dilucidando que, efectivamente, la figura de la desvinculación en el proceso penal es inconstitucional e incompatible con el postpositivismo. En ese sentido, no existe razón de existencia ni justificación constitucional de la figura de la desvinculación procesal dado que el juez no debe romper la imparcialidad judicial que tanto profesa para recalificar la imputación deficiente del Ministerio Público por una adecuada e idónea. Ello vulneraria tanto aquellos principios constitucionales establecidos en la norma constitucional, así como los derechos y las garantías procesales del imputado.

La tesis busca zanjar el conflicto existente durante siglos sobre la delimitación entre el dolo y la culpa. Con un marco teórico corto y profundo se muestra las diferentes teorías existentes y la problemática teórico-práctica de éstas; insalvable. En este camino la solución (Tesis) al mencionado conflicto es la Teoría Única Global de la Imputación del Dolo Eventual y la Culpa Consciente. La falta de conceptualización del Dolo Eventual y la Culpa Consciente viola los principios básicos de un Estado Social y Democrático de Derecho. La Teoría Ecléctica (solución doctrina nacional) viola los Principios de Legalidad, Culpabilidad, Proporcionalidad e Igualdad. Para determinar el límite entre dolo y culpa, es decir, para diferenciar el Dolo Eventual de la Culpa Consciente la doctrina nacional usa la Teoría Ecléctica, que es la “mezcla” de la Teoría del Consentimiento y la Teoría de la Probabilidad, sin embargo se posibilita el uso de todas las teorías cognitivas y volitivas existentes, así se violan principios fundamentales del derecho Penal y, a la vez, se crea inseguridad jurídica. La Teoría Única Global de la Imputación del Dolo Eventual y la Culpa Consciente abarca la solución integral de la delimitación entre el dolo eventual y la culpa consciente: 1. Los conceptos: delimitan los criterios de imputación de las mencionadas figuras. 2. Los contenidos de ambas figuras: describen los elementos psicológicos-normativos imputables en la práctica. 3. Los supuestos de interacción social: delimitan los casos concretos que están dentro del dolo eventual y la culpa consciente. 4. El TEST: cierra el círculo al ser un método sencillo para imputar el dolo eventual o la culpa consciente a nivel judicial. Se supera a cualquier otra teoría existente, ya que éstas no cubren todos los requerimientos teóricos prácticos para zanjar la discusión.

El presente documento tiene por problema principal establecer si es necesaria la tipificación específica de los actos ilícitos de construcción o reparación de embarcaciones pesqueras en el Código Penal, en el marco de la aplicación del Decreto Legislativo Nº 1393. Para ello en la sección I, primero se contextualiza respecto al crecimiento descontrolado de las embarcaciones pesqueras artesanales; posteriormente, en la segunda parte se analizará las prohibiciones a la construcción de más embarcaciones pesqueras artesanales en el período comprendido entre el año 2006 y 2015; y, finalmente, en la parte tercera parte describe la situación de los astilleros en la costa peruana. En la sección II, se establecerá el régimen de Interdicción contra la pesca ilegal; posteriormente, se determinará las competencias de las Entidades en las acciones de interdicción contra la pesca ilegal. Finalmente, la sección III, estará dividida en tres partes. En la primera parte, se contextualiza sobre el estado situacional de la implementación del Decreto Legislativo Nº 1393; posteriormente, en la segunda parte se describe la falta de tipificación específica de los actos ilícitos de construcción o reparación de embarcaciones pesqueras en el Código Penal con su respectiva propuesta de solución; y, finalmente, en la parte tres se explicará como otro limitante la ausencia de un protocolo para la participación de DICAPI en las acciones de interdicción. / The main issue addressed in this document is to establish whether specific criminalization of illicit acts related to the construction or repair of fishing vessels in the Penal Code is necessary within the framework of the application of Legislative Decree No. 1393. To achieve this, in Section I, we first provide context regarding the uncontrolled growth of artisanal fishing vessels. Subsequently, in the second part, we analyze the prohibitions on the construction of additional artisanal fishing vessels in the period between 2006 and 2015. Finally, in the third part, we describe the situation of shipyards on the Peruvian coast. In Section II, the Interdiction regime against illegal fishing will be established, followed by a determination of the responsibilities of the authorities in interdiction actions against illegal fishing. Finally, Section III is divided into three parts. In the first part, we contextualize the current situation of the implementation of Legislative Decree No. 1393. Then, in the second part, we describe the lack of specific criminalization of illicit acts related to the construction or repair of fishing vessels in the Penal Code, along with a proposed solution. Finally, in the third part, we explain another limitation, which is the absence of a protocol for the participation of DICAPI in interdiction actions. / Trabajo académico

El presente informe jurídico realiza un análisis sobre las controversias legales suscitadas entre las empresas General Electric y LATAM durante al final de los años 90, aquellos tienen su origen en 3 contratos de distribución celebrados sucesivamente entre ambas empresas en los años 1992, 1994 y 1996. En dichos conflictos legales, cobran relevancia las figuras de derecho penal y constitucional como el delito de estafa, la idoneidad del engaño, el deber de auto protección de la víctima, las medidas de coerción personal, el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, la procedencia del Habeas Corpus y los límites materiales del Tribunal Constitucional para pronunciarse en controversias penales. El objetivo del informe es determinar si la conducta desplegada por los funcionarios de General Electric se configura bajo el delito de estafa y determinar la competencia del Tribunal Constitucional para pronunciarse sobre el auto apertorio de instrucción emitido por el 25° Juzgado Penal de Lima. Finalizado el mismo, arribamos a la conclusión que no se ha configurado el delito de estafa al no existir un engaño desplegado por parte de los funcionarios de General Electric. Por otro lado, sostenemos que el Tribunal Constitucional ostenta competencia para determinar la constitucionalidad del auto apertorio de instrucción a efectos garantizar el cumplimiento de los derechos reconocidos en la Constitución, quedando prohibido que este órgano determine la responsabilidad penal de los investigados pues ello le corresponde al juez penal.